Con el objetivo de mitigar las consecuencias del crecimiento de las apuestas online, la diputada de la Coalición Cívica Maricel Moro, presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio integral para identificar, prevenir y mitigar la ciberludopatía.

Según la diputada bonaerense, la ciberludopatía es definida como la adicción comportamental consistente en conductas excesivas en relación con el juego en línea o modalidades de gamificación de actividades de apuestas en línea, que generan un “accionar perjudicial para la persona y para su entorno familiar, social y laboral directo, y no pueden ser controladas ni interrumpidas por el individuo”.

En ese sentido, el proyecto de Ley presentado abarca a todas las empresas autorizadas para prestar el servicio de apuestas online estipuladas en la Ley N°15079, que regula a los entes de este estilo; y propone la prohibición de acciones o servicios de publicidad y/o promoción de cualquier producto o juegos en línea por fuera de los establecimientos contemplados por dicha normativa.

La iniciativa, entre otras cosas, busca que el gobierno bonaerense elabore un “Plan Estratégico de Prevención de la Ciberludopatía”, a partir de un diagnóstico sobre la percepción, prevalencia y composición epidemiológica de esta enfermedad en la provincia de Buenos Aires.

Dicho diagnóstico, deberá ser actualizado el año siguiente conforme a la metodología aprobada por la Dirección de Estadísticas provincial.

En caso de no acatar la ley, la iniciativa contempla que las personas humanas o jurídicas serán incorporadas a un “listado público de incumplimiento”.

En cuanto a las multas, el ente que realice publicidad sobre ciberludopatía deberá pagar desde $100.000 a $500.000, actualizable anualmente por la autoridad de aplicación.

Si dicha conducta se realiza con la cooperación de funcionarios públicos con poder decisorio o de menores de edad, que suelen los modelos para la promoción de estas casas de apuestas, la multa sube de $500.000 a un millón.

No obstante, si la publicidad sobre ciberludopatía es realizada por un “influencer”, es decir una persona que ejerce un grado significativo de influencia sobre una audiencia amplia y diversificada por medio de redes sociales, la multa equivale al doble de lo obtenido en contraprestación por la promoción.

Además, si la publicidad sobre ciberludopatía va dirigida a niños, niñas o adolescentes, independientemente de que se trate de una casa de apuestas habilitada la multa se incrementará hasta tres veces más de lo obtenido en contraprestación por la promoción.

“Es imperioso abordar esta problemática que trae como graves consecuencias los pensamientos obsesivos, cambios de humor, afectación de las relaciones sociales y laborales, evasión de los problemas diarios, percepción alterada de la realidad, entre tantos otros”, según se consideró.

“En el juego siempre se pierde por lo que es necesaria la acción colectiva y tomar medidas con carácter de fuerza legal a los fines de enfrentar este fenómeno”, se consigna en los fundamentos de la iniciativa alentada por la diputada Moro.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC-ARI) presentó un proyecto de ley para restringir la publicidad de juegos de azar en línea y, también, restringir el pago de las apuestas al uso de tarjeta de débito “para evitar se acumule deuda en juego”.

La iniciativa tiene por objeto “prevenir el juego patológico en línea o virtual en el ámbito de la República Argentina y evitar las consecuencias perjudiciales a nivel individual, familiar y social que el mismo provoca”.

Además, plantea que la publicidad del juego en línea o virtual será limitada en televisión, radio y plataformas de contenido de medios, vivo o grabado, que se puedan ver en computadoras o teléfonos celulares a través de internet, páginas web, redes sociales y aplicaciones o apps, incluyendo prensa en línea, exclusivamente a la franja horaria de una a cinco de la madrugada.

“Los contenidos serán neutros y no podrán apelar o incitar directamente al usuario. Se prohíbe la publicidad de los bonos de captación”, agrega.

En tanto, el proyecto propone un juego de línea “responsable” que cumpla con ciertos requisitos como “proporcionar al usuario apostador información precisa y completa respecto del tipo de juego, reglas, probabilidad de obtener premio, y demás información relacionada a la operatoria del juego; establecer un sistema de alerta sobre el tiempo y dinero apostado que indiquen al apostador cuando esté cerca de alcanzar los límites establecidos en su cuenta de usuario; disponer de un procedimiento para verificar la identidad y edad del apostador y un canal de elección del jugador para comprobar su identidad mediante un doble factor o la tecnología que en el futuro lo reemplace”.

Campagnoli sostuvo que “la ludopatía es una de las adicciones que más se ha incrementado en jóvenes, adultos y sectores más vulnerables luego de la Pandemia”.

Respecto de las publicidades, establece que estén orientadas a menores de 18 años, aquella en la que participen deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública; que asocie el juego de apuesta al éxito personal, social o profesional, o se compare el juego con el trabajo, el estudio o el esfuerzo; que difunda expectativas falsas o engañosas sobre las posibilidades de ganar; etc.

Mediante el decreto 330/23, el Poder Ejecutivo estableció el tiempo de difusión con el que contarán las propagandas políticas en televisión, al regular la emisión de las publicidades partidarias de cara a las elecciones PASO del próximo 13 de agosto.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial este viernes y lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

La norma establece que los medios deberán ceder un 5% de 12 horas de programación para la transmisión de los spots de las PASO. A su vez, aquellos medios que superen las 12 horas de programación serán habilitados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como señales aptas para la difusión de las propagandas políticas.

En el artículo 2 -que modifica el artículo 8 del decreto 1142/15- establece el reparto del tiempo para las categorías a elegir. En el caso de las elecciones presidenciales, debe destinarse un 50% del tiempo a la campaña para presidente y vicepresidente.

Un 25% estará destinado a las publicidades para senadores nacionales y el otro 25% para los diputados nacionales. En todos los tramos también se podrá incluir a los spots para parlamentarios del Mercosur.
En aquellos distritos en los que no se elija la categoría de senadores, los espacios que le corresponderían se adicionarán en partes iguales a las otras categorías, determina.

Con la intención de incentivar hábitos de alimentación más saludables, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que tiene por objeto regular la publicidad de productos alimenticios y bebidas procesadas y ultraprocesadas en la Ciudad.

Con esta iniciativa, los opositores buscar desalentar el consumo no saludable de aquellos que posean una cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, otros edulcorantes, grasas saturadas, total de grasas, grasas trans y cafeína, mediante la información clara y completa del contenido de estos productos.

La medida alcanzaría a toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto alimenticio; así como también la folletería que se encuentre en góndolas de supermercados, cartelería de centros comerciales y cines, entre otras.  Al mismo tiempo las empresas deberán incluir en estos alimentos y sus publicidades una leyenda que diga: “evitar su consumo en niños/as”.

Asimismo se les exigirá que exhiban en los productos los contenidos altos, medios o bajos de las sustancias como el sodio, azúcar, cafeína, entre otros, de una manera que “permita su lectura de forma clara para los consumidores y las consumidoras”.

En el caso de que la medida sea aprobada y que las marcas no cumplan con lo establecido en la misma, serán sancionados con multas que oscilaran entre 13.500 y 68.500 unidades fijas –es decir, entre 288.900 y 1.465.900 pesos-.

En los fundamentos del texto, los legisladores explicaron que “en las últimas décadas los hábitos alimentarios de la población han cambiado drásticamente, producto de la globalización, la urbanización y el aumento de producción de alimentos procesados y ultrapocesados, entre otros factores” y recordaron que “actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, con grandes cantidades de grasas de mala calidad, azúcares libres y sodio, dejando de lado las frutas y alimentos ricos en fibras y otros nutrientes”.

“La población mundial, sobre todo en las áreas urbanas, tiende cada vez más a consumir alimentos proveídos por supermercados o tiendas similares, lo que refuerza la responsabilidad de las autoridades de incentivar la educación alimentaria y brindar la información necesaria a la ciudadanía respecto de los componentes y valores nutricionales de cada alimento”, señalaron y concluyeron informando que “para garantizar el derecho a la salud integral de los ciudadanos y las ciudadanas, creemos firmemente que una ley que la regule con los fines indicados será determinante para trabajar en la búsqueda de una alimentación integral saludable de toda la población”.

La iniciativa lleva la firma de los diputados Manuel Socías –autor del texto-, María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montenegro, Claudia Neira, Santiago Roberto, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).