El texto que llega al recinto proyecta superávit, amplía facultades del Ejecutivo, redefine áreas sensibles como educación, energía y previsión social, y avanza con un paquete de derogaciones que modifica el andamiaje legal vigente. Una ley de administración del año que viene que, en los hechos, también implica una reforma estructural.
La mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió un dictamen para el proyecto del Gobierno de Javier Milei que prevé superávit, poder reforzado para el Ejecutivo, amplias exenciones y un paquete de derogaciones que marca un giro estructural.
El texto, de más de 80 artículos y numerosas planillas, no solo fija los números del próximo ejercicio: redibuja facultades, elimina mandatos legales históricos, redefine incentivos productivos y ordena una reingeniería profunda en materia energética, educativa, previsional y de financiamiento público.
El dictamen fija como principio rector que el Presupuesto 2026 debe cerrar con equilibrio o superávit financiero. De hecho, estima un resultado superavitario de $2,734 billones, con un gasto total (corriente y de capital) de $148,069 billones y un cálculo de recursos por $148,296 billones.
El gasto se distribuye por finalidad de la siguiente manera: Administración Gubernamental $8,859 billones; Defensa y Seguridad $7,111 billones; Servicios Sociales $106,522 billones; Servicios Económicos $11,458 billones; y Deuda Pública $14,120 billones. También se cuantifican gastos figurativos por $20,722 billones y se detallan fuentes y aplicaciones financieras, con amortizaciones de deuda por $279,175 billones.
Así, el proyecto fija como regla que el Presupuesto 2026 deberá cerrar equilibrado o en superávit, y proyecta un resultado financiero positivo de $2,734 billones.
El gasto total asciende a $148,069 billones, con una distribución que conserva la centralidad del gasto social ($106,5 billones), seguido por deuda pública ($14,1 billones), servicios económicos ($11,5 billones) y administración gubernamental.
Los recursos, por $148,296 billones, acompañan esa meta, mientras que las fuentes y aplicaciones financieras mantienen altos niveles de amortizaciones y refinanciación.
Uno de los ejes que más debate generó es la extensa delegación de facultades en el jefe de Gabinete y, en forma refleja, en el Poder Ejecutivo:
■ Distribuir y reestructurar partidas con gran margen operativo.
■ Aumentar créditos cuando se financien con organismos internacionales, recursos con afectación o donaciones.
■ Incrementar cargos y horas cátedra, aun cuando la regla general congela dotaciones y prohíbe cubrir vacantes sin autorización expresa.
■ Publicación obligatoria y trimestral de las plantas de personal, en formato abierto.
Todo ello configura un esquema en el que el Congreso fija el marco general, pero el Ejecutivo ejecuta con alto grado de discrecionalidad controlada.
Universidades, reparto automático y derogaciones sensibles
El presupuesto universitario se fija en $4,785 billones, con exigencias estrictas de información y ejecución por clasificador funcional.
Se mantiene la vigencia del artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo, que asegura transferencias automáticas a provincias y CABA para educación.
Pero el capítulo educativo también trae derogaciones de fuerte impacto:
■ Derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional 26.206, un artículo clave que establecía compromisos nacionales en planificación y metas.
■ Derogación del art. 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058.
■ Eliminación de artículos centrales de la Ley 27.614 de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, afectando metas de inversión.
La inclusión de estas derogaciones convierte al Presupuesto en una ley de reforma estructural.
Empleo y energía
En empleo y energía, se destinan $11,290 mil millones al Fondo Nacional de Empleo (FNE) y el Estado asume obligaciones de pago en el Mercado Eléctrico Mayorista con NASA, EBY y ENARSA bajo el régimen de la Resolución SE 58/24, liberando a CAMMESA para esos casos y evitando tratamientos más favorables respecto de otros acreedores que hayan adherido. Se asignan $15,843 mil millones al Fondo de Bosques Nativos y $1,625 mil millones al programa de protección de bosques, con facultad de ampliación.
El dictamen incluye un capítulo internacional: aprueba aporte argentino al FOMIN IV (BID/BDC) por USD 12.450.592,89 en cuatro cuotas, faculta al BCRA a realizar los pagos con fondos provistos por el Tesoro, y formaliza la adhesión y aceptación de los convenios constitutivos. Además, se aprueba el aumento de capital en FONPLATA por USD 347,846 millones (en 10 cuotas hasta 2036) y un aporte a la AIF del Banco Mundial por USD 12,5 millones a pagar antes del 30 de junio de 2026.
El dictamen despliega un paquete de medidas energéticas de notable alcance:
■ Exenciones aduaneras e impositivas
■ Para importaciones de INVAP, VENG y DIOXITEC, siempre que la industria nacional no pueda proveer.
■ Intervención del Estado en el Mercado Eléctrico Mayorista
■ El Estado asume obligaciones con NASA, ENARSA y Yacyretá bajo el esquema de la Resolución 58/24, liberando a CAMMESA para esos casos.
Se habilita al Poder Ejecutivo a determinar diferencias de ingresos de distribuidoras debido a emergencias tarifarias y compensarlas mediante créditos contra CAMMESA, a cambio de renuncia a acciones judiciales.
Nuevo esquema para subsidios de gas (zona fría)
Se sustituye íntegramente el artículo 75 de la Ley 25.565, redefiniendo el recargo que financia subsidios en la Patagonia, Malargüe y la Puna.
A la vez, se modifican artículos de la Ley 27.637 y se derogan cinco de sus disposiciones.
El proyecto exime de impuestos, tasas y derechos aduaneros:
Vacunas del calendario oficial y medicamentos para VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis.
Importaciones de gasoil y diésel para generación eléctrica hasta 1 millón de m³ en 2026, también sin impuesto a los combustibles ni al CO₂.
Estas medidas tienen impacto directo en costos de generación y salud pública.
Cupos para productividad, PyMEs y conocimiento
El Presupuesto fija una batería de cupos fiscales orientados a sectores estratégicos:
■ Ley 22.317 (crédito fiscal para capacitación técnica): $8.355 millones.
■ Biotecnología y nanotecnología: $2.000 millones.
■ Economía del Conocimiento: $310.000 millones.
■ Industria automotriz-autopartista: $5.000 millones.
■ Reintegros de IVA: límite de $30.000 millones.
Previsión social: deudas, juicios y prórroga de pensiones
En previsión social, se destinan $212,288 mil millones para deudas previsionales (SIPA/ANSES) y $367,206 mil millones para retroactivos de Fuerzas Armadas y de Seguridad, con orden de prelación y prioridad por edad. Se establece que el IAF debe financiar al menos el 46% del costo de haberes de retiro y pensión; se prorrogan pensiones graciables por 10 años con condiciones patrimoniales y de incompatibilidad; y se fijan reglas de continuidad y rehabilitación cuando cesen causas de baja.
En relación con las provincias, ANSES tendrá $122,763 mil millones para transferencias a cajas previsionales provinciales, con adelantos mensuales a cuenta del déficit (provisorio o definitivo) reconocido; y se exceptúan de la Ley 23.928 (convertibilidad) ciertas emisiones y préstamos provinciales en moneda nacional destinados a infraestructura o reestructuración de deuda, siempre que respeten el régimen de responsabilidad fiscal.
La ley destina:
■ $212.288 millones para deudas previsionales de ANSES.
■ $367.205 millones para retroactivos de Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Además, prorroga por 10 años las pensiones graciables y fija un estricto régimen de incompatibilidades patrimoniales.
Crédito público
El bloque de crédito público autoriza operaciones y emisiones con un tope del 18% en moneda y jurisdicción extranjera; permite letras del Tesoro por V.N. $70 billones y nuevos instrumentos a corto plazo por V.N. $15 billones para noviembre–diciembre 2026; amplía crédito a corto plazo para Tesorería ($4 billones) y ANSES ($2,5 billones); mantiene la suspensión del Decreto 493/04 y el diferimiento de pagos de deuda anterior a 2001; habilita la continuidad de la normalización de esa deuda con informes semestrales al Congreso; y faculta al Estado a otorgar avales, colocar bonos de consolidación (décima serie) y fijar condiciones de reembolso de deudas provinciales (Club de París y laudos). Se establece, además, el “roll-over” de servicios en dólares intra-sector público, reemplazándolos por nuevos títulos; y se dispone el reemplazo de amortizaciones y 60% de intereses de letras intransferibles del BCRA por nuevos títulos a 5 años, con tasa ligada a reservas/BCRA–SOFR (con techo), abonando 40% de intereses en efectivo. Se actualiza el artículo 55 de la Ley 11.672 para operaciones de administración de pasivos (derivados, canjes, opciones, entidades ad hoc) y el artículo 179 de la misma ley para responder requerimientos judiciales por pasivos consolidados (derogando el artículo 9 de la Ley 23.982). Se autoriza uso del FUCO por hasta $1,2 billones.
En fondos fiduciarios y entes, se aprueban flujos y presupuestos de fondos fiduciarios del Estado nacional, con obligación de informes trimestrales detallados al Congreso; y se aprueba el presupuesto de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), la Unidad Especial de Transmisión Eléctrica, la Comisión Nacional Antidopaje, INAMU, INCAA y el PAMI, con exigencia de planes de acción y presupuestos de caja antes del 31 de enero.
Entre las principales decisiones figuran las siguientes:
■ Autorización para emitir letras por V.N. $70 billones.
■ Emisión de instrumentos a corto plazo por V.N. $15 billones.
■ Reemplazo de servicios en dólares dentro del sector público por nuevos títulos.
■ Reemplazo del 60% de los intereses de las letras intransferibles del BCRA por bonos a 5 años.
■ Renovación del diferimiento de pagos de deuda previa a 2001.
Se actualizan también artículos de la Ley 11.672 para habilitar operaciones de derivados, canjes y compras de cartera, un salto cualitativo en gestión financiera estatal.
Derogaciones
El dictamen incluye un catálogo extenso de derogaciones, poco habitual en leyes de presupuesto:
Artículos de la Ley de Educación Nacional, de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Educación Técnico Profesional, de la Ley del FONDEF, de la Ley 27.637 (zona fría) y de la Ley 27.160, además del artículo 9 de la Ley 23.982 sobre deuda consolidada.
En el artículo 75° de la ley de leyes se derogan también las leyes 27.793 de Emergencia en Discapacidad y 27.795 de Financiamiento Educativo.
Este paquete revela la decisión política de utilizar la Ley de Presupuesto como vehículo para desmontar mandatos normativos y redefinir prioridades del Estado.
El despacho tuvo 18 firmas, entre ellas la de los senadores Martín Lousteau, Pablo Blanco y José María Carambia de la bancada provincial. El oficialismo irá con un dictamen propio con modificaciones, entre ellos la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.
Un día de “miércoles” para el oficialismo en el Senado luego de que la principal bancada opositora se alzara con el dictamen de mayoría del proyecto de ley de movilidad jubilatoria ratificando la media sanción que viene de Diputados y desafiando el equilibrio fiscal de Javier Milei que buscará vetar la norma.
El dictamen de Unión por la Patria contó con un total de 18 firmas, entre las cuales, se encontraron la de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -en disidencia parcial-; y el senador provincial José María Carambia (Por Santa Cruz). La intención del bloque Unión por la Patria es convocar a una sesión para la próxima semana para darle sanción definitiva.
La media sanción establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.
Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.
Los restantes radicales y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.
En el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda que tuvo lugar en el Salón Illia, estuvo de invitado Manuel Mera director de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) quien brindó la mirada de la organización respecto del tema.
El expositor planteó tocar el tema de la movilidad previsional “dentro de lo que es todo el sistema previsional argentino que es muy complejo que, a lo largo de este año, se ha llevado a cabo diferentes discusiones en el Congreso e imaginamos también el año que viene va a continuar”.
Mera comentó que se pueden medir los sistemas en tres dimensiones: cuánto cubre, cuántas personas cubre y que tan buenos son los beneficios y qué tan caro es. Así, precisó que “dos de esas tres maneras de medir qué tan bueno es un sistema, Argentina en términos de cobertura está rankeada muy bien porque el 95% de los mayores de 65 años tienen algún tipo de cobertura. Incluso si nos vamos un poquito más arriba 70 años la cobertura es casi total”.
Respecto de la adecuación sostuvo que “el estándar internacional es más o menos una tasa de sustitución de 45%. Esto de que los jubilados ganen más o menos un 45% de lo que es un salario promedio de la economía. El último cálculo de estos días daba en 43 es un 150% de salario mínimo. En términos estándares internacionales está bien, en términos de adecuación es razonable en términos de estándares internacionales. Sin embargo, sí es un es un sistema caro es un sistema que cuando uno ve lo que es la evolución y el proceso de envejecimiento en Argentina presenta problemáticas”.
Mera advirtió que, si se toma “todo el sistema entre ANSeS, las cajas provinciales, las cajas profesionales, el gasto llegaba casi más del 12% del PBI eso es alto para para región y para el mundo”, y señaló que “este número se ha bajado un poco en los últimos años por el impacto que tiene la inflación sobre los haberes, pero hay una cuestión de cómo sostenemos esto en el largo plazo que es uno de los temas a abordar para el mejoramiento de un sistema provisional”.
"Estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir".
El director de CIPPEC indicó que “el gran desorden” está en que “hay 200 maneras de entrar a una jubilación”, y planteó: “El régimen general, propiamente dicho la gente que alcanza los 30 años, si va por el régimen general es más o menos el 40% de todas las personas que tienen algún beneficio jubilatorio, el resto entra por algún tipo de excepción”.
Así, propuso pensar el régimen a largo plazo teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento de la población porque “en los últimos 10 años cayó, por un lado, la fecundidad en un 34% a 38, hay muchos menos nacimientos y también hay una mayor esperanza de vida. Esto nos compara quizás con distintos momentos en los cuales se pensó el régimen actual piensen que en los 90’ la esperanza de 71 años hoy es de 78 años, y para fin de siglo va a ser casi 88 según las proyecciones”.
“El sistema previsional argentino tiene esta lógica de la contribución, los trabajadores tienen que contribuir y el trabajador formal logra acceder. Pero un país que hace muchas décadas tiene alto nivel de informalidad estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir y, si no tenés esos 30 años, perdes lo aportado”, criticó Mera.
También cuestionó que “en los últimos más de 10 años, desde que se aprobó la primera moratoria, la gran mayoría de las altas se dan a través de una entrada excepcional que no termina de resolver la cuestión de fondo que es la equidad o la inequidad que genera esos 30 años requeridos para la formalidad”. Así, sostuvo que parte de un problema que hay que resolver es cómo se dejan de aprobar moratorias permanentemente.
"Casi el 70% en 2021 necesitaron algún tipo de excepcionalidad para poder acceder. También hay una cuestión de inequidad al trabajador que aportó años y no lo logró”.
Mera explicó que el sistema previsional es un sistema contributivo que se basa en lo que se aporta y precisó que “de los 8.3 puntos que estimamos que se gastó el año pasado, 3 puntos no vinieron de contribuciones laborales de todo el régimen, vienen de impuestos específicos y en algunos casos transferencia del tesoro”, y aclaró que eso es un déficit contributivo porque “lo que no logramos cubrir con contribuciones, gran parte tiene que ver con el cubrir en pensiones no contributivas, con cubrir algunos regímenes que tienen subsidios como pueden ser el monotributo, por cubrir alguna cuestión como la moratorias”.
“El 24% del gasto se va en el régimen general en jubilaciones y pensiones de las personas que cumplieron el requisito puntual de la ley de aportar 30 años; el 23% es moratoria, es decir, personas que entran con excepcionalidad al régimen de pagos para completar lo que se les adeuda; y luego hay una masa de cajas provinciales y una serie de regímenes o puertas de entradas pensiones no contributivas, especiales y diferenciales que generan debate están alrededor de 14% del gasto”, detalló.
Al respecto, planteó la necesidad de reducir ese gasto y cómo hacerlo sostenible para la sociedad que está envejeciendo, por lo que propuso “ordenar y tratar de reducir estas inequidades”.
Así sugirió: “Dejar de pensar en moratorias y quitar el requisito de 30 años mínimo para obtener una jubilación. Pensar en un componente universal que tenga un valor similar a una moratoria, pero al fin del día es más o menos un 80%”.
“Hacer un componente contributivo que premie todos los aportes hechos por la persona. Esto se alinea con lo que se están haciendo en muchos países”, agregó y sumó: “Se había planteado una prestación de retiro proporcional dentro de la Ley de Bases. Esto va en esa línea con qué hacemos con esas personas que no alcanzan los 30 años, pero algo aportaron. Eso tiene un impacto en distributivo y de equilibrio fiscal”.
También manifestó revisar el sistema de pensiones por fallecimiento, pensiones por invalidez, porque “acciones que se pensaron para un mercado laboral para una estructura familiar que ya no existe”, y explicó que “en Argentina tenemos una duplicación de beneficio muy alto que lo vuelve un sistema caro. La idea no es quitarlo, sino buscar un equilibrio".
Por último, insistió en la necesidad de tomar el índice de inflación que “creemos es muy positivo para el debate” y aclaró: “Sería importante incorporar algún tipo de ajuste por salario real por dos cuestiones: por una cuestión de esta relación que tiene la pensión con el trabajo esta idea de que una jubilación lo que hace es cubrir a la persona en periodo donde no puede trabajar, o sea, que hay una relación directa ahí. Otra cuestión es práctica para evitar litigiosidad, el hecho de que el ajuste por inflación y el ajuste de salarios se pueda mover por carriles distintos puede generar discusiones y judicialización por la actualización de los haberes”.
Recibimos en @SenadoArgentina a @manuelmera83, Director de Asistencia Social de @CIPPEC para continuar con el tratamiento de iniciativas de movilidad previsional. Un debate urgente que debe ir hacia una reforma integral del sistema, para llevar justicia a los jubilados. pic.twitter.com/mNGmuT3YdT
— Peteco Vischi (@PeteCoVischi) August 7, 2024
“Nosotros tenemos un sistema muy amplio, una economía que creció muy poco, que tiene salarios bajos y jubilaciones bajas. Necesitamos que las jubilaciones sean más altas y para eso hay que hacer más equitativo al sistema. Tenemos más de la mitad por fuera del régimen general”, sostuvo Martín Lousteau, mientras que su par el chaqueño Víctor Zimmermann opinó: “La modificación que se plantea en el dictamen del oficialismo es que la actualización del 8,1% sea a partir de la sanción de la ley. Creo que se puede hacer un esfuerzo con respecto a este punto”.
En tanto, el puntano Fernando Salino (UP) consideró: “Necesitamos mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y no podemos avalar una medida que solo conserve su poder adquisitivo actual. Estamos de acuerdo en usar el IPC, pero resulta imprescindible hacer correcciones por salario también”, mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio (UP) expresó: “Según datos actuales, hay 600 mil trabajadores menos aportando. Este no es un buen escenario para discutir un sistema previsional”.
Uno es el de mayoría con el que logró alzarse el oficialismo. Los despachos de minoría son de Unión por la Patria, el segundo es de la Coalición Cívica, el tercero tuvo 2 firmas de Margarita Stolbizer y Mónica Fein, y por último el de la izquierda, suscripto por Christian Castillo.
Cinco son los dictámenes que salieron del plenario de comisiones que comenzó el martes a las 21 y finalizó en la madrugada de este miércoles respecto del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría reuniendo 55 firmas, 34 de ellas en disidencia parcial, y que, a priori, quiere llevar al recinto este jueves.
El primer dictamen de minoría fue de Unión por la Patria, con 45 firmas; el segundo es de la Coalición Cívica, con 3; el tercer dictamen de minoría tuvo 2 firmas, de Margarita Stolbizer y Mónica Fein, y por último el de la izquierda, suscripto por Christian Castillo.
Dictamen de mayoría
1. Visado Dictamen de mayoriaDictamen de minoría de UP
INFORME RECHAZO 25-PE-2023. UXP FINALDictamen de minoría de la CC-ARI
Dictamen de Minoría CCDictamen de minoría Fein y Stolbizer
Dictamen Ley de Emergencia y Modernizacion del EstadoDictamen disidencias de la UCR
Ley bases - Dictamen disidenciaDictamen de rechazo Izquierda
Dictamen de Rechazo LO finalLa oposición reunió un total de 58 firmas para hacerse con el dictamen de mayoría de Boleta Única de Papel, mientras que el oficialismo juntó, con el acompañamiento del misionero Sartori, 57 firmas para alzarse con un dictamen de rechazo.
Tras dos jornadas de debate con invitados a exponer, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados cerró este martes el tratamiento al proyecto de Boleta Única de Papel impulsado por la oposición que logró reunir los números suficientes para alzarse con el dictamen de mayoría, mientras que el oficialismo firmó el despacho de rechazo.
En el plenario de las comisiones que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Rodolfo Tailhade y Carlos Heller, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, Juntos por el Cambio reunió un total de 58 firmas, mientras que el Frente de Todos sumó 57 firmas con acompañamiento del misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero).
La secretaria Parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, abrió la ronda de oradores al destacar la labor llevada a cabo con los expositores porque “de ahí salió un acuerdo mayoritario de introducir cambios en el sistema electoral”, y sumó: “Llegamos a este plenario luego de que la sociedad argentina nos reclamara como dirigentes políticos construir un gran consenso con quienes no pensamos lo mismo en algunos temas, pero si somos capaces de encontrar objetivos en común”.
“El objetivo común que hay detrás de este gran acuerdo político, que se manifestó con este emplazamiento a comisiones y concluirá con un dictamen común de muchísimos bloques, es la mejora de nuestro sistema democrático y creemos que la boleta única apunta a eso”, resaltó la diputada del Pro.
A continuación, dio detalles del “consenso” al que se arribó que “representa a la mayoría de la Cámara de Diputados" que puede "seguir engrosándose".
“Nuestro dictamen tiene como objetivo principal introducir la Boleta Única de Papel como instrumento para la emisión del sufragio”, subrayó Lospennato y explicó que se optó por dicho sistema y no por otros porque “tenía mayores niveles de acuerdo”, y que se eligió por un tipo de “modelo denominado cordobés” porque “hace constar en una única papeleta todas las categorías que están en juego en una elección nacional”. Es decir que cada cuatro años incluirá las categorías de presidentes y vice, y diputados y senadores en las provincias.
En ese sentido, explayó: “Este modelo de boleta que adoptamos incluye en la elección general la elección del voto por lista completa que esté representada por la agrupación política que haga la propuesta electoral y los electores podrán hacer una marca en el casillero de lista completa votando en una sola vez todas las categorías”.
Sobre la cantidad de nombres que se visualizarán, detalló: "Hemos optado por la cantidad de cinco nombres en la elección general y esto va a permitir que 20 de las provincias tengan su oferta electoral completa en cada elección de medio término, mientras que las otras 4 provincias tendrán un afiche complementario donde los electores podrán tener acceso a la nómina completa”.
“La Boleta Única no va a incluir un casillero de voto en blanco”, aclaró la legisladora de JxC debido a que el voto el blanco es entendido como “la no emisión el voto en una o en todas las categorías”. “Sobre la convivencia a nivel nacional con distintos sistemas electorales de provincias es la que existen en la ley de simultaneidad, si una provincia desea realizar su elección el mismo día que la nacional pueda optar por el sistema de simultaneidad”, agregó.
Respecto a la cantidad de votos nulos explicó que “hemos puesto un porcentaje para que la urna con una determinada cantidad de votos nulos deberá ser recontada en el escrutinio total”. Además, sobre el diseño sostuvo: “Hemos incluido algunas pautas aprendiendo ellos expositores que nos pidieron no hace una ley extremadamente reglamentaria ero dar pautas claras del ordenamiento y hemos respetado la reglamentación vigente en relación a las adhesiones de boleta entre las distintas categorías de la misma agrupación política estableciendo cómo estas decisiones son representadas a través de franjas que comparten un mismo color de agrupación política para darle una mejor visibilidad y ser amigable con los electores y poder encontrar rápidamente la oferta electoral”.
“También incluimos algunos principios sobre el cuidado del ambiente. Hemos previsto facultar a la Cámara Nacional Electoral para que implemente tecnología en alguna de las otras instancias del proceso electoral que no son el instrumento de votación, pero que permiten modernizar y agilizar el proceso como la identificación biométrica de elecciones”, informó Lospennato.
Por otro lado, sobre la cantidad de fotos en cada categoría la diputada del Pro explicó que sea “de las dos primeras personas para compatibilizar este objetivo que ha tenido la Ley de Paridad” porque va a impedir que “se ponga la foto de otro candidato que no encabeza la lista”.
Tras desmenuzar en detalle el dictamen de mayoría, la secretaria Parlamentaria de JxC resaltó que “esta ley es un ejemplo que nos pide la ciudadanía porque es posible ponerse de acuerdo con los que piensan distinto, porque hay un objetivo en común que es mejorar el sistema electoral que, si bien funciona, a lo largo de los años fue incorporando vicios que la boleta única va a corregir, porque esos vicios degradan la elección”.
“La Boleta Única no es la solución definitiva a todos los problemas que detectamos, porque las soluciones mágicas en la democracia no existen, este instrumento no hace desaparecer el clientelismo político, que es tal vez el vicio más grande que tiene el sistema, porque transforma a los votantes en rehenes, pero disminuye el peso de aparatos partidarios. La Boleta Única no va a resolver la inflación, ni las jubilaciones miserias, ni recuperar las violentas muertes por inseguridad, ni va a recuperar los días de escuela que se perdieron, ni va a conmover al narcotráfico que se adueñó de gran parte del país, pero va a asegurar a cada ciudadano que puede elegir con mayor libertad a quien crea que le puede resolver esos problemas”, cerró Lospennato.
A su turno, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, apuntó: “Desde que comenzamos el trabajo sucedieron cosas llamativas. El primer hecho significativo es que por primera vez el presidente y la vicepresidenta coincidieron públicamente en impugnar con todas las letras la boleta única de papel, es un hecho significativo hace mucho tiempo que no coinciden públicamente en un tema”.
“El segundo momento fue de la descalificación alevosa. El ministro del Interior, Wado De Pedro, nos mandó a decir a través de su representación que estábamos trabajando en soluciones mágicas a problemas inexistentes. La tercera etapa se dio en forma de amenaza, la amenaza del veto incluye todo el día todos los días los mensajes que nos llegan por diferentes caminos”, denunció el diputado de Identidad Bonaerense y dejó en claro que seguirán trabajando en este tema.
También respaldó la iniciativa el titular del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien expresó: “Estamos legislando sobre el modo en que los argentinos van a votar. Queremos hacer la mejor ley posible, que rija por muchos años. Ninguna ley, ningún instrumento es neutro, pero nosotros queremos encontrar el mejor para una responsabilidad tan grande. Lamentablemente el Poder Ejecutivo nos envió una representante que esgrimió un solo argumento ‘que la legitimidad de las autoridades si votamos esta ley podía estar en cuestionamiento’ y dijo que no se habían judicializado los resultados anteriores ni controvertidos. Es verdad, pero que se han denunciado irregularidad y fraudes sistemáticos es una realidad que no hace falta que las relatemos”.
“En 2007 fuimos víctimas de un robo sistemático de boletas. Lo denunciamos en su oportunidad y la Cámara Nacional comenzó a sugerir este sistema de votación”, recordó López y bregó para que “el debate debe ser en el mejor tono posible. No se si el oficialismo se va a oponer abiertamente a esta ley, desearía que no, porque tengo la esperanza de darle mejor representación a la ciudadanía”.
De forma breve, de la vereda de enfrente el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, le contestó al diputado preopinante: “Cuando en diciembre del 2012 impulsamos la Ley del Voto Joven hubo 123 ausencias ¿no confiaban en los jóvenes para ampliar el sufragio?", y acusó: "Nosotros venimos a este debate que es una simulación porque ni siquiera pudimos discutir entre nosotros las posiciones políticas, no pudimos hacer un análisis de los que se dijo en reuniones anteriores respecto a los distintos invitados y encima se dicen cosas que van en contra de lo que los bloques opositores manifestaron en otras instancias. Me parece que si queremos encontrar una forma de llevar adelante el debate, no es justamente dando consejos a nuestro bloque”.
En el mismo sentido, de manera acotada la diputada oficialista Mónica Litza apuntó: “Esta premura en aprobar y en hacer este dictamen espero que lo tengan para que nos acompañen en el proyecto que genera alivio para el bolsillo de los trabajadores monotributistas y autónomos que están realmente en el centro de preocupación de la gente y no este debate que, si bien hay que darlo, esta en las antípodas de las prioridades que tiene el pueblo argentino”.
Por el contrario, el legislador Pablo Tonelli (Pro – CABA) recordó que “hace 15 años presenté el proyecto de Boleta Única” por lo que celebró el debate que “representa un avance”. “Hay una adopción para la aplicación de la Boleta que nadie mencionó y es la elección que garantiza a los ciudadanos el artículo 37 de la Constitución Nacional dice que el 'Estado garantiza los derechos políticos de los ciudadanos'”, indicó.
“Es el artículo más sagrado, es el alto grado de soberanía de un ciudadano. El sistema de Boleta Única garantiza a todos y cada uno de los electores que van a poder votar por su candidato de preferencia, eso es decisivo. Estamos garantizando a cada elector que cuando entre al cuarto oscuro va a ejercer ese acto de soberanía con toda libertad y va a poder votar por quien quiera votar”, respaldó Tonelli y lamentó que “el oficialismo se haya encerrado en una actitud contraria, negativa, saber que existen estos problemas y estamos obligados a solucionarlos, en lugar de acompañar las mejoras se encerró en una negativa que implica un método obsoleto, obtuso y defender la posibilidad de que haya electores que no pueden votar”.
En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) remarcó que “no se construye nada sacando los trapitos al sol diciendo qué hizo cada uno, porque no hace falta porque se sabe. Estamos viviendo tiempos de crisis de representación que no son nuevos, la crisis de representación del sistema democrático ya lleva en el mundo una discusión extensa en el tiempo que está vinculada a una serie de cuestiones como es el avance de la tecnología, de la comunicación que nos ofrece un ciudadano que es actor político”.
La realidad es que estamos divorciados de la sociedad, que camina como ciudadano político sola. Tenemos en crisis el sistema de representación", advirtió Camaño.
“A veces nos decimos muchas pavadas, pero porque no nos damos la oportunidad de ahondar más en lo que pasa. Tenemos un ciudadano que es actor político. Esta horizontalización de la información ha cambiado le sistema, más allá de que nos queremos aferrar a lo conocido. La realidad es que estamos divorciados de la sociedad, que camina como ciudadano político sola, haciendo sus elecciones a veces influidas por la comunicación institucionalizada, a veces influida por las fake news que se construyen en redes, pero cambia solo porque nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta que tenemos en crisis el sistema de representación y esto después con el tiempo se va advirtiendo en apariciones que resultan increíbles”, explayó la diputada miembro del interbloque Federal.
Y continuó: “La crisis de representación en nuestro país tiene que ver con un pueblo que hace 15 años no alcanza a divisar una salida provisoria, en cambio ¿Qué ve? ve esa discusión insustancial de ‘vos hiciste esto, vos lo otro’, ve que somos egocéntricos, que estamos en una suerte de cápsula que estamos viendo cuáles son nuestras mejores virtudes para derramarlas en algún problema y perdimos le diálogo político algo que tuvo la suerte de verlo en este ámbito de representación”.
“El diálogo no es opción, es una obligación porque es a partir del diálogo que estamos obligados como representantes del pueblo que podemos construir la salida para el país. Necesitamos el diálogo político. Sabemos que teníamos que buscar una forma de expresión popular que rescatara al ciudadano actor político como el sujeto activo del proceso electoral”, subrayó la legisladora.
El diálogo no es opción, es una obligación porque es a partir del diálogo que estamos obligados como representantes del pueblo que podemos construir la salida para el país", expresó Camaño.
En ese marco, cerró Camaño: “¿Por qué tenemos que facilitarles las elecciones a los votantes? porque tenemos miedo de que no vayan a votar. Queremos la centralidad del ciudadano para que adentro del cuarto se sienta soberano y marcar los destinos de la patria”.
Con fuertes críticas, la diputada de izquierda Myriam Bregman recordó el pedido de emplazamiento del proyecto de aumento de emergencia a salarios y jubilaciones de su par Nicolás Del Caño que “nadie voto” y cuestionó: “Estamos ahora debatiendo un tema que solo le interesa a la dirigencia política en vez de debatir tarifazos”.
“Nosotros siempre hemos cuestionado el sistema electoral vigente porque ¿Quién puede decir que no faltan boletas en las elecciones? ¿Quién pude decir que tenes que tener fiscales todo el día porque sino tu boleta desapareció? Venimos a discutir sin haber leído el dictamen porque no lo pasaron. ¿Cómo van a compatibilizar esto con las PASO? Tiene que profundizar ese punto, ¿Qué pasa si hay 50 listas? no está aclarado. El desdoblamiento perjudica a partidos chicos como los nuestros”, enumeró la legisladora del PTS/FIT Unidad y señaló: “Hay profundas inconsistencias y debía debatirse de forma más integral”.
En el mismo sentido, su par Romina del Plá (PO/FIT-Unidad) disparó: “Desde la oposición que insiste en este tema hay una enorme hipocresía porque no pueden justificar porqué donde gobiernan no aplican este sistema. Y el oficialismo trajo una funcionaria del interior que sus afirmaciones eran absurdas y no los ayudó en nada. Todo está al servicio del dominio de los grandes aparatos y punteros que integran las dos principales coaliciones”.
Por Salta, el diputado oficialista Lucas Godoy adelantó que “no se puede aprobar una reforma de manera apurada y sin debate”, y cuestionó que “no se analizaron de forma profunda los cambios”.
En ese marco, contó que en su provincia rige el sistema de boleta electrónica, pero “no fue de un día para el otro, no se pasó así nomás, los procesos de capacitación fueron profundos se trabajó constantemente. La crisis de representación no se soluciona cambiando el sistema, no es más sencilla la Boleta Única de papel”.
“No hay crisis de legitimidad con la boleta partidaria de los representantes porque todos los partidos políticos oficialismo y oposición han ganado y perdido elecciones”, señaló Godoy y sumó: “Este debate se está haciendo a las patadas, puedo estar de acuerdo con la implementación de la Boleta Única a nivel nacional, pero así no. Su implementación dice ‘al otro día’ se promueve el desdoblamiento de las elecciones. No se puede avanzar pensando en que este es el mejor sistema y vamos a hacer una revolución democrática cambiando el sistema de elección, se subestima al votante”.
A su turno, la legisladora correntina Ingrid Jetter (Pro) manifestó que “la ciudadanía esta demandando modernizar todos los sistemas”, aunque reconoció que todavía falta, pero “es un gran avance”. En tanto, destacó que no es una iniciativa que surgió hace dos semanas, sino que hay iniciativas que se vienen presentando hace años para “modernizar el anticuado sistema electoral. Hay que devolver potestad al ciudadano, de eso se trata la Boleta Única”.
Además, enumeró: “Se utiliza este método en distintas provincias de otros signos políticos, no es una cuestión partidaria es asegurarle al elector mas transparencia y derechos; un efecto importante es el ahorro miles de millones en la impresión de boletas que siempre significó un costo muy importante; contribuimos al medio ambiente; solo 16 países en el mundo no tienen este sistema de Boleta Única”.
En el mismo sentido se expresó la legisladora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) para quien con “la implementación de este sistema se termina el voto cadena, el voto cantado y también la desaparición de boletas”. Y al mismo tiempo agregó que “se termina la impresión de millones de boletas, que generan un alto costo y un importante daño al medioambiente”.
Finalmente, Rodríguez Machado mencionó otro aspecto muy importante que establece este proyecto. “Le devolvemos la posibilidad del voto por correo a los argentinos que se encuentran en el exterior. Ellos volverán a elegir a los responsables de gobernar en su país, un derecho que se les quitó con la llegada del kirchnerismo al Gobierno”, concluyó.
Cerró la ronda de disertadores el diputado oficialista Eduardo Valdés quien expresó: “Me siento en deuda con los valores que creíamos que la democracia iba a resolver respecto de los problemas que se acarreó con la dictadura”.
“En el tema del derecho electoral no siento que sea la falencia que tiene la democracia argentina con su ciudadanía. En la argentina con este sistema de boleta siempre hubo alternancias partidarias y han ganado todos”, explicó y criticó: “Siento que la oposición decidió mostrar que tienen más diputados que el oficialismo y, así como aquel día votaron que no tuviéramos presupuesto, han decidido que al agenda en la política la tienen ellos y existe este tema de discutir Boleta Única”, y cerró: “La democracia debe servir para curar y sanar, en este tema no me siento en deuda”.