Fue durante el sexto plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que se abocan a la discusión. “Es necesario que exista un límite de la familia y la sociedad”, opinó uno de los especialistas.
Conrado Estol explicó que “el cerebro humano termina su desarrollo a los 25 años”. (Fotos: HCDN)
Durante el sexto plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se presentó una nueva tanda de especialistas, entre los que hubo profesionales de la salud, quienes se refirieron a la consciencia en los adolescentes.
El debate se puso en marcha a fines de julio a partir del envío de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, pero hay además una docena de iniciativas de los propios legisladores que se han presentado (y re-presentado) a lo largo de los años.
En la jornada de este martes, Conrado Estol, reconocido médico neurólogo, explicó que “el cerebro humano termina su desarrollo a los 25 años” y diferenció “la madurez y el desarrollo biológico del cerebro” de “la madurez que nos da el ambiente socio-cultural en el que crecemos”. “El circuito que tiene más impulsividad, que mide menos las consecuencias, es el que en la adolescencia está cargado de dopamina”, apuntó, mientras que “el circuito de control cognitivo madura más tardíamente que el anterior; eso es lo que explica la conducta de los adolescentes con menor control de impulsos”.
El especialista afirmó que “el cerebro de un chico de 12, 13, 14, 15 años” ya razona y “en esa época el pensamiento de un chico tiene capacidad de abstracción y de hipotetizar situaciones”, por lo cual “definitivamente” sabe “diferenciar el mal y el bien”. “El lóbulo frontal tiene impulsos y dificultad para medir consecuencias, pero definitivamente a los 13, 14 años tiene claro que está bien y que está mal”, dijo.
Por su parte, el psiquiatra Andy Blake precisó que “toda conducta humana, desde los 3 años, depende de tres cosas: la situación en la que está la persona, la emoción que experimenta en ese momento y cómo piensa esa situación a través de la emoción”. “El cerebro es una máquina de aprender y una vez que aprendemos algo tomamos eso que sabemos consciente a lo inconsciente. De cómo nosotros aprendemos, depende cómo vamos a regular nuestras emociones en función de la situación que vivamos”, continuó.
El también doctor en Neurociencias Cognitivas Aplicadas expresó que “entre los 11 y 12 años la corteza prefrontal tiene el tamaño más grande que va a tener, la cantidad más abundante de neuronas que va a tener en toda nuestra vida” y a partir de ahí “empieza un declive que tiene que ver con la poda neuronal”. Así, “a partir de los 15 y 16 años la persona empieza a acelerar nuevamente su capacidad de decisión”, continuó.
Para Blake la respuesta “simple” sobre si el adolescente sabe lo que está bien y mal es decir que “sí”, pero ahondó: “Cómo van a actuar va a depender de su contexto social, que podríamos denominarlo situación, y de cómo aprendió a procesar las emociones”. “La respuesta no es tan sencilla: aunque sí tienen plena capacidad y conocimiento, la conducta es algo más sofisticada”, sumó.
No obstante, resaltó que “en la adolescencia la plasticidad es tal que puede cambiar esa conducta sin problema”. “Yo no creo que la respuesta sea sí o no a la edad (de imputabilidad), sino pensar un régimen especial para esta población especial, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de cambiar la conducta aprendida”, sostuvo.
El psiquiatra indicó que “las recomendaciones a los padres es que les pongan límites a los adolescentes y no importa qué tan estrictos sean, porque eso le sirve para organizarse al adolescente, aunque lo desafíe; de hecho busca desafiarlo para establecer su propia identidad”. “Cuál y cómo es el límite, eso es algo que ustedes tendrán que pensar, pero sí es necesario que exista un límite de la familia y la sociedad”, concluyó.
Por otra parte, Silvia Stulchik, socióloga magíster en Políticas Públicas, aseveró que hay un “acabado agotamiento del modelo tutelar del régimen actual de la minoridad” y advirtió que “la sola definición de una edad de punibilidad no soluciona de ninguna manera el problema”, ya que “tiene que ser una norma clara para toda la población, aunque es un régimen diferenciado”.
“El cambio de paradigma hoy queda corto, llega tarde, si no se considera la evolución de las diferentes realidades en todos los territorios. Ya no es sólo el delito adolescente, es el delito adulto organizando también el delito adolescente” como sucede con el narcotráfico, explicó.
Al hacer alusión a la legislación que ya existe en algunas provincias, recomendó “lograr una consistencia entre lo nacional y lo provincial”. “Tiene que ser un marco que integre un debido proceso, un conjunto de garantía mínimas federales, la definición taxativa de cuáles van a ser los delitos, y la prohibición de aprehensión en comisarías, alcaldías y cárceles de adultos”, enumeró Stulchik, que además sobre esto último aportó datos a lo largo y ancho del país de adolescentes privados de la libertad.
En el plenario también dieron su opinión Pedro López Martucci, especialista en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y Marcela Durga Angulo, abogada.
El megaplenario que trata el proyecto que propone la baja de imputabilidad a los 13 años fue abordado por especialistas quienes revelaron datos sobre la criminalidad adolescente, pero propusieron fijar una edad diferente al texto original. Hubo unanimidad en que hay que modificar el régimen para evitar “carreras delictivas a temprana edad”.
Las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda llevaron a cabo la tercera reunión plenaria para continuar el debate sobre proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.
En primera instancia, un grupo de diputados nacionales presentó sus respectivos proyectos relacionados a esta temática y luego, se les dio lugar a las exposiciones de los invitados quienes manifestaron discrepancias con fijar la edad en 13 años.
Al igual que los legisladores que ampliaron el contenido de sus iniciativas, varios de los especialistas que se hicieron presentes coincidieron en fijar una edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Los expositores revelaron datos que demuestran que hay una mínima cantidad de hechos delictivos a los 13 años.
El primer diputado nacional en exponer su proyecto fue Ricardo López Murphy (EF – CABA), quien, basándose en la Convención de los Derechos del Niño 1989, alertó que “no son punibles los menores de 16 años”, pero señaló que “hoy el menor no está protegido por la ley y es necesaria una nueva que contenga a la convención”.
En esa línea, planteó que “el Estado no cuida a los men0res y quedan a merced de organizaciones criminales comandas por adultos”. Por eso, reiteró que su proyecto propone “imponer la edad de imputabilidad a 14 para que el menor se encuentre dentro del sistema jurídico y así proteger la seguridad pública y promover la reinserción”.
“Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.
En segundo lugar, el diputado nacional Diego Santilli (Pro – Buenos Aires) cuestionó que “sólo Argentina y Cuba tienen edad de imputabilidad en el rango de 16 a 18 años”. Por eso, llevó consigo una serie de datos referidos a la provincia de Buenos Aires: “Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.
“El mundo va para un lado y nosotros no avanzamos ni un metro y el menor que delinque tiene que rendir cuentas de sus actos”, aseveró Santilli, que también explicó: “El menor que delinque debe reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad, tiene que haber castigo y luego reparación”.
Con relación a las penas, el diputado macrista agregó: “La Justicia no puede tardar más de dos años en la resolución”. Por último, habló de las condenas y cerró: “Proponemos una máxima de diez años, salvo en los casos de homicidio y delito sexual que allí tendrán una máxima de 15 años”.
Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli cuestionó la superposición de comisiones a la misma hora, afirmó que “no quiero ver a niños de 13 y 14 años en las cárceles”, y agregó que “no alcanza con la baja de imputabilidad porque los jueces hablan de escasez de lugares a donde poner a esos menores”.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, brindó los detalles de su proyecto: “Viene a establecer un nuevo régimen juvenil aplicable con limite en 14 años, donde se baja la edad porque hay un universo de chicos que cometen delitos y quedan sin responsabilidad penal”.
Sobre la problemática, Reyes amplió: “Afecta a la víctima, a la sociedad y a los propios chicos que empiezan tempranamente una carrera criminal”. Sin embargo, remarcó que “no se puede restringir derechos por debajo de los 14 años y el juez no puede hacer nada penalmente sin un debido proceso”.
A su vez, explicó que “con cualquier chico o chica menor de 14 años sometido a cualquier privación de derechos, vamos a ser considerados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos” y “no pueden ser alojados en dependencias policiales”, destacó.
Para terminar, Roxana Reyes sugirió que “la privación de la libertad es la última sanción, no la pongamos como regla”. En el cierre, mencionó que de 14 a 16 se establecen penas de 5 años; y de 16 a 17, 10 años como máximo.
En el cierre de las explicaciones de los diputados, la vicepresidenta de Familias, Niñez y Juventudes, Victoria Tolosa Paz, le consultó a Santilli respecto a la fijación de edad en su proyecto, por lo que el macrista contestó: “Fije en 15 años, pero creo que debemos hacer algo con los de 12 a 15 años que cometen delitos”.
El presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”.
Por su parte, sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.
Luego, María Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, señaló que “esto no resuelve la pobreza ni la violencia que tiene la sociedad”. De igual manera, añadió: “Esa imputabilidad que ustedes fijan, pasa por un juez que analiza la culpabilidad y en el derecho penal, la culpabilidad es la medida del reproche”. “No hay que tenerle miedo a estas medidas que funcionan bien”, cargó.
También, María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”.
Con relación a otras naciones, mencionó que, en Brasil, “las penas a adolescentes de entre 13 y 18 años son 3 años, y en Uruguay son de 5”. Para Tulián el proyecto, así como está “no resiste control judicial”. También expusieron Cynthia Brítez, de la Asociación Americana de Juristas; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Finalmente, la titular de la Comisión de Seguridad Interior –cabecera del plenario, Laura Rodríguez Machado, anunció que el próximo encuentro será el próximo miércoles 28 de agosto a las 16.00.
La discusión continuará con la invitación de especialistas el próximo martes, según informó la titular de la Comisión de Legislación Penal. El proyecto del Gobierno propone llevar la edad de imputabilidad a los 13 años.
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Con la voz de diputados autores de proyectos vinculados al tema, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó con el debate de un nuevo régimen penal juvenil, discusión que se inició a partir del envío de una iniciativa por parte del Gobierno, donde propone llevar a 13 años la edad de imputabilidad.
Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el próximo martes, según confirmó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.
En el siguiente encuentro comenzarán las rondas con especialistas, que tratarán de ordenar en función de las distintas aristas que contienen las propuestas. En tanto, invitados que sean considerados por su experiencia personal o testimonio en particular serán convocados luego de los expertos.
Autor de uno de los proyectos más estrictos, ya que plantea llevar la edad de imputabilidad a los 12 años, el oficialista Álvaro Martínez arrancó su intervención: “La delincuencia ha crecido hace mucho tiempo por políticas criminales erráticas, donde la educación no era una prioridad, por políticas de escuelas cerradas, por políticas donde se prefería liberar a los presos que tenerlos cumpliendo una condena”.
“Estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y en su gran mayoría con el proyecto del Ejecutivo”, afirmó, para recordar luego que la actual Ley 22.278 fue “hecha en la dictadura” y “es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos. Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma”.
Sobre su propuesta de llevar a 12 años la edad de imputabilidad, el mendocino consideró que esto “va a ser de carácter disuasivo”. “Entendemos que menos menores van a cometer delitos”, dijo y agregó que “se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves”. Habló de la necesidad de “una intervención temprana por parte del Estado” para “para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia”, al tiempo de “generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual”.
El legislador de La Libertad Avanza señaló que en la región, “Argentina y Cuba, ambos con 16, continúan con una edad alta de imputabilidad”, mientras que con 12 años están “Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras”. “Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal”, aseguró.
Al exponer sobre su proyecto, la diputada del bloque Buenos Aires Libre Carolina Píparo explicó que el mismo “no está dentro del marco del debate del régimen penal juvenil”, sino que “tiene que ver con que se pueda tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables”. “La cuestión de la reincidencia no cambia con la edad de quien comete el delito y este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización”, apuntó.
La exlibertaria remarcó que “la reincidencia es un documento que debería tener un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia sobre, son hechos que ya están probados por la Justicia”. En ese sentido, “considerar la reincidencia es necesario, y yo creo que aún más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad, porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiéndose en un hábito, pero sobre todo se siguen sumando víctimas”, expresó.
Píparo mencionó que en 2016, bajo la gestión de Germán Garavano al frente de la cartera de Justicia, cuando se debatió sobre esto, “los organismos de derechos humanos decían que ‘ningún pibe nace chorro’. Lo cual estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto ningún pibe nace chorro y tampoco queremos que se conviertan en chorros”. “Ahora, ¿qué hacemos? Porque una vez que una persona ha tomado el camino del delito debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una gran trampa y una hipocresía”, enfatizó.
Por su parte, la radical Carla Carrizo defendió que su proyecto recoge acuerdos y consensos del trabajo realizado en torno al tema durante la gestión de Cambiemos y pidió tomar “la edad como piso, no como techo, no podemos menos de 14. De 14 en adelante sí, menos de 14 no, la primera gran diferencia con el Gobierno”.
Además, subrayó que esta debe ser una ley que “tiene que trascender todos los gobiernos y perdurar”. “No es necesario empezar por el proyecto del Ejecutivo. Creemos que no es el mejor, no solo por los 13 años, sino por el sistema que propone”, dijo y aclaró que “esto no es una herramienta de gobernabilidad, es una cuestión de Estado”.
Desde Unión por la Patria, la diputada Natalia Zaracho aseguró que “no podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos”. “No estamos a favor del delito”, manifestó, pero planteó la necesidad de abordar una “propuesta integral que tiene que ver con la prevención y la no reincidencia”.
“Tiene que quedar la edad en 16, claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad”, opinó y reclamó “invertir en los lugares que ya existen (institutos de detención), que de hecho funcionan mal”. “La única opción que el Estado le ofrezca a los pibes no puede ser la cárcel”, sumó.
La dirigente del Frente Patria Grande también subrayó que se requiere de prevención, “urbanizando los barrios populares, garantizando que las escuelas públicas estén en buenas condiciones y no desfinanciando a los clubes de barrio”.
En último lugar, el diputado radical Manuel Aguirre consideró que este proyecto se debe “a la crisis de familia que tenemos”. “Mi intención es recuperar al ser humano, a los chicos, de la conducta desviada que tienen por muchas causas”, entre esas adicciones, educación, falta de trabajo, sostuvo. “Yo no quiero que cuando tengan 20 o 25 años tengamos que estar teniendo más cárceles”, afirmó y resaltó la necesidad de trabajar en la prevención. También llamó -respecto a la edad- a analizar “la madurez mental, si tenía la capacidad de entender o comprender lo que estaba haciendo”.
Será en el marco de un plenario de comisiones convocado para este martes a las 17 en la que seis legisladores explicarán los puntos centrales de sus iniciativas.
En su tercera reunión, el plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes 13 de agosto desde las 17 el debate sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.
Tal como lo había anticipado la titular de la Comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado, en este nuevo encuentro continuarán exponiendo los autores de proyectos vinculados a la temática. En esta ocasión se pondrán a consideración las iniciativas impulsadas por Carolina Píparo, Juan Manuel López, Álvaro Martínez, Ana Carla Carrizo, Agustina Propato y Natalia Zaracho.
En la primera reunión estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, punto central en el que los proyectos de los diputados difieren entre sí, hecho que quedó reflejado en la segunda reunión.
Los autores de los proyectos explicaron ante un plenario de comisiones los puntos centrales de sus iniciativas y remarcaron las coincidencias y diferencias del enviado por el Ejecutivo. ¿Cómo seguirá el tratamiento?
Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.
En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.
El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.
“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.
Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.
“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.
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Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.
Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.
Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.
En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.
El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.
El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.
El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.
“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.
Gutiérrez precisó que “la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años” y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.
Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.
Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.
“La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño”.
El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.
“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.
“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.
El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.
Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga
— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024
“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.
Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.
“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.
Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.
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Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.
Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.
Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.
Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.
“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.
La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.
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Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.
“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.
Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.
La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.
Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.
“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.
La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.
También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.
“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.
Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.
El debate se dará en un plenario de las comisiones de Legislación General, Familias y Niñez, Justicia y de Presupuesto y Hacienda que está convocado para este martes.
El proyecto que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años continuará siendo debatido en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El encuentro será este martes a las 12 en el Anexo “C” en el que expondrán los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. En total serán seis los expedientes que se pondrá sobre la mesa, sumado al enviado por el Ejecutivo.
Ésta será la segunda reunión de carácter informativa, ya que en la primera expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.
Los funcionarios defendieron la iniciativa al informar que “en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes”, remarcaron la necesidad de modificar la Ley vigente “para proteger a la víctima y al adolescente” porque el ordenamiento legal “está desactualizado” y alertaron que “los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”.
La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados este martes. En los argumentos se afirmó que es necesaria una reforma del régimen penal juvenil acorde a la realidad actual.
Tras su anuncio días atrás, el Poder Ejecutivo giró este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
“La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, reza uno de los artículos de la iniciativa.
A su vez, aclara que “desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación”.
“El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”, agrega.
Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.
El proyecto prevé que “si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos”. “En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima”, suma.
Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.
Específicamente, se mencionan penas tales como la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad.
Éstas últimas serán: privación de la libertad en domicilio; privación de la libertad en un instituto abierto; privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. “La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, establece.
Respecto de los adolescentes alcanzados por la ley, quedará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. “La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”, estima.
Otro párrafo señala que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.
Sobre la reclusión, se indica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
“En este sentido, cabe destacar que la Ley N°22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social”, expresó el PEN.
Además, consideró que uno de los “problemas” de la legislación actual es “la edad de imputabilidad”. “Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”, manifestó.
Y se resaltó que, respecto a la región, la edad de 16 se encuentra entre las “más bajas”, siendo de 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago.
Por otra parte, en los fundamentos el Gobierno mencionó los antecedentes de ocho proyectos presentados en Diputados por distintos bloques.
proyecto de ley penal juvenil
Acompañado por un centenar de dirigentes del Pro y Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, el precandidato a gobernador hizo la presentación en Pinamar.
Metido de lleno en su campaña para gobernador, el jefe del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, encabeza este lunes y martes en Pinamar unas jornadas de trabajo en las que debaten las principales problemáticas de la provincia, con el fin de elaborar un plan de gobierno. Es el primero de varios encuentros en los que buscan establecer el “Para Qué” -según los códigos planteados por el expresidente Mauricio Macri- en este caso en la provincia de Buenos Aires.
Alineado con la precandidatura presidencial de María Eugenia Vidal, pero muy cercano a Macri, a quien citan en una convocatoria en la que hablan de hacer base en “los valores que unen”, y “trabajar en las ideas y definir los planes de acción”, Ritondo convoca a “retomar el camino que inició con María Eugenia Vidal en 2015”.
Respecto de la seguridad, una de las principales demandas en la provincia de Buenos Aires, es que Ritondo hizo la presentación de los proyectos de ley, para reformar el Código Penal y el Régimen Penal de Minoridad. Lo acompañaron los intendentes de General Pueyrredón Guillermo Montenegro y de Pinamar, Martín Yeza; Luis Mora (papá de Martín, un joven asesinado en un hecho de inseguridad por adolescentes); y referentes de más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires del Pro y Juntos por el Cambio.
Recordemos que otro diputado del Pro, Diego Santilli, quien también aspira a ser candidato a gobernador bonaerense por Juntos, presentó la semana pasada un proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil.
Ritondo advierte que es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo. “El objetivo de Juntos por el Cambio es volver a gobernar para transformar el rumbo del país y por eso estos proyectos de ley son para obtener mejores herramientas y más efectivas para combatir la inseguridad”, asegura.
Cristian Ritondo apuesta a los cambios integrales que puede generar principalmente la reforma del Código Penal: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.
El proyecto de reforma del Código Penal de la Nación plantea actualizaciones importantes sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viables.
En ese contexto, el precandidato a gobernador advirtió: “Ante el creciente incremento de delitos violentos, es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo” y recordó: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.
Luis Mora, quien viene trabajando junto a Ritondo en los proyectos de ley y tiene una petición en Change.Org con más de 60 mil firmas para modificar el régimen penal juvenil, sostuvo “No hay palabras para justificar lo que le pasó a mi hijo”, dijo y agregó: “Le pido a la gente y al ciudadano común que me apoye con la firma para lograr la ley de imputabilidad de menores que está encaminada para tratar en el recinto”.
“Usen la petición de Change.org y firmen” y añadió: “Mientras más sumemos, más positividad tendremos en el tratado de la ley”.
Por su parte el intendente Guillermo Montenegro argumentó: “Como colaborador en el proyecto, puedo decir que estas herramientas fueron trabajadas en equipo, escuchando a la gente, con el objetivo de asegurarnos que estos casos puedan resolverse”.
Por último, Yeza expresó: “Las leyes penales tienen que ser claras, por un lado para que el que las hace las pague con un régimen jurídico acorde y además evitar la injusticia que genera la discrecionalidad: Esta ley es un avance”.
● Incorpora la posibilidad del decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales
● Define criterios objetivos para la determinación de las penas, por ejemplo, se establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.
● Los reincidentes y autores de delitos graves como es el narcotráfico, los homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestro extorsivo agravado, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, entre otros, no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional.
● Para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como es el homicidio agravado.
● En cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad, se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad es un homicidio agravado con prisión perpetua.
● Aumentan las penas para el narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes.
● En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proyecto prevé un aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción.
● Incorpora delitos para castigar el terrorismo con fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores.
El otro proyecto de ley que el diputado nacional del Frente Pro Cristian Ritondo considera también fundamental es el de un nuevo Régimen Penal de la Minoridad: “El Estado está abandonando a la víctima y también a esos menores que seguramente vuelvan a delinquir porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida. Por eso creemos que hay que bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años, que permita dar respuesta adecuada frente a esta situación”.
5885-D-2022La portavoz de la Presidencia señaló que la norma es “viejísima”, pero recordó que “han fracaso distintos intentos” por reformarla. Cruzó a Larreta sobre la edad de imputabilidad.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo este jueves que es necesaria una modificación del Régimen Penal Juvenil, porque es una ley que “es muchos casos es injusta e inequitativa”, pero recordó que “han fracasado varios intentos” por reformarla.
Consultada por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, en el cual estuvo involucrada una adolescente de 15 años, la funcionaria salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la edad de imputabilidad.
“Con respecto a la edad de imputabilidad, primero quiero corregir al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es cierto que sean inimputables a los 16 años como dijo hace dos días. Debería leer la ley penal juvenil. Tienen un tratamiento especial, no van a cárceles comunes, pero son imputables. De hecho hay cinco mil jóvenes, entre 16 y 18 años, llevando adelante procesos penales”, resaltó.
Al respecto, Larreta había cuestionado que “hoy un chico puede votar a los 16 años pero no es imputable, ahí hay una contradicción”.
En referencia a la norma actual, Cerruti expresó: “Sí, por supuesto, tenemos una ley penal juvenil viejísima, de la época de la dictadura; y han fracasado distintos intentos por modificarla“. “Tenemos que insistir en modificarla porque esa ley no solo no sirve para resolver los casos actuales, sino que en muchos casos es injusta e inequitativa”, apuntó.
La exdiputada aseguró que “vamos a seguir trabajando para la reforma de la ley penal juvenil, que contemple, entre otras cosas, que los lugares de detención trabajen para la reinserción y revinculación, además del castigo, de los jóvenes que cometen delitos y constituyen tragedias para muchos argentinos”.
Durante el gobierno de Cambiemos, la discusión por la baja de la edad de imputabilidad intentó instalarse en 2017, pero fue finalmente en 2019 cuando se envió el proyecto al Congreso. Sin embargo, la iniciativa no avanzó.
Ante los hechos recientes, el diputado radical Luis Petri presentó esta semana un proyecto en ese sentido.
