Como puntapié inicial de la primera reunión sobre la “ley de leyes” para el período 2025, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quien presentó el contenido del texto y remarcó que “nos estamos atando de manos por el convencimiento de esta gestión con el equilibro fiscal”.

Durante los primeros 50 minutos del encuentro que se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo, el funcionario tuvo un breve cruce con el presidente de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, a quien le enrostró que “desde que no tenemos superávit fiscal, no tenemos crecimiento en la economía argentina”, y agregó: “Probemos tres o cuatro años mantener las cuentas ordenadas a ver si logramos el crecimiento”.

Inicialmente, Guberman le agradeció a Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, por “delegarle” la presentación del Presupuesto 2025 en comisiones. En tal sentido, también destacó que este proyecto “empieza a hacer historia desde el momento en que el presidente de la Nación lo presentó en el Congreso”, en alusión a la visita del presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre.

Asimismo, deslizó críticas contra las anteriores gestiones de gobierno y sus respectivos presupuestos de administración nacional: “Desde que existe la Ley de Administración Financiera, por primera vez hay un presupuesto que habla de presupuesto y no de una ley ómnibus ajena a la administración”.

En tal sentido, se refirió a la principal bancada opositora y amplió: “No entiendo esa lógica de que el superávit y el equilibrio fiscal es malo”, y recordó que “el último (con esta digresión de equilibro fiscal) fue el del 2014 y no se hicieron estas quejas”, en referencias al séptimo año de mandato de Cristina Kirchner.

Una de las diapositivas presentadas por Guberman para graficar las expectativas del Poder Ejecutivo en los próximos presupuestos.

Los ejes del Presupuesto 2025

Acto seguido, el secretario de Hacienda de la Nación planteó que tanto la gestión actual como el próximo presupuesto y los siguientes estarán basados en tres ejes: “El acompañamiento social sin intermediación; la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa; y la modernización y simplificación del Estado”.

Para el primer punto, el cual será gestionado a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, reiteró que “hemos detectado abusos en el comportamiento de las organizaciones sociales que lo que hacían era utilizar a los sectores más vulnerables para hacer negocios”, y añadió que “solo restaban recursos y El Estado tiene que llegar de manera directa y no a través de intermediaciones”.

De cara al futuro, Guberman señaló que los montos de la Asignación Universal por Hijo y la A. U. por Embarazo “cayeron un 18% en 2023, pero incrementaron un 16% este año, y se prevé lo mismo para 2025”. A su vez, se refirió a la Canasta Básica Alimentaria y anticipó que “la idea es que la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar alcancen a cubrir el 100%, como lo vienen haciendo desde mayo”.

En virtud de los ministerios de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y de Defensa, que comanda Luis Petri, el funcionario destacó que “arribamos y las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas estaban devastadas y desequipadas”. En ese punto, alertó sobre la situación del Servicio Penitenciario: “Usaban armas que fueron compradas para colección por la antigüedad que tenían”. También, mencionó que encontraron “chalecos antibalas vencidos y municiones inútiles”.

Destacó, en ese punto, como un logro de la gestión mileista a “la reequipación y dotación de recursos a los servicios de inteligencia”. “Había cinco grupos que no cumplían una función real desparramados en el Ejército, la Armada y la PFA”, pero “con “la reestructuración de la SIDE logramos tener mayor capacidad de prevenir situaciones con el terrorismo internacional y tareas contra el narcotráfico”, consideró.

Asimismo, reafirmó que “la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa están reflejados en los resultados en Rosario”. Reiteró, también, que el própisto de este eje es “el mantenimiento de orden público como venimos haciendo”. En relación a Defensa, concluyó que “el requipamiento es el proceso de transformación para hacer frente a cualquier amenaza externa”.

Respecto al tercer eje, amplió que el sentido de la modernización y simplificación del Estado se observó con “la reducción del mismo sobre la cantidad de organismos, pero sin perder las capacidades de acción”. Mencionó el pase de 18 a 9 ministerios y auguró que “con un Estado más chico y más eficiente se pueden lograr mejores resultados”.

En tal sentido, se refirió a la creación de la cartera que tiene como ministro a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), y recordó que su creación fue para “que el sector privado sea el motor de la economía”. “Estamos en un proceso fuerte de desregulación”, cerró sobre la presentación de los 3 ejes.

Por otro lado, el representante del Poder Ejecutivo explicó que el contenido de este proyecto de ley “se estructura en 10 programas con una política de Estado”, y sumó que “se llevan el 60% del gasto público”. En tal sentido, amplió que “lo más importante es con gastos previsionales (el principal) será de 36,5% el principal, luego un 7,4% para asignaciones, 3,6 para financiamiento universitario 3,6%, un 2,9 para política alimentaria, y un para 2,2 pensión por invalidez”.

Sin embargo, admitió que los gastos que serán reducidos son los que corresponden a “servicios económicos, subsidios energéticos y de transporte”, y también mencionó “al gasto de la administración gubernamental también se achica”. “Se ha empezado un proceso de ordenamiento y para 2025 habrá 50 programas menos”, sentenció.

Otros puntos del Presupuesto

En rigor de los datos ya establecidos en el proyecto cuando el jefe de Estado lo trajo personalmente al Palacio Legislativo, Guberman remarcó, en varias oportunidades, que “lo que mejora la regla fiscal es que el escenario macroeconómico hace que el presupuesto se vuelva neutral”, y reiteró: “Nos estamos atando de manos por el convencimiento de esta gestión con el equilibro fiscal”.

A partir de eso, manifestó que “el último año con superávit fue 2010 y de ahí empezamos a tener déficit fiscal y resultados negativos”. “Toda esa etapa entre 2010 y 2023 hay acumulaciones de deuda y el compromiso es con el equilibrio fiscal”, sumó.

Luego, insistió con que el Presupuesto 2014 “se presentó con equilibrio, pero terminó con déficit”, y defendió, con tono optimista, lo que para el Poder Ejecutivo es el gran objetivo: “Independientemente de cual sea el escenario macroeconómico, no vamos a terminar con déficit porque nosotros arrancamos con la estimación de ingresos y de ahí construimos los gastos que podemos afrontar”. “No podemos emitir deuda para financiar el gasto del Estado Nacional”, volvió a remarcar.

Con relación a las empresas estatales, Guberman las responsabilizó de “generar un gran agujero fiscal en el Estado nacional”, y también explicó: “El PAMI, el año que viene, sin Impuesto País, debe salir de la caja de Tesorería Nacional”. Pero advirtió que “no se reduce porque se siguen dando medicamentos y atención medica que corresponde a los jubilados y pensionados”.

Por último, dejó un sugestivo mensaje vinculado a la sanción de leyes en el Congreso de la Nación, puntualmente en la previa de la sesión especial que definirá el destino de la Ley de Financiamiento Universitario: “Si aumentamos algo, debemos discutir (también) a quien le vamos a estar retrasando sus ingresos” porque “todo esto tiene que ver con el equilibro fiscal y la discusión que debemos tener es, que si no estamos de acuerdo, debemos ver como se reasignan unas partidas y otras”, concluyó.

Desde las 14.28 de este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista José Luis Espert, arrancó con el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2025, el primero de la era de Javier Milei, quien lo presentó el pasado 15 de septiembre en el recinto de la Cámara baja en un hecho inédito. 

Aunque la oposición reclamó por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para esta primera reunión de comisión, eso no sucederá. Tampoco es la intención del funcionario asistir más adelante, pero se verá hasta dónde llega la presión de los bloques dialoguistas, que serán clave para que el oficialismo tenga ley. 

Así las cosas, por el Poder Ejecutivo se encuentran este martes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quienes estuvieron junto al presidente Milei antes de partir rumbo al Congreso. En la reunión que tuvieron en el Ministerio de Economía estuvo, por supuesto, también Caputo y hubo varias selfies que los propios protagonistas se encargaron de publicar en redes. 

De izquierda a derecha, Pablo Quirno, Javier Milei y Carlos Guberman en el Ministerio de Economía este martes

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Si bien estaba estipulado que comenzase en la jornada del martes 1 ro. de octubre, debió posponerse una semana por la sesión especial celebrada ese mismo día. Desde La Libertad Avanza buscarán tener el dictamen a finales de noviembre. 

Tras la presentación de la “ley de leyes” el pasado 15 de septiembre, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en las dos cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, se reunieron en varias ocasiones con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y los principales funcionarios del Palacio de Hacienda para definir el plan legislativo. La intención es que el tratamiento en ambas cámaras sea “en espejo” para evitar que una vez que el proyecto pase al Senado se le introduzcan modificaciones. Es decir, evitar la experiencia de la Ley de Bases. 

En el texto presentado por Milei se estima que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual, el nivel más bajo desde 2009 (14,8%), según la medición del IPC Congreso, mientras que el crecimiento se proyecta en un 5% del PBI y estima un valor del dólar a $1.207.

Del mismo modo, se pronostica “levemente superavitario” en términos del PBI, con un resultado primario que alcanzaría 1,3%. En 2024, el Gobierno considera que sería positivo en un 1,5% del PBI.

Con relación al sector público nacional, el Gobierno estima resultado financiero superavitario de $190.655 millones, con recursos totales de $125.936.982 millones (el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto a 2024) y gastos totales de $125.744.647 millones (16,5% del PBI).

A partir de estos números, los gastos totales serán inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI). En cuanto al Producto Bruto Interno, se proyecta una suba del 5% para 2025 y que siga con un crecimiento sostenido del 5% en 2026 y del 5,6% en 2027. La suba estará impulsada por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente.

En virtud del sector agropecuario, el proyecto de ley indica un avance del 3,5%, tomando la recuperación de la cosecha del período actual. En suma, los rubros de bienes “crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%”, explica el documento. A su vez, el Gobierno espera que las exportaciones por bienes y servicios crezcan 7,7% el año que viene, después de la caída de 7,5% de 2023 y el salto de 23,2% de este año.

En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, destacó que “estamos asistiendo a un presupuesto histórico desde nuestro punto de vista” por dos motivos. El primero, porque “si no es la única, debe ser una de las pocas veces que un presidente ha presentado” el plan de gastos y recursos. Y segundo, indicó, “el artículo 1 en vez de fijar el gasto público como habitualmente ha ocurrido con todos los presupuestos, esta vez pensando en la gente, dice que el déficit fiscal tiene que ser cero”. 

El oficialista subrayó que para la gestión es fundamental la reducción de la inflación. “Que la inflación sea lo más baja posible es central para la prosperidad de los pueblos”, sostuvo, y luego aseguró que ese objetivo es también un mandato constitucional que tienen los legisladores. 

Para Espert, bajar la inflación permitirá después debatir una “reforma laboral, previsional, impositiva, al régimen de coparticipación y al régimen de comercio exterior” que el país necesita. 

Antes de la exposición de los funcionarios, Espert le dio la palabra al jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien recordó: “Con el diputado (Carlos) Heller presentamos una nota pidiendo por la presencia de una cantidad de funcionarios para poder debatir a fondo las 3.828 fojas de este presupuesto”. Y señaló que el pedido tenía a la cabeza ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. 

El santafesino resaltó que en una entrevista este fin de semana, Caputo “dijo que no iba a venir porque no se iba a prestar a un show”. Entonces, preguntó si concretamente se le había cursado una invitación, “si hay intención de que venga, si le comunicó que no va a venir, porque estaríamos ante una situación inédita de no solamente no venir, sino de decir ‘no vengo por tal motivo’”, apuntó. 

El opositor consideró “grave” que el ministro “no quiera venir” y que además “lo diga públicamente, que diga que no se quiere prestar a un show”. “Es una afrenta contra esta Cámara de Diputados y este Congreso”, continuó Martínez, que calificó la ausencia del funcionario como “una pésima señal institucional” y comenzar “de forma muy torcida el debate de este presupuesto para el ejercicio 2025”. Tras su reclamo, Espert no respondió y pasó a darle la palabra a Guberman. 

NOTICIA EN DESARROLLO

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dará inicio al tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2025. Tal como adelantó este medio, la cita será el martes 8 de octubre a las 14 en el segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo.

En la primera reunión, están convocados el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Pese a que también estarán presentes funcionarios del Ministerio de Economía, el gran ausente, por el momento, es Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda.

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Si bien estaba estipulado que comenzase en la jornada del martes 1 ero. de octubre, debió posponerse una semana por la sesión especial. Asimismo, desde La Libertad Avanza buscarán tener el dictamen a finales de noviembre.

Tras la presentación de la “ley de leyes” en presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado 15 de septiembre, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en las dos cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, se reunieron en varias ocasiones con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y los principales funcionarios del Gobierno nacional para definir el plan legislativo.

En el texto presentado por Milei, se estima que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual, el nivel más bajo desde 2009 (14,8%), según la medición del IPC Congreso, mientras que el crecimiento será del 5% del PBI y propone un valor del dólar a $1207.

Del mismo modo, el texto se proyecta “levemente superavitario” en términos del PBI, con un resultado primario que alcanzaría 1,3%. En 2024, el Gobierno considera que sería positivo en un 1,5% del PBI.

Con relación al sector público nacional, el Gobierno estima resultado financiero superavitario de $190.655 millones, con recursos totales de $125.936.982 millones (el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto a 2024) y gastos totales de $125.744.647 millones (16,5% del PBI).

A partir de estos números, los gastos totales serán inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI). En cuanto al Producto Bruto Interno, se proyecta una suba del 5% para 2025 y que siga con un crecimiento sostenido del 5% en 2026 y del 5,6% en 2027. La suba estará impulsada por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente.

En virtud del sector agropecuario, el proyecto de ley indica un avance del 3,5%, tomando la recuperación de la cosecha del período actual. En suma, los rubros de bienes crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%”, explica el documento. A su vez, el Gobierno espera que las exportaciones por bienes y servicios crezcan 7,7% el año que viene, después de la caída de 7,5% de 2023 y el salto de 23,2% de este año.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) continúa en gestiones ante el Gobierno Nacional para garantizar la llegada de obras y recursos para la provincia de Santa Cruz que permitan mantener fuentes de trabajo, obras e infraestructura esencial.

En este sentido, se reunió con el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, con quien dialogó sobre las obras públicas para la provincia del sur. De esta manera, desde el Gobierno nacional le garantizaron la continuidad de la construcción de las represas y la construcción de la Autovía Caleta Comodoro, así como el financiamiento para garantizar el funcionamiento de la empresa YCRT.

"Analizamos el presupuesto y las cuestiones esenciales para Santa Cruz, que están incluidas en la propuesta que ahora será debatida en el Congreso", señaló la legisladora.

Reyes destacó el valor del trabajo conjunto y el diálogo permanente con las autoridades nacionales, que han permitido establecer prioridades y asignar los recursos necesarios para atender las necesidades infraestructurales de la provincia.

“Los Santacruceños debemos explotar nuestros recursos y garantizar junto con este aporte nacional fuentes genuinas de trabajo, inversiones y ampliación de la matriz productiva”, remarcó.

La diputada valoró el diálogo con los distintos ministerios para lograr que las prioridades de Santa Cruz estén contempladas en el Presupuesto Nacional, garantizando así la concreción de proyectos vitales para el desarrollo provincial y por años postergados. Cabe recordar que en el Presupuesto Nacional que ingresó a la Cámara de Diputados se asignan 635 mil millones para la construcción de las Represas Cóndor Cliff – La Barrancosa y 108 mil millones de pesos para garantizar salarios y funcionamiento de las empresas YCRT.

“Logramos que se tuviera en cuenta a Santa Cruz en temas fundamentales para los intereses provinciales y que van a motorizar un desarrollo productivo de la provincia. Por eso se garantiza la continuidad de las obras en Represas”, afirmó la radical.

Otro de los temas de conversación fue sobre la necesidad de que la provincia brinde señales a los inversores interesados en proyectos mineros, de hidrógeno verde y energías limpias. “Es importante que la provincia adhiera al RIGI y pueda además establecer pautas claras para fomentar las inversiones, con baja de impuestos a las Pymes y generando un clima de negocios en Santa Cruz”, destacó la diputada.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios que busca atraer inversiones de gran escala a sectores estratégicos en Argentina. Permite fomentar la minería, los hidrocarburos y sectores energéticos para que instalen fábricas, parques eólicos y proyectos tecnológicos que son claves para el desarrollo y la creación de empleo.

Al reanudarse el debate del proyecto de ley de movilidad jubilatoria en comisiones del Senado, funcionarios del Poder Ejecutivo enfatizaron este miércoles sobre el impacto fiscal que tendría la ley en caso de aprobarse tal cual vino de la Cámara de Diputados. Por eso, la intención del oficialismo será introducirle modificaciones, y evitar así también un veto presidencial, ya anunciado por el presidente Javier Milei en referencia a esta iniciativa. 

La Libertad Avanza y sus aliados del Pro estarían dispuestos a sostener sólo algunos aspectos de la ley, entre ellos la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación -que ya rige por DNU-, pero buscarían un dictamen que quite puntos tales como la garantía del piso del haber mínimo (referenciado en la Canasta Básica Total) y el artículo sobre el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales. 

El radicalismo y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional. 

En cambio, si el oficialismo junto a la oposición dialoguista acordaran cambios, el texto volvería a Diputados, donde desde Unión por la Patria ya desconfían en que bloques como la UCR mantengan la versión original. 

La discusión se retomará el martes próximo, con la intención de dictaminar ese mismo día o el miércoles, para llevarlo al recinto una semana después, el jueves 15 de agosto. Esto fue lo que planteó en el arranque la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la macrista Carmen Álvarez Rivero, que propuso que el próximo martes se continúe en una reunión informativa con expositores invitados, para un día después poder dictaminar. “Y el jueves siguiente (15 de agosto) poder tener la sesión y tratar el tema”, agregó. 

Al cruce salió el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, quien recordó que en la última sesión pidieron el tratamiento sobre tablas porque “la prioridad (de los jubilados) es urgente”, y consideró que el cronograma propuesto “es una forma de dilatar el tratamiento”. El formoseño acusó al Gobierno de tener como prioridad, en cambio, al “mentiroso superávit fiscal”. 

El opositor desafió entonces a “si hace falta hacer la sesión el jueves y tratarlo sobre tablas”, porque “con esta dilación nos vamos a octubre”, en referencia a cuándo la clase pasiva podría acceder a la recomposición que se propone. “No sé si están esperando que se muera una cantidad importante de jubilados para llegar al déficit cero”, lanzó e insistió: “Instamos a hacer sesión si es posible mañana mismo”. 

El presidente de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, reveló entonces las intenciones del oficialismo de introducir cambios a la media sanción. Cuando se aprestaba a enumerarlas, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio reclamó que sea después, y que se pasen directamente a las exposiciones de los funcionarios. 

Comenzó así en primer lugar Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien dijo que no iba a entrar en la discusión sobre la necesidad de mejora de los haberes de los jubilados, sino “en el impacto que tiene sobre las cuentas públicas” el proyecto de ley. Recordó que “un objetivo importante del Gobierno es tener equilibrio fiscal este año y hacia adelante” y actualmente “no hay ninguna forma de financiamiento disponible más que la recaudación de impuestos”. 

“El equilibrio fiscal se sustenta en una serie de medidas que tienen una mirada de cuidado sobre los sectores más vulnerables”, aclaró el funcionario, que mencionó el DNU 274/24 a través del cual se modificó la fórmula de movilidad. En comparación con la media sanción de Diputados, afirmó que veía con “agrado” que contemplara el IPC en el cálculo, al igual que el DNU. 

Sobre el adicional del 12,5% que se otorgó en abril, Guberman explicó que fue esa cifra por “dos motivos: primero, tenemos la convicción de que no podemos dejar que se sigan atrasando los haberes jubilatorios; y en segundo lugar, era el máximo esfuerzo que el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de afrontar de manera sostenible”. 

Al analizar el incremento adicional del 8,1% que propone el proyecto (para equiparar a la inflación más alta del año, que fue la de enero, con 20,6%), el secretario de Hacienda aseguró que “tiene un impacto bastante significativo” que este año estaría “en torno al 0,3% del PBI y el año que viene más del 0,4% del PBI”. 

Respecto de la garantía de haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total, señaló que “se está fijando un piso mucho más alto del haber mínimo del que está vigente en este momento”. Esto tendría “un impacto para el resto del año de aproximadamente 0,27% del PBI, y el año que viene del 0,77% del PBI. Todo esto se va haciendo acumulativo a lo largo del tiempo”, apuntó.  

Al hablar del artículo 10, sobre el cumplimiento de la ANSeS con deudas a provincias por las cajas previsionales no transferidas y pagos de sentencias, Guberman sostuvo que el cumplimiento de eso haría  que “el Estado no tenga superávit primario” y “tenga que salir a emitir deuda”. 

“No venimos a discutir la equidad y justicia distributiva de las medidas, sino que venimos a hablar con números concretos y exponer cuál es el impacto fiscal de todo esto”, resumió y enfatizó que de aprobarse “todo” el proyecto tal cual está, “las cuentas públicas cerrarían en un déficit sustantivo” que sería “de un punto de gasto adicional del PBI este año y el año que viene de 1,2 más de gasto”.

Carlos Guberman

Al momento de las preguntas, el radical Víctor Zimmermann le señaló que “no habló del aumento adicional anual” por RIPTE, el cual -según la Oficina de Presupuesto del Congreso- “para 2024 no tendría costo fiscal”. “Con la OPC no tenemos diferencias significativas”, respondió Guberman, quien asintió que “efectivamente para este año no tendría efecto, empezaría a aplicar el año que viene” y “no sería un tema tan importante como otros artículos”. Sin embargo, opinó que “no es una medida acertada, desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema, incorporar esta lógica”. 

Con varias críticas, desde Unión por la Patria el senador Mariano Recalde criticó que el Gobierno tenga al “dios equilibrio fiscal por encima de todo” y “a costa de cualquier cosa”. “Dicen que buscan el equilibrio fiscal cuidando a los más vulnerables; la verdad que no está ocurriendo eso”, expresó y afirmó que “el superávit fiscal trucho que exhiben se ha financiado recortando gastos”. “Del ajuste que hizo Milei en el gasto público, el que va en la delantera con el 29% son las jubilaciones y pensiones”, añadió. 

Por su parte, el puntano Fernando Salino cuestionó que “el equilibrio fiscal para ustedes es una obsesión” y pronosticó que “los juicios (previsionales) no los van a pagar nunca”; mientras que su par de UP Silvia Sapag reprochó que respecto a la situación de las cajas no transferidas se alegue la realización de auditorías: “Lo mismo pasó con los comedores populares. ¿Tienen pensado hacer una auditoría sobre sus jefes, que ya se patinaron 44 mil millones de dólares y nos dejaron esa deuda con el Fondo Monetario Internacional?”. 

Luego de la exposición del economista Ismael Bermúdez, habló el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, quien remarcó que “el sistema previsional argentino viene de décadas de crisis” y los jubilados “vienen perdiendo capacidad adquisitiva y derechos” hace años. “El Gobierno nacional se encontró con una situación que no generó”, defendió y señaló que hay “una situación de cierta injusticia respecto del sistema previsional contributivo” donde “la mayor parte de los jubilados que perciben la mínima son aquellos que se han jubilado comprando años de servicio a través de las diversas moratorias”. 

“El Gobierno está dispuesto a cubrir la inflación de enero, creemos que no debería ser con efectos retroactivos a abril, sino agosto”, dijo sobre el proyecto. 

Sobre los juicios previsionales, el titular de la ANSeS detalló que “de 200.000 juicios, 100.000 hay con sentencia firme; una cuestión que no es ni graciosa ni algo que uno desearía. “La litigiosidad no es un proceso cuya curva sea descendente, sino que se viene retroalimentando y la tendencia es ascendente. Tiene que ver con parches por las distintas leyes de movilidad que se han manejado y generan la industria del juicio”, aseveró. 

Y precisó que el costo fiscal de la cancelación de esas sentencias supera “los dos billones de pesos, o el 0,35% del PBI”. Luego afirmó que a los beneficiarios con juicios que llevan más años se les va a pagar primero. 

A la reunión también asistió Alejandro Chiti, extitular de la ANSeS, quien manifestó que “la movilidad no es para que los jubilados recuperen lo que perdieron, sino para mantener el poder adquisitivo. No hay que mezclar esto porque le hacemos daño al sistema previsional”.

La legisladora alineada con el gobernador Ignacio Torres, valoró la existencia de medidas que promovían “políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar la desigualdad en las regiones y provincias. Se está eliminando este párrafo”, remarcó la senadora, que habló de las “condiciones desventajosas” que afectan a los habitantes de la patagónica y señaló que en ese sentido “lejos de ser un privilegio mantener este beneficio, es un aporte a la equidad”.

“¿Por qué se eliminó este párrafo?, es mi pregunta, y si no creen que vulnera esta equidad de la que hablé”, planteó Cristina.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman confirmó que la parte del diferencial del 22% de la Patagonia “se eliminó”. Y precisó que “no encontramos justificación, desde la visión nuestra, para mantener ese diferencial por regiones”. Luego precisó, para justificar su postura, que “con el nivel de ingresos que se está fijando ahora estarían alcanzados solo sectores elevados, aun en la Patagonia”.

A continuación intervino la rionegrina Mónica Silva, quien siguió con el tema de la reimposición del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría. “Hay situaciones que ameritan que el Poder Ejecutivo analice porqué históricamente ha tenido un cuidado especial de políticas públicas para fomentar el asentamiento poblacional”, señaló la senadora, destacando que respecto de la Patagonia se está hablando de “una región muy extensa, muy árida, en una parte importante de su territorio; es una población dispersa y escasa”, por lo que consideró “importantísimo que la Patagonia tenga asentamientos fuertes y bien constituidos y hay que cuidarlos”.

Concluyó sugiriendo que “tal vez el Poder Ejecutivo debería tomarse un tiempo para analizar las características socio históricas de nuestro país y poder legislar de manera equitativa”.

Guberman insistió en mantener la postura oficial, resaltando que la modificación en Ganancias “alcanza a menos del 10% de los trabajadores formales de todo el país”. Agregó que “la forma que le estamos dando al impuesto a Ingresos Personales es que entraría más o menos un millón de contribuyentes. Hasta septiembre del año pasado, pagaban más de un millón y medio (ese gravamen), así que esto es mejor que lo que estaba vigente, en nuestra visión”.

Para el secretario de Hacienda “es un impuesto de los pocos progresivos que realmente tiene el esquema tributario argentino”, y aclaró que “estamos abiertos a las conversaciones con todos los gobernadores, todo el tiempo, para discutir este tema”.

Asimismo recordó que en el marco de esta ley “no se ha eliminado el Fondo Fiduciario de Zona Fría” que beneficia a los habitantes de la Patagonia, por lo que consideró que sí hay medidas que apuntan a atender las diferencias regionales.

Y ante el planteo de coparticipar el impuesto al Cheque, como para compensar la eliminación de Ganancias, recordó que se tomó la decisión de dedicarlo ciento por ciento a la seguridad social. Si se llegara a coparticipación, habría que empezar a ver de qué manera se debería compensar eso.

La senadora Silva insistió por Ganancias. “Es un impuesto a los asalariados de la clase media”, dijo, por lo que llamó a “ir hacia los que realmente tienen más”.

Desde la otra vereda, la senadora Alejandra Vigo recordó que ella estaba a favor de reimplantar el  impuesto a la cuarta categoría. “En algún momento, cuando se votó (durante la gestión anterior), el presidente estuvo de acuerdo con eso. Otros no, entre ellos y o, porque quedaba desprotegida la provincia -recordó-. En ese momento se planteó suplantar el impuesto a las Ganancias implementando la coparticipación del impuesto al Cheque, cosa que no sucedió. Tenemos que ir dando aunque sea de manera paliativa algunas respuestas para que las provincias puedan seguir brindando los servicios que brindamos”.

Previamente había hablado del tema Ganancias el fueguino Pablo Daniel Blanco, quien preguntó sobre los alcances sobre del artículo 88, referido a “los beneficios que la provincia que represento, Tierra del Fuego, podría verse perjudicada por la interpretación de este artículo. Me parece que no está muy claro y da motivos como para que los beneficios de la Ley 19.640, que para muchos es mala palabra, no sea de aplicación. Seguramente voy a plantear una modificación para que quede claramente especificado en el caso de mi provincia que esto no alcanza a sus trabajadores”.

“Era un tema que no teníamos a la vista, nosotros interpretábamos que no estaban alcanzados los trabajadores de Tierra del Fuego. Tomamos en cuenta el punto y vamos a trabajar para que eso quede explicitado”, le aseguró Guberman.

En el comienzo del debate del proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes en la Cámara alta, los senadores Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) apuntaron fuerte contra ciertos aspectos que plantea el capítulo de blanqueo de capitales, haciendo énfasis en la figura de los testaferros y la falta de prohibición de que puedan acogerse al beneficio hermanos de funcionarios.

Al tomar la palabra para hacer consultas al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, Tagliaferri sostuvo: "Estamos frente al blanqueo número cien en Argentina, es lamentable, es triste, es preocupante que no logremos mejorar esta situación. Es un blanqueo excesivamente generoso, se blanquea gratis, se blanquea sin tope y no tiene penalidad".

La macrista recordó que durante la gestión de Cambiemos se llevó a cabo un blanqueo que "fue exitoso, concreto y tuvo muchas más condicionalidades" que éste; y también "en la pandemia se aprobó un blanqueo para la construcción". Ahora, "se permite que todas esas personas que blanquearon hace 6 y 3 años puedan volver a hacerlo; es la alegría de los evasores que dañan la economía argentina", advirtió.

Además, la porteña alertó que "el GAFI envió un documento informal planteando su preocupación sobre la imposibilidad de tener una trazabilidad legítima de estos fondos", teniendo en cuenta también el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que plantea la ley de Bases.

Tagliaferri apuntó contra el artículo 35 del proyecto fiscal, que establece la regularización de bienes inmuebles a nombre de terceros. "Esto se llama testaferros. No terminó de entender cuál es el objetivo, la garantía de trazabilidad y cuál es el país que quieren construir ustedes, donde están permitiendo que testaferros blanqueen. Este es el sueño de Daniel Muñoz, Marcelo Ramos, Lázaro Báez".

"En el artículo 39 exigen que se haga la transferencia de dominio, pero dice que si en dos años no se pudo hacer y la persona presenta documentación, bueno, la autoridad de aplicación evaluará si es posible que la persona no la haga", agregó.

Guberman le respondió que están "completamente de acuerdo con lo negativa que es la política de blanqueo sistemático; claramente no es la solución. Tiene que ver con la falta de control y supervisión histórica de la AFIP y la ANSeS, órganos que deberían controlar lo que no controlan".

Sobre lo resaltado por la senadora macrista, el funcionario dijo que "en la reglamentación se va a detallar qué tipo de información, documentación, debería contener; es la regla habitual. Se van a tener en cuenta las normas antilavado".

"El testaferro ya tiene declarado los bienes, así que no es una cuestión impositiva. No apuntamos a esos casos, sino a los casos de personas que han adquirido inmuebles a través de vehículos no del todo regularizados, como fideicomisos", explicó e insistió que "en la reglamentación se van a tomar las precauciones para cuál es el origen de los fondos, cómo los pudieron haber adquirido".

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Lousteau afirmó que "lo que habilitan, a pesar que digan que no, es la intención, es que alguien blanquee inmuebles, edificios, propiedades o campos que tienen a nombre de otros". "Eso de que la reglamentación lo va a subsanar a nosotros no nos deja muy tranquilos; primero, por la posición pública del presidente, y segundo porque en otra parte del proyecto están haciendo absolutamente lo contrario. Están limitando el poder de las entidades financiaeras para decir qué requisitos adicionales le pueden exigir a aquellos que vienen a exteriorizar bienes".

"En el texto está explicitado que se van a cumplir las normas contra el lavado de activos. Contra la desconfianza no hay mucha acción ni texto que lo pueda salvar", contestó Guberman y lanzó: "Se quedan con la parte del presidente diciendo 'no me importa de dónde vienen los fondos', pero nunca hacen el comentario que el presidente lo que todo el tiempo dice es que hay que cumplir la ley".

Carlos Guberman (Foto: Comunicación Senado)

En una nueva intervención, Lousteau reiteró que "una persona puede blanquear algo que está a nombre de otro" y "los requisitos que se van a pedir son los mínimos". "No es un tema de confianza o desconfianza, es lo que está escrito en una ley", señaló y cuestionó que "este paquete tiene un régimen muy generoso para aquel que no pagó impuestos; yo me animo a describirlo como el más generoso de la historia de los blanqueos, de hecho permite blanquear a tasa cero".

Y fue más allá, al graficar que la iniciativa prevé "una rebaja impositiva para los sectores con mejor condición patrimonial", es decir que "los más ricos de la Argentina van a pagar menos". "Tenemos un aumento del impuesto a las Ganancias para la clase media. Es un paquete que baja la presión tributaria a los más ricos y le carga presión tributaria a la clase media", sumó.

Pero además subrayó que "permite, igual que en el blanqueo del gobierno de (Mauricio) Macri, que los hermanos de los funcionarios blanqueen. Tu suegro o suegra no pueden blanquear, pero tu hermano o hermana sí. Y esto es grave, porque es el vínculo más cercano".

"Hay un montón de cosas de esta ley que son malas y se pueden corregir si trabajamos como corresponde. Y no hay chicanas en esto. Hoy a la mañana había un diario que tituló que yo pregunté '¿los hermanos pueden blanquear?'. No es por el presidente y la secretaria General (Karina Milei), porque son funcionarios y no pueden blanquear. Yo pregunté porque seguramente en el pasado hay funcionarios de hoy que los hermanos sí pueden blanquear; y funcionarios del pasado que también van a poder blanquear", expresó.

A continuación, el radical aseguró que pedirá que "se excluyan a los hermanos" y que el plazo de 5 años se extienda a 10 para que abarque no solamente a una gestión para atrás. También manifestó: "Voy a pelear para que la tasa sea más alta, no del 0% o 5%".

Al responder en otro tramo, el secretario de Hacienda leyó el artículo 35 (cuestionado por la figura de testaferros) y aseveró que "explícitamente solo se puede usar la figura del tercero si el que tenía en su propiedad el bien era una sociedad". "Los Sauces es una empresa", tiró Tagliaferri fuera del micrófono.

En tanto, sobre la prohibición de que hermanos de funcionarios blanqueen, Guberman expresó: "Podemos aclarar el tema, habíamos puesto ascendentes y descendentes. Nos faltó movernos para el costado también".

En otro momento de las consultas, el senador Víctor Zimmermann (UCR) preguntó al funcionario "si tienen previsto prestarles (de los fondos que se recauden), a través de algún mecanismo, ya sea tipo bonos o créditos, a los gobiernos provinciales y que tengan una fuente de financiamiento".

"En cuanto al destino de los fondos la norma plantea que se puedan dar determinados fines a los depósitos que estén en las cuentas especiales. En el momento de reglamentar se podrá establecer a dónde destinar, podemos tomar en cuenta el pedido de que haya una parte de esos fondos que esté habilitado para operaciones de crédito de las provincias proyectos de inversión de obra pública. Lo anotamos y lo dejamos como una cuestión a evaluar", respondió Guberman.

Con un debate centrado en el blanqueo de capitales y la vuelta del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, se llevó a cabo este jueves durante tres horas una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en la que se trató el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. A la misma asistió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien respondió preguntas de los senadores.

Del encuentro participaron, además del oficialismo, legisladores de la oposición no K, pues el interbloque de Unión por la Patria se adhirió al paro general convocado este jueves por la CGT, que entre las 10 razones de la huelga incluyó la restitución de Ganancias.

Al finalizar, el presidente de la comisión, el libertario Ezequiel Atauche, informó que se pasaba a un cuarto intermedio, pero sin precisar día y hora. Posteriormente, el presidente de Legislación General, Bartolomé Abdala, anunció que en el caso de la ley Bases se aceptará convocar a invitados, con lo cual se confirmó así la caída del trámite exprés que el oficialismo quería darle a ambos proyectos del Ejecutivo, intentando dictaminar esta misma semana.

De acuerdo a lo ocurrido en las distintas jornadas, las iniciativas se encaminan a tener modificaciones en la cámara revisora, lo que obligaría su vuelta a Diputados para la sanción final. Al correrse los tiempos, el Gobierno no llegaría antes del Pacto de Mayo con la sanción de las leyes, el cual era su objetivo.

El proyecto fiscal, que contiene la restitución de Ganancias, un blanqueo de capitales, una moratoria y cambios en Bienes Personales y el régimen de monotributo, tuvo media sanción en la Cámara baja el pasado 30 de abril por 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

Las miradas están puestas sobre los votos complicados para La Libertad Avanza en la cuestión Ganancias: todos los senadores patagónicos están en contra y, sin esas voluntades, más otras posibles de senadores federales, corre riesgo de ser rechazado.

El texto establece la vuelta de este tributo para trabajadores solteros a partir de los 1,8 millones de pesos y para casados con hijos desde los 2,2 millones de pesos.

Foto: Comunicación Senado

En el arranque, Guberman detalló los aspectos centrales del proyecto y aclaró: "No son las medidas ni el programa estructural con el que queremos re-encauzar el funcionamiento de la Argentina para el futuro. Son medidas que apuntan más a solucionar cuestiones de corto plazo. Ajustar algunas medidas tributarias que se modificaron en los últimos años para tener una especie de puente al momento que tengamos el proyecto de reforma tributaria, para poder avanzar en una reforma más de fondo".

Respecto a la moratoria, para regular deudas, señaló que "es convencional, sin demasiada diferencia respecto a moratorias que se han hecho en otras oportunidades" con "un tratamiento diferencial entre contribuyentes, apuntando a la capacidad financiera que pueden tener".

Sobre la regularización de activos, más conocido como blanqueo, el funcionario subrayó que "un blanqueo no es lavado; esto no tiene nada que ver con un lavado de activos. Estamos hablando de un blanqueo cumpliendo con las normas que fija la UIF".

Habrá tres etapas para acceder, en las cuales varían las alícuotas y "hay un tratamiento diferencial para el blanqueo en efectivo respecto de los demás activos" que se podrá "depositar en una cuenta especial, no se paga ningún tipo de alícuota y se fija un mínimo de 100 mil dólares".

Guberman aseguró que los no residentes no podrán ingresar dinero en efectivo; y que al blanqueo tampoco podrán acceder funcionarios públicos y familiares de funcionarios de los últimos 5 años.

Luego habló de los cambios en Bienes Personales se unifican las alícuotas para los bienes en el exterior y los bienes en el país; y se establece una reducción progresiva de las escalas, "con la idea de llegar al 2027 con una alícuota de 0,25% para todos los contribuyentes" y que "en el año 2027 se termine el impuesto y no exista más". También se plantea un beneficio para los contribuyentes cumplidores, con un descuento con una alícuota de 0,5%.

Además, en su exposición inicial mencionó la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles y el capítulo sobre transparencia fiscal al consumidor, que trata sobre la información que reciben los consumidores al obtener la factura o ticket de compra (con detalles sobre el IVA, por ejemplo).

El secretario de Hacienda destacó que tanto en el monotributo como en Ganancias "se han modificado las escalas, se le ha dado mucho más progresividad" para que "uno vaya mejorando sus ingresos y no sea empujado automáticamente a las escalas más altas". Además, en el caso del régimen de pequeños contribuyentes, habrá una actualización semestral de las escalas y "durante 2024 el Poder Ejecutivo podrá hacer una modificación adicional, obviamente hacia arriba". Mientras que en Ganancias, habrá "ajuste en el mes de septiembre con la inflación del trimestre previo".

En las preguntas, los senadores Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) apuntaron fuerte contra ciertos aspectos que plantea el capítulo de blanqueo de capitales, haciendo énfasis en la figura de los testaferros y la falta de prohibición de que puedan acogerse al beneficio hermanos de funcionarios. Mientras que, por su parte, las senadoras patagónicas Andrea Cristina (CF-Chubut) y Mónica Silva (JSRN-Río Negro) se refirieron a la cuestión Ganancias, entre otros.

Foto: Comunicación Senado

En tanto, la senadora mendocina Mariana Juri (UCR) consultó sobre el costo del paquete fiscal, a lo que Guberman aclaró que todo dependía de muchos factores, pero señaló que la expectativa estaba puesta en que el total del paquete fiscal pudiera generar 1 punto del PBI, si el blanqueo es exitoso y el acogimiento es alto en lo que refiere a Bienes Personales. De eso aproximadamente 60% es de provincias, 40% es de Nación.

Respecto de Ganancias, depende de cuándo entre en vigencia, aclaró el funcionario, que precisó que “el nuevo régimen empieza a pagarse cuando entra en vigencia. No se generan obligaciones para atrás”. El cálculo estimativo es de 1,3 billones adicionales para lo que resta del año en concepto de este tributo.

Por la modificación en monotributo, se esperan 152 mil millones de pesos, mientras que para Bienes Personales, “dependerá de cómo se distribuya la situación entre el adelanto del impuesto y las modificaciones de las alícuotas. Podría generar este año 500 mil millones de pesos, habiendo un acogimiento alto". “Esos son los números globales”, dijo.

Sobre el final de la reunión, la senadora cordobesa Alejandra Vigo (UF) preguntó si estaban contemplando excluir específicamente a quienes ya participaron de otros blanqueos, y ejemplificó: “Queremos evitar la industria del juicio y ahora estamos haciendo la industria del blanqueo”.

Guberman aceptó esa observación, afirmó que estaban analizando qué hacer en ese tema, pero aclaró que dejar afuera a todos los que han blanqueado en algún momento podía generar una asimetría que los hiciera pasibles de “abrir frentes judiciales en contra de excluir a esos individuos”. Vigo concluyó advirtiendo entonces: “Esa es una de las cosas que voy a plantear modificar”.

Abrió el debate en la Comisión de Presupuesto el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien se encargó de detallar el contenido del proyecto de ley, que presentó como un complemento de la ley de Bases, como parte de las iniciativas de política económica y de gestión que tiene este Gobierno”.

Abrió el debate Carlos Guberman, para detallar el contenido del proyecto de ley, que presentó como un complemento de la ley de Bases, como parte de las iniciativas de política económica y de gestión que tiene este Gobierno”.

Sobre el tema contó que “hay algunas diferencias respecto de lo que se había trabajado en enero”, pero aclaró que las mismas no son “sustanciales”. La diferencia sustancial es, dijo, la inclusión del impuesto a los Ingresos Personales, que esa vez no estaba. En el verano, la intención era tratarlo por separado, ahora se unificó, comentó.

El proyecto en particular tiene ocho secciones, dijo, y a continuación las detalló.

La primera sección gira en torno a la moratoria, estableciendo un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Guberman contó que ese es un proyecto que no tiene grandes diferencias con otros proyectos de moratoria que se han llevado adelante en otros momentos. “Se incluyen en este régimen la posibilidad de regularizar el Aporte Solidario y Extraordinario -comentó-. Dentro del texto van a encontrar una serie de tratamientos que tienen que ver con los plazos de adhesión. Y de acuerdo a los mismos, hay distintos beneficios a los que se pueden acceder”.

El funcionario comentó sobre los planes de facilidad de pagos que hay diferentes clases, según el sujeto que se acoja al régimen, que varían entre los 36 meses a los 84; depende de si son empresas grandes, micro o pequeñas, o si son individuos.

La segunda sección corresponde al blanqueo, el régimen de regularización de activos. “No hay mucha diferencia con respecto a procesos similares; se plantea en una serie de etapas, como son los blanqueos de los últimos años. Dependiendo de la etapa, la alícuota se va incrementando a lo largo del tiempo”, señaló el secretario de Hacienda, que aclaró también los montos a partir de los cuales se debe ingresar el impuesto o no. Teniendo en cuenta que de 100 mil dólares para abajo la tasa es cero, aclaró que eso es para todo tipo de bienes que se quieran ingresar al régimen. “Pero si es dinero en efectivo depositado en el sistema financiero, o una cuenta comitente especial, y siempre y cuando se mantengan hasta el 31 de diciembre de 2025, eso paga tasa cero, independientemente del monto”, precisó.

El resto de los bienes, superados los 100 mil dólares, empiezan a pagar las distintas cuotas.

Con relación a los residentes en el exterior, un tema que había recibido cuestionamientos de parte de la oposición, Guberman expresó que “no está habilitada la posibilidad de blanqueo en efectivo”.

También está aclarado que en la medida que el dinero en efectivo depositado en el momento que se retira antes del plazo, le corresponderá el pago del impuesto como si no lo hubiese ingresado a través del sistema financiero.

La tercera sección corresponde a Bienes Personales. Ahí hay dos cuestiones: una, la posibilidad de generar el adelanto por 5 años del impuesto y las modificaciones en las escalas del impuesto hacia adelante, hasta 2027.

El funcionario aclaró que hay un beneficio adicional a los que deciden ingresar, que es que queda una especie de estabilidad hasta 2038, a los que no se les puede cobrar una alícuota mayor por conceptos relacionados a lo que es hoy el impuesto a Bienes Personales.

“La idea es dar una trayectoria decreciente y plantear un panorama de reducción hasta llegar a 0,25 para todos los impuestos a partir del año 2027”, completó.

Con relación a la cuarta sección, corresponde a la eliminación del impuesto a transferencia de inmuebles, algo que estaba planteado en el texto anterior.

La quinta sección es la del impuesto a Ingresos Personales. Una nueva modificación, con la idea de retomar la forma que tenía el impuesto a la 4ta categoría del Impuesto a las Ganancias hasta 2022. Se fijan nuevas escalas, nuevas deducciones a términos de montos. Se genera un cambio en las exenciones que se venían admitiendo. Guberman dijo que se estaría llevando el mínimo no imponible a 1.800.000 para un soltero y unos 2.300.000 pesos mensuales para una persona casada, con dos hijos.

“La idea es plantear la actualización anual por IPC”, explicó, señalando que se busca ir paulatinamente simplificando el sistema tributario, para que no haya muchos índices de actualización, y que se opte por un indicador sencillo que todo el mundo entiende.

Precisó a continuación dos cuestiones importantes: la derogación del impuesto cedular y la ratificación de las deducciones y de las escalas que estuvieron vigentes en la última parte de 2023.

La sección seis es el Régimen Simplificado, o monotributo. Ahí hay un ajuste en los tramos de ingresos. Además, “estamos generalizando la escala a todo tipo de contribuyentes. Permitimos que la prestación de servicios vaya hasta la misma categoría que podía llegar la venta de bienes”, agregó.

Guberman dijo que “estamos incrementando los límites hasta los cuales se puede pagar y se está haciendo un ajuste en todas las alícuotas para hacerlo de manera que sea un impuesto más progresivo, que no sea tan barato. Se trata de equiparar en las escalas más baratas lo que está  pasando con autónomos, que el salto no sea tan costoso como hasta este momento”.

La séptima sección es la transparencia fiscal al consumidor. “Que los consumidores tengan mayor claridad al momento de realizar sus compras sobre lo que están pagando y cuánto es el impuesto de esa transacción –explicó-. Hasta ahora se discriminaba el IVA solo para los contribuyentes que estaban registrados en el régimen general; ahora estamos proponiendo que en la factura esté discriminado el IVA, como mínimo. Y se invita a que las distintas jurisdicciones se sumen a esto y se pueda discriminar todo”.

Por último, la octava sección contempla otras medidas fiscales. Lo más relevante es, dijo, “tratar de evitar una situación que muchos consumidores, pequeños comerciantes o empresas, ven afectados sus ingresos por un cúmulo de retenciones que se hacen sobre las transferencias electrónicas, en base a las aplicaciones de impuestos nacionales, provinciales o municipales. El monto mínimo a partir del cual se pueda aplicar el impuesto sería hoy de 247 mil pesos.

En el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza José Luis Espert, y con la presencia de una larga lista de funcionarios encabezados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el director de Análisis y Estadísticas Tributarias, José Antonio Salim, comenzó este jueves el debate del proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Una iniciativa que se prevé debatir en el recinto conjuntamente con el proyecto de ley de Bases. Para eso se espera que tenga dictamen la semana que viene y pueda llegar al recinto en los primeros días del mes de mayo.

El proyecto incluye la modificación en el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, blanqueo y moratoria, entre otros temas.

En el inicio de la reunión, Unión por la Patria cubrió el cargo que quedaba pendiente, la vicepresidencia primera, que previsiblemente quedó en manos del diputado Carlos Heller.

Abrió el debate Carlos Guberman, para detallar el contenido del proyecto de ley, que presentó como un complemento de la ley de Bases, como parte de las iniciativas de política económica y de gestión que tiene este Gobierno”.

El funcionario se encargó de detallar el contenido del proyecto de ley, que presentó como un complemento de la ley de Bases, como parte de las iniciativas de política económica y de gestión que tiene este Gobierno”.

Sobre el tema contó que “hay algunas diferencias respecto de lo que se había trabajado en enero”, pero aclaró que las mismas no son “sustanciales”. La diferencia sustancial es, dijo, la inclusión del impuesto a los Ingresos Personales, que esa vez no estaba. En el verano, la intención era tratarlo por separado, ahora se unificó, comentó.

El proyecto en particular tiene ocho secciones, dijo, y a continuación las detalló.

Ante preguntas de la diputada del Pro Germana Figueroa Casas, Guberman contó que “se está trabajando en una reforma tributaria de fondo, pensando en reformas de la administración tributaria de fondo; un sistema moderno, simple, un proceso que lleva tiempo. Venimos trabajando desde la campaña y esperamos tener novedades al respecto lo más pronto posible”.

Hubo varias preguntas sobre el monotributo, pero el funcionario contestó puntualmente primero una imputación que le había hecho el diputado Christian Castillo respecto de que el monotributo debía ser “caro”. Aclaró que no había dicho eso, sino que “no tiene que ser barato; no debería ser gratis”, en función de la necesidad de que se induzca a las personas a inscribirse en el sistema.

Puntualmente sobre el monotributo en general, dijo que “podemos conversar si hay alguna pauta que no se haya ajustado de manera razonable”, y en cuanto a las escalas, el secretario de Hacienda dijo que la diferencia en el ajuste en porcentajes en algunos casos más altos que otros, tiene que ver con un reordenamiento de las escalas. “Ahora sí hay una trayectoria progresiva que las categorías más bajas pagan menos, y a medida que van creciendo, van haciéndolo de manera acelerada”.

Ante la consulta de la diputada Figueroa Casas sobre la reincorporación de los que fueron cayendo fuera del régimen por haberse pasado de las escalas, Guberman admitió que “podemos trabajarlo; se puede revisar en la etapa de reglamentación si se hace algún tratamiento en particular sobre eso. No tenemos conocimiento que sea un problema masivo”.

De paso, apuntó que ellos conversan no solamente con los legisladores, sino también con “distintos involucrados o afectados por las medidas que tomamos. No lo habíamos tomado como un punto relevante, pero podemos volver a hablarlo”.

Sobre el tema actualización, en monotributo y ganancias, la idea es “hacer un ajuste anual por IPC”, como ya había especificado antes, teniendo en cuenta que se trata del método de medición más claro. “Hemos decidido hacer el ajuste anual; con Ganancias es mucho más claro, porque es un impuesto anual. Tiene más sentido que hacer ajustes a lo largo del año”.

“En el arranque se están elevando todas las categorías de manera muy fuerte, para compensar lo que pudo pasar a lo largo del año. Ante una situación de descontrol de la inflación, se puede hacer un ajuste adicional; no vemos la necesidad de modificar esa pauta, sobre todo con el proceso de desaceleración de la inflación que estamos viendo”.

Respecto de Ingresos personales, la idea es, insistió, dar un tratamiento igualitario en cada impuesto para todos los contribuyentes. “No seguir generando arbitrariedades: que si vivo en un lugar pago menos; si trabajo en un lugar, pago menos… Queremos generar una cultura tributaria diferente en la que todos tengamos las mismas obligaciones y derechos en términos fiscales”, precisó.

Con relación al blanqueo, aclaró Guberman que “efectivamente fuimos tomando distintos comentarios que nos fueron acercando. La ida de mantener la opción para no residentes es lo que creemos que vale la pena mantener; excluimos las situaciones que podían dar lugar a conflictos o situaciones no deseadas”.

Respecto de bienes personales, solo estarían incorporados los que reciban donaciones o herencias, señaló, aclarando que “podríamos revisar el texto, a ver si fue un error de redacción”.

El diputado Nicolás Massot había preguntado sobre el gasto tributario, pero el funcionario aclaró que esos datos todavía están en evaluación, y estarán reflejados seguramente en el texto del Presupuesto 2025. “Hoy la cifra que manejamos es la misma que años previos: 2,5 del PBI. En este texto se están eliminando exenciones que están en esa lista, así que estamos avanzando, no es que no estamos haciendo nada”, precisó, para agregar luego que “vamos a ver cuál es la incidencia de esos gastos tributarios y la ida es dar tratamiento igualitario con todo el mundo”.

Respecto de su pregunta sobre el impacto que tendrá el blanqueo, Guberman señaló que “creemos que si se entiende la lógica del blanqueo, debería ser con un ingreso relativamente alto de gente y cantidad de dinero, pero no hay forma de dar un número concreto”.

Con relación a una consulta del presidente del bloque UP, Germán Martínez, el funcionario aclaró que “estamos abiertos a aportes, sí. No solo con legisladores, sino con sectores económicos. El ámbito de discusión es el Congreso”, precisó.

Señaló además que “en términos de relación fiscal entre la Nación y las provincias, el conjunto de tributos tratados en este paquete son coparticipables. El resultado final es que el 60% son incrementos que van a ir a las provincias y el 40% a la Nación.

Sobre las prevenciones planteadas sobre lavado de dinero, el secretario de Hacienda aclaró que “hay un artículo específico que apunta a tener atención a esa situación. El texto ha sido conversado con los organismos de control respectivos”. Y aclaró que “pueden convocar a los funcionarios y está el texto conversado. Se han tomado las precauciones para evitar que un blanqueo se convierta en un lavado”. E insistió en que “si se encuentra algún gris que les parece importante, me parece que vale la pena tomarlo en cuenta y atenderlo”.

La diputada del Pro Silvana Giudici  había pedido dar tratamiento diferencial a fuerzas de seguridad y salud, pero el funcionario aclaró que “la idea es que el sistema tributario no sea la herramienta a través de la cual se den tratamientos diferenciales”.

Ante una consulta del radical Lisandro Nieri respecto de una duda que le despertaba el artículo 32 sobre el cobro por el retiro de fondos, Guberman admitió que la redacción podía no haber quedado “del todo claro”, admitiendo que “tal vez haya que revisar la redacción”.

Sobre los impuestos internos, respecto de lo que también había preguntado el diputado Juan Manuel López, el secretario de Hacienda dijo que “si el Gobierno lo presentó en alguna oportunidad es porque tiene intenciones de ir por ese lado. Los tiempos tal vez no eran los indicados, dada las condiciones políticas y sociales, se podrá modificar o no, ustedes tienen la potestad”.

Acerca del impuesto a las Ganancias, habló de la necesidad de evitar que se siga diluyendo el ajuste por inflación y dejarle la potestad al Poder Ejecutivo para que genere una modificación adicional antes de fin de año, sobre valores y números que se determinen en este proyecto.

Consultado sobre el gasto tributario, el secretario de Hacienda dijo que “nuestro norte es la igualdad en el tratamiento para todos. A través del sistema tributario, discriminar individuos o sectores no es lo que queremos hacer”.

Ante la pregunta de Itai Hagman sobre la incorporación del pago del Aporte Solildario, Guberman dijo que “no me parece una mala opción que gente que no pagó pague”.

¿Por qué se modificaron los porcentajes de las deducciones? “En realidad lo que se hizo fue aumentar el porcentaje de la condonación, pero se acortaron los plazos de los planes”.

Luego, el secretario de Hacienda fue consultado respecto a la retroactividad del Impuesto a las Ganancias y explicó: “El artículo 82 establece que se genere una especie de exención de ese monto. Pero se genera una deducción especial al momento en que la ley entre en vigencia”. “no será retroactivo el Impuesto a las Ganancias”, aseguró.

Confirmó, también, la eliminación del monotributo social y señaló que “todo debería ser mucho transparente en cuanto a las transacciones”. “Con este proyecto de ley tratamos de igual manera a todos los contribuyentes”, enfatizó.

Desde UP y el FIT le plantearon dos dudas puntuales que el funcionario respondió: “Los aportes de trabajadores de casas particulares tiene un tratamiento diferencial porque tienen una caja aparte a la previsional y eliminamos el ITI (Impuesto sobre el Inmueble)”.

Brevemente y para terminar, Carlos Guberman contestó las preguntas finales e indicó que “hay un tratamiento especial para el residente sobre el no residente”. En esa línea, amplió que una diferencia era que no pueden blanquear dinero en efectivo porque no es lo mismo un blanqueo que un lavado y queremos evitar esa situación”.