El presidente de la CC y diputado nacional le advirtió al jefe de Estado que si persiste en sus manifestaciones estará “obligado a promover una denuncia penal” en su contra. También intimó al canciller Gerardo Werthein.
El diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, le envió una carta documento al presidente Javier Milei en la que lo intimó “a cesar” con la toma de una serie de “decisiones en materia de relaciones exteriores y derechos humanos que son violatorias de la Constitución Nacional”, respecto de los últimos votos de la Argentina en la ONU relacionados con la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas y con los derechos de los pueblos indígenas.
Según el diputado, “las decisiones adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la ONU contravienen los principios de igualdad y libertad consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”. Ferraro dirigió una intimación similar al canciller Gerardo Werthein.
El texto de la carta documento destinada tanto al presidente como al ministro de Relaciones Exteriores expresa: “Por medio de la presente le intimo a cesar con la toma de decisiones en materia de relaciones exteriores y derechos humanos que a continuación desarrollamos, por ser violatorias del Art. 75 incs. 17, 22 y 23 de la Constitución Nacional; de lo contrario estaré obligado a promover denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 CP)”.
“Nos referimos al voto solitario de la representación argentina en la Organización de Naciones Unidas rechazando los proyectos de resoluciones sobre ‘Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: el entorno digital’ (A/C.3/79/L. I 7) y de ‘Derechos de los Pueblos Indígenas’ (A/C.3/79/L.2 l )”, explicó Ferraro.
La posición de la Argentina fue la más extrema: 170 países que votaron en favor de la resolución de las Naciones Unidas que declara como objetivo “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual y por razón de género, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”, incluidos Estados Unidos e Israel, y 13 se abstuvieron.
“Asimismo, agrava la preocupación el retiro de la delegación argentina de la 29° conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas (COP29) que se celebra en Bakú este año”, agregó en la carta.
La misiva continuó: “Reiteramos que estas decisiones incurren en graves incumplimientos de los principios y declaraciones establecidas en la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 17 y 23, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional del inc. 22, y las obligaciones asumidas del Estado Nacional en relación a la protección de los grupos sociales afectados”.
Por estos motivos, instaron a que “desistan de violar la Constitución Nacional y los emplazamos a rectificar decisiones similares ya que el ejercicio de la política exterior debe ser en observancia de los principios y obligaciones asumidas por el Constitución Nacional. Reiteramos que toda política ejercida por el Poder Ejecutivo, en tanto poder constituido, debe operar dentro de los límites que le impone el poder constituyente”.
“Las decisiones adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la ONU contravienen los principios de igualdad y libertad consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”, expresó y cerró: “Recordar que la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional son la base legal, moral y ética en la cual se fundan la democracia y la República, en consecuencia, todos aquellos actos que el Estado no haga en su favor, los hace en su contra y pueden actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático (art. 36 CN)”.
Con el fin de facilitar la defensa de los consumidores, la senadora Silvia Giacoppo presentó una iniciativa para quienes deben efectuar reclamos.
Pensando en los derechos de los consumidores la senadora nacional radical Silvia Giacoppo (Jujuy) ha presentado una iniciativa por la cual se establece, en todo el país, un servicio de telegrama y carta documento gratuito para el remitente en los casos que deban efectuar un reclamo.
El proyecto establece en todo el territorio de la República Argentina un servicio de telegrama y carta documento para los usuarios y consumidores absolutamente gratuito para el remitente.
“Resulta necesario, al momento de la defensa del consumidor y usuario frente a la vulneración de sus derechos por parte del proveedor, brindar una herramienta que garantice el efectivo cumplimiento de tales derechos”, indica Giacoppo en su iniciativa.
La senadora nacional considera “primordial ofrecer a los usuarios todos los medios y garantías para la protección de sus derechos frente a las empresas”.
La iniciativa destaca que la norma será efectiva para el usuario y consumidor o por las asociaciones de consumidores y usuarios para cualquier comunicación dirigida a un proveedor -en los términos del artículo 2º de la ley de Defensa del Consumidor- que deban efectuar un reclamo vinculado a una relación de consumo dirigida al proveedor con la relación de consumo entre éste y el consumidor y/o usuario denunciante.
La norma establece que ”las oficinas de correo, desde la cual se despachen los instrumentos mencionados en esta ley, los recibirá y expedirá sin dilación alguna aun en caso de dudas sobre la condición invocada por el remitente o sobre el carácter del texto a remitir -sean estos correos oficiales o privados- y el gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será cargado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta de la Subsecretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Producción de la Nación o la que en el futuro la remplace”.
Señala la senadora que “en la vida diaria el elevado precio de las cartas documentos en los correos desalienta a muchos usuarios y consumidores a efectuar el reclamo por sus derechos, quedando entonces indefensos frente a eventuales abusos que pueden sufrir.
Por ello, resulta una obligación del Congreso resguardar las necesidades y los derechos de estas personas a fin de lograr que sus reclamos resulten fehacientes”.
“No cabe duda de que a la hora de intimar es indispensable contar con una notificación fehaciente, por lo que la carta documento resulta necesaria al momento de la defensa del consumidor frente a la vulneración de sus derechos por parte del proveedor. Y no podemos olvidar que el estado tiene el imperativo constitucional de brindarle al más débil de la relación de consumo, todos los instrumentos posibles para garantizar el efectivo cumplimiento de tales derechos”, concluye Giacoppo.