La educación en Argentina está en su momento más crítico. Fue una de las áreas más castigadas como producto de la pandemia, pero también como consecuencia de las malas decisiones adoptadas por el gobierno nacional. En junio de 2020, según los datos oficiales del Ministerio de Educación, 1,1 millones de chicos y chicas se habían desvinculado de la escuela y las estimaciones más recientes indican que ya serían 1,5 millones. Esto representa un 13% menos de alumnos en los tres niveles obligatorios.

Preocupan, también, los datos relativos a la tasa de egreso a nivel nacional. Según datos oficiales, tan solo el 54% de los estudiantes en Argentina cumplen con sus estudios obligatorios. En los sectores más vulnerables, apenas 4 de cada 10 jóvenes terminan sus estudios.

Pensamos que, en este contexto, sancionar la ley de educación de la Ciudad de Buenos Aires es una oportunidad para darle sentido, direccionalidad y fundamento a la política educativa en su conjunto y proyectarla más allá de una gestión política, para construir una política de estado. 

La educación constituye uno de los instrumentos sociales más importantes para luchar contra las desigualdades, hacer frente a los fenómenos y procesos de segregación y exclusión social, establecer los valores cívicos y democráticos e impulsar el desarrollo económico y cultural de una sociedad.

Creemos que la política educativa debe basarse en la consolidación de un sistema que asegure que la ciudadanía tenga más y mejores oportunidades de desarrollo. La educación siempre fue una prioridad para nosotros, y lo seguirá siendo ahora más que nunca. En este sentido, insistimos en poner en agenda temas que atraviesan la política educativa de la Ciudad de Buenos Aires para que se habiliten discusiones democráticas y se logren acuerdos sustentables a la hora de potenciar la calidad en la educación.

En tiempos de profunda crisis educativa, atravesada por múltiples desigualdades e inequidades que condicionan el futuro de miles de jóvenes en la CABA y en el país, es necesario construir consensos y abrir un diálogo desinteresado, responsable y pluralista con diferentes actores para sostener políticas y reformas educativas que contengan a todos.

La Ciudad de Buenos Aires, con una vasta y relevante trayectoria en materia educativa, no tiene hasta la fecha una ley de educación que oriente las políticas del sector y establezca la agenda educativa a la altura del siglo XXI.

El proyecto de nuestro bloque -UCR Evolución- presentado en la legislatura pretende avanzar en cinco reformas que son claves para fortalecer la educación y adaptarla a los cambios más recientes. Creemos que es necesario aumentar la inversión en materia de educación en la Ciudad, que necesitamos planificar la incorporación de la tecnología y los sistemas y herramientas necesarias para su aprovechamiento, que tenemos que ser más rigurosos en la articulación entre los tres niveles educativos, que es imprescindible trabajar en mejorar la formación docente y desarrollar el legajo único estudiantil como una herramienta para el seguimiento de la trayectoria de cada estudiante. Entre otras propuestas que el proyecto de ley hace.

Los desafíos en materia de educación a los que tendremos que enfrentarnos en la era de la post pandemia son considerablemente mayúsculos, porque no solo se trata de revertir la crisis estructural que Argentina tiene desde hace muchísimo tiempo en materia de educación, sino que además implica adaptarse al escenario pos pandemia. Es por este motivo que tenemos que ser capaces de dar respuestas que sean compatibles con las nuevas demandas como consecuencia de las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de los últimos tiempos, pero sin dejar de atender la grave crisis educacional más inmediata que hoy tiene nuestro país.

La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de la investigación científica y tecnológica. La crisis en la educación argentina es uno de los problemas más graves que tenemos hoy. Afortunadamente, ya nadie duda de eso. No hay más tiempo. Necesariamente debemos hacer efectivas reformas para que la educación en Argentina recupere la calidad de la enseñanza, se adapte a las nuevas transformaciones, sea más inclusiva y vuelva a construir ciudadanía para las generaciones que vienen.

*El autor es legislador porteño por UCR-Evolución.

En junio de 2020, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley del oficialismo que introdujo sustanciales modificaciones en relación con el funcionamiento e inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). De aprobarse dicho proyecto en la Cámara de Diputados, estaríamos restringiendo las posibilidades de crecimiento dificultando la creación de nuevas empresas, indispensables para la generación de empleo. Porque estaríamos atentando contra los beneficios que esta figura ofrece: la simplicidad y la transparencia; e imponiendo más trabas y mayores costos para todos aquellos que quieran llevar adelante proyectos productivos que hacen al desarrollo del País.

Las SAS fueron creadas hace apenas 3 años a través de la Ley de apoyo al Capital Emprendedor, con el objetivo de agilizar el proceso de constitución de sociedades. Dentro de los beneficios se destacan la disminución del capital social necesario -llevándolo a 2 salarios mínimos vitales y móviles-, la digitalización del proceso de inscripción de la sociedad y gestión de trámites, el plazo de 24hs. para su constitución y la creación de un estatuto modelo con cláusulas estándar. Todo esto – sumado a los costos de trámites considerablemente inferiores respecto de las SA o las SRL-, ha fomentado y facilitado considerablemente su constitución, transformándose en el tipo societario más elegido y atractivo para los emprendedores argentinos.

Según datos de ASEA (Asociación Argentina de Emprendedores) son 40.000 las SAS constituidas desde 2017 a la fecha, siendo el formato más elegido por las nuevas pymes durante 2019 y 2020. De las pymes constituidas en este período, el 50% lo hizo bajo la figura de SAS.

Actualmente, y a través del proyecto de ley del Senador Oscar Parrilli se busca ejercer un mayor control sobre las SAS, introduciendo distintas medidas que solamente imponen mayores trabas y costos para su constitución y funcionamiento. En primer lugar, porque es falso que sea necesario hacer un control excluyente sobre estas sociedades antes de su conformación, porque el control puede ser concomitante e igual de efectivo. En segundo plano, de aprobarse el proyecto, las SAS únicamente podrán ser constituidas por emprendedores que previamente se encuentren inscriptos en un Registro Especial.

También se suspende por 180 días la gestión documental electrónica (GDE) impidiendo durante ese lapso la constitución de nuevas SAS y la gestión de otros trámites debiendo gestionarse únicamente a través de un soporte papel. A eso hay que sumarle la sanción de nulidad que se establece en caso de que no se cumpla con su inscripción en el registro especial.

En lugar de intentar mejorar un modelo societario que en la práctica ha funcionado muy bien por sus altos niveles de simplicidad y eficiencia, el oficialismo impulsa medidas que tendrán como resultado desincentivar las SAS y así la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo.

Este debate se da en el contexto de la reciente modificación de la Ley del Impuesto a las Ganancias para empresas, ya aprobada por el Congreso, que significó un aumento en la presión tributaria sobre todo el aparato productivo en un contexto de enorme caída del PBI, de bajísima inversión, crecimiento exponencial de la pobreza y aumento de la inflación, como bien describió el Senador Martín Lousteau.

Países que graban las ganancias con altos impuestos lo hacen más sobre las personas que sobre las empresas, pero la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde estas últimas tributan más. Además, el proyecto introduce mayores distorsiones (en un sistema donde ya hay una gran superposición de tributos) y una de ellas es que grava más a las empresas que reinvierten utilidades por sobre las que no lo hacen.

La economía argentina cayó 10 puntos en 2020, y arrastra 10 años de estancamiento. Estas decisiones lejos de generar mejores condiciones para el crecimiento generan más trabas, más restricciones a la inversión, y particularmente a la creación de nuevas pymes, que representan el sector más dinámico de nuestra economía y el que más empleos genera.

Argentina enfrenta hoy una situación de fragilidad social y económica de profunda magnitud. La pobreza supera al 40% de la población, vamos a sufrir una caída del 12% del PBI, tenemos 13 puntos de desempleo y la destrucción de millones de puestos de trabajo siendo los autónomos, PyMEs y asalariados informales los más afectados y el AMBA la más perjudicada.

Estamos frente a una situación muy delicada que requiere de la responsabilidad de la dirigencia en general para alcanzar acuerdos políticos amplios y sin mezquindades de manera de sortear esta crisis de la mejor forma posible. No obstante, el oficialismo estuvo lejos de mostrar una actitud que estuviera a la altura de las circunstancias cuando decidió recortarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires en medio de un contexto de extrema gravedad.

La decisión unilateral de reducir la coparticipación de la Ciudad del 3,5 % al 1,4% – primero por decreto y luego aprobada por el oficialismo en el Congreso- no solo fue un retroceso para el fortalecimiento del federalismo y un ataque a la autonomía, sino que también condicionó enormemente el presupuesto 2021 sancionado recientemente en la Legislatura porteña. Como producto del avasallamiento a las finanzas de nuestro distrito, la Ciudad tuvo que reordenar y ajustar gastos que perjudicarán indudablemente a todos los porteños.

Tal como venimos advirtiendo, la quita de los recursos a la Ciudad atenta contra toda posibilidad de planificación de sus gastos e inversiones dándole un trato distinto al del resto de las Provincias. Nada de eso importó. Primó la estrategia de someter a un distrito adverso, y también a uno de los distritos que más aporta a la masa coparticipable (22%) y que menos recibe. En el mismo sentido, cabe destacar que más del 70% de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires son propios, siendo una de las provincias argentinas menos dependientes de los fondos coparticipables.

La caída de la actividad económica y su impacto en la recaudación golpeó tanto a la Ciudad como al resto de las administraciones provinciales. Sin embargo, fue la CABA el distrito más maltratado al sufrir un recorte de fondos que afectará a más del 10% de los ingresos tributarios previstos para 2021.

En este contexto es que aprobamos en la Legislatura un presupuesto de emergencia y con un resultado deficitario, siendo que los gastos representan unos 612.000 millones de pesos y los ingresos 587.000 millones de pesos. Como consecuencia de la quita de fondos coparticipables y con el fin de compensar la caída de recursos, la Ciudad modificó la Ley Tarifaria y también sumó un impuesto a las operaciones con tarjeta de crédito. Impuesto que fue resistido por el oficialismo nacional en la Legislatura pero que sin embargo hoy está vigente y se aplica en provincias como Buenos Aires, San Luis, Chaco, Tucumán y Tierra del fuego.

Si bien seguirán siendo prioritarias las áreas sociales y el 52% del gasto se destinará a salud, educación y trabajo, los ajustes en materia de obras, infraestructura, revisión de contratos, paritarias y gasto público, afectarán, sin dudas, a la calidad de la vida de todos los porteños.

La decisión política improvisada y oportunista del oficialismo no castiga a un distrito, castiga a las tres millones de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y a todos aquellos que trabajan, se educan y utilizan nuestros servicios públicos, y lo hace en un momento de crisis social y económica como producto de la pandemia, pero también como consecuencia de errores cometidos por el propio Gobierno nacional.

La Cámara de Diputados concretó ayer la decisión del Presidente Fernández de reducir la coparticipación de la Ciudad llevándola de 3,5% al 1,4%, obviando la transferencia de la policía, las competencias de seguridad de 2016 y los mecanismos institucionales que prevé la Constitución para determinarlo. El texto fue modificado y volverá al Senado para su sanción definitiva.

La decisión del Gobierno es inconstitucional en sus formas y en su contenido, porque no puede reducir la coparticipación a un distrito de manera unilateral sin un convenio entre las partes. Así sucedió con la Ciudad desde la reforma del 94. De igual modo, la quita de las de transferencias automáticas para financiar el traspaso de las competencias de seguridad discrimina a la Ciudad de Buenos Aires en comparación con el resto de las provincias que no reciben el mismo trato. Es un incumplimiento flagrante del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Al contrario de lo que se argumenta desde el oficialismo, la decisión constituye un ataque al régimen federal dado que violenta la autonomía provincial y no representa más recursos para el resto de las provincias sino que concentra más dinero en la Nación. La quita de recursos a la Ciudad implica un recorte a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad. Esta decisión perjudica no sólo a los porteños, también a millones de personas que trabajan, estudian y transitan en la Ciudad de Buenos Aires.

La discriminación atenta contra la posibilidad de que la Ciudad planifique sus gastos e inversiones en un contexto extraordinario de crisis como el que atravesamos. Arbitrariamente, se están violando los principios más elementales del federalismo. Con esta ley, la quita alcanza los 65.000 millones de pesos: más de la mitad de la inversión en educación que la Ciudad prevé para 2021.

Los argumentos son insólitos, y lo cierto es que, en términos fiscales, la Ciudad es la ante última en la lista de recursos percibidos per cápita, y última en el listado de la relación de coparticipación recibida sobre el aporte al producto nacional.

El objetivo del oficialismo es claro: castigar a la Ciudad de Buenos Aires dándole un trato diferente al resto de las provincias. Es un antecedente preocupante para el sistema federal en particular y para la política en general. Considerando los comentarios de algunos dirigentes del Frente de Todos, da la impresión que tienen la pretensión de retroceder en materia de autonomía luego de los importantes avances que se lograron con la reforma constitucional de 1994.

Sin dudas, pareciera que algunos quieren que la Ciudad vuelva a ser un Municipio dependiente de la Nación, que el Presidente elija su intendente y que mendigue ante el poder central todos los recursos que le corresponden para la seguridad. La ley aprobada ayer es un avasallamiento a la autonomía, al federalismo y el intento de someter a un distrito adverso políticamente.

En su intervención en la sesión de la Legislatura porteña sobre el anuncio del Ejecutivo Nacional de quitarle un punto de los recursos coparticipables a la CABA, el legislador porteño de UCR-Evolución Juan Francisco Nosiglia consideró que “la decisión del presidente no es federal. Al contrario, es centralista y concentradora”. 

“Es mentira que esta decisión del presidente fortalece el federalismo. El principio ordenador del federalismo es la autonomía de las provincias, y esta decisión violenta la autonomía de la Ciudad, fortalece la concentración de poder y la discrecionalidad con que se administran otros programas de transferencias que dispone el Ejecutivo nacional y que ya vienen beneficiando a la provincia de Buenos Aires por sobre otras”, señaló el diputado. 

“Si realmente hubiera una decisión de federalizar recursos y de hacer una distribución más equitativa ¿Por qué no se distribuyen esos recursos en las 22 provincias restantes?”, añadió el dirigente radical. 

“La ley de coparticipación es uno de los pilares del federalismo y uno de los acuerdos más importantes de nuestra democracia. Modificarlo en perjuicio de un distrito, de esta manera, es una decisión inconstitucional, inoportuna en contexto de pandemia, insostenible políticamente, injusta en términos tributarios, e insolidaria con la Ciudad, que recibe mucho menos de lo que aporta al producto nacional”, finalizó Nosiglia. 

Luego de haber impulsado un proyecto a través del cual le solicita al Gobierno nacional que condone las deudas por los servicios públicos desde el inicio de la cuarentena y exima del pago hasta su finalización a todas las PyMEs de la Ciudad,  el legislador de la UCR-Evolución Juan Francisco Nosiglia volvió a insistir en la necesidad de que se avance con esa iniciativa.

Es que a través de un proyecto de resolución, desde Evolución proponen efectuar una política de emergencia para aquellas PyMEs que no se encuentren dentro de las actividades declaradas esenciales tales como construcción, servicio y comercio, contemplando las micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, el radical explicó que “desde abril, la actividad industrial a nivel nacional cayó más de 25%” y remarcó que “apenas el 41,5% de las PyMEs del AMBA logró pagar en tiempo y forma los salarios de marzo. El 76% reportó una merma en las ventas de entre el 75% y el 100% lo que dejó en evidencia la crítica situación en la que se encuentran”.

Además precisó que “el Gobierno está desarrollando un programa para subsidia parte de los salarios de las empresas beneficiarias, pero ante la situación crítica de la economía hay que realizar todos los esfuerzos necesarios para no dejar caer a ninguna PyME más” e insistió en que “allí nos jugamos la mayor parte de las fuentes de trabajo del país”.

“Las PyMEs de la Ciudad cuyas actividades no han sido declaradas esenciales se encuentran más expuestas que las de otras provincias o regiones con mayor capacidad de flexibilización del aislamiento”, expresó y concluyó señalando que “si bien se ha establecido la prohibición de cortes de suministro ante la falta de pago, no existe ayuda directa a las PYMES en cuanto al pago efectivo de las facturas de los servicios públicos. La suspensión de cortes en los servicios, bienvenida, es una deuda que se posterga y acumula en el tiempo”.