La iniciativa de la legisladora del FdT Gabriela Demaría busca modificar la Ley 13.133, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, proponiendo una actualización y aumento del monto de la multa aplicable por incumplimientos, como así también elevar la sanción de clausura o suspensión de servicios a un plazo de hasta 60 días, con un sentido disuasorio.

La senadora del FdT Gabriela Demaría, en concreto, presentó una iniciativa parlamentaria para modificar el artículo 73 de la Ley 13133, con el objetivo de actualizar y ampliar el monto de la multa aplicable al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires.

El aumento de la multa prevista en la propuesta implica el paso de los montos vigentes fijados en un rango de 100 a 500.000 pesos, a una nueva escala que varía entre cien (100) y dos millones (2.000.000) de litros Nafta Súper YPF.

“Con esta medida no solo se busca aumentar el monto efectivo de la multa, sino también implementar un sistema que contemple una fórmula móvil, para evitar su depreciación. La finalidad es proteger a las y los consumidores actuales, como así también a las y los futuros”, explica Demaría.

En la letra del proyecto, la senadora argumenta que “resulta fundamental adecuar y elevar los estándares de protección de la/os consumidoras/es y usuarias/os bonaerenses, de modo tal que los montos de las multas en nuestra provincia no sean inferiores a los previstos en la Ley de Defensa del Consumidor, y que se contemplen también las distintas propuestas de los proyectos de Código Nacional de Defensa del Consumidor, dado que en todos ellos se plantea utilizar fórmulas móviles y montos más elevados en las multas”.

En ese sentido, propone elevar también la sanción de clausura o suspensión de servicios: actualmente el plazo es de hasta 30 días y, de aprobarse el proyecto, pasaría a un plazo de hasta 60 días.

La Ley provincial 13133, que entró en vigencia en el año 2004, fue modificada en reiteradas oportunidades con el propósito de adecuarla a las necesidades que surgieron en la materia.

Sin embargo, “a pesar de la desvalorización que ha sufrido por el paso del tiempo, la multa prevista en el artículo 73 no ha sido actualizada. Esa multa es una de las sanciones (la más habitual, y por ese motivo quizá la más importante) que puede ser impuesta a los proveedores que cometan infracciones en contra de las/os consumidoras/es y usuarias/os de nuestra Provincia”, sostiene la legisladora del FdT.

En el proyecto de ley ingresado en el Senado bonaerense, Demaría explica que “la finalidad de las sanciones de este tipo es disuadir la comisión de conductas similares por parte de los proveedores de productos y servicios, buscando de ese modo lograr el objetivo de proteger a las/os consumidoras/es y usuarias/os en sus relaciones de consumo”.

Se advierte que difícilmente pueda tener un gran sentido disuasorio una multa que resulte exigua, agrega la legisladora de la alianza de gobierno.

Para finalizar, la senadora destaca que la iniciativa es fruto del diálogo que mantiene con miembros del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), en especial con la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, con quienes ha consensuado proponer la fórmula expresada en litros de nafta YPF que conforma el texto del proyecto.

En ese sentido, actualmente el COFEDEC impulsa en el Congreso Nacional la actualización de la multa contenida en la Ley 24.240, utilizando la misma escala que se propone en la iniciativa presentada por Demaría.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo para que quienes hayan arribado o arriben al país e infrinjan el aislamiento, paguen los costos de los daños que produzcan por su inconducta. Para ello exigen que además de demandas penales, el Estado Nacional realice demandas civiles para obtener un resarcimiento por los daños causados. 

Asimismo, se invita a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adoptar medidas similares según sus respectivos códigos procesales.

El proyecto fue firmado, además, por los diputados Estela Regidor, José Luis Riccardo, Ximena García, Niky Cantard y Lidia Ascarate.

Específicamente, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que ejerza “acciones civiles para el resguardo y recupero de los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional, que deriven del incumplimiento al aislamiento” por parte de “quienes hayan arribado o arriben al país desde que se dictó la obligatoriedad de permanecer 14 días en cuarentena”.

Los diputados solicitan que “el Procurador General de la Nación instruya a fiscales a la interposición de las medidas cautelares y/o acciones pertinentes para resguardar el cobro de las responsabilidades pecuniarias que surgieren por incumplimiento del aislamiento” de las personas que debían cumplir el aislamiento tras haber arribado o que arriben al país.

Finalmente el diputado expresó que más allá de este proyecto, hay un punto neurálgico en este momento de la pandemia “que no debe perderse de vista porque es central y así lo exigió el interbloque de Juntos por el Cambio: lo importante es testear masivamente y el gobierno, al menos hasta el momento, no lo está haciendo”.