Un senador aliado al oficialismo pidió eliminar la “Tasa Milei” que encarece los pasajes de avión

El artículo había sido introducido cuando se trató el Presupuesto 2023. En esa ocasión Javier Milei y Victoria Villarruel se ausentaron y el tributo se aprobó por un voto y habían sido fuertemente criticados por la oposición.

Un aliado del oficialismo en el Senado pidió que se elimine la “Tasa Milei” que sigue vigente por la prórroga del plan de gastos realizado por el gobierno libertario. Se trata de una tasa de “Seguridad de la Aviación” que se cobra en los pasajes para fondear a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que había sido aprobado en octubre de 2022 cuando el kirchnerismo lo introdujo dentro del Presupuesto 2023 tan solo por un voto de diferencia lo que le valió de fuertes críticas por parte de la oposición a Javier Milei y Victoria Villarruel porque se habían ausentado del recinto a la hora de la votación.

La iniciativa fue presentada por el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y tiene como objetivo, según consta en los fundamentos del texto, “derogar un artículo de una ley impulsada por la gestión del presidente Alberto Fernández, que empeora la falta de competitividad de un sector de la economía de inmenso valor socioeconómico, trasladando, una vez más, la responsabilidad de un Estado que debiera ser eficiente en el uso de sus recursos, hacia el bolsillo de los ciudadanos”.

En concreto, Romero demanda eliminar “el artículo 115 de la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023″, prorrogado por el Ejecutivo para el corriente año. Este impuesto fue empujado en octubre de 2022 por la actual diputada camporista Paula Penacca y es, según explicó el legislador salteño, “abonada por los pasajeros de vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, desde aeropuertos o aeródromos nacionales, recursos que son destinados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Dicho artículo establece que “la tasa de seguridad de la aviación será un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del sueldo básico del grado jerárquico de oficial principal del escalafón general del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria aprobado por ley 26.102 y su decreto reglamentario 836/08 y modificatorios”.

“La nueva tasa, que entró en vigencia el 1° de diciembre de 2022, provocó un fuerte rechazo desde el sector aéreo comercial. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), emitió en su momento un comunicado en el que sostenía que la Argentina es el país que más grava la actividad aérea en la región, y con la nueva tasa, ‘se encarece sustancialmente la tarifa del ticket que debe pagar el viajero, en ocasiones hasta duplicando la tarifa base que cubre la operación aérea’”, señaló Romero.

El senador luego detalló: “La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se sumó al rechazo a la medida y argumentó que ‘la seguridad en la aviación civil es una responsabilidad del Estado y, tal como recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es el mismo Estado quien debe cubrir con ese costo, sin trasladarlo al pasajero’”.

Romero también dijo que “sobre este último aspecto, el artículo que aquí se propone derogar prevé que esos recursos presupuestados sean destinados al servicio público de seguridad de la aviación, para evitar delitos que debieran ser prevenidos con capacitación y recursos de un Estado bien administrado, no cobrándole una tasa más al pasajero”.

 

Por otra parte, el senador agregó: “Actualmente, el 54% del valor total de un boleto aéreo que paga el pasajero en Argentina corresponde a tasas. Un dato revelador de un país que asfixia con gravámenes destinados a solventar un Estado ineficiente y que se empecina en neutralizar la competitividad de su economía. A ello se le agrega otro dato: operar en la Argentina es mucho más costoso que en cualquier país de la región, ya que los costos de navegación área son ocho veces más caro que en Chile y los costos de aterrizaje son casi el triple comparado con Paraguay (basado en un avión Airbus A320-200), según datos difundidos por IATA”.

La finalidad de la iniciativa es “buscar las herramientas para que el sector aerocomercial sea más dinámico, competitivo y un impulsor más de la economía, con un Estado eficiente en el control y en el servicio que brinda a los ciudadanos”, aseveró el legislador salteño.

Piden que se derogue el nuevo impuesto a los pasajes aéreos que JxC definió como “Tasa Milei”

El proyecto fue presentado por la diputada Germana Figueroa Casas y argumenta que “supone una doble imposición”. La misma fue incluida en el Presupuesto 2023 y comenzó a regir hace una semana.

Diputados nacionales de Juntos Por el Cambio, encabezados por Germana Figueroa Casas, presentaron un proyecto de ley para que se derogue el artículo 115 de la Ley de Presupuesto sancionada en noviembre del año pasado que crea una nueva tasa aeroportuaria que incrementa los pasajes de avión o como la oposición la calificó “Tasa Milei”, y que se publicó en el Boletín Oficial bajo la resolución 3/2023 del Ministerio de Transporte la semana pasada.

“Lo relevante no es el monto del aumento que no supera los 260 pesos, sino que el Estado sigue sumando nuevos impuestos que afectan a los ciudadanos y lo hace creando una doble imposición. Vivimos en un país extenso, deberíamos fomentar el transporte aéreo en lugar de encarecerlo”, explicó Figueroa Casas, diputada del Pro y especialista en finanzas públicas.

En ese sentido, precisó: “La incorporación del artículo 115 generó la existencia de dos tasas de seguridad algo que podría ser cuestionado judicialmente. No hay diferencia entre la tasa de seguridad que cobra la ANAC, que fue rebautizada de ‘seguridad operacional’, y la nueva tasa de seguridad de la aviación que cobra la PSA. El resultado es que se cobra un impuesto doble sobre un mismo servicio: garantizar la seguridad a los pasajeros”.

“Es fundamental que como Estado garanticemos un sistema de impuestos, tasas y contribuciones ordenado, sin sorpresas, que respeten la ley actual y le dé al ciudadano previsibilidad para programar su vida económica con estabilidad”, concluyó la diputada santafesina.

Entre los fundamentos del proyecto, sostienen que “es una de las tasas más injustas que se ha creado en los últimos tiempos”, y se siguen “creando nuevos impuestos y tasas que afectan directa o indirectamente a todos los ciudadanos”.

El interbloque de JxC calificó este nuevo impuesto como “Tasa Milei” porque en la sesión en Diputados que se trató el Presupuesto 2023 allá en octubre, el diputado liberal Javier Milei no se quedó en su banca para la votación en particular y así lo habilitó al oficialismo a imponer la Tasa de Seguridad de la Aviación por tan solo un voto de diferencia -120 afirmativos contra 121 negativos-.

El proyecto de ley contó con la firma de los diputados  Ricardo López Murphy, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Eduardo Tortoriello, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, María Sotolano, Gabriel Chumpitaz, Florencia Klipauka Lewtak, Graciela Ocaña, Ana Clara Romero, Juan Martin, Dolores Martínez, María de las Mercedes Joury, Virginia Cornejo, Pablo Torello, Claudio Poggi, Susana Laciar, Gabriela Besana, María Laura Machado, Alejandro Finochiaro, Soher El Sukaria, Francisco Sánchez, Ingrid Jetter, Alberto Asseff y María Luján Rey.

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Piden informes sobre la prohibición de venta de pasajes hasta septiembre

Un senador de Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes al Gobierno nacional sobre la medida que afecta los vuelos comerciales hasta el 1/09.

“Instamos al Gobierno a reconsiderar esta resolución que es arbitraria e irrazonable. La industria aeronáutica no debería tener un plazo rígido para reanudar sus actividades, sino debería estar supeditada a la evolución de la cuarentena”, expresó el senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco, a través de un pedido de informes por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informe cuáles han sido los criterios objetivos para el establecimiento del 1 de septiembre como fecha para la suspensión de los vuelos, en lugar de supeditarlo a la evolución del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respetando las restricciones sanitarias que oportunamente se establezcan.

Blanco se refiere a la resolución 144/20, y cuestiona por qué se ha tomado el mismo criterio de suspensión tanto para los vuelos de cabotaje como los internacionales y si esta medida ha sido informada previamente y sometida a consulta de los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Imponer una fecha determinada en especial para suspender los servicios de transporte aerocomercial de pasajeros, es una medida arbitraria, que no tiene justificación, ni se encuentra sustentada por el criterio de razonabilidad que deben cumplir los actos administrativos. No debemos permitir esta irrazonabilidad por parte del Estado”, señala el proyecto que es acompañado por los senadores Víctor Zimmermann; Juan Carlos Marino y Stella Maris Olalla.