En la antesala del debate en Diputados sobre el proyecto que declara la emergencia pediátrica, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la medida implicaría un gasto anualizado de más de $133 mil millones. El informe advierte que no existen partidas específicas para afrontar esta emergencia.
Justo en vísperas del tratamiento en el recinto de la Cámara baja del proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, la Oficina de Presupuesto del Congreso dio a conocer el informe del costo fiscal de esa iniciativa impulsada por la oposición.
El proyecto de ley dispone la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos.
El dictamen de mayoría posee 12 artículos, coincidiendo en sus objetivos, asignación presupuestaria y prioridades de asignación y ejecución, en el carácter de la ley y entrada en vigor de ésta con el proyecto de ley, mientras que se diferencia al reducir de dos a un año la declaración de emergencia.
Según estableció la OPC, equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de 65.573 millones de pesos. Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones de pesos.
De acuerdo con el informe al que accedió parlamentario.com, al mes de junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes.
El informe precisa también que no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias.
Del análisis realizado sobre el dictamen de mayoría, la Oficina de Presupuesto del Congreso identificó medidas cuyo impacto fiscal pudo ser estimado, así como otras para las que no fue posible calcular los costos asociados.
Por el lado de los gastos, se estimaron los mayores costos derivados de la recomposición de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica y de los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en establecimientos de salud pediátricos y no pediátricos.
Por el lado de los ingresos, a partir de la información disponible informada por ARCA, que corresponde al 100% de las retenciones del impuesto a las Ganancias aplicadas a los trabajadores en relación de dependencia que se desempeñan en la actividad “salud humana y servicios sociales”, la OPC aclara que no resulta posible discriminar de dicha masa los conceptos eximidos en el proyecto de ley.
Asimismo destacaron que el dictamen contempla la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado al cuidado y la atención pediátrica en el país. Además, propone garantizar el funcionamiento pleno y sostenido del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. No obstante, dado el carácter general de estas disposiciones, la OPC aclara que no resulta estimar con exactitud el impacto fiscal que conllevarían.
Personal y gastos de funcionamiento de hospitales del sistema nacional con atención pediátrica
Acumulado a junio de 2025, en cantidad, millones de $ corrientes y % de ejecución
Tras la aprobación en el Senado de la ley que otorga un aumento del 7,2% y un bono móvil de $110.000 a jubilados, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la medida tendrá un costo fiscal de hasta 0,79% del PBI anualizado. También se prevén compensaciones para cajas provinciales y una mejora real del poder adquisitivo de hasta el 16%.
A una semana de la aprobación en el Senado de la ley que brinda un aumento para los jubilados, se conoció este jueves el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal de la medida.
La ley sancionada prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.
Según informa la OPC, el costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.
En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB)
Además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).
La Oficina de Presupuesto del Congreso precisó también que sin la nueva norma, los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%.
Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.
El número surgió de un análisis realizado por funcionarios del Ministerio de Economía, quienes se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la previa de la sesión motorizada por la oposición.
Mientras el Gobierno nacional mantiene su postura de no afectar las cuentas ni el equilibrio fiscal alcanzado, y cuando transcurre el segundo año sin presupuesto nacional, aumenta en las calles la ola de reclamos por el ajuste en sectores como la salud, educación, discapacidad, ciencia y tecnología, y cultura.
En un dejà vu del año pasado, el próximo martes 4 de junio fue convocada una sesión por la oposición en la Cámara de Diputados para abordar la problemática de los jubilados y las personas con discapacidad. También se tratará la emergencia por inundaciones en localidades bonaerenses afectadas tras el último temporal.
Ese mismo día, hace exactamente un año atrás, la oposición había aprobado la media sanción de la ley que establecía una nueva fórmula de movilidad -tras el cambio por el DNU- y recomponía los haberes previsionales en un 8,1%. Fue la que finalmente el presidente Javier Milei vetó.
En esta oportunidad, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda, que han aceitado su articulación en el último tiempo para construir una mayoría que pone en aprietos al oficialismo, buscarán avanzar en un aumento de las jubilaciones y una respuesta para las personas con edad de jubilarse pero sin los 30 años de aportes necesarios, que quedaron en un "limbo" tras el fin de la última moratoria.
Los desafíos estarán en los consensos que se puedan alcanzar para aprobar un texto, dado que en las comisiones se firmaron 11 dictámenes sobre la cuestión previsional. A pesar de ello, basada en los ejes centrales, la Oficina de Presupuesto del Congreso fue consultada por el costo fiscal que tendrían tales medidas. Pero, de cara a la discusión en el recinto, el Gobierno determinó también sus propios números.
En una reunión que funcionarios del Ministerio de Economía mantuvieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desde el Poder Ejecutivo estimaron que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.
Sobre las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones, un aumento del bono extraordinario -que varía entre pasar de 70 mil pesos a 105 o 115 mil- y su actualización por IPC, el equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI.
En tanto, específicamente sobre la actualización del bono, la OPC había precisado un gasto anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.
En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.
El organismo de asistencia técnica del Congreso, por su parte, proyectó un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluyeron que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.
Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.
"Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)", lanzó Menem este viernes a través de su cuenta de X.
El titular de la Cámara baja acusó a los bloques opositores de que "se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir".
🟥 U$S 12.000 MILLONES DE DOLARES
Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000…
— Martin Menem (@MenemMartin) May 30, 2025
"Temas como la prórroga de moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo, que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al Estado y a los jubilados; o una declaración de emergencia en discapacidad, que lejos de aportar soluciones concretas, parecen más orientadas a mejorar la situación de algunos prestadores que a sus reales destinatarios; sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en la últimas elecciones locales que se fueron desarrollando", enfatizó.
Finalmente, el riojano pidió: "No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios".
A diferencia de la convocatoria para el pasado 21 de mayo, que no tuvo quórum, en la oposición se esperanzan esta vez con alcanzar los 129 presentes e iniciar los debates. No fue incluida ahora la designación de auditores en la AGN, una de las cuestiones que había hecho fracasar el llamado anterior.
Aunque tampoco sumaron al temario el punto de las autoridades de la Comisión Investigadora por la Criptomoneda $LIBRA, se verá si hay un intento de buscar una resolución en ese sentido. En caso de que sí, esto provocaría fuertes discusiones reglamentarias.
Lo que sí esperan desde los bloques opositores es aprobar un emplazamiento de comisiones para tratar un nuevo proyecto de financiamiento universitario, que incluye recomposición salarial de docentes y no docentes, actualización de los gastos de funcionamiento, financiamiento de carreras estratégicas y becas, entre otros puntos.
Se trata de otro tema que el año pasado también fue ley y, posteriormente, Milei vetó. Es el destino que ya se presagia tendrán estos nuevos proyectos si son aprobados en ambas cámaras del Congreso.
Así se desprende del informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó un incremento en el número de beneficiarios de entre 493 mil y 946 mil personas.
La oposición ya pidió una sesión para debatir sobre la emergencia nacional en discapacidad, y en vísperas de ese debate la Oficina de Presupuesto del Congreso ya cumplió con publicar un informe con el costo fiscal de esta medida.
Se trata de un pedido puntualmente formulado por los diputados nacionales a la OPC para saber sobre qué terreno transitan para cuando llegue la hora del debate.
Recordemos que la iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.
Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.
Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso, podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos.
Esto es porque se proyectan dos escenarios: uno de base y otro potencial de ampliación de demanda, que implican un incremento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios respectivamente. Esto representa un impacto fiscal estimado de entre 0,22% y el 0,42 del PIB, dependiendo del escenario considerado.
Se estima que entre 187 mil y 376 mil de los nuevos perceptores de la pensión no contributiva por discapacidad podrían requerir cobertura exclusiva por parte del programa. La OPC no realizó una estimación monetaria por la variabilidad en el patrón de uso de los servicios y el grado de superposición con el sistema público de salud.
En cuanto a la compensación extraordinaria para prestadores del sistema de prestaciones básicas, se calcula un gasto adicional de $277.349 millones para compensar la diferencia entre los aranceles actualizados y la evolución del índice de precios al consumidor entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Este monto representa un 0,03% del PIB.
Sobre la actualización de asignaciones para talleres protegidos de producción, la OPC estima un gasto adicional de $7.160 millones respecto al presupuesto actual, equivalente al 0,0008% del PIB.
Con relación a otros programas de la ANDIS, si bien se prevé su fortalecimiento, no se realizó una estimación cuantitativa por falta de definición sobre los montos o criterios de refuerzo.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones y aumentos presupuestarios necesarios para garantizar su implementación, sin afectar los créditos asignados a la finalidad de servicios sociales.
