Ante una pregunta de la senadora Mariana Juri (JxC) respecto de las críticas que había hecho contra la Corte Suprema el ministro de Justicia, Martín Soria, el martes, el abogado Daniel Sabsay señaló que “cuando uno no tiene argumentos, lo que hace es afrentar, que es una especialidad del ministro de Justicia”. “La Constitución es clarísima, ¿cómo no va a estar la Corte Suprema?”, se preguntó en referencia a la participación de un representante de ese tribunal en el Consejo de la Magistratura, agregando que ese organismo es además auxiliar de la Corte “y le da funcionalidad al sistema”.

“No es para nada entorpecedor, además de ser absolutamente constitucional”, aclaró, y a continuación ante una pregunta del senador correntino Eduardo Vischi (JxC) respecto al momento en el que la Corte resolvió esta cuestión, admitió que “desgraciadamente los jueces son muy tiempistas, es un gran vicio de nuestro Poder Judicial”.

“Pero afortunadamente desde hace un tiempito se ha puesto los pantalones largos y se ha puesto a controlar”, resaltó respecto de la Corte Suprema, poniendo como ejemplo tres fallos: Farmacity, supermercados chinos y presencialidad de los alumnos en la Ciudad de Buenos Aires, fallos que consideró “hablan de un verdadero control”.

Luego, a instancias de una pregunta de la senadora Silvia Giacoppo (JxC), la emprendió directamente contra el ministro Martín Soria, por haber dicho que la Corte tenía el síndrome de la hegemonía. Sabsay dijo que era de “gravedad institucional que un ministro insulte a la Corte” y sostuvo que “deberían hacerlo renunciar a un cargo para el que no está preparado”.

Ante ello intervino el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek (FdT), que le pidió centrarse en el tema en discusión y no hacer calificaciones, a lo que Sabsay respondió cuestionando el “doble estándar” en la materia. “Me gustaría también que el ministro asuma la misma calificación”, advirtió en referencia a las cosas que había dicho Soria el día anterior sobre el tribunal supremo.

Ante una pregunta del senador Alberto Weretilneck (JSRN) señaló además que si bien la Constitución no dice taxativamente que un representante de la Corte debe estar en el Consejo de la Magistratura, “es enunciativo, y como es enunciativo, es obvio: ¿Cómo no va a estar la instancia más importante que es la Corte Suprema?”.

Cerró el turno de preguntas la senadora oficialista Silvia Sapag (FdT), que le preguntó si no le parecía inconstitucional que dos miembros de la Corte Suprema actuales hayan sido nombrados por decreto y si por ello todas sus acciones posteriores no deberían ser consideradas inconstitucionales.

Sabsay aclaró que él había sido uno de los primeros en cuestionar esa decisión del presidente Mauricio Macri, aunque aclaró que el error no era que fueran por decreto, sino que hubieran sido nombrados en comisión. El lo cuestionó, recordó, y aclaró que “me lo hicieron pagar muy caro”.

Pero aclaró que “eso después se saneó totalmente, tuvieron que dar marcha atrás”, y tras remarcar que el decreto del presidente Néstor Kirchner firmado en su momento para la designación de integrantes de la Corte fue “su mejor decisión constitucional”, tras ello los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cumplieron todos los requisitos dispuestos y por ello “son plenos jueces de la Corte y por lo tanto es absolutamente valido lo que han decidido”.

Ya se habían cruzado el abogado constitucionalista Daniel Sabsay y el senador oficialista Oscar Parrilli durante la visita del primero en ocasión de discutirse el tema de la reforma judicial. Ahora Sabsay volvió al Senado, para exponer en torno al proyecto del Poder Ejecutivo para transferir fondos a la Policía porteña, y en ese marco se produjo el “segundo round”.

Es que en su intervención, Sabsay había cuestionado duramente el decreto de Alberto Fernández por el cual se redireccionó un punto de la coparticipación porteña hacia la provincia de Buenos Aires, lo cual llevó a Sabsay a señalar que no solo se desfiguraba así el federalismo, sino que también se afectaba “la forma democrática de gobierno hacia una forma de monarquía”.

A la hora de las preguntas pidió la palabra el senador Oscar Parrilli, quien aclaró que no iba a hacer una, sino que simplemente iba a hacer una acotación para expresar su “profundo desagrado” hacia el abogado por haber acusado al presidente de la Nación de ser “monarca”, como así también haberlo acusado de ser “antidemocrático”.

Parrilli dijo que le parecía “de muy mal gusto que un invitado venga a hacer estas expresiones. Respeto sus opiniones diversas, pero me parece  una exageración de su exposición haber tratado al presidente de monarca y antidemocrático”.

Previsiblemente Sabsay no se la dejó pasar, y le cuestionó al senador que “insiste en criticar a un invitado por cuestiones que no le gustan, o le parecen que están mal dichas. Es decir, una modalidad de maltrato… Yo le repito: yo sé que quien es maltratado, maltrata, pero a mí no me maltrata nadie, ni siquiera quien está haciendo abuso de posición dominante”.

“Se lo dije la vez pasada y se lo vuelvo a repetir: es una muy mala costumbre la que usted hace, sobre todo con un invitado, porque creo que soy invitado de toda la comisión. Así que no le voy a permitir que usted me trate de este modo, que usted aproveche su posición, para tratar de precisamente desprestigiarme, hablar mal de mí, desagradarse si dije algo bien o algo mal… Usted tendría que contra argumentar o pedir aclaraciones, pero no lo que está haciendo. Porque no me va a maltratar a mí”, concluyó.

El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó “la detracción de fondos” aplicada a la Ciudad de Buenos Aires a través de un DNU del Gobierno y su posterior reenvío a otra provincia, con lo cual consideró que el presidente “se transforma en una suerte de emperador en materia fiscal”.

Al tomar parte este martes del debate en el Senado sobre el convenio de transferencia de fondos para la Policía Federal, arrancó observando que el federalismo en la Argentina tuvo “un derrotero sumamente decadente”, en cuyo transcurso “su devaluación no ha cesado a lo largo de los años, por el modo en que a las provincias se les sustrajo sus competencias en materia de recursos”.

Señaló que “la coparticipación implicó a partir de los años 40, 50, una suerte de compensación de lo sustraído por la Nación desde el año 30 en materia de impuestos”.

“Coincide la usurpación de recursos de manera unilateral con el golpe del 30, cuando la Nación usurpa las facultades tributarias de las provincias”, señaló Sabsay, que apuntó luego que el régimen que se incorporó a partir de la reforma constitucional del 94, que dio un mandato para hacer una ley marco en 1996. “Llevamos un cuarto de siglo de incumplimiento del congreso con esta manda constitucional”, recordó.

Para Sabsay, “el país se dirigió hacia un federalismo de imposición. En la materia que nos ocupa, el incumplimiento en el dictado de las normas fue conduciendo a un comportamiento que centralizó más a la Nación en el manejo de los recursos”.

“Esta ley convenio es de concertación, que termina con las leyes de adhesión que eran producto de la extorsión de la Nación sobre las provincias. La ley convenio debe estar guiada por los principios de concertación, automaticidad -para evitar que la Nación decida cuándo, cómo y a quién le va a remitir los fondos-, y funcionalidad, para establecer una organización adecuada para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiónes”.

A continuación, Sabsay la emprendió contra el DNU de Alberto Fernández que redireccionó una parte de la coparticipación porteña, hablando de “clara violación de la legalidad tributaria. Claramente se están tomando disposiciones sustantivas que modifican el estado de las cosas”, advirtió.

“Esto a su vez se hace en una situación en la cual la decisión no solo comprende la detracción de fondos de la Ciudad, sin la decisión unilateral por decreto de reenviar esos fondos a la provincia. El presidente se transforma así en una suerte de emperador en materia fiscal”, disparó. Y agregó que “poco a poco no solo se va desfigurando el federalismo, sino también la forma democrática de gobierno hacia una forma de monarquía”.

Daniel Sabsay habló de un “despojo arbitrario, irrazonable, incongruente, dado que el segundo artículo del decreto lleva el porcentaje a 1,40, de un valor menor al que se asigna antes de transferirle a la Ciudad el servicio de seguridad”.

En otro pasaje, Sabsay aclaró que la Ciudad no solo asegura la seguridad de sus habitantes, sino también la de millones de habitantes de otros distritos que la transitan diariamente, e incluso “quienes provienen del exterior, porque Buenos Aires es la puerta de entrada a la Argentina. La mayor parte del turismo ingresa por la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto para todos los argentinos debiera ser una prioridad que esas personas estuvieran suficientemente protegidas”.

“Creo que acá en esta situación de tironeos, se está olvidando que la Nación argentina es una sola, no es una situación en la cual se produce una suerte de enfrentamiento entre unos y otros”, agregó Sabsay, que por otra parte advirtió sobre el final que “este convenio que se reflota para ponerlo a través de una ley ya se había consumado, y a fines del año pasado se firmó un nuevo Consenso fiscal, que también tuvo ratificación legislativa, donde no se modifica ni objeta el porcentaje de coparticipación de la Ciudad vigente. Esta manía revisionista destruye la seguridad jurídica”.

A la hora de las preguntas, el senador Maurice Closs le advirtió que si el DNU de Alberto Fernández era inconstitucional, también debían serlo los decretos de Mauricio Macri por los cuales se le incrementó la coparticipación a la Ciudad. Sabsay le contestó que él no había sido convocado para hablar de hechos del Gobierno anterior. “Lo que se hubiera mal hecho en el pasado, no habilita hacerlo mal ahora”, señaló, agregando que “esto está avalando lo que yo expresé, que se está haciendo mal. Además, todas las veces que el expresidente cometió abusos, siempre lo critiqué, así que terminemos con esta suerte de idas y vueltas”.

El momento más fuerte de la cuarta jornada de debate de la reforma judicial, en el marco de un plenario de comisiones del Senado, se vivió este miércoles durante la participación del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien protagonizó una discusión con el senador oficialista Oscar Parrilli.

Al comienzo de su alocución, el especialista consideró que el proyecto de ley es “un capítulo más” de “una reforma que en su totalidad en realidad comienza en el Poder Ejecutivo, a través de un DNU que crea un Consejo Consultivo para expedirse sobre distintos temas, entre ellos la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y la implementación del juicio por jurados”.

Sabsay señaló entonces que ese decreto -que en realidad no es DNU- es “inconstitucional”. Y cuestionó la composición del Consejo que “además de ser absolutamente monocolor” tiene “ocho de los 11 miembros afines al oficialismo”. “No hay especialistas en cuestión propiamente dichas de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas sobre los que les toca precisamente decidir”, indicó.

Sobre la participación de Carlos Beraldi y León Arslanian, el abogado expresó que “aparecen situaciones graves de conflicto de interés” porque “son abogados de varias de las personas más involucradas en delitos de corrupción”.

“Todos los integrantes de ese Consejo son funcionarios públicos, aunque estén ad honorem”, remarcó, con lo cual habló de una violación del artículo 109 de la Constitución, e insistió: “Con la existencia de estos dos defensores actuando de una manera tan curiosa en dos bandas, el Poder Ejecutivo está interviniendo en causas judiciales pendientes”.

También criticó “la voluntad de modificar el número de jueces de la Corte” y lanzó: “La quieren tornar no un guardián de las garantías constitucionales sino transformarla, dividiéndola en salas, con fueros; parece que el fuero penal tendría mucha importancia porque vemos que hay cuatro penalistas en ese Consejo”.

“Sería inconstitucional y solo una reforma constitucional podría modificar el sistema”, continuó y agregó que “la Constitución es clarísima cuando expresa una sola Corte Suprema”. Por otra parte, consideró que “el Consejo de la Magistratura es el organismo que más requiere de modificación, porque se lo ha absolutamente desnaturalizado”, y “de nada sirve todo lo que ahora se propone si el Consejo sigue con las mismas características”.

En otro tramo, Sabsay denunció que “dentro del camino que marco hacia la impunidad me preocupa mucho el modo inconstitucional con el que se lo quiere sacar al procurador general interino, Eduardo Casal”.

En cuanto a la iniciativa, el abogado la calificó -al igual que otros oradores- “inoportuna” y que “se plantea con una desprolijidad notable”, al no tener “ningún apoyo en un mapeo sobre la justicia”. “Es realmente lamentable con la improvisación que se la ha hecho”, opinó.

“Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad: lo que se ha querido es asegurar la impunidad de todos aquellos que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, finalizó.

Tomó la palabra después el senador Oscar Parrilli, que cargó: “Me ha decepcionado porque más que un argumento de tipo jurídico con respecto a la reforma, he escuchado por parte de él un alegato político-partidario, expresión de los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos”.

“Me llamó la atención que hablara de impunidad cuando él sabe que todas estas leyes son para el futuro, no son para el pasado”, manifestó el oficialista y lo criticó por “no haber hablado” de distintos temas constitucionales durante el gobierno anterior.

“Lo que ha hecho el senador Parrilli es una descalificación de mi persona. Yo no estoy acostumbrado a que nadie me descalifique ni me maltrate”, respondió irritado el letrado. “No lo estoy maltratando, le estoy dando mi opinión”, retrucó el senador.

Sabsay ahondó entonces en aspectos del proyecto y sostuvo su “preocupación” por “el grave ataque a la libertad de expresión, porque se habla de que los jueces tienen que denunciar las presiones mediáticas”. Ante esto, se lo vio a Parrilli sonreír y el abogado disparó: “Sí, usted se ríe porque a usted no le importa la libertad de expresión. A mí sí me importa, porque la independencia de la justicia y libertad de expresión son las bases de una democracia real”.

“Estoy frente a un dirigente político opositor”, la siguió Parrilli, cuando legisladores de Juntos por el Cambio comenzaron a quejarse de que no se lo someta “a juicio” a los expositores. “Respeto la opinión política como tal, y obviamente tenía que saltar al final con lo que saltó, la defensa de los poderes mediáticos”, completó el senador K.

El especialista enfatizó: “No puedo permitir senadora que se me trate de esta manera. Quiero dejar a salvo mi honra y no voy a permitir, aunque sea un senador de la Nación y poderoso, que me maltrate, que me critique y me desprestigie”.

“Yo no estoy afiliado a ningún partido, ni pertenezco a ningún partido, por lo tanto lo que usted dice es absolutamente inválido. Yo no represento a ningún poder mediático, lo que quiero es que se respete la libertad de expresión y que se respete acá la libertad de expresión, usted me está atropellando”, agregó.

Intervino la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, quien le respondió que “puede estar seguro que en esta comisión absolutamente todos los expositores han podido hacer uso de la palabra”.