La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, explicó que su desembarco en ese espacio responde a que su campaña se construyó junto a los gobernadores que impulsaron la nueva fuerza y no bajo la estructura partidaria del Pro. Señaló que debía ser coherente con el mandato recibido, orientado a consolidar un ámbito federal y de gestión.

Sostuvo que la Argentina necesita una alternativa política sensata, con fuerte anclaje en la administración pública, y cuestionó la idea de que gestionar implique sostener un Estado ineficiente o, en el extremo opuesto, destruirlo. Aclaró que mientras la Nación puede tener áreas sobredimensionadas, en las provincias la mayoría del empleo público corresponde a salud, educación y seguridad, sectores donde no es viable recortar.

Recién en ese punto mencionó, en una entrevista con Ámbito Financiero, que se distanció del rumbo del Pro en los últimos años y planteó que la fuerza debería recuperar una agenda de gestión, desarrollo productivo y valores republicanos. Reivindicó transformaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en materia educativa y urbanística.

Consultada sobre el presidente Javier Milei, Scaglia señaló que le resulta difícil ubicarlo dentro de un marco plenamente republicano, ya que considera que no respeta el rol de los otros poderes del Estado. Advirtió que la república se sostiene con diálogo y construcción de puentes, no con agresión, y destacó en contraste la actitud del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien atribuyó una vocación de consenso.

Desde el plano económico, reconoció que el país atraviesa un momento muy difícil y que el esfuerzo social no se refleja en el bolsillo. Valoró el combate a la inflación, pero criticó la apertura indiscriminada de importaciones por su impacto en provincias productivas como Santa Fe. Señaló que muchas industrias arraigadas en pequeñas localidades no pueden competir no por falta de capacidad, sino por la elevada carga impositiva local.

Sobre la reforma laboral, respaldó la necesidad de modernizar el sistema y elogió medidas que, según dijo, limitan la “industria del juicio”, ordenan la vida gremial y amplían la libertad sindical. No obstante, rechazó el diseño actual del Fondo de Asistencia Laboral por su efecto sobre un sistema previsional debilitado y advirtió que la reforma no atiende el problema de fondo de las pymes, que es la carga que representan los empleados ya contratados. Agregó que la normativa no generará empleo por sí sola y que debería incluir un capítulo específico para el trabajo joven.

En uno de los pasajes más contundentes, Scaglia sostuvo que el Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno “se queda corto”. Consideró que fijar la imputabilidad en 14 años “es poco” y aseguró que muchos jóvenes se sienten utilizados por organizaciones criminales justamente porque no son punibles. Planteó que bajar la edad es una herramienta para “salvar a los pibes”, aunque advirtió que debe acompañarse con políticas sociales. Destacó el programa santafesino Nueva Oportunidad como ejemplo de intervención exitosa.

También cuestionó que el Poder Ejecutivo haya reformado la SIDE mediante un DNU. Afirmó que no objeta el contenido, pero sí la forma, y que una normativa de inteligencia no puede modificarse sin la intervención del Congreso. Recordó que Santa Fe tiene una ley similar, pero sancionada legislativamente.

Para este año, adelantó que impulsará proyectos de biocombustibles, normativas educativas y una reforma de la Ley de Salud Mental, ante el aumento de problemáticas vinculadas al área de la normativa.

El diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) consideró este jueves que "gran parte de la reforma laboral ya se ha hecho con el achatamiento y la destrucción del salario". Además, cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: "Todo lo que toca sale mal".

Respecto del proyecto de Modernización Laboral que se tratará la siguiente semana en el Senado, el legislador expresó: "Están bajo siete llaves los puntos definitivos de la ley, (Patricia) Bullrich hasta dijo que era secreto, me parece absurdo eso. Vamos a ver qué sale".

"A priori hay algunas cosas que no me gustan", afirmó y señaló que "una Ley de Contrato de Trabajo no resuelve el tema laboral ni genera predisposición tampoco a tomar empleo".

Para el diputado que forma parte del interbloque Unidos, "el Gobierno plantea este tema en el marco de los requerimientos del FMI. Pero yo creo que gran parte de la reforma laboral se ha hecho con el achatamiento, la destrucción, del salario de casi un 15% en el sector privado y más del 34% en el sector público".

En esa línea, enfatizó que "no se puede seguir haciendo paritarias del 1%, 1,5%; es vergonzoso cuando estamos viendo que los números de la inflación superan 2,5% o 2,7%". Esta disparidad, "destruye totalmente el consumo y profundiza el marco de recesión".

Tras indicar que en la Cámara de Diputados seguramente haya "un debate más fuerte" sobre el proyecto, Pichetto manifestó que "hay que ver qué va a pasar con el capítulo fiscal, que no debería haber estado nunca ahí", en referencia a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se propone y es resistido por gobernadores.

Sobre este punto, el diputado echó culpas sobre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "Siempre aparece Sturzenegger metiendo la cola, no hay nada que toque Sturzenegger en Argentina que no termine mal".

Por otra parte, respecto del proyecto de nuevo régimen penal juvenil, Pichetto lanzó que el tema "es más viejo que la escarapela, hace 40 años que se viene discutiendo". "Estoy de acuerdo en llevar la baja a 14 años", confirmó, pero remarcó que debe hacerse en conjunto con recursos, mejora de condiciones y una política social.

"Son leyes que tienen impacto. Pero, ¿dónde los va a poner? (a los menores) ¿En Marcos Paz, para que sean carne de cañón?", se preguntó en declaraciones a radio Futurock.

Tras mencionar que 14 años "responde a la media internacional", insistió: "¿A dónde los mandas? ¿Cuánto es lo que el Gobierno está dispuesto a invertir rápidamente para que vayan a lugares razonables, acordes y que sirvan para la recuperación del menor?".

"El Gobierno cree que gobernar es sacar leyes, Sturzenegger cree que el mundo se cambia con leyes, y el problema de la Argentina es la falta de empleo, lo que está ocurriendo con la industria, lo que pasó con Techint, lo que está pasando todos los días cuando cierra una fábrica, lo que pasa con la gente que no llega a fin de mes. Entonces, para no hablar de esos temas, hablemos de la punibilidad de los menores...", concluyó, reconociendo el "mérito" del Gobierno en "la instalación de temas".

En la segunda jornada de sesiones extraordinarias, el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza recibió al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para adentrar a los legisladores en lo que será el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares. Sin embargo, también hubo señalamientos e indicaciones respecto a lo que será el nuevo debate por el Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad.

Fuentes consultadas por parlamentario.com, adelantaron que la actividad oficial va a comenzar la próxima semana con la conformación de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, donde está prácticamente descartado que la presidencia quede para Sebastián Pareja o Luis Petri. La otra Comisión que debe conformarse para este tema es la de Familias, Niñez y Juventudes que presidía la radical Roxana Reyes, pero ya no forma parte de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, los referentes del bloque oficialista mencionaron que también serán constituidas las comisiones que van a abocarse a los temas que están siendo abordados en el Senado: se trata de Legislación del Trabajo para la Modernización Laboral; Relaciones Exteriores y Mercosur para tratar el Acuerdo Regional con la Unión Europea; y Minería y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para la Ley de Glaciares.

Respecto a la Ley Penal Juvenil, el debate se dará en un plenario entre Justicia; Familias, Niñez y Juventudes; Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado; y Presupuesto y Hacienda que tiene a Bertie Benegas Lynch como presidente. Estas dos quedaron definidas para la sanción del Presupuesto 2026 y del trunco proyecto de ley de Inocencia Fiscal que no prosperó en la sesión del 18 de diciembre pasado.

De todas maneras, las autoridades de la Cámara de Diputados receptarán a lo largo de esta semana la nómina de nombres de los integrantes de Unión por la Patria, los interbloques Unidos y Fuerza del Cambio (Pro, MID y UCR), y las bancadas provinciales para convocar las reuniones constitutivas que serán el martes, más tardar miércoles de la próxima semana según confiaron a este medio.

Sobre el dictamen que ese plenario buscará logar, hay un sector de La Libertad Avanza que quiere la insistencia del proyecto de ley original que establecía la baja en la edad de imputabilidad a 13 años con penas máximas de hasta 20. Sin embargo, otros diputados más cautos deslizaron que "para llegar a 129 (en el recinto) hay que contemplar las propuestas de los demás bloques (dialoguistas)".

“Si pudimos alcanzar un dictamen (6 de mayo del 2025) con 35 diputados, con 95 vamos a poder insistir con el proyecto original”, señaló una alta fuente de La Libertad Avanza a este medio antes de ingresar al Salón Blanco del Palacio Legislativo. En ese punto, explicaron que la propuesta tal cual la envío el Poder Ejecutivo tiene “un abordaje y una mirada en la víctima”. Así las cosas, esta cuestión quedará saldada cuando Martín Menem reúna a los dialoguistas en virtud de avanzar con el despacho.

A la espera de lo que suceda el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado con la Modernización Laboral y su posterior arribo a la Cámara baja, en el bloque libertario ven con optimismo tener sancionada la Ley Penal Juvenil antes de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, algunos referentes de la bancada que integran el espacio desde diciembre se mostraron un poco más serenos y ven con buenos ojos tener la media sanción este mes. “Que no salga este mes (la sanción), no quita que no salga en el período ordinario, pero será este año”, concluyeron.

En un calmo comienzo de sesiones extraordinarias, trascendió que la reforma del Régimen Penal Juvenil va a ingresar por la Cámara de Diputados y su tratamiento comenzaría la próxima semana. Mientras en el Senado el oficialismo se aboca de lleno a la Modernización Laboral, el bloque que preside Gabriel Bornoroni va a reunir a los presidentes de todas las bancadas en el Congreso para delinear el cronograma de febrero.

Según constató parlamentario.com, el encuentro tendrá como primer objetivo delinear autoridades de las comisiones de Justicia y de Familias, Niñez y Adolescencia, las cuales conforman el plenario que debatirá la baja en la edad de imputabilidad junto a Legislación Penal y a Presupuesto y Hacienda. Estas dos ya fueron conformadas en diciembre para abocarse al proyecto de Inocencia Fiscal.

De todos modos, una fuente reveló a este medio que es muy factible que la semana del 25 de febrero, después del feriado de carnaval, la Cámara baja vaya a abrir el recinto para buscar la media sanción del Régimen Penal Juvenil. Hasta el momento no hay definición respecto del despacho que se llevará al hemiciclo, pero sectores dialoguistas van a proponer que sea el dictamen que firmó La Libertad Avanza el 6 de mayo pasado.

En esa ocasión el oficialismo contó con el acompañamiento del Pro, el massismo, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre (hoy integrando Provincias Unidas) y representantes de mandatarios provinciales. Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de lleno la iniciativa.

Aquel dictamen contemplaba bajar la edad de imputabilidad en adolescentes de 16 (norma vigente) a 14 años. También, eliminaba la figura de “inimputable” y reducía las penas máximas de 20 a 15 años. A su vez, las penas privativas de la libertad quedaban establecidas a cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Los espacios dialoguistas que firmaron el despacho aquella tarde del 6 de mayo incorporaron al texto que el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

En un 2025 en posición defensiva, el oficialismo no logró avanzar con el tema porque buscaba evitar la apertura del recinto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, con el recambio legislativo y la evolución libertaria de 37 a 95 integrantes, sumado al macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, el Gobierno nacional extendió el temario de sesiones extraordinarias con la incorporación del proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil.

Respecto a la reunión de este miércoles, que va a encabezar el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, en la Cámara de Diputados, una fuente consultada mencionó que será para delinear el cronograma de febrero y la integración de cada bancada en las comisiones de Justicia, y Familias, Niñez y Juventudes. La convocatoria incluye a los bloques de la oposición dura.

El proyecto de ley debe pasar por una reunión plenaria entre las comisiones mencionadas junto a Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, y Legislación Penal, a cargo de la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Una vez que se delinee el cronograma, La Libertad Avanza reunirá a los dialoguistas para acordar el despacho que buscará llevar al recinto en la última semana de febrero.

Se inicia este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias en el que, hasta el próximo día 27, podrá tratarse un temario que incluye el proyecto de ley de Modernización Laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación del Régimen Penal Juvenil, entre otros temas.

Se trata del segundo llamado a extraordinarias hecho por el presidente Javier Milei en este inicio de la segunda mitad de su mandato, luego de que en el mes de diciembre pasado el oficialismo consiguiera la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En ese primer llamado a sesiones extraordinarias el Gobierno también consiguió que la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares tuvieran sendos dictámenes en el Senado, con lo que ambos temas están habilitados para ser tratados en el recinto. La fecha tentativa para esa sesión sería el 11 de febrero.

Este segundo llamado a extraordinarias se hizo a través del decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero pasado, y que incluía la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.

El 27 de enero el presidente Javier Milei firmó otro decreto, el 53/26, por el cual se amplió el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. Esta decisión estuvo motivada en el aberrante asesinato del joven Jeremías Monzón, a manos de tres menores de edad.

Este tema será debatido inicialmente por la Cámara baja, donde el año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo llegó a tener dictamen en el mes de mayo, pese a lo cual no llegó al recinto. El proyecto será tratado en comisión la próxima semana, según confió a parlamentario.com una fuente de La Libertad Avanza, que aclaró que esta semana no habrá trabajo en las comisiones de Diputados, aunque sí deberían conformarse las comisiones que se necesiten para el tratamiento de los temas pedidos por el Ejecutivo.

En el caso de la Ley Penal Juvenil, el debate tendrá como cabecera a la Comisión de Legislación Penal, que ya fue conformada en diciembre pasado y sigue presidiendo la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Y es el único de los temas que le corresponde tratar a la Cámara baja por ahora.

El tema que no fue incluido en extraordinarias fue la emergencia ígnea para atender la situación de desastre en provincias patagónicas como consecuencia de los incendios forestales que se desarrollan desde fines del año pasado. Recordemos que la semana pasada el Gobierno decidió declarar la emergencia por DNU, a los efectos de agilizar la implementación de ese pedido formulado por los gobernadores de las provincias afectadas.

Hablando de temas que quedaron fuera de extraordinarias, es el caso del proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que había sido sumado en el anterior llamado a extraordinarias, e incluso consiguió dictamen, pero no fue tratado en el recinto. Tampoco figura la reforma del Código Penal, que había sido anunciado en diciembre.

Pocos temas como la seguridad generan una reacción tan inmediata de parte de la sociedad. Tiene sentido entonces que, ante un hecho conmocionante, ese impacto repercuta en la caja de resonancia de la sociedad, la política y la opinión pública, como es el Congreso de la Nación. De ahí que los delitos más graves generen una inmediata reacción legislativa, ya no solo de los legisladores que suelen presentar proyectos en función de lo que dicen los diarios, sino también de los gobiernos, siempre atentos a reclamos de ese tipo.

Prueba de ello fueron las leyes Blumberg, un conjunto de reformas al Código Penal impulsadas tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004. Ese caso generó la reacción social más impactante que se recuerde en los últimos tiempos ante un crimen —más incluso que el caso Nisman—. Aquel episodio derivó en la histórica marcha del 1 de abril de 2004, convocada por Juan Carlos Blumberg para exigir justicia y el endurecimiento de las penas contra la inseguridad. Esa masiva movilización impuso el tema en la agenda pública y derivó en la aprobación de una serie de leyes. Tal protesta, que llegó a inquietar seriamente al Gobierno de Néstor Kirchner, se concentró frente al Palacio Legislativo.

En los tiempos que corren, con un gobierno particularmente enfocado en la cuestión de la seguridad, los crímenes cometidos por menores fueron el detonante inmediato de anuncios para ya no endurecer penas sino bajar la edad de imputabilidad. Está claro que el Gobierno de Javier Milei no tendría reparos en aplicar modificaciones de ese tipo mediante decretos de necesidad y urgencia, pero la propia Constitución Nacional establece en el inciso 3 del artículo 99 limitaciones que lo impiden. Entre las materias vedadas para legislar por DNU figuran las penales.

Lo cierto es que, verano tras verano, el gobierno libertario realizó anuncios sobre modificaciones al Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Sucedió por primera vez en 2024, aunque en esos comienzos de la gestión mileísta el tema no parecía figurar entre las prioridades, tal como sugirió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista cuando su gobierno apenas llevaba un mes en el poder. En aquella oportunidad dijo tener el tema en estudio, aunque habló de manera general y sin precisiones que anticiparan un tratamiento inmediato. Señaló la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En Radio Rivadavia explicó: “Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto. ¿Por qué? Porque, al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó.

“El que la hace, la paga”

Un hecho gravísimo volvió a impulsar la iniciativa. Fue el crimen de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. Ocurrió en marzo de 2024, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un adolescente de 15 años, solo para enviar un mensaje en el marco de la guerra narco en esa ciudad. Entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en su cuenta de X: “Delito de adulto, pena de adulto”. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad por esos días, anunció que el Gobierno enviaría al Congreso una ley de imputabilidad “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024

Ese mensaje fue reposteado por el propio presidente Milei, quien agregó: “EL QUE LA HACE, LA PAGA…”.

Sin embargo, las expresiones de la ministra quedaron en eso: simples declaraciones. Al menos de momento, pues el proyecto tardó en llegar al Congreso. Recién el 1° de junio de 2024, el ministro de Justicia anticipó que la propuesta oficial bajaría la edad de punibilidad a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que, en los últimos dos meses, en los que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.

La presentación pública del proyecto tuvo lugar el 28 de junio de 2024. Patricia Bullrich y Cúneo Libarona encabezaron la exposición de la iniciativa que el Gobierno enviaría al Congreso y que alcanzaría a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la entonces ministra.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio con el objetivo de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

Los diputados dieron señales de avanzar rápidamente: se convocó a un plenario de todas las comisiones involucradas —Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda— y el debate comenzó el 31 de julio de 2024. En total hubo siete reuniones, con etapas de explicación de proyectos, exposiciones de especialistas invitados y análisis fiscal. Este último arrojó un costo estimado de más de 200 mil millones de pesos, que contemplaba la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores para intervenir en futuros procesos penales.

No hubo más reuniones ese año y el tema no fue incluido en extraordinarias.

El pedido presidencial

En enero de 2025, el tema volvió a la agenda pública luego de que se conociera el caso de una jubilada de 93 años víctima de un violento robo en su casa de Vicente López. Los delincuentes —cuatro en total, tres de ellos menores— se sacaron una selfie con la mujer maniatada y la subieron a redes, lo que facilitó su detención. Los menores recuperaron rápidamente la libertad.

Un mes después ocurrió un caso aún más grave: dos adolescentes de 14 y 17 años robaron en un semáforo un auto en el que viajaban una mujer y su hija de 7 años, llamada Kim Gómez. Tras bajar a su madre a punta de pistola, los ladrones escaparon con el vehículo y la niña, que murió al quedar colgada del cinturón de seguridad cuando intentaron arrojarla del auto en movimiento.

El caso reavivó el debate y motivó al presidente Milei a ocuparse del tema en la apertura de sesiones ordinarias de 2025. Exigió “bajar la edad de imputabilidad” y “agravar todas las penas del Código Penal”, y propuso “la reforma más importante de los últimos cien años”. Criticó de paso al gobernador Axel Kicillof por su enfoque en materia criminal.

Tras el pedido presidencial, el plenario retomó el debate el 12 de marzo. Hubo cuatro reuniones más y el 6 de mayo se logró un dictamen que bajaba la edad a 14 años. Fue producto de la unificación de proyectos del Ejecutivo, del massismo, de Pro, de LLA, de la Coalición Cívica, de Democracia para Siempre y de otros bloques.

El dictamen eliminó la figura de los “inimputables” y redujo la pena máxima de 20 a 15 años. Preveía que las penas privativas de libertad se cumplieran en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas de cárceles. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia por considerar que no debía dictarse ninguna prisión efectiva hasta que los institutos estuvieran adecuados.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen. Encuentro Federal presentó uno propio, avalado por Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.

Sin embargo y pese a la premura pedida por el propio Javier Milei para tratar el tema, el dictamen para modificar la edad de imputabilidad no llegó al recinto en todo el año y terminó perdiendo estado parlamentario. Sucede que, ante la presión opositora, el oficialismo optó por cerrar el Congreso y resistir todo tipo de sesiones, prescindiendo de los temas propios. Así, dos semanas después del dictamen sobre el Régimen Penal Juvenil, el 21 de mayo, fracasó una sesión pedida por la oposición para tratar una serie de temas incómodos para el Gobierno: jubilados, Comisión Investigadora del caso $LIBRA y, sobre todo, la integración de la AGN. Se sabía que si había sesión, a través de un acuerdo de Unión por la Patria y Encuentro Federal intentarían designar a dos miembros para la AGN: Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó. La sesión no consiguió quórum.

A pesar de la insistencia de Milei, el dictamen no llegó al recinto y perdió estado parlamentario. La parálisis se profundizó cuando el oficialismo decidió bloquear las sesiones para evitar que la oposición impulsara temas incómodos, como jubilaciones, la comisión investigadora del caso Libra y la integración de la AGN.

¿La tercera es la vencida?

Caído el dictamen, el Gobierno hizo un llamado a sesiones extraordinarias en diciembre que incluía ya no la reforma del Régimen Penal Juvenil, sino una completa modificación del Código Penal. Sin embargo el tema no se trató y cuando se llamó a sesionar para el mes de febrero, el tema ya no apareció. Pero en un segundo llamado incluyeron la baja de edad de imputabilidad. Claro está, previamente había sucedido otro episodio sangriento que involucró a menores y generó un repudio generalizado.

Esta vez, el disparador fue el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe. El crimen, cometido entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025, fue grabado por los agresores —una adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15— y viralizado. La instigadora está detenida; los varones, no punibles, fueron sobreseídos.

La secuencia se repite: un crimen sacude a la sociedad, el Gobierno anuncia reformas y el Congreso retoma el debate. Con el caso Jeremías aún fresco y una nueva convocatoria que incluye la baja de la edad de imputabilidad, la pelota vuelve a quedar en la cancha de los legisladores. La incógnita, como siempre, es si el clima social y político alcanzará esta vez para quebrar el patrón de los últimos años y transformar finalmente las intenciones en ley.

 

La diputada nacional Romina Del Plá (Frente de Izquierda) criticó el proyecto del Gobierno que propone bajar la edad de imputabilidad y fue incluido en el temario de extraordinarias porque “pretende desviar el foco de los verdaderos responsables”.

“El proyecto de Ley de régimen penal juvenil que presentó el gobierno para las extraordinarias de febrero no busca otra cosa más que descargar sobre la juventud y las infancias la descomposición propia del régimen capitalista”, manifestó la diputada en sus redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que “este proyecto pretende desviar el foco de los verdaderos responsables: quienes realmente manejan redes de narcotráfico y trata son los empresarios y amigos del poder, los que viven en Nordelta y son protegidos por el poder y la justicia, no los pibes y pibas sobre quienes se intenta cargar la responsabilidad”.

Además, remarcó que "la baja de edad de imputabilidad, junto a todo el paquete que impulsa el gobierno de Javier Milei, que incluye la reforma laboral y la modificación del código penal, tienen un carácter reaccionario y represivo que es avalado por los gobernadores cómplices".

A la espera del comienzo de sesiones extraordinarias del próximo lunes 2 de febrero, el diputado nacional Maximiliano Ferraro le envío un pedido formal a las autoridades del debate de la modificación del Régimen Penal Juvenil para que la Oficina de Presupuesto del Congreso detalle los costos presupuestarios antes de que comience el tratamiento legislativo. “¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?”, planteó el legislador de la Coalición Cívica.

La nota fue dirigida hacia Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado en sus roles de presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal. El texto impulsado por el Poder Ejecutivo tiene giro, también, a Justicia, y Niñez, Familias y Adolescencias, donde La Libertad Avanza está definiendo la continuidad de Manuel Quintar en una y el reemplazo de Roxana Reyes (MC) en la otra.

RÉGIMEN PENAL JUVENIL | ¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?

Solicité a @NYGBertie y @laurmachado que le pidan a la Oficina de Presupuesto del Congreso la estimación del costo presupuestario de los proyectos y de la OD 787-143, antes de iniciar su… pic.twitter.com/vWzQKvP6Dh

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 29, 2026

Por su parte, Ferraro recordó que “en 2019, durante el gobierno de Juntos por el Cambio ese informe se hizo”, y profundizó: “Para nosotros la responsabilidad fiscal es importante siempre, no cuando conviene”. “Si para ustedes es condición necesaria que haya fuente de financiamiento para debatir las leyes, entonces empiecen por los proyectos y agenda del propio Poder Ejecutivo”, concluyó.

La explicación del diputado opositor pone la mirada en la financiación de la ejecución de la baja en la edad de imputabilidad que se define en el artículo 51 del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional, el cual propone que “las erogaciones (…) se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio”, pero aclara que “al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el Jefe de Gabinete deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.

Cabe aclarar que el dictamen que el oficialismo pasó a la firma el 6 de mayo del 2025 con las rúbricas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, Encuentro Federal, el MID, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre no modificó este artículo a pesar de haber introducido una serie de cambios en otros aspectos como la baja en la edad de imputabilidad a 14 años y no a 13 como había idealizado el Poder Ejecutivo de la Nación.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza contaba con una composición menor a 40 legisladores y el despacho firmado fue redactado en consenso con la oposición dialoguista. La edad se bajaba de 16 a 14 años; las penas máximas pasaban de 10 a 15 años; y establecían condenas alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducir y reparaciones a las víctimas, entre varios puntos.

Sin embargo, una fuente del oficialismo confirmó a parlamentario.com, que buscarán un dictamen que se parezca más al texto que envío el Poder Ejecutivo de la Nación con firma de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación, ingresado por Mesa de Entradas el 15 de julio del 2024. La norma original impulsada por el gobierno de Javier Milei busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

La crítica del diputado que integra el interbloque Unidos se relaciona con la decisión del Gobierno de no asignar las partidas presupuestarias para el cumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan. Las tres leyes fueron vetadas, pero insistidas en el Congreso. Sin embargo, el presidente Javier Milei no firmó las reasignaciones presupuestarias para su ejecución.

0010-PE-2024

En medio de la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la reforma del Régimen Penal Juvenil, la presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (FxBA), Claudia Neira, cruzó con dureza al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, por su apoyo a esa medida y lo acusó de hacer "desastres con los niños" en el distrito capitalino.

Todo comenzó cuando el alcalde local compartió en sus redes sociales un video de una persecución a cargo de la Policía de la Ciudad, en la cuál se detuvo a dos delincuentes, uno de ellos menor de edad. "Delito de adulto, pena de adulto. Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes", comenzó diciendo en su cuenta de X, ex Twitter.

"Uno era menor y tenía antecedentes. Nosotros actuamos pero con las leyes actuales, no alcanza. Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar libres ni un minuto más", completó el funcionario.

DELITO DE ADULTO, PENA DE ADULTO

Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes. Uno era menor y tenía antecedentes.

Nosotros actuamos pero con las leyes actuales, no alcanza. Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar… pic.twitter.com/Zg7HUIDTpm

— Jorge Macri (@jorgemacri) January 27, 2026

Atenta a los dichos de Macri, Neira salió a cruzarlo con suma dureza. "No te enganches en un tema que tienen que debatir los que saben y los que trabajan para que los jóvenes no entren en el delito. Vos no tenés autoridad", espetó la peronista.

"A los chicos que no tienen familia que los cuide, que no cometieron ningún delito y que son responsabilidad del Estado, los dejas librados a su suerte. Cuando quieras veamos cómo estás haciendo desastres con los niños en la Ciudad. Laburá de jefe de Gobierno, no de opinólogo", sentenció la diputada. 

 

Con la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se conoció el decreto 53/26 por el cual se amplía el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil.

La información había sido adelantada este lunes por el jefe de ministros, al cabo de la reunión que mantuvo con la mesa política en Casa Rosada para avanzar en la estrategia legislativa. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -que no había asistido al último encuentro-, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Con la confirmación de la modificación de este tema que incluye una baja de la edad de imputabilidad, serán cinco los temas a tratar entre el 2 y el 27 de febrero próximos, a saber: la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; la designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de Fernando Iglesias, y el ahora agregado cambio del Régimen Penal Juvenil.

Este bonus track fue sumado a partir de que el jueves pasado la senadora Bullrich reabriera ese debate a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, a manos de tres menores de edad. La senadora posteó ese día que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara” y eso da como resultado que “menores que cometen los peores delitos y salen impunes -dijo-. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Recordemos que en diciembre pasado se había anunciado el debate de una modificación del Código Penal, aunque esto ya no figuró, como se ve, en la convocatoria para febrero.

La reforma del Régimen Penal Juvenil había conseguido dictamen el 6 de mayo del año pasado, aunque el mismo no llegó nunca al recinto. Dicho dictamen, que con el cambio de conformación de las cámaras ha perdido estado parlamentario, proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas. Vale aclarar también que originalmente el Gobierno había impulsado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, e insistiría en el nuevo proyecto con esa edad.

MENSAJE N° 2 -2026 - COMUNICA EL DECRETO N° 53-2026 - AMPLIA TEMARIO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS.

El resto del temario

En cuanto a los otros temas previstos, el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de Modernización Laboral, que será el eje central de estas sesiones extraordinarias.

En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, el presidente Milei adelantó que enviaría “en los próximos días” el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias, pero su implementación se ha ralentizado, ya que el 21 de enero pasado el Parlamento Europeo aprobó remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el pacto cumple el derecho comunitario. A partir de estos sucesos, en Casa Rosada evalúan si tratarlo en febrero. De resolver avanzar con su tratamiento legislativo, ingresaría por la Cámara de Diputados; pero aún no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dada la demora surgida por los sucesos en el Parlamento Europeo.

En el caso de la designación del exdiputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación “en comisión” como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica”, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.

El pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora exsenadora Guadalupe Tagliaferri.

Recordemos que el anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron sendos dictámenes en el Senado. De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran está, como hemos dicho, la reforma del Código Penal; lo mismo que el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que ameritaba serios reparos opositores.

Tampoco fue incluido el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, aunque previsiblemente no se esperaba que el Gobierno sumara este debate. Empero, el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.

Tras el anuncio que hizo el Gobierno nacional respecto de la incorporación al temario de extraordinarias del proyecto de ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, legisladores libertarios pidieron avanzar en el Congreso con el texto para “saldar la deuda” con los argentinos.

La primera que se pronunció al respecto y que, de algún modo, pujó para que el proyecto se debata fue la senadora nacional y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien manifestó: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”.

“LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD NO PUEDE ESPERAR MÁS”, planteó el titular del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, y recordó que “el año pasado no logramos avanzar con la sanción por culpa del kirchnerismo y sus aliados de buenos modales. Es hora de saldar esa deuda. Los argentinos de bien demandan que esta reforma sea aprobada”.

Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario!
Cuantas nuevas victimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría.
El Presidente… https://t.co/fhyZqAgDe1

— Luis Petri (@luispetri) January 26, 2026

"En la Argentina de Milei el que las hace las paga. Un país normal es donde el estado cuida a las victimas, no a los delincuentes. Ya lo dijo Patricia Bullrich sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Nos vemos en el Congreso", expresó el senador jujeño Ezequiel Atauche.

La diputada Silvana Giudici sumó: “La baja de edad de imputabilidad y el nuevo régimen de garantías penal juvenil ya tuvo dictamen en diputados. Debemos avanzar en su sanción definitiva. Casos como el de Jeremías vuelven a interpelarnos, ¿hasta cuándo seguirán oponiéndose los que intentan negar lo evidente?  En los próximos días lo veremos”.

Siendo ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich firmó el proyecto de ley de régimen penal juvenil que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en julio del 2024. Hoy como senadora nacional por La Libertad Avanza vuelve a instalar el tema en la agenda a raíz de una serie de hechos policiales que involucran a menores de edad.

La presidenta del bloque oficialista se refirió a la agenda parlamentaria que comenzará a partir del 1ro. de marzo, ya que el período extraordinario tendrá como prioridad el proyecto de ley de Modernización Laboral. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, lanzó en un duro mensaje a través de X.

En los últimos días se conoció el macabro video del crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años que fue torturado y asesinado a puñaladas. Los acusados de ocasionar la muerte del adolescente santafesino son una ex compañera de secundaria y dos adolescentes más, de 14 y 15 años. El crimen del joven Monzón fue cometido entre el 18 y el 22 de diciembre pasado, pero el macabro video circula en redes, Whatsapp y Telegram.

También en los últimos días fue noticia la muerte de un niño de 12 años abatido por fuerzas policiales en un enfrentamiento en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Según informaron, el joven iba a bordo de un vehículo junto a otras dos personas y tras negarse a frenar en un control policial, abrieron fuego contra los efectivos. El menor murió por un impacto de bala en el tórax y los otros dos acompañantes están prófugos.

Después de conocerse la identidad del menor, se hicieron virales una serie de fotografías y videos en las que “Chispita” -así era cómo le decían- portaba armas de alto calibre a bordo de motocicletas de desconocida procedencia. También tenía antecedentes por presunto encubrimiento y sus familiares lo despidieron con bocinazos y “tiros al aire”.

El régimen penal juvenil que impulsó el Gobierno

Originalmente, la iniciativa que había propuesto el Gobierno de Javier Milei establecía llevar la edad de imputabilidad a personas de 13 años. Sin embargo, en mayo del 2025, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró pasar a la firma un dictamen que proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.

En aquella ocasión, el despacho debió pasar por varios encuentros plenarios de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. La Libertad Avanza había logrado adhesión en la oposición a excepción de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quienes dejaron en clara su postura al considerar que la iniciativa contenía un sesgo punitorio.

Uno de los puntos por los que el oficialismo nunca quiso avanzar con ese dictamen fue porque establecía un fuerte incremento en partidas presupuestarias destinadas a adecuar las unidades penitenciarias para que puedan albergar a adolescentes, algo que había sido incorporado por la Coalición Cívica y los bloques dialoguistas Democracia para Siempre y Encuentro Federal, hoy dentro de Provincias Unidas.

Ese fue el único tema por el que el presidente Milei había pedido en la inauguración del período de sesiones ordinarias de 2025. Por eso, el oficialismo -que había debatido el tema en las comisiones a lo largo de 2024- apuró su dictamen, que se alcanzó el 6 de mayo de 2025. Se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.

Con la nueva composición donde el oficialismo logró ser la primera minoría en la Cámara baja con 95 diputados; y en el Senado, donde triplicó su conformación de 7 a 21 legisladores, el Gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza, buscará avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil. “Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, adelantó la exministra de Seguridad. Pero eso ya no sucederá en extraordinarias, como se había propuesto en diciembre cuando el temario previsto incluía una reforma profunda del Código Penal, sino durante el período ordinario. Y a juzgar por los dichos de Bullrich, tendrá prioridad.

En una fuerte demostración de rechazo a la baja de la edad de punibilidad, integrantes del Poder Judicial, funcionarios públicos de todo el país y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) se expresaron en contra del dictamen de mayoría que obtuvo el proyecto para llevar a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal en la Argentina, y advirtieron que, de convertirse en ley, será “inconstitucional y anticonvencional”.

El pronunciamiento conjunto está firmado por las máximas autoridades y referentes nacionales en materia de infancias: Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Marisa Graham, defensora de los Derechos de NnyA; Facundo Hernández, defensor adjunto de NnyA; César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU); Gustavo Daniel Moreno, secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF); Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto; Juan Manuel Irrazábal; presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Gabriel Savino, defensor del Pueblo de Santa Fe; Rossana Marlí Franco, defensora de NNyA de Misiones; Leandro Javier Drube, defensor de NNyA de Santiago del Estero; Amelia López, defensora de NNyA de Córdoba; Juan Pablo Meaca, defensor de NNyA de La Pampa, y Fernando Avila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal.

“Hemos expresado reiteradamente nuestras opiniones en diferentes ámbitos sobre la derogación de la ley 22.278, advirtiendo que la nueva ley que rija el sistema penal juvenil debe adecuarse a los principios de derechos humanos”, señala la declaración.

Sobre el dictamen de mayoría resuelto el 6 de mayo en reunión plenaria de comisiones de la Cámara de Diputados, el documento sostiene: “No recepta las recomendaciones y observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, generando un sistema regresivo en nuestra legislación y desvirtuando el principio de especialidad”. Por eso, afirma que, “de aprobarse, colocaría a nuestro país ante la posibilidad de denuncias (que muchos de nuestros organismos podrían realizar) y condenas por parte de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos”.

Agrega que “el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 24 (2019), encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada (por ejemplo 15 o 16 años) a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. A lo que se suma, con mayor relevancia aún, “que en las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, el Comité ha manifestado su seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores y ha instado al Estado Argentino a armonizar plenamente su sistema de justicia de menores con la Convención, incluida la derogación de la Ley N° 22.278 y manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y sin endurecer las penas”.

Los firmantes recordaron que “la ley penal juvenil debe adecuarse a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal; promoviendo activamente medidas no judiciales para las y los no punibles (políticas públicas), y para las y los adolescentes punibles justicia restaurativa; la aplicación de penas no privativas de libertad como medida de último recurso y durante el periodo de tiempo más breve posible, que se revisen periódicamente con vistas a su supresión o morigeración; y prohibir la imposición de cadena perpetua a personas por actos cometidos durante la menor edad”.

Indicaron que en reiteradas oportunidades han expuesto “evidencia abrumadora que da cuenta del porcentaje ínfimo de delitos cometidos por personas menores de edad en nuestro país”. Y resaltaron que “muchas de nuestras provincias han avanzado en leyes procesales penales juveniles con intervenciones acordes a la Convención de los Derechos del Niño”, por lo que “de convertirse en ley el dictamen propuesto implicaría un gran retroceso y erogaciones presupuestarias innecesarias para la mayoría de ellas”.

Luego de semanas de postergación, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda se reunió este martes para dictaminar el proyecto de ley que propone modificar Régimen Penal Juvenil. Finalmente, la propuesta es que la edad de imputabilidad en adolescentes pase de 16 a 14 años.

El despacho final se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; por el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.

El despacho final contó con la adhesión de 77 firmas.

En primera instancia, la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión cabecera, puso a consideración de los presentes la moción para que el tucumano Mariano Campero sea elegido como vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal. Luego, el órgano legislativo aprobó la declaración de interés del III Congreso Federal de Justicia Penal realizado en abril en Mar del Plata, impulsado por la catamarqueña Fernanda Ávila.

Una vez que el plenario comenzó, Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, destacó los consensos logrados y explicó que en el dictamen se eliminó la figura de los “inimputables”; y se bajó la pena máxima de 20 a 15 años. Cerró que el proyecto de ley tiene “una misión que es resocializadora, educativa y de contención”.

Las penas privativas de la libertad serán en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia debido a que exigen que ningún juez dicté la prisión efectiva hasta que los institutos no estén adecuados para albergar a adolescentes de 14 a 18 años.

Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ratificaron su rechazo al proyecto dictaminado. Mientras que en Encuentro Federal presentó su propio dictamen en disidencia con el aval de Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.

La modificación del Régimen Penal Juvenil, que entre otras cosas baja la edad de imputabilidad a 14 años, alcanzó un dictamen de mayoría en comisiones. pic.twitter.com/r6beEiIE3b

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) May 6, 2025

El debate

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli advirtió que “con este proyecto se busca que ese menor pueda ser oído, se lo contenga que hoy no tiene respuesta de un Estado ausente”. También advirtió -al igual que muchos de los presentes- que este dictamen le ha hecho importantes modificaciones al redactado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

Del mismo, remarcó que este nuevo sistema penal tiene las “garantías procesales como la defensa del juicio, el debido proceso y garantías juveniles” con una “mirada socioeducativa y no punitiva”. Sostuvo, además, que “hoy un menor de 14 años comete un delito y el Estado no puede hacer nada cuando vuelve a su casa”.

En el cierre de su intervención, confirmó su apoyo al despacho (en disidencia) y exigió que “ningún juez aplique ninguna medida privativa de la libertad hasta no tener los institutos adecuados en condiciones de tener menores de edad”.

Por Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal aclaró que “este dictamen no tiene nada que ver con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo”, cargó que “no hay basamento científico en los datos que se dieron” durante las reuniones informativos y acusó al bloque de La Libertad Avanza de expresar “discursos cargados de odio que buscan negar de calidad humana y llenar de estigmas”.

Luego, dejó en claro que la “edad mínima no es la que propuso el gobierno”, destacó el consenso con los demás bloques para fijar en 14 años porque consideró que es la “edad razonable para intervención del sistema penal”. También, lanzó críticas contra la ministra de Seguridad: “Este dictamen rechaza ese slogan mentiroso de que al ‘delito de adulto le corresponde pena de adulto’”. “Eso ha sido repudiado y es una barbaridad que quiere instalar el Gobierno”, sumó.

Por último, explicó que esta legislación se trata de un sistema de penas progresivo: “Cuando un joven que sea condenado de 0 a 3 años no habrá prisión efectiva; cuando la pena sea de 3 a 10, el juez debe evaluar una combinación de prisión efectiva y domiciliaria; y la prisión efectiva será para sentencias de 10 años”. Además, ratifico que el dictamen “prohíbe la prisión perpetua”.

En contra de este proyecto, estuvieron el diputado nacional Christian Castillo, quien señaló que “esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas y no disminuye el delito”. “Se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivos expiatorios”, cuestionó.

Luego, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que “este tema no está maduro para dictaminar”, y manifestó: “Entiendo que hay un deseo por avanzar, pero hay una dinámica de tratar de ver y revisar, y nos están faltando instancias de procesamiento de información”.

También, la diputada nacional Mónica Macha de Unión por la Patria llamó al texto como una “medida inconstitucional que pone en peligro las adolescencias en los barrios populares”. Luego afirmó que es “un proyecto nefasto que atrasa”. También develaron su oposición al proyecto en cuestión Victoria Tolosa Paz, Matías Molle, Natalia Zaracho, Brenda Vargas Matyi y Varinia Lis Marín.

El dictamen

La modificación al Régimen Penal Juvenil establece la aplicación a las personas adolescentes de 14 a 18 de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

Tal como lo expresó Marcela Campagnoli en el debate, la persona adolescente imputada gozará de los principios, derechos y garantías judiciales vinculados a la legalidad; necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos; debido proceso legal y derecho de defensa en juicio; in dubio pro reo e interpretación pro minoris; el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización; dignidad humana y prohibición de discriminación; plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal; y tutela juvenil.

Las penas privativas de libertad podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento, conforme a los parámetros de esta ley.

Además, la declaración de inimputabilidad del niño, niña o adolescente no implicará en ningún caso la suspensión de la investigación, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.

Sobre la detención, el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

Luego de tres postergaciones, volverá a reunirse el plenario que está debatiendo los proyectos de ley para reformar el Régimen Penal Juvenil. Será este martes a partir de las 16, en una reunión a celebrarse en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.

Allí se reunirán las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda, previéndose esta vez emitir dictamen para llevar finalmente el tema al recinto en las próximas semanas. Previamente se reunirá la Comisión de Legislación Penal a partir de las 15.30, con el fin de designar autoridades vacantes. Esa será una breve reunión en la que también tratarán un proyecto de declaración de Fernanda Avila para declarar de interés el III Congreso Federal de Justicia Penal realizado en el mes de abril en Mar del Plata.

La reunión del plenario tendrá lugar luego de tres postergaciones. La primera debía haber sido el 8 de abril, día en el que finalmente la oposición logró quórum y el pleno se reunió en el recinto para tratar el caso $LIBRA y emplazamientos. Si bien se había cambiado el horario del plenario de la mañana para la tarde de ese día, la sesión se extendió y quedó reprogramado para el miércoles 23 de abril, pero se suspendió nuevamente al postergarse toda la actividad de esa semana por la muerte del papa Francisco. Quedó para 30 de abril, pero la tercera no fue la vencida.

Ante esa tercera postergación se especuló con la posibilidad de ya no tratar la modificación de la edad de punibilidad este año, aunque eso fue luego desmentido, habida cuenta del interés oficial de avanzar con ese tema prontamente. De hecho, en la inauguración del período ordinario, el presidente Javier Milei exigió al Congreso aprobar la ley de la baja de edad de imputabilidad “para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen”, señaló el 1° de marzo.

A lo largo del año pasado, las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda debatieron el tema en reuniones informativas con especialistas, mientras que el pasado 12 de marzo fue el último encuentro, provocado precisamente por el reclamo de Javier Milei durante la Asamblea Legislativa y en medio de la conmoción por el caso de Kim Gómez en La Plata, una niña asesinada por dos menores durante un robo.

Dentro de las iniciativas está incluida la enviada por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años. Este finalmente sería el número que oficialismo y bloques de la oposición dialoguista habrían acordado para avanzar en un despacho consensuado.

El resto de los otros 14 proyectos fueron presentados por el Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".

De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años

Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.

También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.

Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.

"La tercera es la vencida" no fue caso para el proyecto de régimen penal juvenil, tema por el cual durante todo el mes de abril se convocó y suspendió el plenario de las cuatro comisiones que deben tratarlo en la Cámara de Diputados, con la intención por parte del oficialismo de avanzar con un dictamen.

La primera citación con tal objetivo había sido para el 8 de abril, día en el que finalmente la oposición logró quórum y el pleno se reunió en el recinto para tratar el caso $LIBRA y emplazamientos. Si bien se había cambiado el horario del plenario de la mañana para la tarde, la sesión se extendió y quedó reprogramado.

Atento a la semana corta de Pascuas y la visita del jefe de Gabinete (quien ratificó la voluntad del Gobierno de darle pronta aprobación), el plenario por régimen penal juvenil no pasó para la semana del 14, sino para la del 21, más precisamente para este pasado miércoles 23 de abril. Sin embargo, a raíz del fallecimiento del papa Francisco toda la agenda se movió siete días.

Así, la tercera convocatoria quedó fijada para el miércoles 30 de abril a las 17, pero nuevamente volvió a suspenderse, y en medio -además- de rumores de que el tema se sacaría de agenda. No obstante, según pudo saber parlamentario.com, las comisiones se reunirán el próximo 6 mayo.

¿Los motivos de la nueva suspensión? Fuentes consultadas por ese medio alegaron que el plenario corría riesgo de quedar sin los diputados suficientes para la firma del dictamen, atento a que se haría horas antes del feriado del jueves 1ro. de mayo y el viernes 2, día no laborable con fines turísticos. "Fue por temas logísticos simplemente", afirmaron.

A lo largo del año pasado, las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda debatieron el tema en reuniones informativas con especialistas, mientras que el pasado 12 de marzo fue el último encuentro, provocado por el reclamo de Javier Milei durante la Asamblea Legislativa y en medio de la conmoción por el caso de Kim Gómez en La Plata, una niña asesinada por dos menores durante un robo.

Dentro de las iniciativas está incluida la enviada por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años. Este finalmente sería el número que oficialismo y bloques de la oposición dialoguista habrían acordado para avanzar en un despacho consensuado.

El resto de los otros 14 proyectos fueron presentados por el Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".

De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.

También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.

Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.

Con el objetivo de emitir dictamen sobre un tema que ocupa la agenda del Poder Ejecutivo en el Congreso, se convocó para este martes a las 17.30 a un plenario de cuatro comisiones para tratar la propuesta de modificación del régimen penal juvenil, que cuenta entre sus principales aspectos con la baja de la edad de imputabilidad.

En un primer momento el encuentro se había citado dos horas y media antes, pero atento al llamado de sesión que hay para ese día, se postergó el horario. Según supo parlamentario.com, habría un acuerdo entre los bloques para que, en caso que la sesión reúna quórum, se concluya antes del horario del plenario de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.

El temario incluye el proyecto enviado por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años.

En total, hay 14 proyectos sobre la mesa, correspondientes al Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.

De acuerdo a fuentes parlamentarias consultadas por este medio, habría un dictamen de consenso en el que trabajan hace tiempo el oficialismo y los bloques dialoguistas, pero del cual no se conocen hasta ahora mayores detalles.

El último plenario sobre el tema, convocado luego del pedido que hiciera el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa, y motorizado por la coyuntura del caso Kim Gómez -una niña asesinada por dos menores en La Plata- que conmocionó semanas atrás, se realizó el pasado 12 de marzo.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".

De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.

También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.

 

Luego del pedido que hizo el presidente Javier Milei en la apertura del período ordinario al Congreso para que aprueben el proyecto sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 13 años, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate tras cinco meses de la última reunión informativa que habían tenido.

El plenario, que duró poco más de una hora y se desarrolló en el Anexo “C”, estuvo compuesta por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente, tras siete reuniones informativas que hubo. Sin embargo, el trágico caso de la nena de siete años Kim Gómez que fue asesinada por dos menores de edad, reactivó el reclamo por parte del Gobierno.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.

De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima. También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.

Al inicio de la reunión, Laura Rodríguez Machado -titular de la comisión de Legislación Penal- aclaró: "Este plenario no es informativa. En el día de hoy la decisión que hemos tomado con los presidentes de bloques es no emitir despacho por ahora y trabajar en la posición que tiene cada uno de los bloques sobre la temática”.

“Hemos tenido 7 reuniones de comisión y hemos escuchado a los doce autores de los proyectos que van a ser tenidos en cuenta presentes al momento de dictaminar, a más de 26 especialistas en la temática. Si alguno de los bloques considera que hay que tener presente alguna otra exposición la vamos a incorporar por escrito”, recordó.

Machado pidió que los expositores dejen explícito su punto de vista sobre lo que consideran como edad mínima de imputabilidad, pena máxima, plazos de implementación, penas alternativas a la prisión, modalidades atenuadas, programas de resocialización, tratamientos médicos, figura de supervisor, que son algunos puntos que existen coincidencias y discrepancias.

La primera en hacer uso de la palabra fue la radical Soledad Carrizo quien celebró el tratamiento inmediato de un tema “tan importante” y recordó que hace ya 11 meses que ingresó el proyecto del Ejecutivo. Así, remarcó que a la sociedad “tenemos que darle una solución”.

“En lo personal creo que este debate está agotado, que tenemos que avanzar en un dictamen en los meses restantes sabiendo que es un tema complejo. Hay que tomar una decisión”, planteó. En tanto, resaltó que todos coincidieron en que “la criminalidad, la delincuencia”, y manifestó: “No solamente lo debemos mirar desde un paradigma punitivo, entendemos que tenemos que tener en cuenta todas las problemáticas”.

Carrizo afirmó que “la pena en la cuestión de los jóvenes tiene que tener una finalidad reeducadora y resocializadora, sino no tiene sentido discutir el tema”. Además, cuestionó que se ha querido reducir el tema en cifras sobre criminalidad de menores: “Nos quedamos en cifras aritméticas, pero hay una realidad que la sociedad, las víctimas destrozadas han vivido en manos de menores, por lo tanto, tenemos que entender que esta criminalidad juvenil existe y debemos abordarla definitivamente”. La radical pidió que entre marzo y abril se tome una decisión porque “no es algo que viene desde ahora, es una ley desde 1980 que se sancionó con paradigmas diferentes a las actuales. Hay que modernizarla y poner al país en otra mirada integral del régimen penal juvenil”.

A continuación, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) coincidió con su par preopinante de que “no se puede seguir mirando para otro lado”, porque “tenemos un régimen de 1980 sin ninguna garantía procesal para el menor”. Campagnoli cuestionó que en la provincia de Buenos Aires “muchas veces la única respuesta que da el Estado es penal”, pero aclaró que “esa respuesta punitiva tiene que estar, pero esto no viene de ahora sino desde el año 2000”.

Campagnoli enumeró que los proyectos que fueron presentados por su bloque durante estos años propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un Régimen de responsabilidad penal juvenil, donde estén todas las garantías procesales que tienen también los adultos, medidas socio educativas, reclusión privativa de libertad para delitos de acción pública.

La diputada de la CC pidió que se decida si se quiere o no que haya un régimen penal juvenil, aunque remarcó que “debe haber lugares de alojamiento adecuados, porque recuerdo que no hay planta. ¿Los vamos a meter con los adultos?”. Así, manifestó que “el Gobierno en su afán de conformar a la sociedad sale con medidas tribuneras, pero la realidad es que no hay dónde alojarlos a los menores. Necesitamos un debate sincero y profundo”.

La bonaerense dijo que, pese a que solo el 2% de delitos lo comenten los menores, hay que dar una respuesta y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, remarcó que los jóvenes que delinquen “están bajo el consumo de sustancias” por lo que pidió tratar la Ley de Salud Mental.

“La mayoría de los proyectos son coincidentes, tenemos muy pocas diferencias o sea que podemos avanzar con el régimen con medidas socioeducativas para delitos de menor escala, prisión para delitos más graves. La mayoría propone 14 años de edad”, destacó y solicitó crear un grupo de asesores que quieran buscar un dictamen de mayoría y ceder en algunas cosas “si tenemos la voluntad de dar una respuesta a la sociedad”.

Desde la izquierda, manifestaron su rechazo en un “100%” el proyecto y acusó a todos los gobiernos de hacer de las necesidades de la gente “una campaña electoral”. La diputada Mónica Schlotthauer señaló que “no es ninguna garantía que con esta iniciativa se va a terminar con la inseguridad, esto es imposible”.

“No digan más que con leyes duras vamos a resolver el problema de la inseguridad. Solo quieren seguir metiendo presos a los pibes y criminalizar la pobreza, lo que no resuelven”, apuntó y propuso: “Democratizar la justicia, basta de poner jueces a dedo, los tienen que votar la gente. Es una vergüenza que se siga hablando de esto”.

En tanto el diputado Christian Castillo sumó: “La baja de edad no solo no soluciona el problema, sino que es perjudicial”, y brindó detalles sobre delitos: “Argentina tiene 4,2 delitos cada 100 mil personas. Ecuador que tiene 12 años tiene un 46,1%, Honduras 31,1%, Venezuela 20,8”. “Los países que bajaron la edad de punibilidad aumentaron la cantidad de delitos por menores”, planteó y cuestionó: “Esto es humo para criminalizar a los pibes, para no resolver los problemas estructurales y tener política de vendetta sobre pibes en situación de vulnerabilidad”.

“Es ridícula la frase de ‘crimen de adulto, pena de adulto’. Solo el 0,45% de niños y adolescentes entran en el sistema penal”, cerró.

El radical correntino Manuel Aguirre planteó que la delincuencia juvenil es multicausal desde la familia, la escuela, seguridad que llevan a “una desviación de conducta”. Por eso remarcó que en su proyecto propone: “Hay que tratar de ayudarlos a que se rencaucen socialmente porque no sirve imponerlo con sanciones graves. Yo puse 14 años en sentido formal, pero no creo que se necesite edad. Hay que tratar de recuperar a los chicos, hay que hacer institutos, no cárceles, porque hay que recuperar a los chicos de su desviación de conducta”.

Por su parte, el neuquino Osvaldo Llancafilo adelantó su acompañamiento la baja de edad de imputabilidad a los 14 años entendiendo que “se deja de lado algo que es tan importante lo que pasa con las víctimas y las familias que han tenido que pasar un homicidio en manos de un adolescente”. Así, sostuvo que hay que considerar “su edad y su responsabilidad al cometer un delito de grande”.

“Hablan de cuestiones que tienen que ver con el entorno socioeconómico, la cuestión social, la vulnerabilidad, pero en Gales y en Inglaterra la de imputabilidad es de 10 años hablamos de países desarrollados y dudo que allí no haya oportunidades, en función de las comparaciones que hacen. Claro está que hay una cuestión que tiene que ver con que los legisladores demos respuestas a una cuestión coyuntural que estamos viviendo y que parte de la sociedad pide”, manifestó y criticó: “Estar reduciendo esto a una cuestión de índices a ver si baja o no la inseguridad, me parece que es un enfoque errado”.

Al igual que los demás, Llancafilo también propuso la necesidad de tener un sistema de resocialización y políticas correccionales acorde a lo que sucede: “Ojalá se trate rápidamente el proyecto y dictaminar y llevarlo al recinto. El tema de la inseguridad y el delito penal juvenil tiene muchos años en el país y ninguna gestión ha logrado resolverlo. Hablan de programas y leyes, pero está claro que el tema no se resolvió”.

“La baja de edad de imputabilidad me parece es un buen paso para dar una respuesta a una cuestión coyuntural que vivimos. El Estado tiene que ocuparse de la resocialización de esos jóvenes y para eso tienen que invertir para la contención. Se debe hablar de un enfoque restaurativo”, cerró.

Ramiro Gutiérrez por el bloque de Unión por la Patria expresó brevemente: “Debemos preguntarnos si necesitamos un Régimen que debe tener la instrumentación de los hechos. Se necesitan órganos regidos por el principio de especialidad y especificidad. Se necesita un proceso que establezca cómo va a ser el sistema de atribución de responsabilidades, de pruebas, medidas, determinar una implementación real, posible y financiada. Si hay todo eso estaremos poniendo una medida que nos puede ayudar a todos y lograr un consenso mayoritario”.

Su compañera de espacio Agustina Propato afirmó que es “sumamente necesario construir desde una visión una respuesta real al postergado régimen penal juvenil”. Sin embargo, resaltó que el proyecto del Ejecutivo incurre en la inconstitucionalidad y falencias del debido proceso. “Hay que ir a una propuesta que concilie los aspectos de constitucionalidad y constituya una respuesta que está en espera desde 1980”, consideró y concluyó: “Hay muchas coincidencias en los proyectos, pero se requiere un debate profundo”.

La diputada criticó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene bastante de un oportunismo coyuntural carroñero de la tragedia que hemos vivido recientemente, que a todos nos interpela, pero creo no puede estar sujeto a estos momentos en donde la opinión mediática y pública exige respuestas y van allí inmediatamente a sacar cual delivery una respuesta inconstitucional”.

Por el bloque Democracia Para Siempre se manifestó el formoseño Fernando Carbajal quien reiteró su pedido para que un proyecto de su autoría sea sumado al debate y consideró que “no se puede debatir un nuevo régimen si no asumimos la respetabilidad de establecer cuáles son las reglas mínimas de los centros de contención de menores”.

“Acá no se cumple ni el reglamento, pero cuando discutimos leyes penales nos convertimos en fundamentalistas de la legalidad y que esto tendrá impacto sobre la realidad. Lo que se propone con esto extender el régimen penal a un espacio de vida que estaba excluido y acá está el problema, creemos que va a tener impacto en la realidad, pero en términos de política de seguridad va a tener un impacto igual a cero, pero es necesario debatir nuestro régimen de menores porque tiene falencias, pero no se puede sustraer el contexto político en que esto se plantea”, argumentó.

Carbajal criticó duramente que el fondo del proyecto: “Es volver a la edad media”, y señaló que “debe ser discutido en un contexto diferente”, y sugirió para dar “un matiz de racionalidad es sustraer el tema de la coyuntura porque no se va a resolver ningún problema de seguridad, pero establezcamos estándares mínimos que deben tener los centros de contención de menores”.

Al cierre, el libertario y titular de la Comisión de Justicia, Manuel Quintar, señaló: “El tema está agotado, no da para más seguir dándole vuelta al a cuestión y buscándole la quinta pata al pato y sacarle un redito político. Tenemos que dictaminar en forma urgente, tenía ganas de dictaminar, pero hay una sesión politizada. Esto es un tema central, esta semana tenemos que emitir dictamen o el borrador, nos tenemos que poner las pilas porque es una demanda de la sociedad y no puede haber más casos como Kim y es una vergüenza no dar respuesta social y entrar en debates burocráticos que, sabemos que con una ley no se soluciona la vida, no estamos en disneylandia, le faltan condimentos y perfeccionarla, pero hay que dar un mensaje claro y rápido”. Así, convocó a todos los bloques a circular un borrador de dictamen para, la próxima semana, convocar un plenario y dictaminar.

“Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”, señaló el presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias 2025, a propósito de lo sucedido con Kim, la niña de 7 años asesinada por dos menores de edad. El Congreso, receptivo al pedido presidencial, activará esta primera semana completa de ordinarias ese debate que viene desarrollándose desde el año pasado.

Siete fueron las reuniones desarrolladas en el marco de plenarios integrados por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

Precisamente los presidentes de esas comisiones decidieron convocar a un plenario este miércoles 12 a las 11. A través de un comunicado, los titulares de las comisiones señalaron que el presidente en su discurso “habilitó el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley Penal Juvenil, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con otros doce proyectos que abordan la misma temática”.

“El Régimen Penal Juvenil ha sido objeto de debate en el ámbito legislativo desde agosto de 2024, en un plenario conformado por las comisiones mencionadas. Se han llevado a cabo siete reuniones en las que expusieron 26 especialistas de distintos ámbitos, entre ellos, jurídico, judicial, fuero de menores, fundaciones, y médicos neurólogos”, recordaron.

Tras mencionar que el encuentro se realizará en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, los diputados indicaron que, de acuerdo con la composición de las comisiones, “se necesitan 73 diputados entre todas” para emitir dictamen.

“El plenario está compuesto por 113 diputados, lo que representa el 44% de los integrantes de la Cámara de Diputados, y requiere la presencia de la mitad más uno de sus miembros para constituir quórum. Quienes suscribimos la presente trabajaremos el proyecto avance con celeridad, brindando respuestas concretas a la problemática penal juvenil y contribuyendo a un sistema judicial más justo y eficiente”, concluyeron Rodríguez Machado, Reyes, Quintar y Espert.

El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.

De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.

También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.

Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo votos este martes por el pronto tratamiento en el recinto del proyecto que baja la edad de imputabilidad, criticó al gobernador Axel Kicillof por el aumento de la inseguridad en la provincia y minimizó el incidente que involucró al diputado Facundo Manes y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Entrevistado en La Nación+, el jefe de la Cámara baja destacó que en los últimos tiempos se ha podido verificar que “la cantidad de delitos que cometen menores que no están alcanzados por la ley penal ha sido la verdad bastante lamentable”.

“Y si tenemos en cuenta los datos, entre 2020 y 2023 crecieron más de un 30% los delitos cometidos por personas ‘menores de edad’, que causan el mismo daño que causan los adultos, pero no los alcanza la pena, y así está hecha la provincia, un baño de sangre”, remarcó, apuntándole como viene haciendo el Gobierno en general a Axel Kicillof.

Por eso Menem dijo que “tenemos que trabajar rápidamente” y se quejó de no haber contado con el acompañamiento del kirchnerismo por ejemplo en leyes de seguridad recientemente aprobadas, como la de Reiterancia o la Antimafia. “Esperemos que recapaciten y nos puedan acompañar en la baja de la edad de imputabilidad”, remató.

En definitiva, aseguró que el oficialismo tratará de “avanzar muy rápidamente” con la baja de edad de imputabilidad, por cuanto “esto lo está reclamando la sociedad”. Y con respecto a las posibilidades de lograrlo, recordó que “arrancamos con 39 diputados más el Pro, y somos setenta y pico de arranque, más algunas colaboraciones que tenemos de partidos provinciales, y después tenemos que salir a buscar consenso dentro del resto de las fuerzas”.

“Pero es nuestra voluntad avanzar -garantizó-. Muchas veces no hacemos lo que queremos, sino lo que podemos, pero es férrea y firme la voluntad y creo que podemos llegar a ser exitosos”.

Con todo, resumió diciendo que “hay que estar en el momento; hay que sacar un dictamen, hay que llegar al recinto, y ya hemos visto las cosas que pasan ahí; a veces las cosas no son como uno quiere… Pero el norte está claro, queremos que sí o sí el que las hace las pague, no importa la edad que tenga, por eso queremos bajar la edad de imputabilidad de la Ley Penal Juvenil de una vez por todas”.

Respecto de las críticas que ha hecho el gobernador bonaerense respecto de los embates oficiales contra su gestión, e incluso las críticas que despertaron que desde el Gobierno se sugiriera la intervención de la provincia, Martín Menem insistió en que “los delitos cometidos por menores de edad aumentaron un 32% entre 2020 y hasta ahora”.

“¿Quién gobierna la provincia? Kicillof”, enfatizó y recordó que el presidente ha dicho del gobernador que “no es útil para el cargo”, a lo que él agregó que “ya ha sido un fracaso como ministro de Economía, ahí vemos el caso de YPF, son 16 mil millones de dólares;  si empezamos a sumar los fracasos que suma este muchacho como ministro de Economía y le sumamos los que tiene sobre sus espaldas como gobernador, ya son innumerables”.

Consultado respecto de lo sucedido con Facundo Manes el sábado, como presidente de la Cámara de Diputados expresó su intención de poner "blanco sobre negro”, y tras aclarar que tiene una “excelente” relación con el diputado de Democracia para Siempre, remarcó que “el 1” de marzo es una jornada muy importante para la democracia, donde el presidente expone la marcha del Gobierno, es algo solemne donde deberían estar presentes todos”.

“Puntualmente el diputado Manes se sienta al fondo a mi derecha de donde yo presido la Cámara. Y, oh casualidad, en este solemne acto se sentó a la izquierda, la parte que había dejado vacía el kircherismo. Que se entienda bien: no estaba sentado donde le corresponde normalmente”, señaló, atribuyendo eso a que Manes concurrió a la sesión “en una actitud provocadora”, en la que levantó la Constitución, e interrumpió varias veces al presidente.

Martín Menem insistió en que Manes “intentó en varias oportunidades entorpecer la solemnidad de algo que es muy importante para la democracia. No corresponde, esto está mal, fue en una actitud provocativa e hizo cosas que no hace habitualmente”.

Respecto de lo ocurrido después, lo definió como “un intercambio de palabras” en el que aseguró que “no hubo agresión física. Están las cámaras de la Cámara de Diputados, que muestran que hubo un intercambio de palabras y una palmadita en el pecho. No hubo nada más. Fue algo intrascendente, y este hecho que están hablando los medios, que no tape lo importante que es el rumbo que ha tomado la Argentina, del infierno del que nos han sacado el presidente Milei y el equipo económico hace ya un año y 2 meses”.

A raíz del brutal caso de Kim Gómez, una niña de 7 años que fue asesinada por dos delincuentes menores de edad en la ciudad de La Plata, distintas voces del oficialismo -con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza- salieron a reclamar por la pronta sanción de un nuevo régimen penal juvenil.

El proyecto promovido por el Poder Ejecutivo se debatió a lo largo del año pasado en la Cámara de Diputados, pero no recibió dictamen de comisiones, por lo tanto no llegó al recinto, a diferencia de otras iniciativas de seguridad impulsadas desde el Gobierno.

Este jueves, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal -cabecera del tratamiento-, aseguró que el proyecto ingresado el 15 de julio de 2024 "tiene como objetivo primordial poner fin a la impunidad en los delitos cometidos por jóvenes y garantizar que el que las hace, las paga”.

“No puede haber impunidad. No importa la edad del delincuente, lo que importa es que la justicia actúe con firmeza y proteja a las víctimas”, subrayó la legisladora bullrichista. La iniciativa busca actualizar la normativa vigente, que fue establecida por decreto-ley en 1980 durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y adecuarla a las necesidades de la sociedad actual, donde cada vez más jóvenes se ven involucrados en hechos delictivos graves.

Rodríguez Machado señaló que "recientemente, hemos sido testigos de crímenes que han conmocionado al país, como el brutal asesinato de Kim Pérez en La Plata, donde un menor de edad fue el autor del hecho. Otros casos recientes de jóvenes implicados en delitos violentos también han reforzado la urgencia de este nuevo régimen, que no puede seguir postergándose. Estos hechos han dejado claro que no hay lugar para la impunidad y que la justicia debe actuar de manera rápida, decidida y contundente. No hay excusas ni justificación: el crimen debe ser castigado sin importar quién lo comete".

El régimen penal juvenil no sólo propone penas de prisión, sino también sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras. Para los casos más graves, las penas de prisión tendrán modalidades atenuadas, como el cumplimiento en institutos abiertos o domiciliarios, "pero siempre bajo el principio de 'el que las hace, las paga'; esta es una justicia equilibrada, que da una oportunidad para la resocialización, pero no olvida el daño causado a las víctimas", apuntó la diputada.

Este régimen se apoya en un sistema de resocialización que incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. Además, se creará la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad. Pero todo esto no reemplaza ni atenúa la necesidad de que cada infractor cumpla con la pena correspondiente por el delito cometido. "El castigo y la rehabilitación son dos caras de una misma moneda: la justicia debe ser completa", agregó la cordobesa.

“No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad. Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro, el que comete un delito debe pagar por ello”, insistió la legisladora, haciendo hincapié en que "la protección a la ciudadanía es un derecho irrenunciable".

El proyecto fue debatido en un plenario de cuatro comisiones: Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En total, 113 diputados forman parte del debate, lo que representa el 43% del total de la Cámara baja. Hasta la fecha se han realizado 7 reuniones de plenario, donde se escucharon las posturas de 26 expertos en la materia, quienes aportaron análisis clave para el desarrollo del proyecto. "Es un proyecto robusto, que se ha nutrido de la opinión de quienes más saben sobre la problemática, y está preparado para afrontar la realidad de una sociedad que ya no puede esperar más", aseguró la presidenta de Legislación Penal.

Cada comisión cuenta con un número mínimo de diputados para alcanzar el dictamen de mayoría. Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia cuentan con 31 miembros cada una, requiriendo 16 diputados para aprobar el dictamen. Por su parte, Presupuesto y Hacienda tiene 49 integrantes y requiere 25 diputados. En total, se necesitan 73 diputados entre todas las comisiones para que el proyecto avance hacia el tratamiento legislativo en la Cámara.

Según anticipó Rodríguez Machado, en la apertura de sesiones por parte del presidente Javier Milei "se presentará el cronograma de trabajo y tratamiento del proyecto para 2025, reafirmando que el debate ha sido amplio y plural, y estamos listos para avanzar en la aprobación de un régimen que pondrá fin a la impunidad”. "La mirada firme del Gobierno, y en particular de esta Cámara, es clara: la justicia es para todos, sin excepciones", sostuvo.

Finalmente, dijo que "este régimen penal juvenil es esencial para modernizar la justicia en Argentina, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y enviar un mensaje inequívoco: en nuestro país, el que comete un delito lo paga. La justicia es un compromiso con la sociedad y con las víctimas, y este proyecto es un paso decisivo en la dirección correcta. No más tolerancia con la impunidad".

Causó estupor en las últimas horas el caso de una jubilada que fue víctima de un robo por parte de delincuentes que, en el extremo de la crueldad, tras maniatarla y golpearla en su domicilio de Vicente López, se sacaron una selfie que subieron a las redes, donde la mujer de 93 años se veía maniatada. Fue el colmo de la aberración que ya de por sí representó todo el episodio, pero a su vez lo que llevó a la policía a detenerlos.

Eran cuatro los despiadados malvivientes, tres de los cuales eran menores que, en consecuencia, quedaron rápidamente en libertad. Más allá de que el tema queda en el fuero de responsabilidad juvenil y es probable que finalmente se produzca su detención, por la repercusión que tuvo el caso.

Esa misma repercusión es la que lleva a preguntarse qué pasó con los proyectos para bajar la edad de imputabilidad, que con muchos bríos el Gobierno había impulsado el año pasado en el Congreso y que sin embargo no pudo llegar al recinto de Diputados siquiera a lo largo de 2024.

Vale refrescar entonces el recorrido que el proyecto tuvo durante el año pasado, luego de un hecho conmocionante como fue el asesinato de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. El crimen ocurrió en marzo del año pasado, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un menor de 15 años, tan solo para mandar un mensaje en el marco de la guerra narco que embarga a esa ciudad. Fue ahí que el vocero presidencial Manuel Adorni posteó en su cuenta de X este mensaje: “Delito de adulto, pena de adulto”, pero dado lo que terminó sucediendo sonó como una expresión de deseos. Aun cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció entonces que ya estaban enviando al Congreso de la Nación la ley de imputabilidad, “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024

Puede que se haya cortado sola la ministra en esa oportunidad, pues el tiempo pasó sin que hubiera novedades. Recién el 1 de junio siguiente el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, que en el mes de enero había hablado de la elaboración de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, anticipó que la propuesta oficial sería de bajarla a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que los últimos dos meses que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.

Pero siguió transcurriendo el tiempo, ya que el proyecto recién se presentó en sociedad a fines de ese mes. El 28 de junio de 2024, Patricia Bullrich y Cúneo Libarona presentaron el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que sería enviado al Congreso y que comprendería a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo ese día la ministra Bullrich.

Qué dice el proyecto

El proyecto recién ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio, con la finalidad anunciada de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, expresa el texto que todavía es debatido en Diputados.

El proyecto aclara que “desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación”. Agrega que “el juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”.

Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.

El proyecto prevé que “si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos". "En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima”, suma.

Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.

El debate en comisiones

Habrá que reconocer la voluntad original de los diputados en avanzar sin demoras con esta iniciativa, por cuanto el análisis del proyecto del Ejecutivo se hizo en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Porque bien se sabe que cuando la voluntad es demorar, el proyecto en cuestión se trata por separado.

En este caso el debate arrancó el 31 de julio pasado, con la presencia del secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer. Ese mismo día Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión cabecera, Legislación Penal, detalló cómo seguiría el debate: el 6 de agosto sería el turno de los autores de proyectos para explicarlos y el 13 de agosto se iniciaría la ronda de expositores invitados. Eso se cumplió, y el 20 de agosto se realizó la cuarta reunión, oportunidad en la que varios autores de iniciativas continuaron detallando sus proyectos. Se percibía para entonces que la edad preferida por los legisladores como límite para la baja era de 14 años.

En esa jornada, el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”. Y sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.

A su vez, María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”.

Hubo tres reuniones más del plenario para tratar este tema: los días 28 de agosto de 2024, el 3 de septiembre y el 23 de octubre. En esa última reunión -tras varias semanas de impasse- hubo otra tanda de especialistas invitados y desde el oficialismo se informó sobre el costo fiscal de la iniciativa: más de 200 mil millones de pesos. En ese presupuesto se contempla la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores que deberán intervenir en procesos penales que tramiten en el fuero federal y penal, tomándose como referencia para la base de cálculo el flujo de causas correspondientes al año 2022.

Se contempla también el costo de los programas incluidos (como medidas complementarias para la reinserción).

Fue la última reunión informativa realizada hasta el momento por esas comisiones, pues no hubo más encuentros sobre el tema a lo largo del período ordinario y el tema no fue incluido en extraordinarias. Se verá si el tratamiento continúa a lo largo de 2025 y finalmente el proyecto llega al recinto. Si así sucede y es aprobado, deberá después atravesar el debate en el Senado, donde se presume habrá una resistencia mayor a la baja de edad de imputabilidad.

Tras varias semanas de impasse, se retomó en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil. Además de participar una nueva tanda de especialistas invitados, desde el oficialismo trajeron este miércoles cifras sobre cuál sería el costo fiscal de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo: más de 200 mil millones de pesos. 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, dio detalles de un informe realizado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Justicia sobre el impacto que tendría el proyecto. En el mismo se contempla la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores que deberán intervenir en procesos penales que tramiten en el fuero federal y penal; y toma como referencia para la base de cálculo el flujo de causas correspondientes al año 2022. 

“Los funcionarios se tomarán de la planta de empleados de la administración pública, asignándoles un plus salarial”, dijo el oficialista y estimó que “cada supervisor representaría un costo fiscal mensual de 482.680 pesos” y “cada uno tendrá a su cargo un máximo de 25 casos mensuales”. 

Sobre el costo de los programas incluidos (como medidas complementarias para la reinserción), el libertario señaló que se estima que “todos los jóvenes imputados accederán a al menos uno de los programas”, por lo que se calculan “241.813 pesos en programa por joven”. 

“El costo de la implementación del nuevo sistema para la justicia nacional y federal es el 5% del total de casos a nivel país”, apuntó y dijo que “se requerirían adicionales para 12 supervisores, lo que representa un costo de 75.298 millones de pesos por año”. 

Espert detalló que “deberían preverse 300 programas nacionales socio-educativos, laborales, deportivos o culturales, lo que representa un costo de 72.500 millones adicionales”.

Para casos de reincidencia, habría “8 supervisores adicionales, con un costo anual de 50 mil millones de pesos”. 

“Para los 179 casos estimados, el costo total de los programas asciende a 43.283 millones de pesos”, precisó el diputado e indicó: “Hablamos de un total anual de 241.320.407 pesos, lo que equivale al 0,42 por mil del Producto Bruto Interno, aproximadamente el 0,34% del presupuesto que se ejecutaría en total durante 2024 para la administración nacional”. 

Al tomar la palabra, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó la falta del cálculo “de todo el trabajo que se tiene que realizar en el territorio, en las provincias argentinas” y pidió por una reunión para debatir el tema específicamente. En tanto, su par Graciela Parola apuntó que Espert “hizo alusión al ámbito federal”, pero “debería hacerse una estimación teniendo en cuenta todos los delitos comunes”. 

También desde UP, Martín Soria advirtió que entre la cifra estimada por supervisor y los 25 casos que tendría, “estamos hablando de menos de 18 mil pesos por mes”. Además, observó que el costo de implementar este nuevo régimen penal juvenil representa “más del doble del costo para financiar las universidades”. 

A su turno, Victoria Tolosa Paz cuestionó que “acá vino la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y vendió en este plenario que era enorme el crecimiento de los delitos cometidos en Argentina por adolescentes”, cuando del informe dado por Espert se desprende que “han sido números muy menores, 300, el 5% de los casos”. “Son confusos los números que ha manifestado”, señaló la legisladora de UP. 

Por otra parte, en lo que fue la séptima reunión de debate, se recibió a un nuevo grupo de especialistas, entre los que expuso Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Si bien se está discutiendo si la edad de imputabilidad va a ser menor a los 16 años, estos menores no punibles en general son alcanzados por medidas tutelares”, apuntó. 

A continuación, opinó que el nuevo régimen debe “hacerse en base a los principios que derivan del derecho internacional de los derechos humanos” y, sobre esto, apuntó que según el Comité de Derechos del Niño “señala que la edad de punibilidad no debe ser menor a los 14 años dado que las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 y 13 años, respecto a que la parte de frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando”.  También, según recomendación de UNICEF, “no hay evidencia que demuestre que la baja de edad de imputabilidad impacte favorablemente en mayor seguridad de la población”. 

Carmen Ibarra, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, provincia de Buenos Aires, consideró que el “gran desafío es sacar una ley que sea con un enfoque interdisciplinario, donde nos den las herramientas a los operadores del Poder Judicial, y que nos permita que los jóvenes terminen con la infracción a la ley penal, que puedan incluirse en la comunidad de una forma armónica, porque no nos olvidemos que los jóvenes infractores son el futuro de nuestro país”. 

Alejandrina Barry, exlegisladora porteña de la izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, manifestó: “Dentro de este proyecto no hay ni una sola política que ataque las causas sociales e impida que los pibes sean víctimas del narcotráfico. No sólo estoy hablando de derechos básicos como la alimentación, sino también de derechos integradores sociales; que en cada barrio se construyan polideportivos, centros culturales, bolsa de trabajo”. 

En el cierre, Rocío Alfonsín Alconada, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró que hay una “distorsión de los datos” porque “los delitos de los menores han descendido” y “las sentencias de los menores respecto a los mayores significan el 0,3”, un total de 15. 

Al resaltar que el organismo recorre todo el país, la nieta del expresidente Raúl Alfonsín advirtió que “las diferencias en las provincias es muy grande” y “hay provincias que tienen un joven detenido, otras ninguno; hay provincias que no tienen centro de detención”. “Cuando hablamos de cuál es el presupuesto estamos hablando como si la realidad fuera homogénea y es muy heterogénea”, enfatizó. 

“La totalidad de los chicos hoy en conflicto con la ley penal es de alrededor de 4.200, hay detenidos 850, de los cuales 710 están en centros de privación y los otros en centros de restricción”, precisó la abogada. En ese sentido, sostuvo: “Es difícil decir que con esos números vamos a combatir la inseguridad; que los menores están poniendo en jaque la seguridad de los argentinos”. 

La representante del Comité de Prevención de la Tortura alertó que “las celdas de aislamiento deberían estar prohibidas”, sin embargo existen y allí se dan “torturas, violaciones, autolesiones y suicidios”. Valoró que en el proyecto se las prohíba. 

“Hay lugares donde los chicos no salen al exterior en todo el día y donde el régimen es no hacer nada en todo el día. También el contacto con las familias es muy limitado”, agregó sobre la situación actual. 

Durante el sexto plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se presentó una nueva tanda de especialistas, entre los que hubo profesionales de la salud, quienes se refirieron a la consciencia en los adolescentes. 

El debate se puso en marcha a fines de julio a partir del envío de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, pero hay además una docena de iniciativas de los propios legisladores que se han presentado (y re-presentado) a lo largo de los años. 

En la jornada de este martes, Conrado Estol, reconocido médico neurólogo, explicó que “el cerebro humano termina su desarrollo a los 25 años” y diferenció “la madurez y el desarrollo biológico del cerebro” de “la madurez que nos da el ambiente socio-cultural en el que crecemos”. “El circuito que tiene más impulsividad, que mide menos las consecuencias, es el que en la adolescencia está cargado de dopamina”, apuntó, mientras que “el circuito de control cognitivo madura más tardíamente que el anterior; eso es lo que explica la conducta de los adolescentes con menor control de impulsos”. 

El especialista afirmó que “el cerebro de un chico de 12, 13, 14, 15 años” ya razona y “en esa época el pensamiento de un chico tiene capacidad de abstracción y de hipotetizar situaciones”, por lo cual “definitivamente” sabe “diferenciar el mal y el bien”. “El lóbulo frontal tiene impulsos y dificultad para medir consecuencias, pero definitivamente a los 13, 14 años tiene claro que está bien y que está mal”, dijo. 

Por su parte, el psiquiatra Andy Blake precisó que “toda conducta humana, desde los 3 años, depende de tres cosas: la situación en la que está la persona, la emoción que experimenta en ese momento y cómo piensa esa situación a través de la emoción”. “El cerebro es una máquina de aprender y una vez que aprendemos algo tomamos eso que sabemos consciente a lo inconsciente. De cómo nosotros aprendemos, depende cómo vamos a regular nuestras emociones en función de la situación que vivamos”, continuó. 

El también doctor en Neurociencias Cognitivas Aplicadas expresó que “entre los 11 y 12 años la corteza prefrontal tiene el tamaño más grande que va a tener, la cantidad más abundante de neuronas que va a tener en toda nuestra vida” y a partir de ahí “empieza un declive que tiene que ver con la poda neuronal”. Así, “a partir de los 15 y 16 años la persona empieza a acelerar nuevamente su capacidad de decisión”, continuó. 

Para Blake la respuesta “simple” sobre si el adolescente sabe lo que está bien y mal es decir que “sí”, pero ahondó: “Cómo van a actuar va a depender de su contexto social, que podríamos denominarlo situación, y de cómo aprendió a procesar las emociones”. “La respuesta no es tan sencilla: aunque sí tienen plena capacidad y conocimiento, la conducta es algo más sofisticada”, sumó. 

No obstante, resaltó que “en la adolescencia la plasticidad es tal que puede cambiar esa conducta sin problema”. “Yo no creo que la respuesta sea sí o no a la edad (de imputabilidad), sino pensar un régimen especial para esta población especial, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de cambiar la conducta aprendida”, sostuvo. 

El psiquiatra indicó que “las recomendaciones a los padres es que les pongan límites a los adolescentes y no importa qué tan estrictos sean, porque eso le sirve para organizarse al adolescente, aunque lo desafíe; de hecho busca desafiarlo para establecer su propia identidad”. “Cuál y cómo es el límite, eso es algo que ustedes tendrán que pensar, pero sí es necesario que exista un límite de la familia y la sociedad”, concluyó. 

Por otra parte, Silvia Stulchik, socióloga magíster en Políticas Públicas, aseveró que hay un “acabado agotamiento del modelo tutelar del régimen actual de la minoridad” y advirtió que “la sola definición de una edad de punibilidad no soluciona de ninguna manera el problema”, ya que “tiene que ser una norma clara para toda la población, aunque es un régimen diferenciado”. 

“El cambio de paradigma hoy queda corto, llega tarde, si no se considera la evolución de las diferentes realidades en todos los territorios. Ya no es sólo el delito adolescente, es el delito adulto organizando también el delito adolescente” como sucede con el narcotráfico, explicó. 

Al hacer alusión a la legislación que ya existe en algunas provincias, recomendó “lograr una consistencia entre lo nacional y lo provincial”. “Tiene que ser un marco que integre un debido proceso, un conjunto de garantía mínimas federales, la definición taxativa de cuáles van a ser los delitos, y la prohibición de aprehensión en comisarías, alcaldías y cárceles de adultos”, enumeró Stulchik, que además sobre esto último aportó datos a lo largo y ancho del país de adolescentes privados de la libertad. 

En el plenario también dieron su opinión Pedro López Martucci, especialista en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y Marcela Durga Angulo, abogada. 

Las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda llevaron a cabo la tercera reunión plenaria para continuar el debate sobre proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En primera instancia, un grupo de diputados nacionales presentó sus respectivos proyectos relacionados a esta temática y luego, se les dio lugar a las exposiciones de los invitados quienes manifestaron discrepancias con fijar la edad en 13 años.

Al igual que los legisladores que ampliaron el contenido de sus iniciativas, varios de los especialistas que se hicieron presentes coincidieron en fijar una edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Los expositores revelaron datos que demuestran que hay una mínima cantidad de hechos delictivos a los 13 años.

El primer diputado nacional en exponer su proyecto fue Ricardo López Murphy (EF – CABA), quien, basándose en la Convención de los Derechos del Niño 1989, alertó que “no son punibles los menores de 16 años”, pero señaló que “hoy el menor no está protegido por la ley y es necesaria una nueva que contenga a la convención”.

En esa línea, planteó que “el Estado no cuida a los men0res y quedan a merced de organizaciones criminales comandas por adultos”. Por eso, reiteró que su proyecto propone “imponer la edad de imputabilidad a 14 para que el menor se encuentre dentro del sistema jurídico y así proteger la seguridad pública y promover la reinserción”.

“Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.

En segundo lugar, el diputado nacional Diego Santilli (Pro – Buenos Aires) cuestionó que “sólo Argentina y Cuba tienen edad de imputabilidad en el rango de 16 a 18 años”. Por eso, llevó consigo una serie de datos referidos a la provincia de Buenos Aires: “Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.

“El mundo va para un lado y nosotros no avanzamos ni un metro y el menor que delinque tiene que rendir cuentas de sus actos”, aseveró Santilli, que también explicó: “El menor que delinque debe reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad, tiene que haber castigo y luego reparación”.

Con relación a las penas, el diputado macrista agregó: “La Justicia no puede tardar más de dos años en la resolución”. Por último, habló de las condenas y cerró: “Proponemos una máxima de diez años, salvo en los casos de homicidio y delito sexual que allí tendrán una máxima de 15 años”.

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli cuestionó la superposición de comisiones a la misma hora, afirmó que “no quiero ver a niños de 13 y 14 años en las cárceles”, y agregó que “no alcanza con la baja de imputabilidad porque los jueces hablan de escasez de lugares a donde poner a esos menores”.

La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, brindó los detalles de su proyecto: “Viene a establecer un nuevo régimen juvenil aplicable con limite en 14 años, donde se baja la edad porque hay un universo de chicos que cometen delitos y quedan sin responsabilidad penal”.

Sobre la problemática, Reyes amplió: “Afecta a la víctima, a la sociedad y a los propios chicos que empiezan tempranamente una carrera criminal”. Sin embargo, remarcó que “no se puede restringir derechos por debajo de los 14 años y el juez no puede hacer nada penalmente sin un debido proceso”.

A su vez, explicó que “con cualquier chico o chica menor de 14 años sometido a cualquier privación de derechos, vamos a ser considerados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos” y “no pueden ser alojados en dependencias policiales”, destacó.

Para terminar, Roxana Reyes sugirió que “la privación de la libertad es la última sanción, no la pongamos como regla”. En el cierre, mencionó que de 14 a 16 se establecen penas de 5 años; y de 16 a 17, 10 años como máximo.

En el cierre de las explicaciones de los diputados, la vicepresidenta de Familias, Niñez y Juventudes, Victoria Tolosa Paz, le consultó a Santilli respecto a la fijación de edad en su proyecto, por lo que el macrista contestó: “Fije en 15 años, pero creo que debemos hacer algo con los de 12 a 15 años que cometen delitos”.

Los expositores

El presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”.

Por su parte, sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.

Luego, María Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, señaló que “esto no resuelve la pobreza ni la violencia que tiene la sociedad”. De igual manera, añadió: “Esa imputabilidad que ustedes fijan, pasa por un juez que analiza la culpabilidad y en el derecho penal, la culpabilidad es la medida del reproche”. “No hay que tenerle miedo a estas medidas que funcionan bien”, cargó.

También, María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”.

Con relación a otras naciones, mencionó que, en Brasil, “las penas a adolescentes de entre 13 y 18 años son 3 años, y en Uruguay son de 5”. Para Tulián el proyecto, así como está “no resiste control judicial”. También expusieron Cynthia Brítez, de la Asociación Americana de Juristas; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

Finalmente, la titular de la Comisión de Seguridad Interior –cabecera del plenario, Laura Rodríguez Machado, anunció que el próximo encuentro será el próximo miércoles 28 de agosto a las 16.00.

Con la voz de diputados autores de proyectos vinculados al tema, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó con el debate de un nuevo régimen penal juvenil, discusión que se inició a partir del envío de una iniciativa por parte del Gobierno, donde propone llevar a 13 años la edad de imputabilidad.

Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el próximo martes, según confirmó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.

En el siguiente encuentro comenzarán las rondas con especialistas, que tratarán de ordenar en función de las distintas aristas que contienen las propuestas. En tanto, invitados que sean considerados por su experiencia personal o testimonio en particular serán convocados luego de los expertos.

Autor de uno de los proyectos más estrictos, ya que plantea llevar la edad de imputabilidad a los 12 años, el oficialista Álvaro Martínez arrancó su intervención: "La delincuencia ha crecido hace mucho tiempo por políticas criminales erráticas, donde la educación no era una prioridad, por políticas de escuelas cerradas, por políticas donde se prefería liberar a los presos que tenerlos cumpliendo una condena".

"Estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y en su gran mayoría con el proyecto del Ejecutivo", afirmó, para recordar luego que la actual Ley 22.278 fue "hecha en la dictadura" y "es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos. Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma".

Sobre su propuesta de llevar a 12 años la edad de imputabilidad, el mendocino consideró que esto "va a ser de carácter disuasivo". "Entendemos que menos menores van a cometer delitos", dijo y agregó que "se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves". Habló de la necesidad de "una intervención temprana por parte del Estado" para "para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia", al tiempo de "generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual".

El legislador de La Libertad Avanza señaló que en la región, "Argentina y Cuba, ambos con 16, continúan con una edad alta de imputabilidad", mientras que con 12 años están "Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras". "Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal", aseguró.

Al exponer sobre su proyecto, la diputada del bloque Buenos Aires Libre Carolina Píparo explicó que el mismo "no está dentro del marco del debate del régimen penal juvenil", sino que "tiene que ver con que se pueda tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables". "La cuestión de la reincidencia no cambia con la edad de quien comete el delito y este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización", apuntó.

La exlibertaria remarcó que "la reincidencia es un documento que debería tener un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia sobre, son hechos que ya están probados por la Justicia". En ese sentido, "considerar la reincidencia es necesario, y yo creo que aún más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad, porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiéndose en un hábito, pero sobre todo se siguen sumando víctimas", expresó.

Píparo mencionó que en 2016, bajo la gestión de Germán Garavano al frente de la cartera de Justicia, cuando se debatió sobre esto, "los organismos de derechos humanos decían que 'ningún pibe nace chorro'. Lo cual estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto ningún pibe nace chorro y tampoco queremos que se conviertan en chorros". "Ahora, ¿qué hacemos? Porque una vez que una persona ha tomado el camino del delito debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una gran trampa y una hipocresía", enfatizó.

Por su parte, la radical Carla Carrizo defendió que su proyecto recoge acuerdos y consensos del trabajo realizado en torno al tema durante la gestión de Cambiemos y pidió tomar "la edad como piso, no como techo, no podemos menos de 14. De 14 en adelante sí, menos de 14 no, la primera gran diferencia con el Gobierno".

Además, subrayó que esta debe ser una ley que "tiene que trascender todos los gobiernos y perdurar". "No es necesario empezar por el proyecto del Ejecutivo. Creemos que no es el mejor, no solo por los 13 años, sino por el sistema que propone", dijo y aclaró que "esto no es una herramienta de gobernabilidad, es una cuestión de Estado".

Desde Unión por la Patria, la diputada Natalia Zaracho aseguró que "no podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos". "No estamos a favor del delito", manifestó, pero planteó la necesidad de abordar una "propuesta integral que tiene que ver con la prevención y la no reincidencia".

"Tiene que quedar la edad en 16, claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad", opinó y reclamó "invertir en los lugares que ya existen (institutos de detención), que de hecho funcionan mal". "La única opción que el Estado le ofrezca a los pibes no puede ser la cárcel", sumó.

La dirigente del Frente Patria Grande también subrayó que se requiere de prevención, "urbanizando los barrios populares, garantizando que las escuelas públicas estén en buenas condiciones y no desfinanciando a los clubes de barrio".

En último lugar, el diputado radical Manuel Aguirre consideró que este proyecto se debe "a la crisis de familia que tenemos". "Mi intención es recuperar al ser humano, a los chicos, de la conducta desviada que tienen por muchas causas", entre esas adicciones, educación, falta de trabajo, sostuvo. "Yo no quiero que cuando tengan 20 o 25 años tengamos que estar teniendo más cárceles", afirmó y resaltó la necesidad de trabajar en la prevención. También llamó -respecto a la edad- a analizar "la madurez mental, si tenía la capacidad de entender o comprender lo que estaba haciendo".

En su tercera reunión, el plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes 13 de agosto desde las 17 el debate sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

Tal como lo había anticipado la titular de la Comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado, en este nuevo encuentro continuarán exponiendo los autores de proyectos vinculados a la temática. En esta ocasión se pondrán a consideración las iniciativas impulsadas por Carolina Píparo, Juan Manuel López, Álvaro Martínez, Ana Carla Carrizo, Agustina Propato y Natalia Zaracho.

En la primera reunión estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, punto central en el que los proyectos de los diputados difieren entre sí, hecho que quedó reflejado en la segunda reunión.

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.

El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.

“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.

Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.

“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.

Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.

Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.

Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.

En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.

El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.

El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.

El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.

“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.

Gutiérrez precisó que "la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años" y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.

Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.

Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.

"La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño".

El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.

El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.

Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga

— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024

“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.

Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.

“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.

Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.

Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.

Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.

Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.

Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.

“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.

La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.

Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.

“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.

Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.

La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.

Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.

“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.

La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.

También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.

“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.

Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.

El proyecto que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años continuará siendo debatido en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El encuentro será este martes a las 12 en el Anexo “C” en el que expondrán los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. En total serán seis los expedientes que se pondrá sobre la mesa, sumado al enviado por el Ejecutivo.

Ésta será la segunda reunión de carácter informativa, ya que en la primera expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

Los funcionarios defendieron la iniciativa al informar que “en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes”, remarcaron la necesidad de modificar la Ley vigente “para proteger a la víctima y al adolescente” porque el ordenamiento legal “está desactualizado” y alertaron que “los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”.

Tras su anuncio días atrás, el Poder Ejecutivo giró este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, "cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".

"La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito", reza uno de los artículos de la iniciativa.

A su vez, aclara que "desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación".

"El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes", agrega.

Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.

El proyecto prevé que "si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos". "En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima", suma.

Respecto a las penas, "cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión" por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.

Específicamente, se mencionan penas tales como la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad.

Éstas últimas serán: privación de la libertad en domicilio; privación de la libertad en un instituto abierto; privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. "La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento", establece.

Respecto de los adolescentes alcanzados por la ley, quedará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua", siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. "La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes", estima.

Otro párrafo señala que "cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley".

Sobre la reclusión, se indica que "el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen".

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que "la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".

"En este sentido, cabe destacar que la Ley N°22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social", expresó el PEN.

Además, consideró que uno de los "problemas" de la legislación actual es "la edad de imputabilidad". "Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general", manifestó.

Y se resaltó que, respecto a la región, la edad de 16 se encuentra entre las "más bajas", siendo de 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago.

Por otra parte, en los fundamentos el Gobierno mencionó los antecedentes de ocho proyectos presentados en Diputados por distintos bloques.

proyecto de ley penal juvenil

 

Metido de lleno en su campaña para gobernador, el jefe del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, encabeza este lunes y martes en Pinamar unas jornadas de trabajo en las que debaten las principales problemáticas de la provincia, con el fin de elaborar un plan de gobierno. Es el primero de varios encuentros en los que buscan establecer el “Para Qué” -según los códigos planteados por el expresidente Mauricio Macri- en este caso en la provincia de Buenos Aires.

Alineado con la precandidatura presidencial de María Eugenia Vidal, pero muy cercano a Macri, a quien citan en una convocatoria en la que hablan de hacer base en “los valores que unen”, y “trabajar en las ideas y definir los planes de acción”, Ritondo convoca a “retomar el camino que inició con María Eugenia Vidal en 2015”.

Respecto de la seguridad, una de las principales demandas en la provincia de Buenos Aires, es que Ritondo hizo la presentación de los proyectos de ley, para reformar el Código Penal y el Régimen Penal de Minoridad. Lo acompañaron los intendentes de General Pueyrredón Guillermo Montenegro y de Pinamar, Martín Yeza; Luis Mora (papá de Martín, un joven asesinado en un hecho de inseguridad por adolescentes); y referentes de más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires del Pro y Juntos por el Cambio.

Recordemos que otro diputado del Pro, Diego Santilli, quien también aspira a ser candidato a gobernador bonaerense por Juntos, presentó la semana pasada un proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil.

Ritondo advierte que es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo. “El objetivo de Juntos por el Cambio es volver a gobernar para transformar el rumbo del país y por eso estos proyectos de ley son para obtener mejores herramientas y más efectivas para combatir la inseguridad”, asegura.

Cristian Ritondo apuesta a los cambios integrales que puede generar principalmente la reforma del Código Penal: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.

El proyecto de reforma del Código Penal de la Nación plantea actualizaciones importantes sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viables.

“Es urgente tener mejores leyes”

En ese contexto, el precandidato a gobernador advirtió: “Ante el creciente incremento de delitos violentos, es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo” y recordó: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.

Luis Mora, quien viene trabajando junto a Ritondo en los proyectos de ley y tiene una petición en Change.Org con más de 60 mil firmas para modificar el régimen penal juvenil, sostuvo "No hay palabras para justificar lo que le pasó a mi hijo”, dijo y agregó: “Le pido a la gente y al ciudadano común que me apoye con la firma para lograr la ley de imputabilidad de menores que está encaminada para tratar en el recinto”.

“Usen la petición de Change.org y firmen” y añadió: “Mientras más sumemos, más positividad tendremos en el tratado de la ley”.

Por su parte el intendente Guillermo Montenegro argumentó: "Como colaborador en el proyecto, puedo decir que estas herramientas fueron trabajadas en equipo, escuchando a la gente, con el objetivo de asegurarnos que estos casos puedan resolverse”.

Por último, Yeza expresó: “Las leyes penales tienen que ser claras, por un lado para que el que las hace las pague con un régimen jurídico acorde y además evitar la injusticia que genera la discrecionalidad: Esta ley es un avance”.

Algunos aspectos destacados del proyecto del Código Penal son:

●       Incorpora la posibilidad del decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales

●       Define criterios objetivos para la determinación de las penas, por ejemplo,  se establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.

●       Los reincidentes y autores de delitos graves como es el narcotráfico, los homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestro extorsivo agravado, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, entre otros, no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional.

●       Para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como es el homicidio agravado.

●       En cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad, se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad es un homicidio agravado con prisión perpetua.

●       Aumentan las penas para el narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes.

●       En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proyecto prevé un aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción.

●       Incorpora delitos para castigar el terrorismo con fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores.

El otro proyecto de ley que el diputado nacional del Frente Pro Cristian Ritondo considera también fundamental es el de un nuevo Régimen Penal de la Minoridad: “El Estado está abandonando a la víctima y también a esos menores que seguramente vuelvan a delinquir porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida. Por eso creemos que hay que bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años, que permita dar respuesta adecuada frente a esta situación”.

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Algunos aspectos destacados del proyecto de ley para un nuevo Régimen Penal de la Minoridad: 

• Crea un régimen penal para los menores de entre 14 y 18 años de edad. Establece la edad mínima de imputabilidad a partir de los 14 años.
• Viene a reemplazar una ley vieja, que data de 1980 de la época del proceso, que ha quedado desactualizada y obsoleta.
• No solo busca poder darle contención y reparación a la víctima del delito sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque promoviendo el efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la normativa general sobre niñez y otros tratados internacionales  a los cuales el país adhiere.
• Establece órganos específicos en la materia, con funciones de investigación, defensa, juzgamiento, ejecución y de revinculación social.
• Se destaca que siempre el menor tendrá derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso, y que, más allá de su defensa técnica, tendrá derecho a contar con el acompañamiento de sus padres o responsables o, en su defecto, de un referente que los contenga en la dimensión psicológica y afectiva durante el devenir del proceso.
• El juez podrá aplicar: amonestación; reparación a la víctima; prestación de servicio a la comunidad; libertad vigilada; internamiento terapéutico; e internamiento en centro especializado.
• A pedido del fiscal, se pueden pedir distintas medidas cautelares como la prohibición de salida del país, de asistir a reuniones o espectáculos públicos, conducción de vehículos, arresto domiciliario, entre otras.

5883-D-2022

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo este jueves que es necesaria una modificación del Régimen Penal Juvenil, porque es una ley que "es muchos casos es injusta e inequitativa", pero recordó que "han fracasado varios intentos" por reformarla.

Consultada por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, en el cual estuvo involucrada una adolescente de 15 años, la funcionaria salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la edad de imputabilidad.

"Con respecto a la edad de imputabilidad, primero quiero corregir al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es cierto que sean inimputables a los 16 años como dijo hace dos días. Debería leer la ley penal juvenil. Tienen un tratamiento especial, no van a cárceles comunes, pero son imputables. De hecho hay cinco mil jóvenes, entre 16 y 18 años, llevando adelante procesos penales", resaltó.

Al respecto, Larreta había cuestionado que “hoy un chico puede votar a los 16 años pero no es imputable, ahí hay una contradicción".

En referencia a la norma actual, Cerruti expresó: "Sí, por supuesto, tenemos una ley penal juvenil viejísima, de la época de la dictadura; y han fracasado distintos intentos por modificarla". "Tenemos que insistir en modificarla porque esa ley no solo no sirve para resolver los casos actuales, sino que en muchos casos es injusta e inequitativa", apuntó.

La exdiputada aseguró que "vamos a seguir trabajando para la reforma de la ley penal juvenil, que contemple, entre otras cosas, que los lugares de detención trabajen para la reinserción y revinculación, además del castigo, de los jóvenes que cometen delitos y constituyen tragedias para muchos argentinos".

Durante el gobierno de Cambiemos, la discusión por la baja de la edad de imputabilidad intentó instalarse en 2017, pero fue finalmente en 2019 cuando se envió el proyecto al Congreso. Sin embargo, la iniciativa no avanzó.

Ante los hechos recientes, el diputado radical Luis Petri presentó esta semana un proyecto en ese sentido.