La obra elaborada por el investigador José D’Angelo denuncia supuestas estafas en el otorgamiento de indemnizaciones a familiares de supuestos desaparecidos.
Este martes 22 de noviembre a las 15 se presentará en el Salón Auditorio del edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Rivadavia 1841, CABA) el libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, del investigador José D’Angelo.
La presentación contará con la presencia del diputado nacional Alberto Asseff y el analista Rosendo Fraga. En su obra, D’Angelo describe con detalles y precisión 10 casos que presenta como “un modelo del modus operandi de la corrupción en la administración de fondos destinados a la reparación de víctimas del accionar represivo del Estado argentino en los años 70”.
El investigador busca demostrar que muertos y heridos por la propia guerrilla, abatidos en enfrentamientos; tiradores caídos en combate; mutilados por manipulación de explosivos, o militantes asesinados por sus compañeros obedeciendo a denominados juicios revolucionarios fueron presentados como víctimas de agentes policiales o fuerzas militares para cobrar millonarias indemnizaciones otorgadas por el Estado argentino a partir de las denominadas leyes de reparación.
Según la investigación, familiares de estas personas falsificaron documentos públicos y simularon relatos para acceder a beneficios, por los cuales la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya desembolsó cerca de 3.000 millones de dólares, sin control y auditoría de esos expedientes.
El libro forma parte de una investigación penal que instruye el juez federal Ariel Lijo.
El proyecto había sido presentado por la exdiputada Carla Pitiot y fue avalado este miércoles en el recinto de la Cámara baja. Todos los votos en contra fueron del Pro.
Un proyecto de ley que establece la reparación de legajos laborales de los trabajadores del sector privado desaparecidos en la última dictadura fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados con 207 votos afirmativos, 15 negativos y siete abstenciones.
La iniciativa había sido presentada por la exdiputada Carla Pitiot y dispone que en los legajos de estos trabajadores figure la inscripción de la condición de detenido-desaparecido.
Todos los votos en contra fueron de representantes del Pro: Juan Aicega, Federico Angelini, Hernán Berisso, Eduardo Cáceres, Martín Grande, Gustavo Hein, Martín Medina, Victoria Morales Gorleri, José Luis Patiño, Carla Piccolomini, Julio Sahad, Francisco Sánchez, Gisela Scaglia, Alfredo Schiavoni y David Schlereth.
Las abstenciones, en tanto, fueron de Alberto Asseff, Federico Frigerio, Sebastián García De Luca, Osmar Monaldi, Adriana Ruarte (todos del Pro), Huberto Orrego (Producción y Trabajo) y Jorge Vara (UCR).
Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, recordó que en 2012 la entonces presidenta Cristina Kirchner “firmó el decreto 1199, que facultó a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad a buscar los legajos de los trabajadores del sector público que hubieran sufrido la desaparición forzosa mientras se desempeñaban en esa tarea”.
Ese decreto, recordó Yasky, “establecía una búsqueda de toda otra información aleatoria a la condición laboral de esos trabajadores que pudieran ser datos para reconstruir esas vidas para sus familiares, o para muchas de las organizaciones sindicales, que desde esa época tienen como tarea reconstruir esas trayectorias de vida”.
Con ese antecedente, el diputado explicó que el proyecto de ley busca replicar esa tarea “extendiéndola a los trabajadores del sector privado”.
El legislador del Frente de Todos reconoció el trabajo realizado por el Archivo Nacional de la Memoria, que “sin lugar a dudas permitió que esos pedacitos de historia empezaran a ser recuperados”.
“Reparar esos legajos les va a devolver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, parte de esas vidas”, finalizó.
Representantes de organismos de derechos humanos y la exlegisladora Carla Pitiot, autora de la iniciativa, participaron de una reunión informativa en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Hugo Yasky, realizó una reunión informativa en la que se debatió sobre un proyecto de ley que apunta a la recuperación de los legajos de trabajadores del sector privado desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar.
Representantes de organismos de derechos humanos y la exlegisladora Carla Pitiot, autora de la iniciativa, expusieron este miércoles durante un encuentro virtual.
Yasky enfatizó en la necesidad de “avanzar en una tarea que para nosotros forma parte de las políticas de restitución y de memoria, verdad y justicia”. “Es una conquista que en el sector público se pudo llevar y concretar, y todavía está pendiente en el sector privado”, señaló.
En tanto, el diputado radical Sebastián Salvador, vicepresidente de la comisión, aseguró que desde la UCR “siempre hemos defendido esta bandera de derechos humanos, de ahí provenimos, y nos parece muy importante esta reconstrucción”.
Antes de dar la palabra a los expositores, Yasky leyó una carta enviada por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, quien sostuvo que “la reparación de los legajos de carácter documental e histórico, restituye los derechos laborales de las familias de los desaparecidos o asesinados durante la última dictadura cívico-militar”.
“Cabe destacar que esta reparación no representa ninguna erogación presupuestaria para el Estado Nacional puesto que será realizado por áreas que ya están en actividad”, resaltó en la misiva y, en ese sentido, valoró el trabajo de la “Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”.
La misma fue puesta en marcha por decreto en 2012 y “a lo largo de estos años ha reparado y entregado en actos públicos 150 legajos a familiares de víctimas de más de 20 establecimientos públicos y asimismo, gracias a su labor, 26 hijas e hijos se han reincorporado a los lugares de trabajos de su madre o padre”, destacó De Carlotto.
A su turno, Carla Pitiot recordó que el proyecto fue presentado en 2019, durante su último año de mandato, pero en 2015 hubo una iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados y luego quedó sin tratarse en el Senado.
La exlegisladora explicó que la iniciativa, de seis artículos, “dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de trabajadores víctimas de Estado, que en ese momento figuraban como personal en relación de dependencia del sector privado”.
Pitiot reconoció que “es enorme el trabajo que hace la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”. A su vez, dijo que el proyecto “se encuentra en total concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas”.
“Esta reparación es histórica y es simbólica”, manifestó y opinó que “no es solo para las generaciones presentes sino para las generaciones futuras”.
Por su parte, Julián Scabbiolo, coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad, explicó que la tarea consiste en “un circuito administrativo, abierto”, que es coordinado por la Jefatura de Gabinete junto a la Secretaría de Derechos Humanos.
“Este proyecto de ley tiene que ver con equiparar este derecho”, remarcó e informó que igualmente -sin ley- se han recuperado “más de 100 legajos” de privados, en un proceso donde “las empresas han colaborado”.
Scabbiolo dijo que “hay una historia para reconstruir”, por los familiares y los excompañeros de trabajo de los detenidos-desaparecidos, y consideró que es necesario “para que los trabajadores y trabajadoras del presente sepan lo que pasó en cada lugar”.
Con un enfático pedido para que el proyecto se convierta en ley, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó que “nuestros queridos desaparecidos que trabajaban en reparticiones privadas tienen derechos”.
En un agradecimiento especial a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad, la dirigente afirmó que “llevan adelante las tres patas de la lucha: memoria, que se los recuerde; verdad, que no es que renunciaron o que porque faltaban los dieron de baja. No. Son desapariciones forzadas, son detenidos desaparecidos, esa es la verdad. Y justicia, la que hace a nuestros hijos detenidos desaparecidos al devolverle el verdadero motivo y que conste en el legajo”.
En su rol de secretario de derechos humanos de la CGT, Julio Piumato pidió que la iniciativa “rápidamente tenga media sanción y este año pueda convertirse en ley”. A su vez, ponderó el reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo a “la tarea que se hace en Argentina por dejar presente nuestra historia”.
“Una vez aprobada esta ley va a ser una tarea ardua la reconstrucción”, pronosticó, por eso observó que “ahí tendrán que estar las asociaciones sindicales junto a los organismos y familiares”. “Reconstruir la historia laboral de nuestros mártires es una tarea fundamental”, agregó.
También expusieron Esteban Santamaría Esteban, hijo de un trabajador de Xerox detenido-desaparecido; Victorio Paulón, intersindical de DD.HH.; Tano Santucho, de Abuelas de Plaza de Mayo; Carlos Pisoni, de la Agrupación Hijos; y Urieta Marieta Ruso, de SITRAJU-Tucumán.
Con un relato personal, la diputada oficialista González reveló: “He tenido que hacer un gran camino de reconstrucción de la historia de mis viejos para saber quién soy, para hoy recién a los 44 años estar en condiciones o a meses de poder tener mi apellido paterno en mi partida de nacimiento y, por ende, en mi documento”.
“Por supuesto que el compromiso para que esto salga está”, aseguró y añadió que “para nosotros la política de memoria, verdad y justicia es innegociable” y “todo lo que implica la reconstrucción es fundamental”.
Reclamos de la oposición
Los legisladores de los distintos bloques que intervinieron durante la reunión manifestaron su respaldo al proyecto con unanimidad. No obstante, en el final del encuentro, desde la oposición reclamaron que la comisión trate los temas de violaciones a los derechos humanos que han sucedido en el último tiempo.
Por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño solicitó: “Tratemos y debatamos temas que hacen a casos de gatillo fácil, de violencia policial”. Mencionó entonces “la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro” y pidió invitar “a familiares de las víctimas, también de Luis Espinoza, Ceferino Nadal”.
En tanto, la radical Gabriela Lena sostuvo que “la pandemia nos ha demostrado, entre otras cosas, la cantidad de violaciones a los derechos humanos durante el tiempo de coronavirus”, tales como “la falta de libertades de circulación en distintas provincias, que han impedido que familiares se reúnan antes de la muerte; desapariciones forzadas y muertes, obviamente que el que más tenemos a la vista es Facundo Astudillo Castro, pero hay un montón de otros casos y no podemos hacernos los tontos”.
También desde la UCR, Karina Banfi enfatizó que “es importante que le demos un curso a los temas actuales en materia de derechos humanos que estamos atravesando”. Recordó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, informó cuando se presentó ante la comisión que durante la cuarentena hubo 531 denuncias por violaciones de derechos humanos, cuando antes del aislamiento “habían llegado a 71”. “Estamos en una emergencia en relación a nuestras garantías y libertades”, sentenció.
Finalmente, la radical Brenda Austin señaló que en los últimos meses ocurrieron “más de 17 asesinatos y situaciones de abuso por parte de las fuerzas de seguridad”. “Estoy en una Córdoba que se ha visto profundamente conmocionada con el asesinato de Valentino Blas Correa, un joven que fue baleado por la Policía de Córdoba”, dijo.
Y solicitó que teniendo en cuenta que los funcionarios hablaron de una ley contra la violencia institucional, “nos acerquen un borrador, nos comiencen a hacer parte de la idea que tienen, porque creemos que es urgente que Argentina dé respuestas y se entienda que este tiene que ser un debate federal”.
