En Diputados proponen modificar el régimen penal juvenil para incorporar herramientas interdisciplinarias y fortalecer el abordaje de jóvenes en conflicto con la ley penal.
La iniciativa de la diputada Lucía Iañez busca que los informes de los equipos interdisciplinarios de niñez tengan valor de prueba pericial. El objetivo es agilizar las causas y evitar la revictimización de menores en el Fuero de Familia.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de ley que propone cambios estructurales en la articulación entre el Poder Judicial y los organismos de protección de derechos.
La iniciativa, impulsada bajo el expediente D-1355/26-27, busca otorgar mayor peso legal a las intervenciones que realizan los profesionales en el territorio antes de que los casos lleguen a los juzgados.
El núcleo del proyecto radica en la modificación de las leyes 13.634 (Fuero de Familia) y 13.298 (Promoción y Protección Integral). El cambio más significativo establece que los informes elaborados por equipos interdisciplinarios de salud, educación o instituciones de guarda deberán ser considerados prueba técnica preferente por los magistrados.
Según el articulado propuesto, la desestimación de las recomendaciones de dichos equipos territoriales requerirá de una fundamentación técnica exhaustiva, bajo pena de nulidad de la resolución.
Con esta medida, se busca que los informes tengan valor de prueba pericial documental sin necesidad de ratificación presencial, a menos que exista una impugnación por falsedad. Esto evitaría que los niños deban pasar por múltiples entrevistas similares, agilizando los tiempos procesales y optimizando los recursos del Estado.
Otro punto clave es la creación de una Mesa de Articulación Técnica obligatoria. Este espacio servirá para revisar las Medidas de Abrigo y los planes de egreso. La intención es que los peritos del juzgado y los profesionales que asisten al menor en su vida cotidiana trabajen de manera coordinada bajo protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia.
En los fundamentos del texto, la diputada Lucía Iañez destaca que existe una “marcada disparidad en el reconocimiento institucional de los equipos que operan en los barrios y comunidades”.
El proyecto sostiene que estos profesionales son “quienes poseen el conocimiento directo y sostenido de las realidades familiares, por lo que su jerarquización es indispensable para asegurar una tutela judicial efectiva”.
La propuesta entra ahora en etapa de debate en comisiones, donde se espera que reciba el aporte de distintos sectores vinculados a la Minoridad y la Justicia antes de su tratamiento en el recinto.
Buscan la implementación de un sistema penal juvenil especializado que establece la responsabilidad a partir de los 14 años y se estructura sobre un enfoque integral.
El senador del PRO Guillermo Montenegro presentó en el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que impulsa una reforma integral del régimen de responsabilidad penal juvenil, en línea con los estándares establecidos por la Ley Nacional N.º 27.801.
El objetivo de la presentación es actualizar un sistema que hoy “resulta insuficiente para abordar la complejidad de la problemática y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los bonaerenses: la seguridad”.
La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de la totalidad del bloque de senadores del PRO, propone la implementación de un sistema penal juvenil especializado que establece la responsabilidad a partir de los 14 años y se estructura sobre un enfoque integral que articula sanción, intervención estatal temprana y mecanismos efectivos de reinserción social, incorporando garantías procesales reforzadas y una mayor participación de las víctimas en todas las etapas del proceso.
El proyecto de ley avanza sobre la necesidad de superar un esquema fragmentado y desactualizado, proponiendo un modelo coherente con los principios de legalidad, proporcionalidad y especialización, alineado con los criterios nacionales e internacionales vigentes, que permita al Estado actuar de manera oportuna frente a conductas delictivas cometidas por adolescentes, evitando la consolidación de trayectorias delictivas y fortaleciendo la capacidad preventiva del sistema.
Asimismo, el proyecto incorpora instrumentos concretos para mejorar la eficacia del sistema, como la especialización obligatoria de jueces y operadores judiciales, la integración de equipos interdisciplinarios que permitan abordar la complejidad social de los casos y la creación de mecanismos de seguimiento y control de las medidas aplicadas, asegurando su cumplimiento y evaluación en el tiempo.
La reforma se inscribe en un diagnóstico claro: la falta de actualización normativa y de herramientas adecuadas limita la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva, generando un doble impacto negativo, tanto en términos de seguridad como en la posibilidad de reencauzar las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley penal, por lo que avanzar en un sistema moderno, especializado y alineado con la normativa nacional no constituye una opción sino una necesidad estructural para la provincia de Buenos Aires.
La Ley 27.801 fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. A partir de este cambio, los adolescentes son penalmente imputables desde los 14 años.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, mediante el decreto 138/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial junto al texto de la norma.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La ley fue sancionada el pasado 27 de febrero en el Senado por 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención.
A partir de la nueva legislación, que reemplazó la que estaba vigente hace más de 40 años (databa de 1980), los adolescentes ya no serán penalmente imputables a los 16 sino a los 14 años.
La norma prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podría aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
El nuevo régimen prohíbe para los menores la imposición de las penas de reclusión perpetua y de prisión perpetua, restringiendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad a 15 años.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
La ley indica que cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.
También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
A su vez, se introduce la figura de un "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.
De acuerdo al artículo 52, la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió este lunes.
En el marco de un debate extenso, la Cámara alta aprobó una nueva ley penal que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de una serie de normativas que reorganizan el régimen penal juvenil e incorporan medidas alternativas a la privación de la libertad.
Foto: Comunicación Senado
La Cámara de Senadores convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, una decisión histórica siendo que modifica una norma vigente desde 1980. Esto es, el oficialismo libertario consiguió este viernes lo que otras administraciones intentaron sin éxito, naufragando siempre el tema en el ámbito de las comisiones -solo una vez en 2009 había alcanzado la media sanción en el Senado, que luego fue frizada-. Fue en el marco de una extensa sesión que concluyó a las 18.15, con la aprobación por 44 votos afirmativos, 27 en contra y 1 abstención.
Conseguida la aprobación en general, el Cuerpo se abocó al tratamiento en particular de la norma, en una votación que igual que en la Cámara baja se realizó por títulos. Todas las en particular repitieron el resultado de la general y una vez terminada, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, comunicó la sanción definitiva de la Ley Penal Juvenil.
El proyecto, que en la Cámara de Diputados fue aprobado el 12 de febrero pasado, con 149 votos afirmativos y 100 negativos, establece una baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años para adolescentes que cometen delitos. De todas maneras, la ley entrará en vigencia a las 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
La aprobación fue con una amplia diferencia sobre el rechazo. (Foto: Comunicación Senado)
La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien destacó que "estamos frente a una jornada histórica". Recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, "anterior a la reforma constitucional de 1994" y la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño por parte de nuestro país.
El salteño aseguró que se trata de aplicar un régimen "moderno, integral y especializado" donde "estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso" del adolescente. "Es una reforma que tiene pilares claros", agregó y mencionó que hace más de una década organismos internacionales "instaron a nuestro país a abandonar el modelo tutelar que hoy nos rige".
Luego de afirmar que no solo se trata de una modernización normativa, el libertario dijo que es "saldar una deuda histórica", ya que cuando anteriormente se intentó avanzar los proyectos fueron "descalificados como punitivistas, violatorios de los derechos humanos, regresivos". "Mantener la ley de 1980 es totalmente regresivo. Esa ley puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico", enfatizó y sumó que la legislación actual "no respeta las garantías mínimas".
En esa línea, Guzmán Coraita sostuvo que este régimen "está acorde a los estándares internacionales a los cuales el Estado se ha comprometido". "Estamos avanzando hacia adelante", expresó y se refirió a la cuestión de la edad: "La edad de 16 años no es un derecho ni un estándar en sí mismo. El Comité de los Derechos del Niño ha analizado distintos regímenes donde preponderantemente la edad es de 14 años y no ha dicho que sea contrario a la Convención".
Por otra parte, el legislador detalló datos de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales en 2023 hubo 17.551 causas penales con menores involucrados y en 2024 fueron 18.972, "un incremento del 10%". "Detrás de cada número hay un hecho, una víctima, una familia, un adolescente que ha cometido delito y una historia personal", señaló. En su discurso, donde además precisó cada uno de los títulos del proyecto, mencionó que Argentina "junto a Cuba somos los únicos países en la región que mantiene los 16 años".
A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich señaló que el problema “son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento a un régimen penal en materia de capacidad instalada, pero también, lugares de alojamiento y las políticas públicas necesarias para observar el problema que separe causas y consecuencias. Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”.
Además, planteó que es necesario establecer cuáles son el número de casos en donde efectivamente existen personas detenidas: “En Argentina se registran 935 niños y adolescentes detenidas. En Chaco son 23 casos. Es importante remarcar el número y la evaluación de la tasa de homicidios y delitos cometidos en función de la edad porque cuando se hace un análisis riguroso en el país el 97% de niños y adolescentes son nativos, 9 de cada 10 personas son varones y, a su vez, el porcentaje de delitos de menores alcanza el 2%”.
“La problemática entre 12 a 17 años son 43% porque los delitos están fuertemente asociados a la propiedad 57%, a las personas y delitos de integridad sexual son el 7,5%. El problema es de alta sensibilidad porque existen víctimas y niños, y porque tenemos un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y las capacidades estatales sensibles y eficientes para resolver esto”, manifestó el senador del bloque Justicialista.
Capitanich señaló que hay “una sobrepoblación carcelaria que se estima en el 30% en el sistema penitenciario. Es una cuestión compleja”, y se refirió al presupuesto que establece el proyecto: “Ese componente en cifras es equivalente a 24 mil millones de pesos, pero si tomamos alojamientos de 100 personas esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tarde 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, y cerró: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas para garantizar un ordenamiento jurídico”.
A su turno, la senadora de la UCR Gabriela Valenzuela habló de "una reforma trascendental" en la que "no estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías".
En esa línea, la correntina dijo que la norma vigente "nada tiene que ver con el país que construimos desde 1983" y, por eso, "es una deuda democrática que este Congreso tiene la obligación de saldar". "No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades", insistió.
Yendo al proyecto, la radical remarcó que "un punto central es que la privación de la libertad del adolescente deja de ser una respuesta automática y se convierte en un recurso verdaderamente excepcional". "Los jóvenes necesitan límites claros y oportunidades para su reinserción", añadió.
A continuación, la senadora Alicia Kirchner objetó el presupuesto que se destina en la ley y cómo se destinará hacia las provincias. "En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación, les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?", se preguntó.
"Yo no digo que la pobreza traiga el delito, pero la pobreza sí importa", subrayó la exministra de Desarrollo Social, para enfatizar que se requieren medidas e inversión en otras áreas, como la salud mental. "Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto", manifestó.
La legisladora del bloque Justicialista comparó que en Colombia, donde la edad de imputabilidad es de 14 años, hay "un 25,9%" de menores en encierro, mientras que en Ecuador, donde es de 12 años, "hay 45,1% de menores en encierro, diez veces más por delitos graves que la República Argentina. Evidentemente la edad no es el problema, el problema va más a fondo". Sobre esto, sumó: "No lo dejemos en la punibilidad, no legislemos sin saber cómo vamos a dar respuestas. Hay que tener una mirada más integrada".
En un extenso discurso, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.
Avanzado el debate, Beatriz Ávila apuntó que este "es un tema complejo, sensible, pero profundamente necesario" ya que "el Estado no puede estar indiferente frente a delitos cometidos por menores", los cuales previamente, para llegar a esa instancia, "ya han sido desprotegidos por el propio Estado". "Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad" y que sean "utilizados por organizaciones delictivas", advirtió.
La senadora del bloque Independencia aseveró que en la sociedad hay "mucha frustración en ver cómo menores cada vez con mayor facilidad cometen un delito y salen al otro día". "El espíritu de esta norma tiene que ver con responsabilidad y oportunidad", defendió y reflexionó que "cuando un menor comete un delito todos fracasamos. Pero ese fracaso no puede convertirse en impunidad". Además, dijo que "esto no debe terminar solo en esta ley", sino que hay que trabajar en "salud mental, educación, inserción laboral".
En su intervención, la catamarqueña Lucía Corpacci (UP) calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” y que “no busca mejorar la inseguridad”. En ese sentido, planteó: “Nosotros somos legisladores, no estamos responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor”.
“Quieren acusar a los niños de la inseguridad del país. Las estadísticas dicen que solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley y tenemos el menor índice de delitos en toda América Latina. Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”, expresó y sumó: “La tasa de homicidios es de 3.8% cada 100 mil habitantes. Somos el país menos inseguro. Nosotros estamos para actuar con racionalidad y humanidad”, y preguntó: “¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa? Solo a gente que cree que lo que no es igual se tiene que destruir”.
Corpacci ratificó que “la baja de edad no soluciona nada. Van a sacar excelentes adultos del delito. Las personas están presas para cumplir un castigo y para ser reinsertado en la sociedad. El presupuesto que proponen no sirve para nada. Solo les importa golpear y castigar. Esta ley no soluciona nada, solo garantiza tener más jóvenes delinquiendo. Esto no es la solución, es la debacle. Este Gobierno quiere encerrar chicos de 14 años y esta ley es invotable”.
Titular del bloque Pro, el senador misionero Martín Goërling, consideró que el Régimen Penal Juvenil “es una ley de sentido común que viene a poner una solución a un problema que es real de hace muchos años en una Argentina donde vemos a menores que delinquen y que matan”. También se dirigió a las familiares de las víctimas presentes en el recinto de la Cámara alta y lamentó que “nunca tuvieron justicia” por sus pérdidas.
Al ratificar el apoyo de su bancada, conformado también por la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina, señaló que “el resto de los países de América Latina ya zanjó este debate”, respecto a la baja en la edad de imputabilidad. Luego, explicó que “los chicos salen a delinquir porque el Estado está ausente”, y concluyó: “Si un menor mató a los 15, a los 18 va a estar peor, y esta ley viene a poner blanco sobre negro para darle una nueva oportunidad a esos jóvenes que delinquen”.
Por el bloque Justicialista, el senador rionegrino Martín Soria apuntó con aquellos que utilizan ese “argumento berreta de pedir ‘pena de adulto para delito de adulto’”. Comparó este debate con el trunco del 2025 cuando pertenecía al otro cuerpo: “el análisis que se hizo en la Cámara de Diputados fue distinto a lo que hizo en este Senado, donde muchos artículos fueron modificados e, incluso, eliminados porque contradecían a la Constitución Nacional y a tratados internacionales”.
De todas maneras, el exministro de Justicia de la Nación durante el gobierno del Frente de Todos señaló que “sigue siendo una ley muy mala y quiero que quede claro que no estamos debatiendo si dar una respuesta desde el Estado por si un mejor comete delito, acá estamos convencidos”. “Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”, cerró.
A su turno, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), consideró que el problema de la juventud y de la delincuencia “es una deuda de la política no es cuestión de mano dura o no, hay que reconstruir un contrato social para que el joven sienta que el país le da un futuro”.
“Quienes están en contra de la ley creo que no la han leído. Se han puesto en una posición doctrinaria o de contra sin leerla porque no parece una ley penal. Parece como que el Estado va a salir a agarrar a todos los menores y meterlos presos según lo que dicen, pero cuando lees la ley es más un plan social que una ley penal porque la mayoría de las consignas que tiene son los que realmente el Estado tenía que haberse hecho cargo hace tiempo en cuanto a los menores”, afirmó.
Vischi analizó que “no podemos seguir mirando para el costado porque los menores de 14 años en adelante comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos. No podemos seguir haciendo como si nada pasó. No le podemos decir a la sociedad y a la familia de las víctimas que no pasa nada si un menor de edad comete un delito. No puede ser que no hagamos nada. Esta ley es sumamente necesaria porque es un pedido de la sociedad”.
El cierre del debate estuvo a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien aseguró que el Congreso tiene “la gran oportunidad” de terminar con una de las “grandes injusticias del sistema penal argentino” que es una ley que viene de la dictadura y convirtió a cada juez “en dueño de la vida de cada menor que cometía delitos. Un sistema tutelar sin claridad, donde la ley no era igual para todos. Era un factor discrecional”.
“Ponemos una edad de imputabilidad porque es necesario dar certeza”, señaló la presidenta del bloque. (Foto: Comunicación Senado)
“Acá el kirchnerismo hizo de la seguridad el mundo del revés, donde habló del victimario y nunca de la víctima. Convirtieron a los presos, detenidos, asesinos y abusadores en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado para que puedan vivir, cuando el 99% no cometen delitos con independencia de la situación social en la que viven”, apuntó.
Bullrich remarcó que el Estado “no va a seguir mirando para otro lado ¿o quieren que los ciudadanos sean de segunda frente a delincuentes que hoy tienen derechos que la Argentina les sigue dando a pesar de los crímenes que cometen? Ponemos una edad de imputabilidad porque es necesario dar certeza. Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”, y afirmó: “Venimos a recuperar el sentido de la justicia que es fundamental. Venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es víctima del sistema y se deja solo al trabajador”.
“Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad y esto es lo que pasaba. El lugar del delincuente en la sociedad es de acuerdo al delito que comete, si asesina tiene que tener cadena perpetua porque matar no puede ser gratis ni para un menor de 14 años ni para alguien mayor”, exigió Bullrich y recordó el caso de Jeremías Monzón, asesinado por menores de edad en Santa Fe; el de Roberto Sabo asesinado en Ramos Mejía mientras atendía su kiosco; a Uma Aguilera cuyos padres son policías de la federal y eran sus custodios.
La senadora acusó a la oposición de mentir sobre el proyecto: “Mienten para asustar y que la gente crea que se van a llevar a los chicos por una pelea”, y ratificó que “los hechos tienen que tener consecuencias y el Estado no puede ser indiferente. La impunidad nunca educó a nadie y genera la idea de que todo vale. Destruye la conciencia moral del pueblo”.
Por último, destacó que el proyecto baja la edad a 14 años que se basa en “responsabilidad legal, en educación, medidas de re sociabilización, a la integración social, a planes de capacitación social, al acceso a la salud. Es una ley penal que también intenta generar una escala para frenar en el primer delito al delincuente y que no se convierta en un delincuente mayor. Un adolescente que roba y mata es consciente de lo que hace”, y explicó que tiene nueve tipos de penas delictivas, medidas educativas, seguimiento del Estado.
La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podría aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
La norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.
También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos. De todas maneras, la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
La senadora libertaria planteó que “hay educar con límites, que sean responsables de las consecuencias de tus actos”, y aseguró que la Ley Penal Juvenil actual “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”.
En un extenso discurso, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.
En su alocución durante la sesión del Senado de este viernes, la neuquina aseguró que se trata de un tema que “nos conmueve a todos y que lleva un largo debate” no solo dentro del recinto, sino de la sociedad. “La sociedad últimamente está más de forma más vehemente y convencida nos lo están pidiendo que modifiquemos la Ley Penal Juvenil que es arcaica, vetusta y vieja. Ya no sirve. No nos permite solucionar los problemas que estamos afrontando en la Argentina”, manifestó.
“Entiendo que hay muchas aristas y cada senador tendrá su postura sobre el tema, pero algunos son dignos de poder mencionar. Estoy sorprendida con las declaraciones del senador Capitanich”, apuntó y agregó: “Dice que la postura está basada en la doctrina social de la iglesia”. Esa línea, ironizó: “Yo creo que el Papa estos días resucitó y se murió varias veces cuando lo escuchaba porque decía que era ‘en la dignidad intrínseca del ser humano’”, y recordó que “lo dice quien forma parte de un gobierno que ha aprobado la Ley del Aborto que justamente no reconoce la realidad intrínseca del ser humano. Hoy parece que la nueva forma de matar, en este caso, a las personas por nacer es a través del aborto una nueva categoría es si sos deseado o no, si viniste en el momento indicado o no”.
Márquez consideró que “educar es poner límites. No estamos diciendo que un adolescente de 14 o 15 años es adulto. No, no lo es. Pero si comprende la criminalidad del hecho”. Así, cuestionó: “Algunos senadores daban estadísticas y comparaban la relación de la edad de imputabilidad en otros países que, dicho sea de paso, tenemos la edad más alta en comparación a Paraguay, Chile, Bolivia, pero comparaban los índices de homicidios y delitos”.
Al respecto, sostuvo que “no se trata de índices, así nosotros tuviéramos el más bajo, lo que se sanciona no es la cantidad de delitos que tengamos, lo que se sanciona es lo que está mal. Lo que se sanciona es si la persona ha cometido un delito”.
“Y lo primero que nos preguntamos es si la persona tiene consciencia de la criminalidad del hecho. ¿Sabe que la conducta está mal? Por favor, me muero si alguien hoy dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal. Si en pleno uso de sus facultades ¿no sabe que robar está mal? Sí que sabe. ¿También sabe que pegarle al compañero y molerlo a palos en una casita ahí al costado cerca de donde está la escuela no es un delito? Por supuesto que saben que es un delito. ¿Saben que dispararle a alguien está mal? Si lo sabe”, planteó Márquez.
A su vez, aclaró: “No estamos centrados en el índice de delitos que tienen el resto de los países. Lo que nosotros nos centramos es que si la persona adolescente de 14 años, de 15 años, tiene comprensión de la criminalidad. Y sí, la tiene”, y comparó: “Así como también tienen esa consciencia de lo que está bien y lo que está mal en la religión católica del Estado argentino, se pueden confesar a partir de los 8 años, porque si el chico no tuviera consciencia de lo que está bien o mal, no necesita confesarse. Si tiene actitud para tener la consciencia de ir a confesarse es que sabe que eso está mal”.
“Hay cosas que están mal, que no son delitos penales, y otras situaciones y hechos que están mal y son delitos penales y a eso nos estamos abocando. Lo que sí tenemos que afirmar es que tienen consciencia de la criminalidad del hecho. De que hay una víctima del otro lado. Se les puede explicar y entienden el proceso penal. Entonces son imputables. ¿Por qué no bajar la edad a 12 o 13 años? Hagamos el mismo debate. Entonces nosotros tenemos que educar con límites que sean responsables de las consecuencias de tus actos”, ratificó.
Márquez puso como ejemplo un caso ocurrido en la provincia de Rio Negro en septiembre del 2022 cuando un adulto junto con un menor ingresó a la vivienda de un matrimonio y ejecutan a Lucas Valentini. “En octubre estaba declarada la imputabilidad y el sobreseimiento del chico de 15 años. Ese chico que no se castigó enseguida el delito sintió que no había peligro en cometer delitos por lo que siguió robando hasta que, lamentablemente, dos años después murió en su propia ley por un disparo”, relató.
“Lo que tenemos que debatir es cuál es el mensaje que queremos darle a los adolescentes. Sos responsable de tus actos porque también hay consecuencias en las familias que sufrieron el dolor, la pérdida del ser querido, el trauma, el momento vivido que deja marcas que difícilmente puedan borrarse”, afirmó la libertaria.
En tanto, apuntó: “Escuché a senadores kirchneristas que combatamos el narcotráfico, entonces empecemos por lo más mínimo y dejemos de hablar de consumo responsable. ¿Consumo responsable? Drogate y matate, pero de a poquito, dale. Parece que ese es el mensaje. Dejemos de hablar y de promover como si fuera algo bueno el consumo de drogas social o el consumo de marihuana medicinal”.
La libertaria recordó los casos de Lara Fernández de 17 años asesinada de un disparo en la cabeza por robarle “un miserable celular” en 2022 por un menor de 15 años; Jeremías Monzón también asesinado y torturado en el 2025 con 22 puntazos que le llegaron al corazón mientras lo filmaban y se burlaban en el 2025: “Los asesinos de 14 y 15 años. Ah no, pero son inimputables. El de 14 no entendía. Capaz al puntazo 20 quizás no se dio cuenta. ¿No se dio cuenta?”.
También recordó el caso de Joaquín Speroni de 13 años quien recibió en el 2023 un total de 18 golpes en su cabeza por parte de “un compañero de 13 años, el asesino”; Roberto Sabo de 45 años asesinado en 2021 en su kiosco que le dispararon para robarle, uno de ellos tenía 15 años; Isaías Mendoza de 15 años quien recibió una “terrible golpiza” en el 2025 que le produjo un daño neurológico severo; Uma Aguilera de 9 años asesinada en un intento de robo, “miserables. Falleció al recibir un tiro en la nuca por un menor de 17 años”; Kim de 7 años arrastrada en el auto por 15 cuadras por dos menores de 14 y 17 años que “prefirieron velar por su vida antes que por la menor”.
“No necesitamos conocer todas las historias que pasan para tener la entereza moral de sentarnos a venir a decir que vamos a acompañar este proyecto porque estamos convencidos que la conducta debe corregirse, queremos una sociedad mejor donde se promueva la educación y el trabajo. Hacemos esto por cada familia que llora a un ser querido que nunca va a recuperar y la justicia nunca va a poder sanar ese dolor. Nada llena el vacío de haber perdido a un ser querido. Que sea justicia y que sea ley”, cerró.
Un tema discutido por más de dos décadas está a un paso de convertirse en ley. El principal aspecto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Foto: Comunicación Senado
Tras más de dos décadas de discusión en torno al tema, que reflotaba frecuentemente a raíz de casos mediáticos, el Congreso de la Nación está a un paso este viernes de sancionar la ley que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para los adolescentes que cometan delitos.
Luego que el tema se tratara en comisiones entre 2024 y 2025 en la Cámara de Diputados, durante las sesiones extraordinarias de este mes de febrero, el oficialismo decidió motorizar nuevamente el proyecto: el impacto del crimen de Jeremías Monzón y los números más favorables para La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso fueron clave.
Así, tras la media sanción de la Cámara baja el pasado 12 de febrero, el Senado inició el debate del proyecto este viernes a las 11.32. La iniciativa se encamina a ser ley, un hecho que será remarcado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del próximo domingo.
La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien destacó que "estamos frente a una jornada histórica". Recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, "anterior a la reforma constitucional de 1994" y la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño por parte de nuestro país.
El salteño aseguró que se trata de aplicar un régimen "moderno, integral y especializado" donde "estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso" del adolescente. "Es una reforma que tiene pilares claros", agregó y mencionó que hace más de una década organismos internacionales "instaron a nuestro país a abandonar el modelo tutelar que hoy nos rige".
Luego de afirmar que no solo se trata de una modernización normativa, el libertario dijo que es "saldar una deuda histórica", ya que cuando anteriormente se intentó avanzar los proyectos fueron "descalificados como punitivistas, violatorios de los derechos humanos, regresivos". "Mantener la ley de 1980 es totalmente regresivo. Esa ley puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico", enfatizó y sumó que la legislación actual "no respeta las garantías mínimas".
En esa línea, Guzmán Coraita sostuvo que este régimen "está acorde a los estándares internacionales a los cuales el Estado se ha comprometido". "Estamos avanzando hacia adelante", expresó y se refirió a la cuestión de la edad: "La edad de 16 años no es un derecho ni un estándar en sí mismo. El Comité de los Derechos del Niño ha analizado distintos regímenes donde preponderantemente la edad es de 14 años y no ha dicho que sea contrario a la Convención".
Por otra parte, el legislador detalló datos de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales en 2023 hubo 17.551 causas penales con menores involucrados y en 2024 fueron 18.972, "un incremento del 10%". "Detrás de cada número hay un hecho, una víctima, una familia, un adolescente que ha cometido delito y una historia personal", señaló. En su discurso, donde además precisó cada uno de los títulos del proyecto, mencionó que Argentina "junto a Cuba somos los únicos países en la región que mantiene los 16 años".
A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich señaló que el problema “son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento a un régimen penal en materia de capacidad instalada, pero también, lugares de alojamiento y las políticas públicas necesarias para observar el problema que separe causas y consecuencias. Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”.
Además, planteó que es necesario establecer cuáles son el número de casos en donde efectivamente existen personas detenidas: “En Argentina se registran 935 niños y adolescentes detenidas. En Chaco son 23 casos. Es importante remarcar el número y la evaluación de la tasa de homicidios y delitos cometidos en función de la edad porque cuando se hace un análisis riguroso en el país el 97% de niños y adolescentes son nativos, 9 de cada 10 personas son varones y, a su vez, el porcentaje de delitos de menores alcanza el 2%”.
“La problemática entre 12 a 17 años son 43% porque los delitos están fuertemente asociados a la propiedad 57%, a las personas y delitos de integridad sexual son el 7,5%. El problema es de alta sensibilidad porque existen víctimas y niños, y porque tenemos un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y las capacidades estatales sensibles y eficientes para resolver esto”, manifestó el senador del bloque Justicialista.
Capitanich señaló que hay “una sobrepoblación carcelaria que se estima en el 30% en el sistema penitenciario. Es una cuestión compleja”, y se refirió al presupuesto que establece el proyecto: “Ese componente en cifras es equivalente a 24 mil millones de pesos, pero si tomamos alojamientos de 100 personas esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tarde 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, y cerró: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas para garantizar un ordenamiento jurídico”.
A su turno, la senadora de la UCR Gabriela Valenzuela habló de "una reforma trascendental" en la que "no estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías".
En esa línea, la correntina dijo que la norma vigente "nada tiene que ver con el país que construimos desde 1983" y, por eso, "es una deuda democrática que este Congreso tiene la obligación de saldar". "No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades", insistió.
Yendo al proyecto, la radical remarcó que "un punto central es que la privación de la libertad del adolescente deja de ser una respuesta automática y se convierte en un recurso verdaderamente excepcional". "Los jóvenes necesitan límites claros y oportunidades para su reinserción", añadió.
A continuación, la senadora Alicia Kirchner objetó el presupuesto que se destina en la ley y cómo se destinará hacia las provincias. "En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación, les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?", se preguntó.
"Yo no digo que la pobreza traiga el delito, pero la pobreza sí importa", subrayó la exministra de Desarrollo Social, para enfatizar que se requieren medidas e inversión en otras áreas, como la salud mental. "Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto", manifestó.
La legisladora del bloque Justicialista comparó que en Colombia, donde la edad de imputabilidad es de 14 años, hay "un 25,9%" de menores en encierro, mientras que en Ecuador, donde es de 12 años, "hay 45,1% de menores en encierro, diez veces más por delitos graves que la República Argentina. Evidentemente la edad no es el problema, el problema va más a fondo". Sobre esto, sumó: "No lo dejemos en la punibilidad, no legislemos sin saber cómo vamos a dar respuestas. Hay que tener una mirada más integrada".
En un extenso discurso, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.
Avanzado el debate, Beatriz Ávila apuntó que este "es un tema complejo, sensible, pero profundamente necesario" ya que "el Estado no puede estar indiferente frente a delitos cometidos por menores", los cuales previamente, para llegar a esa instancia, "ya han sido desprotegidos por el propio Estado". "Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad" y que sean "utilizados por organizaciones delictivas", advirtió.
La senadora del bloque Independencia aseveró que en la sociedad hay "mucha frustración en ver cómo menores cada vez con mayor facilidad cometen un delito y salen al otro día". "El espíritu de esta norma tiene que ver con responsabilidad y oportunidad", defendió y reflexionó que "cuando un menor comete un delito todos fracasamos. Pero ese fracaso no puede convertirse en impunidad". Además, dijo que "esto no debe terminar solo en esta ley", sino que hay que trabajar en "salud mental, educación, inserción laboral".
En su intervención, la catamarqueña Lucía Corpacci (UP) calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” y que “no busca mejorar la inseguridad”. En ese sentido, planteó: “Nosotros somos legisladores, no estamos responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor”.
“Quieren acusar a los niños de la inseguridad del país. Las estadísticas dicen que solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley y tenemos el menor índice de delitos en toda América Latina. Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”, expresó y sumó: “La tasa de homicidios es de 3.8% cada 100 mil habitantes. Somos el país menos inseguro. Nosotros estamos para actuar con racionalidad y humanidad”, y preguntó: “¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa? Solo a gente que cree que lo que no es igual se tiene que destruir”.
Corpacci ratificó que “la baja de edad no soluciona nada. Van a sacar excelentes adultos del delito. Las personas están presas para cumplir un castigo y para ser reinsertado en la sociedad. El presupuesto que proponen no sirve para nada. Solo les importa golpear y castigar. Esta ley no soluciona nada, solo garantiza tener más jóvenes delinquiendo. Esto no es la solución, es la debacle. Este Gobierno quiere encerrar chicos de 14 años y esta ley es invotable”.
Titular del bloque Pro, el senador misionero Martín Goërling, consideró que el Régimen Penal Juvenil “es una ley de sentido común que viene a poner una solución a un problema que es real de hace muchos años en una Argentina donde vemos a menores que delinquen y que matan”. También se dirigió a las familiares de las víctimas presentes en el recinto de la Cámara alta y lamentó que “nunca tuvieron justicia” por sus pérdidas.
Al ratificar el apoyo de su bancada, conformado también por la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina, señaló que “el resto de los países de América Latina ya zanjó este debate”, respecto a la baja en la edad de imputabilidad. Luego, explicó que “los chicos salen a delinquir porque el Estado está ausente”, y concluyó: “Si un menor mató a los 15, a los 18 va a estar peor, y esta ley viene a poner blanco sobre negro para darle una nueva oportunidad a esos jóvenes que delinquen”.
Por el bloque Justicialista, el senador rionegrino Martín Soria apuntó con aquellos que utilizan ese “argumento berreta de pedir ‘pena de adulto para delito de adulto’”. Comparó este debate con el trunco del 2025 cuando pertenecía al otro cuerpo: “el análisis que se hizo en la Cámara de Diputados fue distinto a lo que hizo en este Senado, donde muchos artículos fueron modificados e, incluso, eliminados porque contradecían a la Constitución Nacional y a tratados internacionales”.
De todas maneras, el exministro de Justicia de la Nación durante el gobierno del Frente de Todos señaló que “sigue siendo una ley muy mala y quiero que quede claro que no estamos debatiendo si dar una respuesta desde el Estado por si un mejor comete delito, acá estamos convencidos”. “Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”, cerró.
NOTICIA EN DESARROLLO
Modernización Laboral y Régimen Penal Juvenil son los temas convocantes de la sesión de este viernes en la Cámara alta, donde el oficialismo espera alzarse con otras dos leyes aprobadas.
Con la satisfacción todavía presente por la jornada anterior en la que consiguió aprobar los tres temas llevados al recinto, el oficialismo espera confiado el resultado de la última sesión del período extraordinario, que se inició este viernes a las 11.14, con solo dos proyectos en el temario: Régimen Penal Juvenil y Modernización Laboral.
Tratados en ese orden, se espera obviamente que la mayor parte del debate se la lleve la Ley Penal Juvenil, dado que el segundo tema, que se tratará con posterioridad al resultado de la votación en particular del primer proyecto -que será por títulos igual que en Diputados-, será simplemente una votación para aprobar o no la ley venida con modificaciones desde la otra cámara.
Lo cual no implica que no vaya a haber debate, sobre todo a partir de la predisposición que muestre el kirchnerismo para extender esa discusión, prevista para después del desenlace del Régimen Penal Juvenil. Con un dato saliente que habrá que tener en cuenta: este viernes habrá ley, pues el Senado no puede rechazar ya el proyecto; la cámara de origen solo puede aceptar las modificaciones que hizo la cámara revisora,o insistir con la redacción original. No puede ser rechazada.
Se espera, sí, que el ahora ausente artículo 44° eliminado en la Cámara baja y referido a las licencias médicas y los polémicos descuentos salariales correspondientes esté presente en lo que vaya a decirse en el recinto. Con reproches opositores a que haya tenido que ser Diputados el que hiciera esos cambios.
Recordemos que el proyecto salió originalmente del Senado el 12 de febrero pasado, tras ser aprobado en una sesión que terminó de madrugada por 42 votos a favor y 30 en contra. La Cámara baja lo aprobó con modificaciones el 19 de febrero, en una votación en general que tuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones.
En la votación en particular se eliminó directamente el artículo 44°, pese a lo cual se mantiene el espíritu de una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.
Algunos de los puntos principales de la norma son los siguientes:
La Ley Penal Juvenil
En el caso del Régimen Penal Juvenil, viene de la Cámara de Diputados, donde se aprobó en una sesión especial el 12 de febrero pasado, con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones.
Este proyecto establece una baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.
La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podría aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
La norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.
También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos. En caso de ser aprobada, la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
NOTICIA EN DESARROLLO
La nueva norma, que reemplaza a la que databa de 1980, dispone la baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes que cometan delitos de los 16 a los 14 años. Qué más prevé.
● Se establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 hasta los 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito.
● Define como finalidad del Régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.
● Establece como objetivo procurar que el adolescente supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito.
● Expresa que, desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías de la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás normas.
● Establece también como derecho de los padres o responsables del menor el acceso a la información sobre la imputación y los actos procesales desarrollados.
● También expresa como otros principios rectores la protección integral de la víctima y sus familiares, la seguridad pública y la protección de la sociedad.
● Establece que en todo proceso que involucre como imputada o víctima a una persona menor de 18 años, deberá intervenir la asesoría tutelar correspondiente a la jurisdicción.
● El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán proteger en todo momento los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos.
● Dispone que los progenitores de los menores sometidos a proceso penal serán responsables civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos, de conformidad con lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.
● Al disponerse una condena de ejecución condicional o alguna de los otros supuestos regulados en la ley, se deberá imponer al menor medida complementaria, como asesoramiento, asistencia a distintos programas, tratamientos médicos, etc.
● En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima.
● El cumplimiento de las medidas complementarias estará sometido a control judicial.
● Cuando la pena prevista para el o los delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión y se cumplieran las demás condiciones reguladas en el Código Penal para las condenas condicionales, se deberá reemplazar la pena de prisión por alguna de las previstas en el artículo 12.
● Cuando la pena prevista para el o los delitos imputados sea de entre 3 y 10 años de prisión y ninguno de los hechos haya implicado la muerte de la víctima, violencia grave física o psíquica sobre las personas o, en el caso de delitos culposos, no hubiese lesiones gravísimas ni muerte o daño psíquico grave en la víctima, y además el adolescente imputado no tuviese otras condenas o procesos en trámite con auto de procesamiento, el tribunal podrá reemplazar la pena privativa de la libertad por alguna de las penas previstas en el artículo 12.
● En el artículo 12 se enumeran las penas que podrán imponerse al adolescente: amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime corresponder; prohibición de conducción de vehículos, si el delito imputado estuviese vinculado; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico; reparación integral del daño a la víctima; penas privativas de libertad.
● Se enuncian las penas privativas de la libertad:
a. Privación de la libertad en domicilio.
b. Privación de la libertad en un instituto abierto.
c. Privación de la libertad en un instituto especializado de detención
● En todos los casos se deberán imponer al adolescente, además, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con el fin de lograr su resocialización y desarrollo de vida.
● Prohíbe para los menores la imposición de las penas de reclusión perpetua y de prisión perpetua, restringiendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad a 15 años.
● Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto sea cumplido mediante penas restantes.
● Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa impuesta como condena, el juez deberá sustituirla por otra pena más severa.
● Una vez determinadas las medidas complementarias o las penas, el juez deberá designar un supervisor especializado a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado
● El adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención, con personal y directivos capacitados en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
● Las condiciones de detención deberán cumplir las siguientes reglas: los adolescentes imputados no deberán tener contacto con personas detenidas mayores de edad; se deberán contemplar criterios como personalidad y condiciones de salud; edad; identidad cultural y educativa; y naturaleza cautelar o punitiva de la privación de la libertad para ubicar a los menores.
● Se deberá garantizar la atención médica, psicológica y psiquiátrica de los adolescentes.
● Con el objetivo de lograr una futura inserción social y laboral del menor, se deberán promover actividades formativas, de capacitación laboral y, en la medida de lo posible, actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas.
● Además de los derechos y garantías previstos en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, las víctimas de delitos, en el marco del presente régimen, tendrán derechos a: ser asistidas en forma especializada para propender a su recuperación psíquica, física y social; recibir gratuitamente patrocinio jurídico para ejercer sus derechos y, en su caso, para querellar, si por sus circunstancias personales se encontraran imposibilitadas de solventarlo; participar, si es de su interés, de instancias de mediación con el adolescente imputado.
● El fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente imputado solamente si el delito que se le atribuye tiene prevista una pena máxima inferior o igual a 6 años de prisión, y siempre que los hechos no hayan ocasionado muerte, delitos culposos o lesiones gravísimas. En estos casos también podrá pedirse un proceso de mediación penal.
● El juez podrá disponer, a solicitud del imputado y con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, la suspensión del proceso a prueba cuando el delito del que se trate no exceda los 3 años de prisión y no resultare posible la mediación.
● Si el adolescente imputado cumpliera con las obligaciones asumidas durante el plazo establecido, se extinguirá la acción penal a su respecto.
● Deroga la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad y sus modificatorias.
● Invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal y las normas aplicables a los adolescentes desde los 14 hasta los 18 años de edad.
● Las erogaciones que requiere el cumplimiento de esta ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio. Para la implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia se destinan $23.739.155.303,08. La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos.
La Cámara alta realizará la preparatoria del 24 de febrero y dos sesiones de extraordinarias para tratar la modernización laboral, el acuerdo UE–Mercosur, el Régimen Penal Juvenil, cambios a la Ley de Glaciares y el pliego de Fernando Iglesias, en una agenda que no registraba tanta actividad simultánea desde hace casi una década.
Poco activo el año pasado, cuando realizó poco más de una decena de sesiones, el Senado de la Nación muestra un perfil mucho más activo ahora, con un oficialismo que ha triplicado su dotación, y esta semana se apresta a realizar nada menos que tres sesiones. Convengamos que una de ellas es la sesión preparatoria, pero después se realizarán dos sesiones de extraordinarias, para tratar el resto del temario pendiente enviado por el Poder Ejecutivo.
Más allá de que -reiteramos- una de las reuniones es la tradicional de todos los 24 de febrero, lo cierto es que para encontrar tres sesiones en una misma semana en el Senado hay que remontarse casi una década atrás. En abril de 2017, el Senado tuvo dos sesiones el martes 25 de abril: una breve, en la que aprobaron una declaración de emergencia para zonas inundadas, y otra a continuación, informativa, para recibir el informe del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. Y al día siguiente volvió a sesionar el Senado para convertir en ley el proyecto de tarifas gratuitas para electrodependientes, aprobar un límite a las excarcelaciones y sancionar una ley que equiparaba la penetración oral forzada con una violación.
Esta semana la actividad en el recinto de la Cámara alta se iniciará el martes, a las 12, con la sesión preparatoria que establece el artículo 1° del reglamento del Cuerpo, para elegir autoridades. Según ha trascendido, los cargos quedarían como están hoy, con la salvedad de la vicepresidencia 1°, que le corresponde al bloque Justicialista, que como viene sucediendo con las comisiones, haría reserva del lugar y designaría a su representante más adelante. Hasta el 10 de diciembre pasado ocupaba ese lugar la neuquina Silvia Sapag, quien ya no es senadora.
El presidente provisional del Senado continuaría siendo el puntano Bartolomé Abdala (LLA); la vice primera la radical Carolina Losada, y la vicepresidenta segunda la cordobesa Alejandra Vigo.
Victoria Villarruel presidirá la sesión preparatoria de este martes. (Fotos Comunicación Senado)
También se elegirá a los secretarios administrativos y parlamentarios, siendo actualmente el primero Alejandro Fitzgerald, elegido en la sesión de noviembre del año pasado en la que asumieron los nuevos senadores. Agustín Giustinian es secretario Parlamentario; en tanto que Lucas Clark y Dolores Martínez ocupan las prosecretarías Administrativa y Parlamentaria, respectivamente. Manuel Ignacio Chavarría es el prosecretario de Coordinación Operativa.
De las dos sesiones extraordinarias siguientes, la que ya ha sido pedida es la del viernes. Con las firmas de Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Coto, Martín Göerling. Flavia Royón y Edith Terenzi, solicitaron para el 27 de febrero a partir de las 11 el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral y el Acuerdo Comercial Unión Europea – Mercosur. El primer tema vuelve con modificaciones que le introdujo la Cámara baja, y se espera sea convertido en ley en esa jornada. El acuerdo comercial ya pasó también por Diputados y en caso de aprobarse, el Parlamento argentino será el primero de la región en darle el aval legislativo al mismo.
Según anticipó la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, la otra sesión pedida sería para el jueves 26, a fin de tratar nada menos que el nuevo Régimen Penal Juvenil, ya aprobado en Diputados, con lo que si consigue los votos, la norma que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, será ley.
No está confirmado, pero se espera que el otro tema que puedan incluir para ese día sería la modificación de la Ley de Glaciares, que tiene dictamen desde diciembre pasado y podría sufrir algunos cambios que serían anunciados en el propio recinto. De ser aprobado, deberá pasar luego por la Cámara baja, ya en el período ordinario.
Fernando Iglesias se presentó ante la Comisión de Acuerdos el jueves pasado.
Por último, sería votado el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. El exdiputado nacional se presentó el jueves pasado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que ahora preside el riojano Juan Carlos Pagotto, por lo que se espera que esta semana complete el recorrido legislativo para transformarse oficialmente en embajador, cargo que ostenta desde el mes de enero.
No hay ninguna actividad prevista para la Cámara baja, habida cuenta de que ese Cuerpo ya dio curso a los temas que le fueron asignados.
El despacho, que viene con media sanción el cual baja la edad de imputabilidad a 14 años, fue tratado en un plenario de comisiones y quedó listo para ser debatido en el recinto de la Cámara alta. Desde UP reclamaron que el oficialismo les había comunicado que no iba a haber oradores.
Con relatos desgarradores y lágrimas en los ojos de los familiares de víctimas de menores de edad, el Senado de la Nación dictaminó en la tarde de este jueves el proyecto que propone un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
La iniciativa fue debatida en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. La misma logró la media sanción el pasado 12 de febrero en la Cámara de Diputados, por lo que el oficialismo pretende llevarla al recinto de la Cámara alta la próxima semana en una sesión que aún no fue convocada de manera oficial.
El flamante titular de la Comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita, resaltó que la iniciativa tiene un “intenso recorrido en el Congreso”, y recordó que fue tratado en la Cámara baja en cuatro comisiones, entre julio de 2024 y mayo del 2025 se realizaron nueve reuniones formales de comisiones con la participación de 28 expositores especializados de múltiples disciplinas.
“El debate incorporó perspectivas jurídicas, médicas, criminológicas, neuro científicas e institucionales. Este recorrido robusto es el que da sustento al dictamen”, enumeró y sostuvo que “el Congreso de la Nación está pagando una de las deudas históricas que tenemos con el Régimen Penal Juvenil porque venimos de una ley de 1980 y han sido diversos los intentos legislativos para derogar este régimen por una ley que respete los estándares constitucionales que es el proyecto que tenemos en la mesa de trabajo”.
El salteño remarcó que el proyecto “respeta” los estándares internacionales en la materia y “establece de manera expresa los principios rectores que van a gobernar el sistema penal juvenil como el principio de legalidad, la proporcionalidad e idoneidad de las medidas restrictivas de la libertad, debido proceso legal, derecho de defensa técnica, plazos razonables, entre otros”.
“Este proyecto propone dar claridad, límites a las penas, respetar el principio de especialidad que debe gobernar, medidas socio educativas, sanciones alternativas. Todas medidas que permiten graduar la respuesta penal conforme a la gravedad del hecho y a la situación. Tenemos una tarea muy importante”, cerró.
Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, remarcó que los artículos 50 y 51 hablan de asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Justicia y para la Defensoría General de la Nación.
En nombre del bloque de Unión por la Patria, la senadora Juliana di Tullio reclamó que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, les había comunicado que no iba a haber oradores para el debate y que “no iban a aceptar otros oradores. Por eso no hicimos el pedido al plenario porque nos dijeron eso personalmente”, y cuestionó que “se le cercenó la palabra a quienes nos pidieron de venir a enriquecer el debate”.
"Ustedes no quieren debatir, quieren llevar de prepo un dictamen", denunció la bonaerense.
TENEMOS DICTAMEN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL EN EL SENADO
La semana que viene lo vamos a convertir en Ley.
En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada.…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 19, 2026
El primer testimonio espeluznante fue el de Laura Fernández, mamá de Lara, quien relató que su hija a la edad de 17 años festejaba el año nuevo en Lomas de Zamora con sus amigos, cuando cuatro delincuentes los asaltaron. “Uno de ellos la agarró del cuello. Mi hija se resistió. Le pusieron una 38 en la nuca y automáticamente Martín Aguirre, de 15 años de edad, le efectuó un disparo. Lara cayó al piso inmediatamente”.
“Cuando llegué al lugar mi hija ya había fallecido hacía unos minutos. Lara estaba tibia. No me dieron la posibilidad de despedirme. No pude donar sus órganos. No le dieron la posibilidad de estudiar lo que ella quería. A ella le sacaron todas sus posibilidades, y se la sacó un menor de 15 años”, relató, y sumó que el menor se escapó de un instituto dos veces.
Fernández detalló que el asesino de su hija “está cumpliendo una condena porque se escapó con 16 años. Le dieron 5 años y en el 2029 esta persona va a estar en libertar”. Así, preguntó: “¿Se podría haber evitado? Sí, porque tenía antecedentes. Al mes de haber matado a Lara, mató a otro hombre para robarle el auto. La verdad que se podría haber evitado todo si hubiera cumplido una pena por los delitos que había cometido y tendría que haber estar detenido y no matando a Lara”.
“Está en sus manos que esta ley salga. Sabemos que no es retroactiva para nosotros, pero queremos evitar que otras familias pasen por lo que nosotros estamos pasando. Nosotros ya no tenemos cumpleaños, no tenemos navidades. A nosotros nos arruinaron la vida eternamente Estoy acá de pie porque tengo otra hija y le prometí a Lara que iba a poner mi grano de arena para que este país crezca”, planteó y pidió a los legisladores que sean empáticos y se pongan en sus lugares.
“Me encantaría que ustedes puedan entender que te arruinen la vida eternamente. A mí me mataron. Entiendo que hablen de niños y adolescentes y de la reinserción y estoy a favor de eso, pero piensen en las víctimas porque se debatió qué van a hacer con esos menores, pero nadie habla ni piensa en las víctimas. Para nosotros ya no hay justicia, eso tenemos que cambiar”, cerró.
FOTO: COMUNICACIÓN SENADO
Luego fue el turno de la mamá de Jeremías Monzón, Romina quien cuestionó: “Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto”, y les planteó a los legisladores que “esto no puede seguir pasando y eso está en sus manos”, al tiempo que aseguró: “Aquellos que se opongan a esta ley van a seguir con las manos ensuciadas con la sangre de nuestros hijos”.
A continuación, fue la intervención de Mariela Jesica Flores, mamá de Joaquín Sperani, quien recordó que el asesino de su hijo lo sacó de la escuela el 29 de junio de 2023, era compañero. “Lo llevó a cien metros a una casa abandonada y le dio muerte con un fierro. Le dio 18 golpes y siguió golpeándolo post mortem”, relató y precisó que el joven le dio a la policía “datos falsos que imposibilitó llegar al cuerpo de Joaquín. Nosotros encontramos el cuerpo tres días después”.
“No nos entra en la cabeza que fue su compañero que lo asesinó, que se dedicó a manipularnos. Cuando fuimos a la justicia nos encontramos que no nos podíamos presentar como querellantes porque el artículo 91 del Código Procesal de Córdoba nos impedía y el juez lo tuvo que declarar inconstitucional para que podamos presentar pruebas. Ahí empezamos esta carrera de lidiar con el Estado que no nos daba derechos”, contó.
La mamá de Joaquín señaló que “en este caso no se cumplió la igualdad ante la ley. No éramos considerados como víctimas. Nos fueron atando de pies y manos. ¿Cómo íbamos a reclamar justicia si no tenemos los derechos consagrados? En la práctica, la ley nos imposibilitó todo”.
“En sus manos está esto”, reiteró y cuestionó: “Cuando los escucho decir que ‘estos menores son niños y tienen derechos’, Joaquín también era un niño como su asesino y tenía derechos. Quiero igualdad para mi hijo porque este menor entró por una puerta y salió por la otra”.
En un tono de indignación expresó: “Encontrarme que en el Congreso dormían proyectos desde antes, ¿tanto tiempo se tardaron para tratar esto que me hubiese dado un poquito de derechos como mamá?”, y reclamó que el asesino de su hijo “está liberado en la sociedad y puede volver a matar porque el Estado no tiene políticas preventivas. Nuestro hijo pagó las consecuencias de este Estado fallido. Deben re sociabilizar de verdad y no mandarlo al entorno que ya está podrido”.
Flores les habló a los senadores para que consideren a las víctimas y victimarios y “dar una mirada como corresponde para que otras familias no se encuentren con murallas para llegar a la justicia porque nosotros quedamos en la impunidad. Mi hijo no va a tener justicia. Pido un Estado presente antes de que pasen las cosas con políticas preventivas y, si pasan las cosas, que esas familias tengan los derechos consagrados”.
FOTO: COMUNICACIÓN SENADO
En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, recordó que su padre fue asesinado en noviembre de 2021 en Ramos Mejía por un hombre de 29 años acompañado de una menor de 15, “por 10 mil pesos. La vida de mi papá para esa gente valía 10 mil pesos nada más. Esta gente no le importa nada porque esa persona ya había estado preso y subía estados a Facebook de que iba a salir con sed de sangre. La menor vendía droga junto con él denunciada por sus propios padres. Nadie se ocupó y la muerte de mi papá era evitable”.
“El Estado abandonó todo y no le importó nada porque como escuchamos en las discusiones son solo números. Yo perdí a mi papá a los 25 años y mi hermano a los 15. En el juicio le tuvimos que ver la cara a los asesinos. Él nunca pidió perdón ni se arrepintió. Les hizo fuck you a los presentes y son personas que no les importa la vida y no piensan en reincidirse”, relató.
Sabo les reclamó a los legisladores que “el pueblo les está pidiendo esto porque ustedes se deben a nosotros. Pedimos que nos escuchen a nosotros no a los victimarios. Se habla de los derechos de los niños de 15 años, mi hermano con 15 años enfrentó un juicio y les vio la cara a los asesinos y nadie se acercó a preguntar cómo estaba él y si necesitaba ayuda. Parece que nuestros derechos no importan”.
“Al asesino lo condenaron a cadena perpetua, la misma que tenemos nosotros porque yo a mi viejo lo extraño igual todo el tiempo”, expresó entre lágrimas y agregó: “En los testimonios es algo común que estamos pidiendo todos, que nos escuchen y empaticen con nosotros y que se termine esto demasiado lugar al asesino. Un niño que agarró un arma deja de ser un niño. Que deje de haber cadena perpetua para las víctimas y que se deje de pensar tanto en los derechos de los asesinos. Aboguen por nosotros que para eso los elegimos”.
Romina Bordón, mamá de Alan, quien fue a bailar y fue atacado por una patota a la salida del boliche. “Él llegó a despedirse de su hija de 2 años. En el hospital nos dijeron que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, una fractura de cráneo. Estuvo agonizando 20 días. El 18 de enero, en el aniversario de Fernando Báez Sosa, él falleció. Hay un solo detenido por el caso hasta ahora. No nos mostraron las cámaras del municipio ni los domo. Pedimos justicia y necesitamos que las leyes se hagan valer”, relató.
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Karina Albarenga, mamá de Lautaro Padín, asesinado por una patota en pandemia tras una fiesta clandestina: “Mi hijo corrió por su vida ese día, pero no pudo lograrlo. Le dieron un piedrazo y le hicieron rotura de cráneo. Cuando cae se le abalanzan y lo empiezan a golpear. Le rompieron una costilla y le perforaron un pulmón. Recibió patadas en todo el cuerpo de entre 8 a 10 personas, mayores y menores. Hubo tres detenidos, uno era menor de edad. La familia de ese chico son todos delincuentes y se drogan”.
“Los asesinos de mi hijo recibieron 4 y 6 años, ya están libres. Pero no quiero que otra familia pase por lo mismo. Estamos atadas sin poder darles un descanso a nuestros hijos como corresponde. Ya deja de ser un niño de 15 años cuando salen a matar porque a mi hijo lo esperaron y sabían lo que iban a hacer. A mi hijo hasta le robaron todas las pertenencias y luego subieron todo a redes porque para ellos eso es un trofeo. También subieron el video de mi hijo corriendo. Mi hijo lamentablemente no tuvo justicia, pero no estuvo de mi lado”, precisó con angustia.
Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, Evelyn Mendoza -mamá de Isaías- expresó: “Nunca imaginé estar acá”, y comenzó su relato de lo que sucedió con su hijo. Un 24 de septiembre de 2025 recibió un mensaje de su hija diciéndole que le habían pegado a su hermano porque “no quiso entregar su asiento”.
“Isaías recibió ocho piñas letales en el estómago. Su profesora lo agarró de los brazos y él no pudo defenderse. Entró en un paro cardíaco, empezó a largar espuma por la boca y sangre por la nariz. Cuando entré al colegio, unos 20 minutos de que pasó, me encontré a mi hijo de 15 años tirado muerto. Le abrí los ojos y tenía sus pupilas chiquitas. No me ayudó nadie. Arrastré a mi hijo por las escaleras. Pedía que lo llevemos al hospital porque estaba sin vida. Apreció un patrullero y alcé como pude a mi hijo. En el hospital lo reanimaron 20 minutos”, detalló.
Y siguió: “Mi hijo tuvo una hipoxia aguda. Yo a mi hijo hoy lo tengo vivo porque le salvé la vida. Pero hace 135 días que no escucho su voz. Que no me puede abrazar. Que le hablo y solo me mira. Hace 135 días que nadie se acercó a preguntarme qué necesita mi hijo. Necesitamos 33 millones de pesos para acceder a un tratamiento de células madre para regenerarle el 70% del cerebro. El colegio se lavó las manos. A Isaías le faltaba dos semanas para recibirse de barbero y tenía un contrato con AFA. Mi hijo está en un estado vegetativo persistente, perdió el 70% de sus neuronas. No sé si me escucha. Está en una terapia intensiva. A mí me abandonaron y a mi hijo también”.
“No son menores, son monstruos. Basta, tienen que pagar y la sociedad no va a cambiar porque se siguen reproduciendo y son ustedes los que pueden parar con esto”, expresó.
Al cierre, habló María Eugenia Rodríguez Álvarez -mamá de Uma Aguilera-, quien recordó el espeluznante asesinato de su pequeña hija: “Nos cruzaron un auto. Efectuaron dos disparos y uno le dio en la cabeza a Uma. Me fusilaron a la nena. Vivimos la ausencia perpetua de Uma. No la vemos reír, no hay navidad, no hay cumpleaños. Todo se arruinó para nuestra familia”.
“Somos personal policial y vivimos con la constante culpa de no haber podido salvar la vida de nuestra hija. No quiero seguir teniendo un país así. Es muy difícil como familia poder enfrentar todo. Estamos acá porque necesitamos un cambio y pedimos por favor que piensen en todas las familias porque este sistema y leyes velan la seguridad del victimario. Queremos que los menores paguen por lo que hacen. No está bueno que entren y salgan porque cuando toman un arma saben y hoy más que nada por las redes y la tecnología están más avanzados que nosotros. Un nene de 10 años sabe que un arma mata”, insistió y concluyó: “Uma también era una niña. No vamos a poder bailar el vals con ella en sus 15. Vamos a tener que llevarle un ramo de flores a su tumba”, sostuvo.
Romina Monzón les exigió a los legisladores que “esto no puede seguir pasando y eso está en sus manos”, y manifestó que “aquellos que se opongan a esta ley van a seguir con las manos ensuciadas con la sangre de nuestros hijos”.
Durante el debate en un plenario de comisiones del Senado del proyecto con media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años de edad, estuvo como invitada Romina Monzón, la mamá de Jeremías Monzón, el caso del adolescente de 15 años brutalmente asesinado por otros dos menores de edad, y les exigió a los legisladores por la sanción definitiva de la norma.
La mamá de Jeremías Monzón, Romina recordó que hace tan solo 2 meses asesinaron a su hijo de 15 años. “Jere tenía un montón de sueños, de vida. Fue asesinado en manos de tres menores, con la participación de un adulto. Tres menores que no eran víctimas de la sociedad, no era adictos, estaban escolarizados. Solo son tres sádicos que un día decidieron asesinar de la manera más cruel y violenta a mi hijo”, contó.
Romina cuestionó que “muchas personas hablan de que ellos tenían 16 y 14 años y hablan de niños, pero una persona que decide salir a asesinar, que lo premedita, que lo planifica y ejecuta, no es un niño. No hay dejos de infancia ni esperanza en esas personas porque demostraron cuán crueles pueden ser. Jere sufrió de una manera horrible en manos de estas tres personas que con toda la alevosía se filmaron y disfrutaron hacerlo. Manipularon el cuerpo, ocultaron pruebas. Fue con un nivel de sadismo y perversión, de violencia digna de un sicarito y cuando hablan de infancias y reinserción, la discusión es mucho más grande”.
"Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto".
La mamá de Jeremías resaltó que, de los tres asesinos, solo una de ellas está detenida a quien como pena máxima le podrían dar 15 años de prisión y comparó: “Son los mismos 15 años que yo pasé junto a mi hijo”. En esa línea, criticó: “Ella tiene todas las garantías con la ley y justicia actual obsoleta que le dan cosas a los delincuentes. Los otros dos de 14 años salieron sin siquiera tener el antecedente penal y todo probó que ellos fueron, que llegaron antes, que llevaron armas, que lo torturaron, que lo desvistieron, que quisieron eliminar pruebas”.
“Ellos guiaron las investigaciones porque a Jere lo encontraron cuatro días después y no lo pude reconocer por el estado nefasto en el que dejaron el cuerpo. Salieron de Tribunales sin tener el antecedente penal. Pueden salir y reinsertarse en sociedad como quieran y eso es lo que tiene que cambiar. No solo fueron los dos asesinos de mi hijo, fueron muchísimos los asesinos que esta justicia liberó. Esto no puede seguir pasando y eso está en sus manos”, reclamó.
Romina advirtió que “ellos se fueron con la certeza de que si esta ley no cambia tiene aún dos años más para seguir matando gente. Es tan aberrante y triste, no entendía cuán vulneradas están las víctimas. Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto. En un par de días empiezan las clases, cómo hago y encima que no piensen en las víctimas”.
En tanto, cuestionó que “recién ahora” después de 45 años eligen cambiar una ley de la que “no se le cambió ningún artículo, no hicieron nada. Se siguen acumulando madres, se siguen acumulando nichos, víctimas y siguen liberando homicidas, gente que empezó robando y siguió escalando la violencia porque nunca lo frenaron".
"Esta es la oportunidad y aquellos que se opongan a esta ley van a seguir con las manos ensuciadas con la sangre de nuestros hijos”.
Romina reclamó que durante muchos años “hicieron la mirada al costado, no se hicieron cargo, no se siguen haciendo cargo y realmente ahora es la única manera de poder ayudar para que otras familias no pasen por lo mismo”.
“Tengo la certeza de que mi hijo no descansa en paz porque dos de los homicidas están libres. Encima nosotros como víctimas tenemos que garantizarles la seguridad a ellos. Es tan difícil porque solo puedo ver a mi hijo en un cementerio o en mis sueños, no tengo más nada. Es nefasto. No les deseo que tengan que pasar por esto. Esto es el dolor más grande, pero no me queda otra que seguir peleando y estos 10 minutos es intentar de que haya algo de justicia”, planteó.
Romina concluyó su alocución contando que en las audiencias “lo único que los jueces, que ya tenían pensado liberarlos, me podían ofrecer era una copa de agua o una servilleta para las lágrimas. Nada más. Que esto deje de pasar solo depende de ustedes”.
Así lo comunicó en el inicio del plenario de comisiones en la antesala a tratar el Régimen Penal Juvenil. En su lugar fue electo presidente el salteño libertario Gonzalo Guzmán Coraita.
Previo a adentrarse en el debate del proyecto de Reforma Penal Juvenil en el Senado en un plenario de comisiones, el senador Juan Carlos Pagotto comunicó su renuncia como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y los miembros presentes votaron al nuevo titular de la misma.
Al tomar la palabra, Pagotto comunicó su renuncia como presidente tras ser electo para presidir la Comisión de Acuerdos, por lo que explicó: “Estatutariamente no puedo ejercer dos presidencias. Agradezco el acompañamiento durante dos años de un trabajo muy productivo. Corresponda que se elija un nuevo presidente”.
Así, tomó la palabra la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien expresó: “No tuve el gusto de verlo como presidente, pero me han comentado y dado todos los proyectos importantes que salieron de la comisión como la Ley Antimafias, el de ADN, quiero darle las felicitaciones por su trabajo”. Hecho ese cumplido, propuso al salteño Gonzalo Guzmán Coraita como nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Justicia.
“Asumo la presidencia de esta comisión con la íntima convicción de que los debates en materia de justicia y penal deben ser rigurosos, institucionales y profundamente responsables. Quiero destacar el trabajo desarrollado por mi antecesor”, manifestó Guzmán Coraita y agradeció la confianza y el apoyo para cumplir la labor.
Las dos cámaras se aprestan a debatir en comisiones los proyectos mandados por el Ejecutivo para este período extraordinario. Diputados piensa abrir el recinto con el ambicioso objetivo de convertir en ley la reforma laboral. Detalle de todos los temas que serán abordados.
Cuando el oficialismo decidió concentrar todo lo que restaba del temario de extraordinarias en febrero, pocos esperaban que el Gobierno pensara en sacarle tanto jugo al mes más corto del año. Un mes que, además, tiene el extenso feriado de Carnaval, que reduce los días de actividad en un momento clave para la aprobación de los proyectos que le interesan al Presidente de la Nación.
La Libertad Avanza aparece así metida de lleno en una carrera contrarreloj generada fundamentalmente por la decisión de ofrendarle a Javier Milei la aprobación de las leyes más importantes que envió en extraordinarias, para exhibirlas en la apertura de sesiones ordinarias prevista para el domingo 1° de marzo próximo.
Con ese objetivo el oficialismo decidió extremar la actividad convocando a una sesión para esta misma semana “corta” en la que se propone debatir nada menos que la reforma laboral. Quieren “curarse en salud” los estrategas del Gobierno con la decisión de sesionar esta semana, por si sobrevienen cambios que obligan a una vuelta del tema al Senado, cosa que sucedería así la semana siguiente, cuestión de garantizar la aprobación deseada para antes del 1° de marzo.
La agenda de esta semana
En este marco tanto los diputados como los senadores estarán trabajando duro los días hábiles que le quedan a esta semana corta. Arrancarán los diputados a las 14 de este miércoles 18 de febrero, con una reunión prevista en el segundo piso del Anexo C para tratar la media sanción del proyecto de modernización laboral proveniente del Senado.
Será en el marco de un plenario de las comisiones Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que en un trámite exprés se propone emitir dictamen esa misma tarde, cuestión de poder sesionar al día siguiente. Esa sesión no ha sido obviamente convocada aún, pero por lo que pudo averiguar parlamentario.com sería llamada a las 14 horas del jueves 19, cuestión de que nadie tenga problemas con los vuelos, y dejar la mañana libre para cubrir eventualidades. Ese horario y semejante tema para tratar hacen vislumbrar una sesión de unas 20 horas que se prolongaría entonces hasta bien entrado el viernes 20.
Pero volvamos al miércoles. En la Cámara alta, a partir de las 17, se reunirá la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que luego de designar sus autoridades se abocará al debate del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea por otra, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026. Ese acuerdo ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados y el oficialismo se propone tratarlo en el recinto del Senado la semana siguiente.
La actividad en el Senado continuará en la mañana del jueves 19, cuando a partir de las 11 se reúna la Comisión de Acuerdos. Una comisión que el oficialismo se propone presidir, luego de que hasta el 10 de diciembre hubiera estado a cargo de la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri. Para esta comisión suena fuerte el nombre del riojano Juan Carlos Pagoto, y tras la conformación de autoridades de la misma se tratará el expediente que solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al exdiputado nacional Fernando Adolfo Iglesias.
Más tarde, a las 14.30, también en el Salón Arturo Illia y mientras en la otra cámara estarán sesionando ya sobre la reforma laboral, comenzará en el Senado un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar el expediente venido en revisión del Régimen Penal Juvenil. Será la primera reunión sobre ese tema en la Cámara alta, y si hay dictamen -ese día, o el siguiente- podría llegar a ser incluido en la sesión de la reforma laboral.
A propósito, confirmada la segura modificación del proyecto de modernización laboral, habrá un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado este viernes, para emitir dictamen.
La modificación de la Ley de Glaciares quedaría para el período ordinario. Se verá.
El oficialismo encadenó en dos días una serie de aprobaciones que no había conseguido en todo 2024, ni tampoco otra gestión: la media sanción de la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. El Gobierno apuesta a convertirlos en ley antes del 1° de marzo, mientras prepara una reforma política que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y nuevas reglas para la Boleta Única.
Fue, por lejos, la mejor semana del Gobierno en el Congreso. Si se tiene en cuenta que el año pasado el oficialismo libertario se la pasó penando legislativamente hablando, sufriendo una tras otra la aprobación de leyes contra la voluntad de Milei, y que durante todo el período ordinario solo consiguió aprobar -en una sola cámara- el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario, no resulta para nada exagerada una visión tan positiva de lo sucedido el miércoles y jueves pasado.
Si consideramos que La Libertad Avanza se limitaba a festejar cuando salvaba los vetos, cobra mayor importancia haber aprobado leyes de tamaña envergadura como las de la última semana.
Ni siquiera suena exagerado tildar de “históricas” ambas jornadas. Porque lo fueron, sin que eso represente un juicio de valor. Es realismo puro. Tengamos en cuenta que la reforma de la Ley Penal Juvenil es un objetivo que muchos gobiernos se propusieron desde el 83 a la fecha, pero nunca nadie pareció tan cerca de conseguirlo como el actual.
Muchas veces el tema avanzó en comisión, incluso durante gestiones kirchneristas. De hecho, pocos recuerdan que el tema llegó a tener media sanción en 2009 en el Senado, durante el gobierno de Cristina Kirchner. El 8 de julio de ese año se aprobó en general y por unanimidad, con 43 votos afirmativos, un nuevo Régimen Penal Juvenil, que establecía la edad de imputabilidad en 14 años. La aprobación en particular se demoraría 4 meses, hasta que el 25 de noviembre de ese mismo año fue desempolvada para dársele en el recinto el tratamiento que faltaba. Sin embargo nunca fue tratada en la Cámara baja y perdió estado parlamentario. El propio kirchnerismo la frenó.
El jueves pasado, se aprobó en Diputados este proyecto con una mayoría holgada y se propone hacerlo ley antes de fin de mes. Si lo consigue, modificará una norma que data de 1980, producto de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), que durante los gobiernos del Proceso suplía al clausurado Congreso.
Ese mismo jueves se aprobó -con más de los dos tercios- el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un convenio que ya de por sí es histórico puesto que el inicio de las negociaciones formales data de 1999.
Ni qué decir de la media sanción de la reforma laboral con la que se alzó La Libertad Avanza en la madrugada de ese mismo jueves en el Senado. Puede alardear el Gobierno con que ha logrado lo que no consiguieron sus antecesores, y no estará faltando a la verdad. Durante el primer gobierno de Carlos Menem hubo flexibilizaciones laborales a través de algunas leyes puntuales, pero no una única y gran reforma como la que se propone esta gestión. Durante los gobiernos kirchneristas se aprobaron reformas que fueron de signo opuesto a las de los años 90. La Alianza implementó una reforma laboral en el año 2000, recordada como la “ley Banelco”, y que Néstor Kirchner derogó en 2003. Raúl Alfonsín impulsó su propia reforma, conocida como la “ley Mucci”, en 1983, que tuvo media sanción en Diputados y fracasó en el Senado, donde perdió por un voto.
Los libertarios pueden regodearse por estos días de haber conseguido entonces lo que no logró el líder radical: imponerse en el Senado. Un ámbito donde ya hemos dicho que por primera vez desde el 83 el peronismo perdió gravitancia plena: con 28 miembros de un interbloque en ebullición, representan el número más bajo del peronismo en el Senado desde la recuperación democrática.
La Libertad Avanza consiguió aprobar la media sanción de la reforma laboral con 42 votos, una mayoría holgada que no corrió riesgos en la votación en particular, donde solo en el último título (el de las derogaciones, Estatuto del Periodista incluido) bajó de 40 votos (38).
Para garantizar su aprobación definitiva extiende un día el período ordinario, con el fin de salvar una traba reglamentaria, y apurará el tratamiento en la Cámara baja esta misma semana, por si hay modificaciones que no descarta. Fue muy cuidadoso el oficialismo en la Cámara alta calculando que nada se cayera en la votación en particular, pero en Diputados no es seguro que pueda evitar modificaciones. Particularmente en el tema de las licencias médicas. Es el artículo 44, referido a “los accidentes y enfermedades inculpables”, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo incluyendo medidas polémicas, como aquella que establece que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”, que no estaba en la versión original y fuentes libertarias consultadas atribuyen ahora a aliados que introdujeron esos párrafos, en el marco de las múltiples correcciones que el Gobierno aceptó introducir en el proyecto.
La modernización laboral se votó con un amplio margen.
Si esas modificaciones suceden, le queda al oficialismo una semana más para aprobar la ley en el Senado antes del 28 de febrero.
La idea es que el Presidente tenga reformas contundentes para exhibir en la apertura de sesiones ordinarias, el domingo 1° de marzo a partir de las 21. Esa noche Milei no solo va a vanagloriarse de sus “logros”, sino también anticipará objetivos inmediatos que le propondrá a su audiencia legislativa.
Pues aprovechando el ímpetu ganado a partir del resultado electoral de octubre, y la quietud de una oposición que lejos está de recomponerse de semejante shock, acelerará en el Congreso con una serie de normas que incluyen una reforma drástica del Código Penal, que ya había propuesto en el primer llamado a extraordinarias en diciembre pasado, y que seguramente demandará todo el año.
Pero en lo inmediato, la Mesa Política de la Casa Rosada tiene en mente poner en marcha una reforma política que comprenderá la eliminación de las PASO, una modificación del financiamiento político y un detalle clave para la Boleta Única en Papel.
La eliminación definitiva de las elecciones primarias es el objetivo de máxima, aunque LLA se encontrará con resistencias de sus aliados más cercanos. Al menos en teoría, porque el Pro también insistió en la reforma laboral incluir a las billeteras virtuales en el pago de salarios, pero a la hora de votar el título correspondiente se limitó a expresar su disidencia de manera verbal. Si bien en su momento el propio Mauricio Macri mandó a impulsar un proyecto para eliminarlas, luego de ver las consecuencias que le causó esa elección primaria en 2019, el Pro ha expresado su rechazo a eliminarlas ahora. Postura que comparte con el resto de lo que fue Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza es en cambio un partido donde la lapicera la tiene Karina Milei y no se aceptan disidencias: el verticalismo es irrenunciable. Habrá que ver si la apuesta de máxima termina transformándose en una nueva suspensión para 2027, en cuyo caso habrá que ver en qué queda la promesa de Macri de que “el Pro tendrá su propio candidato en 2027”.
En aras también del orden fiscal, el Gobierno quiere insistir con la eliminación del aporte extraordinario que el Estado Nacional debe hacer a los partidos políticos para las campañas, y paralelamente querría modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para establecer normas más estrictas para determinar la caducidad de los partidos. Elevando por ejemplo del 2% al 3% el piso de votos que una fuerza debería alcanzar en dos elecciones consecutivas para no perder su personería. Además, para constituir un partido de alcance nacional, se exigiría contar con reconocimiento en 10 distritos -en lugar de los 5 actuales- y reunir alrededor de 35.000 afiliados.
Por último, incorporarían en la BUP un casillero que habilite a votar lista completa, tal cual establecía el proyecto original que en su momento impulsó Juntos por el Cambio. Dicha norma fue modificada en el Senado, ya en esta presidencia, a instancias de los partidos provinciales que exigieron eliminar ese casillero. Fue la concesión que permitió destrabar la situación entonces, pero la senadora rionegrina que encabezó aquella movida ya no está y La Libertad Avanza ya tiene bloques más nutridos.
Un crecimiento legislativo que ya le ha dado sobrados frutos en diciembre y ahora, engalanando una semana que había comenzado torcida, con un número de inflación que opaca la promesa presidencial de bajarla a cero en agosto. Pero que tuvo su compensación en materia económica con un Banco Central que sigue comprando dólares para compensar reclamos y tranquilizar espíritus, y que a pesar de lo que se esperaba sucediera en ese caso, tiene una moneda norteamericana que, créase o no, no solo sigue tranquila, sino que no dejó de bajar esta última semana.
El proyecto que propone la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años cosechó los votos a favor del oficialismo y el grueso de la oposición.
En una votación histórica, tras varios años de discusión en el Congreso, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de un nuevo Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa cosechó 149 votos a favor, que correspondieron 94 a La Libertad Avanza; 21 al interbloque Fuerza del Cambio, que reúne al Pro, la UCR, el MID, la bonaerense Karina Banfi y el santacruceño José Luis Garrido; y 19 del interbloque Unidos, donde conviven Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
Junto al oficialismo también votaron los diputados que representan a los gobernadores de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan y Neuquén. Hablamos del bloque Innovación Federal, donde hay 7 integrantes entre salteños y misioneros; los 3 tucumanos de Independencia; los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo y 1 de La Neuquinidad.
Los votos a favor se completaron con 2 miembros del bloque País Federal (exlibertarios).
En tanto, los votos en contra volvieron a unir a los tres catamarqueños de Elijo Catamarca con Unión por la Patria, bloque que abandonaron en diciembre por órdenes de su gobernador. También votó negativamente junto al peronismo Jorge "Gato" Fernández de Primero San Luis.
Los 100 votos en contra se completaron con 4 del Frente de Izquierda y la cordobesa Natalia de la Sota, que tiene su monobloque.
Durante la votación en particular, los diputados de UP Ramiro Gutiérrez y Emir Félix dejaron sentado su voto a favor del Capítulo I de la iniciativa, referido a la baja de la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años.
Sin ninguna abstención, sí hubo 7 ausentes: Carlos Cisneros y Roxana Monzón por Unión por la Patria; Daiana Fernández Molero (Pro), por el interbloque Unidos; Mónica Frade (Coalición Cívica), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), por el interbloque Unidos; y la monobloquista Marcela Pagano (Coherencia).
La oficialista Laura Rodríguez Machado abrió el debate defendiendo el Régimen Penal Juvenil como “un gran paso”, pero Unión por la Patria, la izquierda y parte del federalismo denunciaron que el proyecto es insuficiente, tiene un sesgo punitivo, carece de recursos y deja sin respuesta a los no punibles. Desde el oficialismo y sectores dialoguistas replicaron que la reforma es necesaria ante delitos graves y respaldaron la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.
El tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil concitó este jueves un áspero intercambio en la Cámara de Diputados. A lo largo del debate se sumaron críticas que incluyeron la falta de prevención, la ausencia de financiamiento, los vacíos sobre los no punibles y el riesgo de criminalizar a jóvenes vulnerables, mientras que el oficialismo y aliados insistieron en que la reforma es necesaria para abordar delitos graves y dotar al Estado de herramientas que hoy no tiene.
Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser "un gran paso para Argentina". "Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.
En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas". Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.
Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. En cambio, dijo que ellos tienen “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.
Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.
A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se "hay un montón de aportes" de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que "lamentablemente no fueron tenidos en cuenta". "La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos", agregó.
Para el santafesino, en esta iniciativa hay "un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles", al tiempo que "no dice una palabra sobre la cuestión preventiva". "Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias", observó.
En su intervención, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires) aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”. Asimismo aseguró que ese dictamen “prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”.
Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.
Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".
En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".
Mientras que Del Plá consideró que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", subrayó.
El libertario Santiago Santurio remarcó que “estamos debatiendo delitos graves” y explicó: “Un menor en el cual mata a una persona con dolo y, también lo hace en circunstancias que, cuando salga porque no tiene ningún tipo de pena, vuelve a hacerlo”.
“A los que les gusta el Estado presente, parece que acá quieren Estado ausente que haga la vista gorda porque la punición no es la solución. Piensan y dicen que no es la solución para los menores de edad, pero la verdad es que la mayoría piensa que tampoco es para mayores de edad”, apuntó contra el kirchnerismo y cerró: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves. Este Régimen Penal Juvenil no es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”.
En línea con la postura de la oposición dura que considera que esta Ley tiene un sesgo punitorio, la diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria lo catalogó de “irrazonable cargado de anuncios rimbombantes, pero irresponsables”. Se refirió a la lectura del despacho y cargó que la Ley Penal Juvenil “es tremendamente inaceptable y es contraria a los estándares internacionales”.
Por otro lado, reiteró su pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento del Régimen Penal Juvenil, y agregó que esta iniciativa “no agrega nada, solamente un titular que se lleva Patricia Bullrich”. Remarcó, además, que los padres de jóvenes procesados por delito “piden que el Estado se haga cargo de las trayectorias delictivas”. “Patricia se te cae el slogan que ‘el delito no tiene edad’”, concluyó.
Miguel Pichetto dejó en claro que apoya la baja en la edad de imputabilidad en 14 años, pero descree que el Gobierno nacional vaya a girar los fondos presupuestarios establecidos en la redacción del proyecto. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, explicó, y agregó: “Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.
Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbomante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.
“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.
En su alocución el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas. Un debate de una ley que tiene cerca de 50 años para una violencia desbordada”.
“Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma. Incluso ‘Coqui’ (Jorge) Capitanich presentó hace 20 años un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, también planteó la baja de edad. No es un problema de los partidos, sino de ver la realidad”, le enrostró al kirchnerismo.
Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”. En ese sentido, criticó: “Los que hoy plantean soluciones también tuvieron sus mayorías en Diputados, gobernadores, no dieron ninguna discusión porque no la quisieron plantear porque tienen una mirada ideológica distinta”.
“Bloquear este debate, no responsabilidad a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”, lanzó y agregó: “Nunca pensé escuchar a un legislador decir que ‘la delincuencia dignifica’”. Así, el jefe del bloque Pro explicó que “esto da una herramienta clave, respuestas sensatas”, y aclaró: “Es prudente, realismo institucional y científico dejar la edad en 14, no hay consenso científico sobre la comprensión criminal plena a los 12 años y también por la capacidad real del Estado”.
La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.
“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.
A su turno, el diputado santacruceño Juan Carlos Molina (UP) preguntó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”.
“Si la neurociencia dice que un pibe de 14 años tiene conciencia de un crimen, ese mismo pibe tendría que tener conciencia para votar o conducir”, planteó y detalló que en las regiones donde se bajó la edad de imputabilidad ha aumentado sensiblemente los niveles de violencia, lo dice la UNICEF que de kirchnerista no tiene nada. Los países con mínimas de 12 años tienen las tasas de homicidios más alto”.
Molina alertó que “esta ley no solo va a meter presos a pibes de 14 años, sino que aquellos que utilizan a esos chicos van a empezar a usar a pibes de 12 años. Estamos criminalizando la niñez y tenemos que estudiar a fondo esto. Los pobres van a ir en cana”.
“Castigar y perseguir a un menor no protege a la sociedad: la embrutece.
Porque una sociedad que enseña que el problema se resuelve eliminando al más débil está enseñando algo mucho más grave que la violencia: está enseñando que la responsabilidad siempre es del otro”, sostuvo Eduardo Valdés. Agregó el diputado de UP que “los niños son, en su mayoría, los pobres; y pobres son, en su mayoría, los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los comprende”.
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se dirigió a un legislador de Unión por la Patria: “Vos te negás a modificar una ley… los que dicen que defienden los derechos humanos, se niegan a cambiar una ley de 1980”. Celebró la aprobación de la Ley Penal Juvenil y afirmó que son “respuestas para darle a esos jóvenes que delinquen”.
La intervención del santafesino se vio interrumpida varias veces por los gritos que venían del flanco opositor, y fue allí cuando lanzó: “Un joven que delinque hoy creció durante los gobiernos kirchneristas ¿qué hicieron ustedes para cometa delitos? No hicieron nada”. “Esta ley viene a devolver la justicia y reconocer una realidad para poder cambiarla porque la norma ejemplifica y cumple un rol en los jóvenes que venían creyendo que da lo mismo portarse bien que portarse mal”, concluyó.
Cerró el debate el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien dio cuenta de noticias policiales registradas en su provincias los últimos 15 días, y señaló que “a esos delincuentes los tenemos que perseguir, porque cometieron penas de adultos y deben cumplir penas de adultos”.
“El Estado tiene que estar presente, le tenemos que dar a los jueces la potestad de saber que cuando se comete un delito, atrás va a venir el Estado a proteger a las víctimas y a evitar que los delincuentes reincidan”, señaló.
Bornoroni habló de hasta 120 reincidencias de parte de los jóvenes. “Estamos terminando en este mundo del revés. El kirchnerismo decía que hay que proteger a los delincuentes, nosotros queremos proteger a ambos”.
La jefa del bloque Provincias Unidas respaldó el proyecto pero advirtió que la discusión se dio sin participación plena de los nuevos diputados y rechazó los eslóganes que, dijo, no reflejan el contenido real de la iniciativa. Señaló que la ley transfiere toda la carga presupuestaria a las provincias y planteó que, en Santa Fe, la punibilidad podría evitar que los narcos capten a los jóvenes, aunque insistió en que la respuesta requiere inversión social compartida.
La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, se mostró a favor del proyecto de ley Penal Juvenil, aunque lamentó que el debate haya sido “exprés”.
“A mí como diputada que hace poco entré me parece injusta esta sesión, que se da de manera exprés, sin el debate de los nuevos diputados”, expresó, para agregar que “se da con un debate previo, que yo respeto, porque seguramente contiene las voces de muchos diputados que pasaron por este recinto, pero lo cierto es que no releva la voz de los que ingresamos ahora a la Cámara, y que teníamos mucho para decir y probablemente aportarle mucho a la ley”.
Scaglia dijo querer dejarle un mensaje a la gente, “porque hay eslóganes que se están usando que no tienen nada que ver con lo que estamos votando. No es una ley de ‘el que las hace las paga’; ni de ‘delito de mayor, pena de mayor’. Es mucho más contemplativa probablemente de lo que muchos querían hacer. A la sociedad hay que contarle la verdad y es que esos eslóganes no son lo que hoy la ley está planteando”.
A continuación se refirió al tema presupuestario, advirtiendo que “nuevamente una ley nacional nos transfiere la totalidad de la responsabilidad de llevar adelante un sistema penal juvenil y poner todos los recursos”. Señaló en ese sentido que “si bien estamos de acuerdo con la baja de la edad y la punibilidad, y con tener un sistema de menores que pueda resocializar, no puede ser que todo el costo nuevamente lo paguen los gobernadores”.
La legisladora santafesina recordó que la última cárcel federal que se hizo en la Argentina estuvo a cargo de varios gobiernos federales pues demoró 20 años. Y es la de Coronda, en su provincia. “Si cada sistema que tengamos que construir va a llevar 20 años en el presupuesto que estamos poniendo, yo les digo que estamos más que jodidos”, advirtió, reprochando que “cuando uno mira que la Nación no le paga a una provincia lo que le corresponde por tener alojados presos en cárceles federales, también quiero decirles que tengo poca fe en que ese artículo sea aplicado en este gobierno”.
Por otra parte dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.
“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.
Los diputados del oficialismo y aliados le brindaron un cálido aplauso en el marco del debate del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil durante la sesión de este jueves.
Foto: HCDN
En el marco del debate del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada oficialista, el cordobés Gabriel Bornoroni, resaltó la importancia de la presencia de invitados en los palcos familiares de víctimas, es una de las muy pocas veces que La Libertad Avanza permite que haya invitados en los palcos a diferencia de años atrás.
Bornoroni mencionó a cada uno de los presentes como Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia abuela de Uma Aguilera, la familia Sperani de Córdoba padres de Joaquín Sperani, Laura Fernández de USINA de Justicia madre de Lara Fernández, Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón respectivamente, Guillermo Bargna de USINA de Justicia padre de Soledad Bargna, Marcos Rodríguez padre de Kim.
“Me parece importante que en este debate que estamos dando sepamos que nos están acompañando ellos en los balcones y están muy interesados en que esta ley, al final del día, tenga media sanción”, expresó el jefe del bloque libertario, tras lo cual oficialistas y aliados se levantaron de sus bancas para brindarles un cálido aplauso por unos minutos.
Desde el bloque de Unión por la Patria se expresó la diputada Cecilia Moreau quien saludó la presencia de los familiares a “quienes muchas de ellas las conozco porque tuvimos la suerte de ser nosotros cuando Sergio Massa presidía la Cámara quienes en conjunto con ella pusimos en marcha el Observatorio de Víctimas que llevaron adelante. Ojalá siga funcionando”.
“Saludo desde la Presidencia a todas las personas que vinieron hoy”, cerró el presidente de la Cámara, Martín Menem.
La diputada Myriam Bregman subrayó que "siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares", mientras que su par Romina del Plá aseguró que "esta ley no resuelve los problemas".
Durante el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron este jueves duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".
"No deja de asombrarme cómo se discute en una burbuja", arrancó Bregman, que señaló que este tema "llega en un momento totalmente a contrapelo de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el mundo".
Y continuó: "No deja de asombrarme, por más que la que hable sea Patricia Bullrich, este lema de 'delito de adulto, pena de adulto'. ¿Delito de diputado, pena de diputado para (José Luis) Espert? ¿Cómo llevamos esa regla a la práctica? Porque de los delitos que comenten los que están acá adentro no se habla más. Los crímenes del poder se protegen".
"Algunos se dicen peronistas, ¿pero saben que el gobierno peronista en 1954 subió la edad, no la bajó?", lanzó. Además, recordó la Ley Agote "persecutoria, estigmatizante" y dijo que esta iniciativa "tiene el mismo concepto que la Ley Agote; los que vienen a modernizar atrasan 120 años en cada uno de los temas que tocan".
La porteña mencionó también la media sanción de "la nefasta contrarreforma laboral, tan regresiva, que va a dejar a las niñeces en una situación mucho peor. Cuando una mamá tenga un tratamiento de cáncer, por ejemplo, le van a pagar menos salario".
Para la legisladora del FIT, esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".
A su turno, Del Plá habló de "un día muy triste" que arrancó con "la media sanción de la reforma laboral nefasta" y continúa con el tratamiento de este tema. Dirigiéndose a los familiares de víctimas presentes en el recinto, la diputada expresó: "Quiero decirles que les están mintiendo diciéndoles que van a tener una resolución con esta ley, porque en realidad lo que han hecho los jueces, el sistema judicial y político es desentenderse para aquellas situaciones de las cuales han sido víctimas tengan una resolución".
En esa línea, consideró que este debate "es una gran farsa", mientras "se reducen todos los presupuestos de las medidas preventivas". Y resaltó que los menores irán a "lugares espantosos, donde ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró".
"No hay un organismo especializado en niñez y juventud que diga que esta ley va a resolver algún problema", insistió y sostuvo que "están votando no solo una medida para aumentar la persecución a nuestros pibes, sino que están votando que justamente se destinen los recursos a instituciones de encierro y se sigan sacando de todos los ámbitos donde hay que proteger a las niñeces en un contexto de pobreza y ajuste brutal".
Del Plá enfatizó que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", completó.
El diputado de UP reivindicó la postura histórica del Frente Renovador de fijar la comprensión penal desde los 14 años y diferenció ese proyecto del que impulsa el Ejecutivo. Además, pidió incorporar al Código Penal la no punibilidad para menores de 14 para evitar futuras judicializaciones.
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Especialista en temas de seguridad, el diputado de UP Ramiro Gutiérrez defendió este jueves su pertenencia al Frente Renovador dentro del peronismo, recordando que “hemos propuesto hace mucho tiempo un Código Penal que no ha perdido estado parlamentario, y que en su artículo 13 establecía que la edad de comprensión del menor de los actos, son los 14”.
“Vengo a sostener esa idea; creo que una persona que ha tomado la decisión de lastimar, dañar o matar a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso en el lenguaje en el que yo he sido formado se llama delito y el delito debe tener consecuencias. El problema hay que resolverlo y resolverlo es la creación de un Régimen Penal Juvenil, que hoy es una gran omisión porque provenimos de una ley del proyecto militar que no ha dado ninguna respuesta a la sociedad”, continuó.
Gutiérrez aclaró que ese proyecto difiere del que presentó el Poder Ejecutivo. Reconoció los esfuerzos hecho por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado durante un año, admitió que se debatió, con la asistencia de invitados. “Pero también voy a marcar un vicio estructural -dijo-. Mi voto diferencial no es bajar la edad de imputabilidad, es la construcción de un régimen integral, que tenga contempladas todas las posibilidades. Esto siempre termina en el despacho de un juez, que debe tener las herramientas para poder responder. ¿Qué puede hacer desde el momento en que alguien lastimó a otro?”.
Ramiro Gutiérrez aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”, y puso ejemplos: “¿Qué pasa cuando un padre puede responder y tiene bienes; qué pasa cuando un joven tomó el auto de sus padres, atropelló y dejó cuadripléjica a otra persona? ¿No vamos a inmovilizar esos bienes, no vamos a hacer justicia, no vamos a hacer prevención decomisando esos bienes y permitiendo que luego se utilicen para evitar que el delito se vuelva a cometer? Bueno, nuestro proyecto lo prevé”.
Se preguntó también “qué va a pasar con la figura del arrepentido”. Señaló que “muchos hablan de que los jóvenes son utilizados por el delito, bueno, ¿qué herramienta le estamos dando al fiscal para poder apartar de la responsabilidad penal a un joven que ha sido usado por esa organización criminal, pero que pone al servicio de la justicia y del esclarecimiento de ese delito. Nuestro proyecto lo propone, por eso es una mirada diferenciada”.
Agregó Gutiérrez que “nuestro proyecto prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”. “También nuestro proyecto prevé la solución restaurataria, terapéutica, laborativa y siempre volvemos al despacho del juez. ¿Qué va a pasar cuando se encuentre ante un joven que viene de un problema inmanejable? Es adicto, ¿qué va a hacer ese juez si no tiene un programa, un centro, un psiquiatra? Tenemos que darle una herramienta. Esto no se arregla con 180 días de instrumentación”.
Según Gutiérrez, detrás de esta ley, o en paralelo, “debió venir una segunda ley, para que el Estado no fracase con todos los programas y el fondeo necesario para intervenir antes de que tengamos que llevar a un joven en presencia de un juez y antes de que tengamos una víctima sufriente por lo que pasó. La segunda ley no está en esta casa. No estamos debatiendo los programas para evitar que un joven termine en tribunales”.
Sostuvo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.
Sostuvo que la ley vigente tiene 45 años y es inconstitucional, cuestionó la propuesta impulsada por Patricia Bullrich y defendió el dictamen de UP, que fija la punibilidad entre los 16 y 18 años con un máximo de 10 años de pena en delitos graves. Reclamó un sistema integral de protección.
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En representación de Unión por la Patria, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz defendió el dictamen que elaboró esa bancada, recordando que la ley vigente, la 22.278, tiene 45 años de vigencia. “No hace falta que expliquemos la inconstitucionalidad de esa norma”, dijo, calificando a la misma como “vetusta, regresiva, tan tremenda en la mirada del Estado sobre los niños, niñas y adolescentes, que son el sujeto que queremos reconocer”.
La emprendió contra el proyecto enviado en 2024 por la entonces ministra Patricia Bullrich, calificándolo como “mamarracho jurídico” y le atribuyó el precepto expresado por la hoy senadora de “delito de adulto, pena de adulto”. Habló de la “inconstitucionalidad” de esa frase, y trajo a colación la Observación N° 24 sobre los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, que leyó a continuación: “Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad, y se les aplica un sistema distinto, con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con la justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.
“Miren, no es una frase hecha en una observación de una convención. Es simplemente saber que no podemos legislar sin tener en cuenta al sujeto al que queremos abordar en la búsqueda de una solución”. Insistió en que a los niños, niñas y adolescentes “se les reconoce una menor culpabilidad” y se les aplica una pena diferenciada. “No es una frase hecha”, enfatizó, remarcando que “es saber que cuando legislamos sin tener en cuenta al sujeto al que queremos abordar en busca de una solución, la pena máxima es sin duda la última expresión que debería reflejar el sistema político en general”.
Para Tolosa Paz, “todo el sistema político debería trabjar para que esto esté solo para casos excepcionales”. Y la emprendió contra el Gobierno al señalar que “quienes promueven una Argentina donde van desarmando el sistema de protección de los derechos del niño; quienes promueven una Argentina donde van desarmando las estructuras de la educación pública, la salud pública, del Garrahan y de los servicios locales, traen hoy aquí en discusión (el precepto) ‘cárcel o bala’, y construcción de cárceles de niños, pegados con los adultos, para darle una respuesta a un problema que tiene sin duda un sector de nuestra sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes pobres sumergidos en la extrema vulnerabilidad, que no han tenido ninguna posibilidad de encontrarse con un rostro del Estado que debería haberle garantizado una maternidad donde nacer; una protección en la infancia; un plato de comida; un médico pediátrico en un centro de salud, para luego en todo caso de haber cumplimentado todos esos estándares constitucionales, podríamos ofrecerle, si cometió un delito, una respuesta justa, constitucional, garante de sus derechos, de su defensa, y sin duda la pena de la restricción de su libertad como último ratio. Esa Argentina es posible; esa Argentina late en el corazón de quienes creemos en la Constitución y venimos acá independientemente del dolor de los casos tremendos que tenemos que soportar”.
Se refirió a continuación al dictamen que venía a defender. Resaltó la participación de invitados que asistieron los dos años anteriores a los debates del tema en Diputados, en cuyos testimonios dijo entender que está parte del argumento de “porqué construimos este dictamen”.
“Tenemos un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.
Tolosa Paz destacó que muchas provincias han avanzado en dar respuesta a estos problemas, mucho antes de que se presentara esta ley. Y recomendó ir a ver la Ley de Procedimiento que llevan adelante en Córdoba, o la ley vigente en CABA. “Fijemos la edad y a partir de esa edad trabajemos”, recomendó, pidiendo poner el mismo esfuerzo en la no punibilidad: “Los escucho, tienen que explicar porqué arrancaron con 13 años; ahora están en 14, cuenten qué van a hacer con los no punibles”.
La diputada de UP sostuvo que el dictamen de su bancada contempla a los no punibles y recordó que Kim Gómez (la niña asesinada por menores el año pasado en La Plata) y su padre “todavía están esperando que tengamos un cuerpo normativo que aborde el drama de un no punible cometiendo un homicidio agravado. Están esperando la respuesta seria, la seriedad que ustedes no tienen”.
Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.
A continuación, enumeró las respuesta que pretende dar el dictamen que defendía: “Primero, sistema de protección integral; segundo, Ley de Salud Mental, internación obligatoria, porque el consumo problemático es uno de los factores más importantes para que un pibe esté delinquiendo en una edad en la que tendría que estar estudiando y en familia. Tercero, en los casos gravísimos, tipificados en el Código Penal, con penas que son mayores de 15 años, también decimos normas procesales vigentes en la provincia, tiempo limitado, supervisión de la restricción, porque no solo queremos cuidar la vida de los terceros, dar respuesta a las víctimas, sino fundamentalmente también cuidar la vida y la integridad de ese adolescente. Por eso decimos que no es cierto que la ley de ustedes vaya a traer ninguna realidad”.
Concluyó advirtiéndoles a sus pares que “cuando se vayan esta noche a dormir, sepan que acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y, fundamentalmente, la Argentina después de 45 años necesita un sistema juvenil penal que aborde el conflicto adolescente con una mirada diferente, con la justicia restaurativa, con el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, con la voz de las víctimas, pero fundamentalmente con un Estado que no mire para otro lado”.
La oficialista, miembro informante como presidenta de la Comisión de Legislación Penal, aseguró que la norma actual "es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara".
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La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado estuvo a cargo este jueves del inicio del debate del proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual consideró va a ser "un gran paso para Argentina".
"Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.
Primera oradora de la jornada, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal remarcó que "actualmente nos rige una ley suscripta en 1980, en un momento oscuro de nuestra Argentina, cuando no regían los principios democráticos. Y durante muchísimo tiempo nadie hizo nada al respecto, tal vez escudándose en el tema de la edad".
En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas".
Al recordar el debate que se dio meses atrás, la cordobesa apuntó que se escuchó a más de 30 especialistas, entre ellos "neurólogos, médicos especialistas en salud mental, especialistas en desarrollo cognitivo", quienes explicaron que "a partir de los 12, 13 o 14 años aproximadamente un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley", ya que cuenta con "discernimiento y voluntad".
Por otro lado, rechazó: "Nosotros no amontonamos menores en los establecimientos como pasa ahora". Y destacó que en el proyecto se prevé "un tratamiento para que la función final de los establecimientos sean resocializar al menor".
"¿Hoy qué pasa con los menores de 16 que ustedes (a la oposición) dicen que no hay que tocarlos? Están en establecimientos penitenciarios de menores sin ningún tipo de proceso. Porque no hay ningún juez se anime a firmar su libertad, porque saben que si los dejan sueltos siguen cometiendo delitos", lanzó.
Y continuó: "Hay una especie de gris que los tienen ocultos sin un debido proceso legal, sin normas internacionales de defensa, sin normativa de resocialización. Porque lo que quieren ocultar es una realidad. Lo peor es que siguen bajo los efectos de la droga, siguen siendo parte de organizaciones criminales que los adoptan como mano de obra inimputable, siguen en familias que no los contienen".
"Hoy tenemos un consenso histórico de poder cambiar esa realidad", expresó Rodríguez Machado y retrucó el argumento de "no hagamos nada porque el porcentaje de menores que delinquen son muy pocos". "No creo que haya un argumento más cruel que ese. Decirle a las víctimas de esos delitos que el Estado no va a hacer nada porque no basta con las víctimas de ahora", enfatizó.
La diputada subrayó que "hoy estamos en una nueva Argentina" y "no hay cifra que pueda ocultar la impunidad". "Otro argumento es 'que queremos criminalizar a los pibes'. Es mentira", dijo y mencionó que el proyecto prevé "una cantidad de penas alternativas a la prisión". "Bajo ningún punto de vista vamos a alojar a los menores con adultos", aclaró.
La Cámara baja se reúne desde las 11.18. El proyecto, que cuenta con acompañamiento de dialoguistas, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. También se tratará el Acuerdo Mercosur - Unión Europea.
Tras una jornada exitosa para La Libertad Avanza en el Senado, con la media sanción de la Reforma Laboral, se inició este jueves a las 11.18 la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, buscará la media sanción de un nuevo Régimen Penal Juvenil, un tema discutido durante años pero que nunca había llegado al recinto.
El quórum de 129 presentes se alcanzó con 95 diputados de La Libertad Avanza, 20 del interbloque Fuerza del Cambio (10 Pro, 6 UCR, 2 MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), 7 integrantes de Innovación Federal (salteños y misioneros), 3 tucumanos del bloque Independencia, 3 catamarqueños del bloque Elijo Catamarca y la exlibertaria Lourdes Arrieta, la única del interbloque Unidos en ingresar para aportar al inicio de la sesión. El massista Ramiro Gutiérrez, miembro de Unión por la Patria, amagó con dar quórum pero finalmente no se sentó.
Los proyectos presentados se debatieron durante 2024 y la primera parte de 2025, pero finalmente el dictamen no se trató por falta de votos. Ahora, con la nueva composición, y a raíz de un nuevo caso mediático como el de Jeremías Monzón, el Gobierno retomó el tema y a fines de enero lo incluyó en la agenda de extraordinarias. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores se hizo presente en el Congreso este jueves.
Según estimaciones realizadas durante la reunión de Labor Parlamentaria, se esperan 10 horas de debate para este primer tema. Habrá, además, más de una veintena de cuestiones de privilegio que se intercalarán en tandas entre los oradores del proyecto.
De manera exprés, esta semana se terminaron de constituir las comisiones para el tratamiento del régimen penal juvenil (fueron cuatro) y este miércoles se dictaminó, tomando como base el texto del despacho firmado el año pasado.
A diferencia de aquella vez, este dictamen aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa que llega al recinto contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las provincias tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que "la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".
El "corazón" del proyecto es, sin dudas, la baja de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 a 14 años. El Gobierno proponía 13, pero los consensos cerraron en 14.
La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes se fijó en 15 años, aunque originalmente el Poder Ejecutivo proponía 20.
El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.
Por otra parte, el temario incluye el proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay. Previamente tuvo dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur.
En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".
A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".
Debate del Régimen Penal Juvenil
Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser "un gran paso para Argentina". "Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.
En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas". Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.
Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. En cambio, dijo que ellos tienen “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.
Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.
A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se "hay un montón de aportes" de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que "lamentablemente no fueron tenidos en cuenta". "La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos", agregó.
Para el santafesino, en esta iniciativa hay "un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles", al tiempo que "no dice una palabra sobre la cuestión preventiva". "Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias", observó.
En su intervención, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires) aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”. Asimismo aseguró que ese dictamen “prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”.
Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.
Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".
En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".
Mientras que Del Plá consideró que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", subrayó.
El libertario Santiago Santurio remarcó que “estamos debatiendo delitos graves” y explicó: “Un menor en el cual mata a una persona con dolo y, también lo hace en circunstancias que, cuando salga porque no tiene ningún tipo de pena, vuelve a hacerlo”.
“A los que les gusta el Estado presente, parece que acá quieren Estado ausente que haga la vista gorda porque la punición no es la solución. Piensan y dicen que no es la solución para los menores de edad, pero la verdad es que la mayoría piensa que tampoco es para mayores de edad”, apuntó contra el kirchnerismo y cerró: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves. Este Régimen Penal Juvenil no es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”.
En línea con la postura de la oposición dura que considera que esta Ley tiene un sesgo punitorio, la diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria lo catalogó de “irrazonable cargado de anuncios rimbombantes, pero irresponsables”. Se refirió a la lectura del despacho y cargó que la Ley Penal Juvenil “es tremendamente inaceptable y es contraria a los estándares internacionales”.
Por otro lado, reiteró su pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento del Régimen Penal Juvenil, y agregó que esta iniciativa “no agrega nada, solamente un titular que se lleva Patricia Bullrich”. Remarcó, además, que los padres de jóvenes procesados por delito “piden que el Estado se haga cargo de las trayectorias delictivas”. “Patricia se te cae el slogan que ‘el delito no tiene edad’”, concluyó.
Miguel Pichetto dejó en claro que apoya la baja en la edad de imputabilidad en 14 años, pero descree que el Gobierno nacional vaya a girar los fondos presupuestarios establecidos en la redacción del proyecto. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, explicó, y agregó: “Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.
Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbomante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.
“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.
En su alocución el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas. Un debate de una ley que tiene cerca de 50 años para una violencia desbordada”.
“Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma. Incluso ‘Coqui’ (Jorge) Capitanich presentó hace 20 años un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, también planteó la baja de edad. No es un problema de los partidos, sino de ver la realidad”, le enrostró al kirchnerismo.
Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”. En ese sentido, criticó: “Los que hoy plantean soluciones también tuvieron sus mayorías en Diputados, gobernadores, no dieron ninguna discusión porque no la quisieron plantear porque tienen una mirada ideológica distinta”.
“Bloquear este debate, no responsabilidad a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”, lanzó y agregó: “Nunca pensé escuchar a un legislador decir que ‘la delincuencia dignifica’”. Así, el jefe del bloque Pro explicó que “esto da una herramienta clave, respuestas sensatas”, y aclaró: “Es prudente, realismo institucional y científico dejar la edad en 14, no hay consenso científico sobre la comprensión criminal plena a los 12 años y también por la capacidad real del Estado”.
La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.
“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.
A su turno, el diputado santacruceño Juan Carlos Molina (UP) preguntó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”.
“Si la neurociencia dice que un pibe de 14 años tiene conciencia de un crimen, ese mismo pibe tendría que tener conciencia para votar o conducir”, planteó y detalló que en las regiones donde se bajó la edad de imputabilidad ha aumentado sensiblemente los niveles de violencia, lo dice la UNICEF que de kirchnerista no tiene nada. Los países con mínimas de 12 años tienen las tasas de homicidios más alto”.
Molina alertó que “esta ley no solo va a meter presos a pibes de 14 años, sino que aquellos que utilizan a esos chicos van a empezar a usar a pibes de 12 años. Estamos criminalizando la niñez y tenemos que estudiar a fondo esto. Los pobres van a ir en cana”.
NOTICIA EN DESARROLLO
El texto, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, se llevará al recinto para su tratamiento en una sesión especial este jueves. Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda manifestaron su rechazo y presentaron dictámenes propios.
Con el rechazo de los opositores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el oficialismo junto con aliados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que llevará este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en una sesión especial para lograr su media sanción.
El despacho se logró en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de Diputados, en medio de un debate que, por momentos, tuvo picos de tensión. El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C” desde las 10.30 cuando la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró que “son más de 20 proyectos que han sido incorporados en el temario y tienen estado parlamentario y versan sobre la temática”.
El dictamen de mayoría reunió 78 firmas entre los bloques LLA, Pro, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID, Provincias Unidas.
El primero en hacer uso de la palabra fue el libertario Manuel Quintar (Jujuy) recordó que en el período anterior se realizó un “arduo trabajo” que hicieron las diferentes comisiones donde “se invitó una enorme cantidad de expositores representantes de todos los organismos que tienen incumbencia en esta temática tan importante”, y remarcó que incluso se escuchó a referentes de la Iglesia: “Se escucharon a todas las personas que tiene que ver con la materia”.
“Es un tema que se trabajó muchísimo y estamos en condiciones con el respeto y escuchando a los nuevos diputados, para avanzar rápidamente en el dictamen porque es un tema que, más allá de las mezquindades políticas del kirchnerismo que quiere hacer ahora un show con gritos y a parlotear, es un tema que la sociedad está reclamando para avanzar”, cerró el jujeño y pidió avanzar en un dictamen consensuado.
A continuación, fue el turno de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP) quien planteó que durante el tratamiento del tema “hubo 24 de 31 expositores de altísima relevancia materia jurídica, penal, defensores, se han negado rotundamente al proyecto que elevó el Ejecutivo. No porque la Argentina no necesite un nuevo Régimen Juvenil Penal que pide a gritos la sociedad, la justicia, los niños y adolescentes que sin un buen Régimen Juvenil Penal se los trata por delincuentes, pero con esta frase tan marketinera de Patricia Bullrich de que ‘igual delito, igual pena’ olvidándose de uno de los principios constitucionales que es el derecho superior del niño”.
La diputada bonaerense cuestionó que el proyecto “durmió desde mayo del año pasado hasta ahora que reflejaba un pésimo proyecto lo vuelven a ratificar. ¿Cuál es la seriedad que le quieren dar después de 45 años que le debemos al pueblo argentino un Régimen Juvenil Penal serio acorde a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños?”.
“No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental. En 24 horas pusieron sobre este Parlamento el mensaje 6/2026 donde decía que la pena era de 13 años, que era de aplicación inmediata, cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución. Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”, reclamó.
Tolosa Paz aclaró que “quieren dar respuesta a los casos gravísimos que han ocurrido como el caso de Kim Gómez. Hay que buscar respuestas desde la política con la convicción de que en 45 años de no haber podido mejorar un régimen que es vetusto, inconstitucional y atrasa 100 años, no puede ser reemplazado que va a la derecha de lo que fue el proceso de la dictadura militar. Me niego a que no tengamos un dictamen propio como este bloque que tiene basado en normas constitucionales y fijando los principios básicos que nos queremos hacer cargo de la no punibilidad, de lo que ustedes no van a resolver porque tiene una fijación de pena y castigo sin importar las condiciones ni edad”.
La diputada de UP sostuvo que los delitos de menores “los comenten un 99,9% los adultos que tienen que estar presos y ser culpables. Niños y adolescentes incluso cometiendo hechos gravísimos y angustiantes siguen siendo para nosotros niños a los que tenemos que darles un Régimen especializado, con proporcionalidad de la pena y dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción, pero no con este mamarracho legislativo del Ejecutivo”.
De la vereda de enfrente, la libertaria Silvana Giudici aclaró que el dictamen atiende a dos cuestiones centrales y está ampliado con el artículo 51 con la asignación presupuestaria para “empezar a desplegar el régimen, pero en un año no estará completado porque se necesitan establecimientos, profesionales multidisciplinarios para atender las problemáticas de los niños que cometen delitos en todo el país”.
Giudici remarcó que “nadie habla de castigos reparatorios ni castigos, ni de negar derechos. Este proyecto adecua los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”. Así, apuntó contra la bancada opositora: “Les gusta acusar sobre la edad. Escuché barbaridades, pero hay 15 proyectos en esta Cámara que van en el sentido de este dictamen y la mayoría propone la baja de edad de imputabilidad”.
La libertaria planteó que países como Chile y Colombia tienen la edad de imputabilidad en 14 años, Brasil en 12 años y Uruguay en 13 años “son sistema que ya funcionan hace años. La criminalidad en esos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia. En Chile bajó en un 28% son datos reales”, y comparó: “Cada provincia argentina lleva a cabo su propio relevamiento como Córdoba que señala que el 55% de adolescentes asociados a procesos penales son menores de 16 años”.
“Buscamos justicia, buscamos el fin de la impunidad, pero también a las familias de víctimas y a las familias de homicidas lo que se busca es salvaguardar las garantías de todos, sacarlos de las calles de las garras del narcotráfico y poder darles un futuro mejor a cada niño y adolescentes. Por eso pido que pasen a la firma el dictamen que tenemos consensuado”, concluyó su alocución.
Por el lado del Frente de Izquierda, se expresó la diputada Myriam Bregman quien criticó el tratamiento del tema en extraordinarias y pidió que se explique el lema “delito de adulto, pena de adulto”, y planteó: “¿De dónde sala esta barbaridad? Tan marketinero y falso”. “La discusión de la edad de punibilidad tiene que ver con que hay un sujeto en desarrollo, pero ustedes llevan esa lógica nefasta libertaria hasta el extremo quieren poner todas las responsabilidades de forma individual para ocultar las desigualdades reales”.
Bregman contradijo a Giudici: “Los datos que leyó no hay nadie que los sostenga, porque en todos los países donde se redujo la edad, las consecuencias fueron al revés. La incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor. No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, un Gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado”, y denunció que “los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca. No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”. El FIT presentó un dictamen de rechazo y repudio.
En su debut, el diputado Juan Carlos Molina (UP) calificó el proyecto de “caranchero, oportunista”, y acusó al oficialismo de usar el caso de Jeremías Monzón para “hacernos subir a una discusión que merece una seria profundización. Los pibes también tienen que tener, por más delito que hayan cometido, algún derecho”, pidió pensar qué pasa en la sociedad para estar debatiendo este proyecto.
En tanto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) anunció la presentación de un proyecto propio que “sostiene y mantiene una posición histórica que otros diputados de otros tiempos construyeron. En el 2015 Sergio Massa, Graciela Camaño y otros legisladores, presentaron un Código Penal de más de 300 artículos. El artículo 13 establecía que el ingreso a la punibilidad por la comisión de un delito era de 14 años. Además, fue abastecido por un Régimen Penal Juvenil que establece todas las acciones posibles en manos de un juez que tiene que atender esa problemática”.
Gutiérrez remarcó que el proyecto de ley en el artículo 18 habla del “hecho del proceso” y explicó que “es el momento fatídico donde un victimario encuentra una víctima, la lastima o la mata. Es ese momento irreparable que da intervención a la ley máxima”. Así, indicó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene un déficit estructural y es inconstitucional” porque “no se puede establecer en el Régimen Penal la edad de responsabilidad en una ley periférica”, por lo que pidió al oficialismo que retire el proyecto para “darnos el tiempo de trabajarlo y tener una ley que garantice los derechos de quienes comenten delito”.
El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, destacó estar “dando un paso importante” y comentó que desde el año 83 hasta el día de hoy se presentaron más de 90 proyectos en el mismo sentido. “Seguramente nos encontramos que ideológicamente desde la práctica pensamos distinto porque escuchar que pasa algo en una provincia cuando la gobernaron 40 años y le echan la culpa a otro, es imposible de comprender que las razones que tiene el delito que son muchísimos, es mucha responsabilidad del Estado, pero si hay una persona a qué edad toma conciencia de lo que está haciendo es un delito, pero igual lo hace”, planteó.
“Tenemos que entender que a los 14 años cualquier chico tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo. Lógicamente creemos que entre 14 años y la edad actual, hay que buscar un régimen que trata de salvarlos, no profundizarlo”, aseguró y cerró: “Esto es necesario y una cuestión pendiente que tiene la democracia desde el 83 hasta ahora”.
En el mismo sentido, el diputado Diógenes González (UCR) respaldó la norma, al considerar que “es la herramienta adecuada para este momento”. “Hay que crear esa zona de protección entre los 14 y los 18 años, con estándares internacionales y mirando los ejemplos de otros países”, sostuvo.
Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “estamos convencidos que hay que resolver esta situación y legislar", aunque planteó algunas “disidencias con el dictamen de mayoría”.
El breve cruce se dio en el marco del debate en un plenario de comisiones de Diputados sobre el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que despertó algunas risas de los presentes.
En el marco del debate por el proyecto del Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno en un plenario de comisiones de la Cámara baja, la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y la libertaria Lilia Lemoine tuvieron un breve cruce que despertó algunas risas de los presentes.
Al tener el uso de la palabra, Bregman reclamó al oficialismo: “Alguien tiene que explicar por qué se trata esto en extraordinarias, por qué a las apuradas…”. En ese momento, lanzó de forma irónica y con un tono de voz cansado: “No empieces… en serio Lemoine sos re pesada, para... un minuto te pido, dos minutos te pido…”, lo que generó algunas risas alrededor.
“Tiene que agarrar un micrófono y dar explicaciones coherentes no tipo barra bravas al costadito…”, agregó Bregman contra Lemoine y sumó: “Tienen que aclarar por qué ahora en extraordinarias, qué impide el debate con los nuevos diputados que asumimos”.
El primero de los plenarios será desde las 10.30. En tanto, el segundo comenzará a las 12.30. Ambos temas fueron incluidos en el temario de la sesión que se convocó para el jueves.
De manera exprés, la Cámara de Diputados buscará este miércoles el dictamen, por un lado, del proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil, y, por otro, el despacho de la iniciativa que busca aprobar el Acuerdo Mercosur - Unión Europea. El oficialismo junto a aliados espera avanzar en comisiones para llevar ambos temas al recinto el jueves, cuando fue convocada la sesión extraordinaria.
El primer plenario se realizará desde las 10.30 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja. Allí se congregarán las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. El debate estará a cargo de la oficialista Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.
El Gobierno había enviado este lunes al Congreso un nuevo proyecto en el que insistía con la baja de la edad de imputabilidad en 13 años. Además, a diferencia de la vez anterior, destinaba un presupuesto de 23.239 millones de pesos, proveniente del Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Sin embargo, horas después lo retiró.
Se espera que el oficialismo y la oposición dialoguista retomen la letra del dictamen que se había firmado en mayo de 2025 (con otra composición de la cámara), donde la edad de imputabilidad baja de los 16 a los 14 años.
De acuerdo a ese texto, que ya perdió estado parlamentario, se preveían una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes se había fijado en 15 años, aunque originalmente el Poder Ejecutivo proponía 20.
El proyecto también mencionaba la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.
En la previa del plenario, jefes de la oposición dialoguista transmitieron al oficialismo la intención de que en el artículo referido a lo presupuestario haya una inclusión de la posibilidad de convenios entre Nación y provincias para la cobertura de los gastos que implique la implementación del nuevo régimen en cada territorio.
Por otra parte, el proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay, será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur a las 12.30, en la Sala 1 del Anexo de Diputados. Ambas comisiones se conformaron este martes y quedaron en manos del oficialismo, con Juliana Santillán y Damián Arabia, respectivamente.
En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".
A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".
Se trata de la misma iniciativa enviada anteriormente, en el que mantiene la edad de 13 años, pero con un articulado detallado sobre la asignación presupuestaria. Este miércoles buscarán dictaminar en la Cámara de Diputados.
El Poder Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto sobre régimen penal juvenil. El texto conserva la propuesta presentada en 2024, pero contiene esta vez un articulado que detalla la asignación presupuestaria para su implementación.
Tras ser incluido en el temario de extraordinarias, esta semana el oficialismo buscará un tratamiento exprés de la iniciativa: se estima que el miércoles sea dictaminado en un plenario de comisiones y el jueves se debata en sesión.
En mayo de 2025, el proyecto recibió despacho de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, tras un consenso entre el proyecto del PEN y otra docena de iniciativas presentadas. Sin embargo, no llegó al recinto.
Caído ese dictamen tras la renovación parlamentaria, deberá firmarse uno nuevo. Al igual que el año pasado, la oposición dialoguista ya anticipó a La Libertad Avanza que acompañará la baja en la edad de imputabilidad en los 14 años y no a los 13, como quiere el Gobierno.
Esa misma edad es la que se propone en el proyecto que ingresó este lunes, donde prevé un nuevo régimen penal juvenil "aplicable a personas desde los 13 años de edad hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 años de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".
La semana pasada, los jefes de bloques de Diputados se reunieron con el titular del cuerpo, Martín Menem, y allí se definió un cronograma para el debate de este tema. Además, se confirmó que se harían cambios sobre la cuestión presupuestaria, ya que el dictamen anterior preveía la facultad al jefe de Gabinete para readecuar partidas presupuestarias, metodología cuestionada desde la propia Casa Rosada sobre leyes impulsadas por la oposición que estiman eso mismo.
Así, trascendió desde sectores dialoguistas que se contemplaría la posibilidad de convenios entre Nación y las provincias, con el objetivo de que éstas puedan readecuar sus sistemas.
Sin embargo, el cambio que contiene el nuevo proyecto, más precisamente en el artículo 51, consiste en aclarar que para hacer efectiva esta ley se destinará un monto total de $23.739.155.303,08, el cual provendrá en $3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación.
En los argumentos del proyecto, el PEN sostuvo que "la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina, y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".
"Como se mencionó oportunamente en el año 2024, la vigente Ley N° 22.278 sobre Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en el año 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social", se agregó.
Además, el Gobierno justificó que "la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad". Allí mencionó que Chile, Colombia y Perú la fijaron en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12.
A través de más de 50 artículos, la iniciativa prevé principios rectores, derechos y garantías del régimen penal juvenil; los derechos de las víctimas; las penas y las medidas complementarias; las causales de extinción de la acción penal y de la pena; la supervisión por parte de los órganos competentes del Estado; las características de los institutos especializados de detención y las medidas de salud; y las disposiciones presupuestarias pertinentes.
Esto último, "en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629 y por el artículo 38 de la Ley N° 24.156", remarcó el PEN sobre la cuestión fiscal.
La diputada santafesina consideró insuficiente fijar la edad de imputabilidad en 14 años, objetó puntos clave de la reforma laboral y criticó la apertura indiscriminada de importaciones. También advirtió que Javier Milei no respeta a los otros poderes del Estado y rechazó el uso de DNU para reformar inteligencia.
La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, explicó que su desembarco en ese espacio responde a que su campaña se construyó junto a los gobernadores que impulsaron la nueva fuerza y no bajo la estructura partidaria del Pro. Señaló que debía ser coherente con el mandato recibido, orientado a consolidar un ámbito federal y de gestión.
Sostuvo que la Argentina necesita una alternativa política sensata, con fuerte anclaje en la administración pública, y cuestionó la idea de que gestionar implique sostener un Estado ineficiente o, en el extremo opuesto, destruirlo. Aclaró que mientras la Nación puede tener áreas sobredimensionadas, en las provincias la mayoría del empleo público corresponde a salud, educación y seguridad, sectores donde no es viable recortar.
Recién en ese punto mencionó, en una entrevista con Ámbito Financiero, que se distanció del rumbo del Pro en los últimos años y planteó que la fuerza debería recuperar una agenda de gestión, desarrollo productivo y valores republicanos. Reivindicó transformaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en materia educativa y urbanística.
Consultada sobre el presidente Javier Milei, Scaglia señaló que le resulta difícil ubicarlo dentro de un marco plenamente republicano, ya que considera que no respeta el rol de los otros poderes del Estado. Advirtió que la república se sostiene con diálogo y construcción de puentes, no con agresión, y destacó en contraste la actitud del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien atribuyó una vocación de consenso.
Desde el plano económico, reconoció que el país atraviesa un momento muy difícil y que el esfuerzo social no se refleja en el bolsillo. Valoró el combate a la inflación, pero criticó la apertura indiscriminada de importaciones por su impacto en provincias productivas como Santa Fe. Señaló que muchas industrias arraigadas en pequeñas localidades no pueden competir no por falta de capacidad, sino por la elevada carga impositiva local.
Sobre la reforma laboral, respaldó la necesidad de modernizar el sistema y elogió medidas que, según dijo, limitan la “industria del juicio”, ordenan la vida gremial y amplían la libertad sindical. No obstante, rechazó el diseño actual del Fondo de Asistencia Laboral por su efecto sobre un sistema previsional debilitado y advirtió que la reforma no atiende el problema de fondo de las pymes, que es la carga que representan los empleados ya contratados. Agregó que la normativa no generará empleo por sí sola y que debería incluir un capítulo específico para el trabajo joven.
En uno de los pasajes más contundentes, Scaglia sostuvo que el Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno “se queda corto”. Consideró que fijar la imputabilidad en 14 años “es poco” y aseguró que muchos jóvenes se sienten utilizados por organizaciones criminales justamente porque no son punibles. Planteó que bajar la edad es una herramienta para “salvar a los pibes”, aunque advirtió que debe acompañarse con políticas sociales. Destacó el programa santafesino Nueva Oportunidad como ejemplo de intervención exitosa.
También cuestionó que el Poder Ejecutivo haya reformado la SIDE mediante un DNU. Afirmó que no objeta el contenido, pero sí la forma, y que una normativa de inteligencia no puede modificarse sin la intervención del Congreso. Recordó que Santa Fe tiene una ley similar, pero sancionada legislativamente.
Para este año, adelantó que impulsará proyectos de biocombustibles, normativas educativas y una reforma de la Ley de Salud Mental, ante el aumento de problemáticas vinculadas al área de la normativa.
El diputado opinó respecto del proyecto que se va a tratar en el Senado y dijo que "hay que esperar el texto definitivo". Fuertes críticas contra Federico Sturzenegger: "Todo lo que toca sale mal".
El diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) consideró este jueves que "gran parte de la reforma laboral ya se ha hecho con el achatamiento y la destrucción del salario". Además, cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: "Todo lo que toca sale mal".
Respecto del proyecto de Modernización Laboral que se tratará la siguiente semana en el Senado, el legislador expresó: "Están bajo siete llaves los puntos definitivos de la ley, (Patricia) Bullrich hasta dijo que era secreto, me parece absurdo eso. Vamos a ver qué sale".
"A priori hay algunas cosas que no me gustan", afirmó y señaló que "una Ley de Contrato de Trabajo no resuelve el tema laboral ni genera predisposición tampoco a tomar empleo".
Para el diputado que forma parte del interbloque Unidos, "el Gobierno plantea este tema en el marco de los requerimientos del FMI. Pero yo creo que gran parte de la reforma laboral se ha hecho con el achatamiento, la destrucción, del salario de casi un 15% en el sector privado y más del 34% en el sector público".
En esa línea, enfatizó que "no se puede seguir haciendo paritarias del 1%, 1,5%; es vergonzoso cuando estamos viendo que los números de la inflación superan 2,5% o 2,7%". Esta disparidad, "destruye totalmente el consumo y profundiza el marco de recesión".
Tras indicar que en la Cámara de Diputados seguramente haya "un debate más fuerte" sobre el proyecto, Pichetto manifestó que "hay que ver qué va a pasar con el capítulo fiscal, que no debería haber estado nunca ahí", en referencia a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se propone y es resistido por gobernadores.
Sobre este punto, el diputado echó culpas sobre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "Siempre aparece Sturzenegger metiendo la cola, no hay nada que toque Sturzenegger en Argentina que no termine mal".
Por otra parte, respecto del proyecto de nuevo régimen penal juvenil, Pichetto lanzó que el tema "es más viejo que la escarapela, hace 40 años que se viene discutiendo". "Estoy de acuerdo en llevar la baja a 14 años", confirmó, pero remarcó que debe hacerse en conjunto con recursos, mejora de condiciones y una política social.
"Son leyes que tienen impacto. Pero, ¿dónde los va a poner? (a los menores) ¿En Marcos Paz, para que sean carne de cañón?", se preguntó en declaraciones a radio Futurock.
Tras mencionar que 14 años "responde a la media internacional", insistió: "¿A dónde los mandas? ¿Cuánto es lo que el Gobierno está dispuesto a invertir rápidamente para que vayan a lugares razonables, acordes y que sirvan para la recuperación del menor?".
"El Gobierno cree que gobernar es sacar leyes, Sturzenegger cree que el mundo se cambia con leyes, y el problema de la Argentina es la falta de empleo, lo que está ocurriendo con la industria, lo que pasó con Techint, lo que está pasando todos los días cuando cierra una fábrica, lo que pasa con la gente que no llega a fin de mes. Entonces, para no hablar de esos temas, hablemos de la punibilidad de los menores...", concluyó, reconociendo el "mérito" del Gobierno en "la instalación de temas".
El bloque libertario recibió al secretario de Minería para interiorizarse en la Ley de Glaciares que trata el Senado. Referentes del bloque reconocieron que escucharán a los dialoguistas en busca de un dictamen de consenso. Cuándo comienza la actividad oficial.
En la segunda jornada de sesiones extraordinarias, el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza recibió al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para adentrar a los legisladores en lo que será el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares. Sin embargo, también hubo señalamientos e indicaciones respecto a lo que será el nuevo debate por el Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad.
Fuentes consultadas por parlamentario.com, adelantaron que la actividad oficial va a comenzar la próxima semana con la conformación de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, donde está prácticamente descartado que la presidencia quede para Sebastián Pareja o Luis Petri. La otra Comisión que debe conformarse para este tema es la de Familias, Niñez y Juventudes que presidía la radical Roxana Reyes, pero ya no forma parte de la Cámara de Diputados.
Por otro lado, los referentes del bloque oficialista mencionaron que también serán constituidas las comisiones que van a abocarse a los temas que están siendo abordados en el Senado: se trata de Legislación del Trabajo para la Modernización Laboral; Relaciones Exteriores y Mercosur para tratar el Acuerdo Regional con la Unión Europea; y Minería y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para la Ley de Glaciares.
El secretario de Minería expuso ante los diputados oficialistas.
Respecto a la Ley Penal Juvenil, el debate se dará en un plenario entre Justicia; Familias, Niñez y Juventudes; Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado; y Presupuesto y Hacienda que tiene a Bertie Benegas Lynch como presidente. Estas dos quedaron definidas para la sanción del Presupuesto 2026 y del trunco proyecto de ley de Inocencia Fiscal que no prosperó en la sesión del 18 de diciembre pasado.
De todas maneras, las autoridades de la Cámara de Diputados receptarán a lo largo de esta semana la nómina de nombres de los integrantes de Unión por la Patria, los interbloques Unidos y Fuerza del Cambio (Pro, MID y UCR), y las bancadas provinciales para convocar las reuniones constitutivas que serán el martes, más tardar miércoles de la próxima semana según confiaron a este medio.
Sobre el dictamen que ese plenario buscará logar, hay un sector de La Libertad Avanza que quiere la insistencia del proyecto de ley original que establecía la baja en la edad de imputabilidad a 13 años con penas máximas de hasta 20. Sin embargo, otros diputados más cautos deslizaron que "para llegar a 129 (en el recinto) hay que contemplar las propuestas de los demás bloques (dialoguistas)".
“Si pudimos alcanzar un dictamen (6 de mayo del 2025) con 35 diputados, con 95 vamos a poder insistir con el proyecto original”, señaló una alta fuente de La Libertad Avanza a este medio antes de ingresar al Salón Blanco del Palacio Legislativo. En ese punto, explicaron que la propuesta tal cual la envío el Poder Ejecutivo tiene “un abordaje y una mirada en la víctima”. Así las cosas, esta cuestión quedará saldada cuando Martín Menem reúna a los dialoguistas en virtud de avanzar con el despacho.
A la espera de lo que suceda el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado con la Modernización Laboral y su posterior arribo a la Cámara baja, en el bloque libertario ven con optimismo tener sancionada la Ley Penal Juvenil antes de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, algunos referentes de la bancada que integran el espacio desde diciembre se mostraron un poco más serenos y ven con buenos ojos tener la media sanción este mes. “Que no salga este mes (la sanción), no quita que no salga en el período ordinario, pero será este año”, concluyeron.
El oficialismo en la Cámara baja convocó a los presidentes de bloques para delinear el arranque del debate de la baja en la edad de imputabilidad. Cuál será el dictamen que llegará al recinto. La idea de debatirlo después del feriado.
Foto: HCDN
En un calmo comienzo de sesiones extraordinarias, trascendió que la reforma del Régimen Penal Juvenil va a ingresar por la Cámara de Diputados y su tratamiento comenzaría la próxima semana. Mientras en el Senado el oficialismo se aboca de lleno a la Modernización Laboral, el bloque que preside Gabriel Bornoroni va a reunir a los presidentes de todas las bancadas en el Congreso para delinear el cronograma de febrero.
Según constató parlamentario.com, el encuentro tendrá como primer objetivo delinear autoridades de las comisiones de Justicia y de Familias, Niñez y Adolescencia, las cuales conforman el plenario que debatirá la baja en la edad de imputabilidad junto a Legislación Penal y a Presupuesto y Hacienda. Estas dos ya fueron conformadas en diciembre para abocarse al proyecto de Inocencia Fiscal.
De todos modos, una fuente reveló a este medio que es muy factible que la semana del 25 de febrero, después del feriado de carnaval, la Cámara baja vaya a abrir el recinto para buscar la media sanción del Régimen Penal Juvenil. Hasta el momento no hay definición respecto del despacho que se llevará al hemiciclo, pero sectores dialoguistas van a proponer que sea el dictamen que firmó La Libertad Avanza el 6 de mayo pasado.
En esa ocasión el oficialismo contó con el acompañamiento del Pro, el massismo, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre (hoy integrando Provincias Unidas) y representantes de mandatarios provinciales. Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de lleno la iniciativa.
Aquel dictamen contemplaba bajar la edad de imputabilidad en adolescentes de 16 (norma vigente) a 14 años. También, eliminaba la figura de “inimputable” y reducía las penas máximas de 20 a 15 años. A su vez, las penas privativas de la libertad quedaban establecidas a cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Los espacios dialoguistas que firmaron el despacho aquella tarde del 6 de mayo incorporaron al texto que el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
En un 2025 en posición defensiva, el oficialismo no logró avanzar con el tema porque buscaba evitar la apertura del recinto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, con el recambio legislativo y la evolución libertaria de 37 a 95 integrantes, sumado al macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, el Gobierno nacional extendió el temario de sesiones extraordinarias con la incorporación del proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil.
Respecto a la reunión de este miércoles, que va a encabezar el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, en la Cámara de Diputados, una fuente consultada mencionó que será para delinear el cronograma de febrero y la integración de cada bancada en las comisiones de Justicia, y Familias, Niñez y Juventudes. La convocatoria incluye a los bloques de la oposición dura.
El proyecto de ley debe pasar por una reunión plenaria entre las comisiones mencionadas junto a Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, y Legislación Penal, a cargo de la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Una vez que se delinee el cronograma, La Libertad Avanza reunirá a los dialoguistas para acordar el despacho que buscará llevar al recinto en la última semana de febrero.
A partir de este lunes y hasta el último día hábil de febrero se extenderá el período para el cual el Poder Ejecutivo ha pedido tratar cinco temas.
Se inicia este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias en el que, hasta el próximo día 27, podrá tratarse un temario que incluye el proyecto de ley de Modernización Laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación del Régimen Penal Juvenil, entre otros temas.
Se trata del segundo llamado a extraordinarias hecho por el presidente Javier Milei en este inicio de la segunda mitad de su mandato, luego de que en el mes de diciembre pasado el oficialismo consiguiera la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En ese primer llamado a sesiones extraordinarias el Gobierno también consiguió que la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares tuvieran sendos dictámenes en el Senado, con lo que ambos temas están habilitados para ser tratados en el recinto. La fecha tentativa para esa sesión sería el 11 de febrero.
Este segundo llamado a extraordinarias se hizo a través del decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero pasado, y que incluía la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.
El 27 de enero el presidente Javier Milei firmó otro decreto, el 53/26, por el cual se amplió el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. Esta decisión estuvo motivada en el aberrante asesinato del joven Jeremías Monzón, a manos de tres menores de edad.
Este tema será debatido inicialmente por la Cámara baja, donde el año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo llegó a tener dictamen en el mes de mayo, pese a lo cual no llegó al recinto. El proyecto será tratado en comisión la próxima semana, según confió a parlamentario.com una fuente de La Libertad Avanza, que aclaró que esta semana no habrá trabajo en las comisiones de Diputados, aunque sí deberían conformarse las comisiones que se necesiten para el tratamiento de los temas pedidos por el Ejecutivo.
En el caso de la Ley Penal Juvenil, el debate tendrá como cabecera a la Comisión de Legislación Penal, que ya fue conformada en diciembre pasado y sigue presidiendo la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Y es el único de los temas que le corresponde tratar a la Cámara baja por ahora.
El tema que no fue incluido en extraordinarias fue la emergencia ígnea para atender la situación de desastre en provincias patagónicas como consecuencia de los incendios forestales que se desarrollan desde fines del año pasado. Recordemos que la semana pasada el Gobierno decidió declarar la emergencia por DNU, a los efectos de agilizar la implementación de ese pedido formulado por los gobernadores de las provincias afectadas.
Hablando de temas que quedaron fuera de extraordinarias, es el caso del proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que había sido sumado en el anterior llamado a extraordinarias, e incluso consiguió dictamen, pero no fue tratado en el recinto. Tampoco figura la reforma del Código Penal, que había sido anunciado en diciembre.
El debate sobre el Régimen Penal Juvenil regresa a la agenda legislativa luego de un nuevo asesinato cometido por menores. Tras años de intentos fallidos y proyectos que perdieron estado parlamentario, el oficialismo busca otra vez llevar la discusión al recinto.
Pocos temas como la seguridad generan una reacción tan inmediata de parte de la sociedad. Tiene sentido entonces que, ante un hecho conmocionante, ese impacto repercuta en la caja de resonancia de la sociedad, la política y la opinión pública, como es el Congreso de la Nación. De ahí que los delitos más graves generen una inmediata reacción legislativa, ya no solo de los legisladores que suelen presentar proyectos en función de lo que dicen los diarios, sino también de los gobiernos, siempre atentos a reclamos de ese tipo.
Prueba de ello fueron las leyes Blumberg, un conjunto de reformas al Código Penal impulsadas tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004. Ese caso generó la reacción social más impactante que se recuerde en los últimos tiempos ante un crimen —más incluso que el caso Nisman—. Aquel episodio derivó en la histórica marcha del 1 de abril de 2004, convocada por Juan Carlos Blumberg para exigir justicia y el endurecimiento de las penas contra la inseguridad. Esa masiva movilización impuso el tema en la agenda pública y derivó en la aprobación de una serie de leyes. Tal protesta, que llegó a inquietar seriamente al Gobierno de Néstor Kirchner, se concentró frente al Palacio Legislativo.
En los tiempos que corren, con un gobierno particularmente enfocado en la cuestión de la seguridad, los crímenes cometidos por menores fueron el detonante inmediato de anuncios para ya no endurecer penas sino bajar la edad de imputabilidad. Está claro que el Gobierno de Javier Milei no tendría reparos en aplicar modificaciones de ese tipo mediante decretos de necesidad y urgencia, pero la propia Constitución Nacional establece en el inciso 3 del artículo 99 limitaciones que lo impiden. Entre las materias vedadas para legislar por DNU figuran las penales.
La presentación del proyecto original por parte del Gobierno de Milei.
Lo cierto es que, verano tras verano, el gobierno libertario realizó anuncios sobre modificaciones al Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Sucedió por primera vez en 2024, aunque en esos comienzos de la gestión mileísta el tema no parecía figurar entre las prioridades, tal como sugirió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista cuando su gobierno apenas llevaba un mes en el poder. En aquella oportunidad dijo tener el tema en estudio, aunque habló de manera general y sin precisiones que anticiparan un tratamiento inmediato. Señaló la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En Radio Rivadavia explicó: “Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto. ¿Por qué? Porque, al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó.
“El que la hace, la paga”
Un hecho gravísimo volvió a impulsar la iniciativa. Fue el crimen de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. Ocurrió en marzo de 2024, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un adolescente de 15 años, solo para enviar un mensaje en el marco de la guerra narco en esa ciudad. Entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en su cuenta de X: “Delito de adulto, pena de adulto”. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad por esos días, anunció que el Gobierno enviaría al Congreso una ley de imputabilidad “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.
Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024
Ese mensaje fue reposteado por el propio presidente Milei, quien agregó: “EL QUE LA HACE, LA PAGA…”.
Sin embargo, las expresiones de la ministra quedaron en eso: simples declaraciones. Al menos de momento, pues el proyecto tardó en llegar al Congreso. Recién el 1° de junio de 2024, el ministro de Justicia anticipó que la propuesta oficial bajaría la edad de punibilidad a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que, en los últimos dos meses, en los que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.
La presentación pública del proyecto tuvo lugar el 28 de junio de 2024. Patricia Bullrich y Cúneo Libarona encabezaron la exposición de la iniciativa que el Gobierno enviaría al Congreso y que alcanzaría a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la entonces ministra.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio con el objetivo de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Los diputados dieron señales de avanzar rápidamente: se convocó a un plenario de todas las comisiones involucradas —Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda— y el debate comenzó el 31 de julio de 2024. En total hubo siete reuniones, con etapas de explicación de proyectos, exposiciones de especialistas invitados y análisis fiscal. Este último arrojó un costo estimado de más de 200 mil millones de pesos, que contemplaba la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores para intervenir en futuros procesos penales.
No hubo más reuniones ese año y el tema no fue incluido en extraordinarias.
El pedido presidencial
En enero de 2025, el tema volvió a la agenda pública luego de que se conociera el caso de una jubilada de 93 años víctima de un violento robo en su casa de Vicente López. Los delincuentes —cuatro en total, tres de ellos menores— se sacaron una selfie con la mujer maniatada y la subieron a redes, lo que facilitó su detención. Los menores recuperaron rápidamente la libertad.
Un mes después ocurrió un caso aún más grave: dos adolescentes de 14 y 17 años robaron en un semáforo un auto en el que viajaban una mujer y su hija de 7 años, llamada Kim Gómez. Tras bajar a su madre a punta de pistola, los ladrones escaparon con el vehículo y la niña, que murió al quedar colgada del cinturón de seguridad cuando intentaron arrojarla del auto en movimiento.
El crimen de Kim Gómez llevó al Presidente a pedir públicamente por la edad de imputabilidad en la apertura de sesiones.
El caso reavivó el debate y motivó al presidente Milei a ocuparse del tema en la apertura de sesiones ordinarias de 2025. Exigió “bajar la edad de imputabilidad” y “agravar todas las penas del Código Penal”, y propuso “la reforma más importante de los últimos cien años”. Criticó de paso al gobernador Axel Kicillof por su enfoque en materia criminal.
Tras el pedido presidencial, el plenario retomó el debate el 12 de marzo. Hubo cuatro reuniones más y el 6 de mayo se logró un dictamen que bajaba la edad a 14 años. Fue producto de la unificación de proyectos del Ejecutivo, del massismo, de Pro, de LLA, de la Coalición Cívica, de Democracia para Siempre y de otros bloques.
El dictamen eliminó la figura de los “inimputables” y redujo la pena máxima de 20 a 15 años. Preveía que las penas privativas de libertad se cumplieran en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas de cárceles. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia por considerar que no debía dictarse ninguna prisión efectiva hasta que los institutos estuvieran adecuados.
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen. Encuentro Federal presentó uno propio, avalado por Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.
El dictamen alcanzado el año pasado modificó de 13 a 14 la edad de punibilidad propuesta por el Ejecutivo.
Sin embargo y pese a la premura pedida por el propio Javier Milei para tratar el tema, el dictamen para modificar la edad de imputabilidad no llegó al recinto en todo el año y terminó perdiendo estado parlamentario. Sucede que, ante la presión opositora, el oficialismo optó por cerrar el Congreso y resistir todo tipo de sesiones, prescindiendo de los temas propios. Así, dos semanas después del dictamen sobre el Régimen Penal Juvenil, el 21 de mayo, fracasó una sesión pedida por la oposición para tratar una serie de temas incómodos para el Gobierno: jubilados, Comisión Investigadora del caso $LIBRA y, sobre todo, la integración de la AGN. Se sabía que si había sesión, a través de un acuerdo de Unión por la Patria y Encuentro Federal intentarían designar a dos miembros para la AGN: Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó. La sesión no consiguió quórum.
A pesar de la insistencia de Milei, el dictamen no llegó al recinto y perdió estado parlamentario. La parálisis se profundizó cuando el oficialismo decidió bloquear las sesiones para evitar que la oposición impulsara temas incómodos, como jubilaciones, la comisión investigadora del caso Libra y la integración de la AGN.
¿La tercera es la vencida?
Caído el dictamen, el Gobierno hizo un llamado a sesiones extraordinarias en diciembre que incluía ya no la reforma del Régimen Penal Juvenil, sino una completa modificación del Código Penal. Sin embargo el tema no se trató y cuando se llamó a sesionar para el mes de febrero, el tema ya no apareció. Pero en un segundo llamado incluyeron la baja de edad de imputabilidad. Claro está, previamente había sucedido otro episodio sangriento que involucró a menores y generó un repudio generalizado.
Esta vez, el disparador fue el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe. El crimen, cometido entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025, fue grabado por los agresores —una adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15— y viralizado. La instigadora está detenida; los varones, no punibles, fueron sobreseídos.
Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón.
La secuencia se repite: un crimen sacude a la sociedad, el Gobierno anuncia reformas y el Congreso retoma el debate. Con el caso Jeremías aún fresco y una nueva convocatoria que incluye la baja de la edad de imputabilidad, la pelota vuelve a quedar en la cancha de los legisladores. La incógnita, como siempre, es si el clima social y político alcanzará esta vez para quebrar el patrón de los últimos años y transformar finalmente las intenciones en ley.
La diputada del Frente de Izquierda sostuvo que “todo el paquete que impulsa el gobierno de Javier Milei, que incluye la reforma laboral y la modificación del código penal, tienen un carácter reaccionario y represivo”.
La diputada nacional Romina Del Plá (Frente de Izquierda) criticó el proyecto del Gobierno que propone bajar la edad de imputabilidad y fue incluido en el temario de extraordinarias porque “pretende desviar el foco de los verdaderos responsables”.
“El proyecto de Ley de régimen penal juvenil que presentó el gobierno para las extraordinarias de febrero no busca otra cosa más que descargar sobre la juventud y las infancias la descomposición propia del régimen capitalista”, manifestó la diputada en sus redes sociales.
En ese sentido, sostuvo que “este proyecto pretende desviar el foco de los verdaderos responsables: quienes realmente manejan redes de narcotráfico y trata son los empresarios y amigos del poder, los que viven en Nordelta y son protegidos por el poder y la justicia, no los pibes y pibas sobre quienes se intenta cargar la responsabilidad”.
Además, remarcó que "la baja de edad de imputabilidad, junto a todo el paquete que impulsa el gobierno de Javier Milei, que incluye la reforma laboral y la modificación del código penal, tienen un carácter reaccionario y represivo que es avalado por los gobernadores cómplices".
El diputado de la Coalición Cívica apuntó contra los refrentes libertarios y cargó que “la responsabilidad fiscal es importante siempre, no cuando conviene”. Qué dice el artículo 52 del proyecto de ley que envío el Poder Ejecutivo de la Nación.
A la espera del comienzo de sesiones extraordinarias del próximo lunes 2 de febrero, el diputado nacional Maximiliano Ferraro le envío un pedido formal a las autoridades del debate de la modificación del Régimen Penal Juvenil para que la Oficina de Presupuesto del Congreso detalle los costos presupuestarios antes de que comience el tratamiento legislativo. “¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?”, planteó el legislador de la Coalición Cívica.
La nota fue dirigida hacia Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado en sus roles de presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal. El texto impulsado por el Poder Ejecutivo tiene giro, también, a Justicia, y Niñez, Familias y Adolescencias, donde La Libertad Avanza está definiendo la continuidad de Manuel Quintar en una y el reemplazo de Roxana Reyes (MC) en la otra.
RÉGIMEN PENAL JUVENIL | ¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?
Solicité a @NYGBertie y @laurmachado que le pidan a la Oficina de Presupuesto del Congreso la estimación del costo presupuestario de los proyectos y de la OD 787-143, antes de iniciar su… pic.twitter.com/vWzQKvP6Dh
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 29, 2026
Por su parte, Ferraro recordó que “en 2019, durante el gobierno de Juntos por el Cambio ese informe se hizo”, y profundizó: “Para nosotros la responsabilidad fiscal es importante siempre, no cuando conviene”. “Si para ustedes es condición necesaria que haya fuente de financiamiento para debatir las leyes, entonces empiecen por los proyectos y agenda del propio Poder Ejecutivo”, concluyó.
La explicación del diputado opositor pone la mirada en la financiación de la ejecución de la baja en la edad de imputabilidad que se define en el artículo 51 del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional, el cual propone que “las erogaciones (…) se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio”, pero aclara que “al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el Jefe de Gabinete deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.
Cabe aclarar que el dictamen que el oficialismo pasó a la firma el 6 de mayo del 2025 con las rúbricas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, Encuentro Federal, el MID, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre no modificó este artículo a pesar de haber introducido una serie de cambios en otros aspectos como la baja en la edad de imputabilidad a 14 años y no a 13 como había idealizado el Poder Ejecutivo de la Nación.
En aquella ocasión, La Libertad Avanza contaba con una composición menor a 40 legisladores y el despacho firmado fue redactado en consenso con la oposición dialoguista. La edad se bajaba de 16 a 14 años; las penas máximas pasaban de 10 a 15 años; y establecían condenas alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducir y reparaciones a las víctimas, entre varios puntos.
Sin embargo, una fuente del oficialismo confirmó a parlamentario.com, que buscarán un dictamen que se parezca más al texto que envío el Poder Ejecutivo de la Nación con firma de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación, ingresado por Mesa de Entradas el 15 de julio del 2024. La norma original impulsada por el gobierno de Javier Milei busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
La crítica del diputado que integra el interbloque Unidos se relaciona con la decisión del Gobierno de no asignar las partidas presupuestarias para el cumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan. Las tres leyes fueron vetadas, pero insistidas en el Congreso. Sin embargo, el presidente Javier Milei no firmó las reasignaciones presupuestarias para su ejecución.
La diputada de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) le pidió al alcalde porteño que no se "enganche en un tema que tienen que debatir los que saben y los que trabajan para que los jóvenes no entren en el delito".
En medio de la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la reforma del Régimen Penal Juvenil, la presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (FxBA), Claudia Neira, cruzó con dureza al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, por su apoyo a esa medida y lo acusó de hacer "desastres con los niños" en el distrito capitalino.
Todo comenzó cuando el alcalde local compartió en sus redes sociales un video de una persecución a cargo de la Policía de la Ciudad, en la cuál se detuvo a dos delincuentes, uno de ellos menor de edad. "Delito de adulto, pena de adulto. Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes", comenzó diciendo en su cuenta de X, ex Twitter.
"Uno era menor y tenía antecedentes. Nosotros actuamos pero con las leyes actuales, no alcanza. Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar libres ni un minuto más", completó el funcionario.
DELITO DE ADULTO, PENA DE ADULTO
Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes. Uno era menor y tenía antecedentes.
Nosotros actuamos pero con las leyes actuales, no alcanza. Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar… pic.twitter.com/Zg7HUIDTpm
— Jorge Macri (@jorgemacri) January 27, 2026
Atenta a los dichos de Macri, Neira salió a cruzarlo con suma dureza. "No te enganches en un tema que tienen que debatir los que saben y los que trabajan para que los jóvenes no entren en el delito. Vos no tenés autoridad", espetó la peronista.
"A los chicos que no tienen familia que los cuide, que no cometieron ningún delito y que son responsabilidad del Estado, los dejas librados a su suerte. Cuando quieras veamos cómo estás haciendo desastres con los niños en la Ciudad. Laburá de jefe de Gobierno, no de opinólogo", sentenció la diputada.
Tal cual había adelantado el jefe de Gabinete este lunes, Javier Milei firmó el decreto por el que se incluyen los proyectos de ley sobre ese tema entre los temas a tratar a partir del 2 de febrero.
Con la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se conoció el decreto 53/26 por el cual se amplía el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil.
La información había sido adelantada este lunes por el jefe de ministros, al cabo de la reunión que mantuvo con la mesa política en Casa Rosada para avanzar en la estrategia legislativa. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -que no había asistido al último encuentro-, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
La reunión de la Mesa Política de este lunes.
Con la confirmación de la modificación de este tema que incluye una baja de la edad de imputabilidad, serán cinco los temas a tratar entre el 2 y el 27 de febrero próximos, a saber: la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; la designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de Fernando Iglesias, y el ahora agregado cambio del Régimen Penal Juvenil.
Este bonus track fue sumado a partir de que el jueves pasado la senadora Bullrich reabriera ese debate a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, a manos de tres menores de edad. La senadora posteó ese día que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara” y eso da como resultado que “menores que cometen los peores delitos y salen impunes -dijo-. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.
Recordemos que en diciembre pasado se había anunciado el debate de una modificación del Código Penal, aunque esto ya no figuró, como se ve, en la convocatoria para febrero.
La reforma del Régimen Penal Juvenil había conseguido dictamen el 6 de mayo del año pasado, aunque el mismo no llegó nunca al recinto. Dicho dictamen, que con el cambio de conformación de las cámaras ha perdido estado parlamentario, proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas. Vale aclarar también que originalmente el Gobierno había impulsado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, e insistiría en el nuevo proyecto con esa edad.
El resto del temario
En cuanto a los otros temas previstos, el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de Modernización Laboral, que será el eje central de estas sesiones extraordinarias.
En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, el presidente Milei adelantó que enviaría “en los próximos días” el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias, pero su implementación se ha ralentizado, ya que el 21 de enero pasado el Parlamento Europeo aprobó remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el pacto cumple el derecho comunitario. A partir de estos sucesos, en Casa Rosada evalúan si tratarlo en febrero. De resolver avanzar con su tratamiento legislativo, ingresaría por la Cámara de Diputados; pero aún no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dada la demora surgida por los sucesos en el Parlamento Europeo.
En el caso de la designación del exdiputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación “en comisión” como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica”, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.
El pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora exsenadora Guadalupe Tagliaferri.
Recordemos que el anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron sendos dictámenes en el Senado. De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran está, como hemos dicho, la reforma del Código Penal; lo mismo que el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que ameritaba serios reparos opositores.
Tampoco fue incluido el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, aunque previsiblemente no se esperaba que el Gobierno sumara este debate. Empero, el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.
Legisladores libertarios celebraron la incorporación de la iniciativa al temario de extraordinarias para “saldar la deuda” con los argentinos.
Tras el anuncio que hizo el Gobierno nacional respecto de la incorporación al temario de extraordinarias del proyecto de ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, legisladores libertarios pidieron avanzar en el Congreso con el texto para “saldar la deuda” con los argentinos.
La primera que se pronunció al respecto y que, de algún modo, pujó para que el proyecto se debata fue la senadora nacional y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien manifestó: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”.
“LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD NO PUEDE ESPERAR MÁS”, planteó el titular del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, y recordó que “el año pasado no logramos avanzar con la sanción por culpa del kirchnerismo y sus aliados de buenos modales. Es hora de saldar esa deuda. Los argentinos de bien demandan que esta reforma sea aprobada”.
Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario!
Cuantas nuevas victimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría.
El Presidente… https://t.co/fhyZqAgDe1— Luis Petri (@luispetri) January 26, 2026
"En la Argentina de Milei el que las hace las paga. Un país normal es donde el estado cuida a las victimas, no a los delincuentes. Ya lo dijo Patricia Bullrich sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Nos vemos en el Congreso", expresó el senador jujeño Ezequiel Atauche.
La diputada Silvana Giudici sumó: “La baja de edad de imputabilidad y el nuevo régimen de garantías penal juvenil ya tuvo dictamen en diputados. Debemos avanzar en su sanción definitiva. Casos como el de Jeremías vuelven a interpelarnos, ¿hasta cuándo seguirán oponiéndose los que intentan negar lo evidente? En los próximos días lo veremos”.
En su primer año de gobierno, La libertad Avanza había impulsado un proyecto de ley de régimen penal juvenil. La norma logró despacho, pero no llegó a debatirse en el recinto de la Cámara baja. Patricia Bullrich, hoy senadora, vuelve a poner el tema en agenda.
Siendo ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich firmó el proyecto de ley de régimen penal juvenil que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en julio del 2024. Hoy como senadora nacional por La Libertad Avanza vuelve a instalar el tema en la agenda a raíz de una serie de hechos policiales que involucran a menores de edad.
La presidenta del bloque oficialista se refirió a la agenda parlamentaria que comenzará a partir del 1ro. de marzo, ya que el período extraordinario tendrá como prioridad el proyecto de ley de Modernización Laboral. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, lanzó en un duro mensaje a través de X.
En los últimos días se conoció el macabro video del crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años que fue torturado y asesinado a puñaladas. Los acusados de ocasionar la muerte del adolescente santafesino son una ex compañera de secundaria y dos adolescentes más, de 14 y 15 años. El crimen del joven Monzón fue cometido entre el 18 y el 22 de diciembre pasado, pero el macabro video circula en redes, Whatsapp y Telegram.
También en los últimos días fue noticia la muerte de un niño de 12 años abatido por fuerzas policiales en un enfrentamiento en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Según informaron, el joven iba a bordo de un vehículo junto a otras dos personas y tras negarse a frenar en un control policial, abrieron fuego contra los efectivos. El menor murió por un impacto de bala en el tórax y los otros dos acompañantes están prófugos.
Después de conocerse la identidad del menor, se hicieron virales una serie de fotografías y videos en las que “Chispita” -así era cómo le decían- portaba armas de alto calibre a bordo de motocicletas de desconocida procedencia. También tenía antecedentes por presunto encubrimiento y sus familiares lo despidieron con bocinazos y “tiros al aire”.
Originalmente, la iniciativa que había propuesto el Gobierno de Javier Milei establecía llevar la edad de imputabilidad a personas de 13 años. Sin embargo, en mayo del 2025, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró pasar a la firma un dictamen que proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
En aquella ocasión, el despacho debió pasar por varios encuentros plenarios de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. La Libertad Avanza había logrado adhesión en la oposición a excepción de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quienes dejaron en clara su postura al considerar que la iniciativa contenía un sesgo punitorio.
Uno de los puntos por los que el oficialismo nunca quiso avanzar con ese dictamen fue porque establecía un fuerte incremento en partidas presupuestarias destinadas a adecuar las unidades penitenciarias para que puedan albergar a adolescentes, algo que había sido incorporado por la Coalición Cívica y los bloques dialoguistas Democracia para Siempre y Encuentro Federal, hoy dentro de Provincias Unidas.
Ese fue el único tema por el que el presidente Milei había pedido en la inauguración del período de sesiones ordinarias de 2025. Por eso, el oficialismo -que había debatido el tema en las comisiones a lo largo de 2024- apuró su dictamen, que se alcanzó el 6 de mayo de 2025. Se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.
Con la nueva composición donde el oficialismo logró ser la primera minoría en la Cámara baja con 95 diputados; y en el Senado, donde triplicó su conformación de 7 a 21 legisladores, el Gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza, buscará avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil. “Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, adelantó la exministra de Seguridad. Pero eso ya no sucederá en extraordinarias, como se había propuesto en diciembre cuando el temario previsto incluía una reforma profunda del Código Penal, sino durante el período ordinario. Y a juzgar por los dichos de Bullrich, tendrá prioridad.
Miembros del Poder Judicial, funcionarios públicos de todo el país y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes rechazaron el proyecto de ley que busca llevar a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
En una fuerte demostración de rechazo a la baja de la edad de punibilidad, integrantes del Poder Judicial, funcionarios públicos de todo el país y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) se expresaron en contra del dictamen de mayoría que obtuvo el proyecto para llevar a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal en la Argentina, y advirtieron que, de convertirse en ley, será “inconstitucional y anticonvencional”.
El pronunciamiento conjunto está firmado por las máximas autoridades y referentes nacionales en materia de infancias: Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Marisa Graham, defensora de los Derechos de NnyA; Facundo Hernández, defensor adjunto de NnyA; César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU); Gustavo Daniel Moreno, secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF); Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto; Juan Manuel Irrazábal; presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Gabriel Savino, defensor del Pueblo de Santa Fe; Rossana Marlí Franco, defensora de NNyA de Misiones; Leandro Javier Drube, defensor de NNyA de Santiago del Estero; Amelia López, defensora de NNyA de Córdoba; Juan Pablo Meaca, defensor de NNyA de La Pampa, y Fernando Avila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal.
“Hemos expresado reiteradamente nuestras opiniones en diferentes ámbitos sobre la derogación de la ley 22.278, advirtiendo que la nueva ley que rija el sistema penal juvenil debe adecuarse a los principios de derechos humanos”, señala la declaración.
Sobre el dictamen de mayoría resuelto el 6 de mayo en reunión plenaria de comisiones de la Cámara de Diputados, el documento sostiene: “No recepta las recomendaciones y observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, generando un sistema regresivo en nuestra legislación y desvirtuando el principio de especialidad”. Por eso, afirma que, “de aprobarse, colocaría a nuestro país ante la posibilidad de denuncias (que muchos de nuestros organismos podrían realizar) y condenas por parte de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos”.
Agrega que “el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 24 (2019), encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada (por ejemplo 15 o 16 años) a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. A lo que se suma, con mayor relevancia aún, “que en las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, el Comité ha manifestado su seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores y ha instado al Estado Argentino a armonizar plenamente su sistema de justicia de menores con la Convención, incluida la derogación de la Ley N° 22.278 y manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y sin endurecer las penas”.
Los firmantes recordaron que “la ley penal juvenil debe adecuarse a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal; promoviendo activamente medidas no judiciales para las y los no punibles (políticas públicas), y para las y los adolescentes punibles justicia restaurativa; la aplicación de penas no privativas de libertad como medida de último recurso y durante el periodo de tiempo más breve posible, que se revisen periódicamente con vistas a su supresión o morigeración; y prohibir la imposición de cadena perpetua a personas por actos cometidos durante la menor edad”.
Indicaron que en reiteradas oportunidades han expuesto “evidencia abrumadora que da cuenta del porcentaje ínfimo de delitos cometidos por personas menores de edad en nuestro país”. Y resaltaron que “muchas de nuestras provincias han avanzado en leyes procesales penales juveniles con intervenciones acordes a la Convención de los Derechos del Niño”, por lo que “de convertirse en ley el dictamen propuesto implicaría un gran retroceso y erogaciones presupuestarias innecesarias para la mayoría de ellas”.
Los bloques dialoguistas dejaron en claro que el despacho es diferente a la iniciativa del Poder Ejecutivo. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre exigieron que no haya prisión efectiva hasta que no estén adecuados los institutos carcelarios. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ratificaron su rechazo.
Luego de semanas de postergación, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda se reunió este martes para dictaminar el proyecto de ley que propone modificar Régimen Penal Juvenil. Finalmente, la propuesta es que la edad de imputabilidad en adolescentes pase de 16 a 14 años.
El despacho final se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; por el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.
El despacho final contó con la adhesión de 77 firmas.
En primera instancia, la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión cabecera, puso a consideración de los presentes la moción para que el tucumano Mariano Campero sea elegido como vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal. Luego, el órgano legislativo aprobó la declaración de interés del III Congreso Federal de Justicia Penal realizado en abril en Mar del Plata, impulsado por la catamarqueña Fernanda Ávila.
Una vez que el plenario comenzó, Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, destacó los consensos logrados y explicó que en el dictamen se eliminó la figura de los “inimputables”; y se bajó la pena máxima de 20 a 15 años. Cerró que el proyecto de ley tiene “una misión que es resocializadora, educativa y de contención”.
Las penas privativas de la libertad serán en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia debido a que exigen que ningún juez dicté la prisión efectiva hasta que los institutos no estén adecuados para albergar a adolescentes de 14 a 18 años.
Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ratificaron su rechazo al proyecto dictaminado. Mientras que en Encuentro Federal presentó su propio dictamen en disidencia con el aval de Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.
La modificación del Régimen Penal Juvenil, que entre otras cosas baja la edad de imputabilidad a 14 años, alcanzó un dictamen de mayoría en comisiones. pic.twitter.com/r6beEiIE3b
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) May 6, 2025
Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli advirtió que “con este proyecto se busca que ese menor pueda ser oído, se lo contenga que hoy no tiene respuesta de un Estado ausente”. También advirtió -al igual que muchos de los presentes- que este dictamen le ha hecho importantes modificaciones al redactado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.
Del mismo, remarcó que este nuevo sistema penal tiene las “garantías procesales como la defensa del juicio, el debido proceso y garantías juveniles” con una “mirada socioeducativa y no punitiva”. Sostuvo, además, que “hoy un menor de 14 años comete un delito y el Estado no puede hacer nada cuando vuelve a su casa”.
En el cierre de su intervención, confirmó su apoyo al despacho (en disidencia) y exigió que “ningún juez aplique ninguna medida privativa de la libertad hasta no tener los institutos adecuados en condiciones de tener menores de edad”.
Por Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal aclaró que “este dictamen no tiene nada que ver con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo”, cargó que “no hay basamento científico en los datos que se dieron” durante las reuniones informativos y acusó al bloque de La Libertad Avanza de expresar “discursos cargados de odio que buscan negar de calidad humana y llenar de estigmas”.
Luego, dejó en claro que la “edad mínima no es la que propuso el gobierno”, destacó el consenso con los demás bloques para fijar en 14 años porque consideró que es la “edad razonable para intervención del sistema penal”. También, lanzó críticas contra la ministra de Seguridad: “Este dictamen rechaza ese slogan mentiroso de que al ‘delito de adulto le corresponde pena de adulto’”. “Eso ha sido repudiado y es una barbaridad que quiere instalar el Gobierno”, sumó.
Por último, explicó que esta legislación se trata de un sistema de penas progresivo: “Cuando un joven que sea condenado de 0 a 3 años no habrá prisión efectiva; cuando la pena sea de 3 a 10, el juez debe evaluar una combinación de prisión efectiva y domiciliaria; y la prisión efectiva será para sentencias de 10 años”. Además, ratifico que el dictamen “prohíbe la prisión perpetua”.
Unión por la Patria manifestó su oposición al proyecto de ley en el Anexo C.
En contra de este proyecto, estuvieron el diputado nacional Christian Castillo, quien señaló que “esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas y no disminuye el delito”. “Se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivos expiatorios”, cuestionó.
Luego, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que “este tema no está maduro para dictaminar”, y manifestó: “Entiendo que hay un deseo por avanzar, pero hay una dinámica de tratar de ver y revisar, y nos están faltando instancias de procesamiento de información”.
También, la diputada nacional Mónica Macha de Unión por la Patria llamó al texto como una “medida inconstitucional que pone en peligro las adolescencias en los barrios populares”. Luego afirmó que es “un proyecto nefasto que atrasa”. También develaron su oposición al proyecto en cuestión Victoria Tolosa Paz, Matías Molle, Natalia Zaracho, Brenda Vargas Matyi y Varinia Lis Marín.
La modificación al Régimen Penal Juvenil establece la aplicación a las personas adolescentes de 14 a 18 de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.
Tal como lo expresó Marcela Campagnoli en el debate, la persona adolescente imputada gozará de los principios, derechos y garantías judiciales vinculados a la legalidad; necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos; debido proceso legal y derecho de defensa en juicio; in dubio pro reo e interpretación pro minoris; el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización; dignidad humana y prohibición de discriminación; plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal; y tutela juvenil.
Las penas privativas de libertad podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento, conforme a los parámetros de esta ley.
Además, la declaración de inimputabilidad del niño, niña o adolescente no implicará en ningún caso la suspensión de la investigación, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.
Sobre la detención, el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
La postergada reunión se hará este martes, con un plenario que reunirá a Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Habría una modificación con la edad establecida.
Luego de tres postergaciones, volverá a reunirse el plenario que está debatiendo los proyectos de ley para reformar el Régimen Penal Juvenil. Será este martes a partir de las 16, en una reunión a celebrarse en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.
Allí se reunirán las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda, previéndose esta vez emitir dictamen para llevar finalmente el tema al recinto en las próximas semanas. Previamente se reunirá la Comisión de Legislación Penal a partir de las 15.30, con el fin de designar autoridades vacantes. Esa será una breve reunión en la que también tratarán un proyecto de declaración de Fernanda Avila para declarar de interés el III Congreso Federal de Justicia Penal realizado en el mes de abril en Mar del Plata.
La reunión del plenario tendrá lugar luego de tres postergaciones. La primera debía haber sido el 8 de abril, día en el que finalmente la oposición logró quórum y el pleno se reunió en el recinto para tratar el caso $LIBRA y emplazamientos. Si bien se había cambiado el horario del plenario de la mañana para la tarde de ese día, la sesión se extendió y quedó reprogramado para el miércoles 23 de abril, pero se suspendió nuevamente al postergarse toda la actividad de esa semana por la muerte del papa Francisco. Quedó para 30 de abril, pero la tercera no fue la vencida.
Ante esa tercera postergación se especuló con la posibilidad de ya no tratar la modificación de la edad de punibilidad este año, aunque eso fue luego desmentido, habida cuenta del interés oficial de avanzar con ese tema prontamente. De hecho, en la inauguración del período ordinario, el presidente Javier Milei exigió al Congreso aprobar la ley de la baja de edad de imputabilidad “para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen”, señaló el 1° de marzo.
A lo largo del año pasado, las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda debatieron el tema en reuniones informativas con especialistas, mientras que el pasado 12 de marzo fue el último encuentro, provocado precisamente por el reclamo de Javier Milei durante la Asamblea Legislativa y en medio de la conmoción por el caso de Kim Gómez en La Plata, una niña asesinada por dos menores durante un robo.
Dentro de las iniciativas está incluida la enviada por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años. Este finalmente sería el número que oficialismo y bloques de la oposición dialoguista habrían acordado para avanzar en un despacho consensuado.
El resto de los otros 14 proyectos fueron presentados por el Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".
De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
Tras la reprogramación por la semana de duelo debido a la muerte del papa Francisco, la convocatoria que figuraba para el próximo 30 de abril será finalmente el 6 de mayo.
Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal
"La tercera es la vencida" no fue caso para el proyecto de régimen penal juvenil, tema por el cual durante todo el mes de abril se convocó y suspendió el plenario de las cuatro comisiones que deben tratarlo en la Cámara de Diputados, con la intención por parte del oficialismo de avanzar con un dictamen.
La primera citación con tal objetivo había sido para el 8 de abril, día en el que finalmente la oposición logró quórum y el pleno se reunió en el recinto para tratar el caso $LIBRA y emplazamientos. Si bien se había cambiado el horario del plenario de la mañana para la tarde, la sesión se extendió y quedó reprogramado.
Atento a la semana corta de Pascuas y la visita del jefe de Gabinete (quien ratificó la voluntad del Gobierno de darle pronta aprobación), el plenario por régimen penal juvenil no pasó para la semana del 14, sino para la del 21, más precisamente para este pasado miércoles 23 de abril. Sin embargo, a raíz del fallecimiento del papa Francisco toda la agenda se movió siete días.
Así, la tercera convocatoria quedó fijada para el miércoles 30 de abril a las 17, pero nuevamente volvió a suspenderse, y en medio -además- de rumores de que el tema se sacaría de agenda. No obstante, según pudo saber parlamentario.com, las comisiones se reunirán el próximo 6 mayo.
¿Los motivos de la nueva suspensión? Fuentes consultadas por ese medio alegaron que el plenario corría riesgo de quedar sin los diputados suficientes para la firma del dictamen, atento a que se haría horas antes del feriado del jueves 1ro. de mayo y el viernes 2, día no laborable con fines turísticos. "Fue por temas logísticos simplemente", afirmaron.
A lo largo del año pasado, las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda debatieron el tema en reuniones informativas con especialistas, mientras que el pasado 12 de marzo fue el último encuentro, provocado por el reclamo de Javier Milei durante la Asamblea Legislativa y en medio de la conmoción por el caso de Kim Gómez en La Plata, una niña asesinada por dos menores durante un robo.
Dentro de las iniciativas está incluida la enviada por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años. Este finalmente sería el número que oficialismo y bloques de la oposición dialoguista habrían acordado para avanzar en un despacho consensuado.
El resto de los otros 14 proyectos fueron presentados por el Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".
De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
Cuatro comisiones de la Cámara de Diputados fueron citadas para este martes a las 17.30. Habría acuerdo para avanzar en un texto consensuado entre el oficialismo y la oposición dialoguista.
Con el objetivo de emitir dictamen sobre un tema que ocupa la agenda del Poder Ejecutivo en el Congreso, se convocó para este martes a las 17.30 a un plenario de cuatro comisiones para tratar la propuesta de modificación del régimen penal juvenil, que cuenta entre sus principales aspectos con la baja de la edad de imputabilidad.
En un primer momento el encuentro se había citado dos horas y media antes, pero atento al llamado de sesión que hay para ese día, se postergó el horario. Según supo parlamentario.com, habría un acuerdo entre los bloques para que, en caso que la sesión reúna quórum, se concluya antes del horario del plenario de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.
El temario incluye el proyecto enviado por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años.
En total, hay 14 proyectos sobre la mesa, correspondientes al Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.
De acuerdo a fuentes parlamentarias consultadas por este medio, habría un dictamen de consenso en el que trabajan hace tiempo el oficialismo y los bloques dialoguistas, pero del cual no se conocen hasta ahora mayores detalles.
El último plenario sobre el tema, convocado luego del pedido que hiciera el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa, y motorizado por la coyuntura del caso Kim Gómez -una niña asesinada por dos menores en La Plata- que conmocionó semanas atrás, se realizó el pasado 12 de marzo.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".
De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
Luego de cinco meses, un plenario de comisiones de la Cámara baja retomó el debate sobre la baja de edad de imputabilidad este miércoles. Desde la UCR, CC, DpS coincidieron en instituciones de resocialización para los menores que cometen delitos. El FIT adelantó su rechazo absoluto.
Luego del pedido que hizo el presidente Javier Milei en la apertura del período ordinario al Congreso para que aprueben el proyecto sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 13 años, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate tras cinco meses de la última reunión informativa que habían tenido.
El plenario, que duró poco más de una hora y se desarrolló en el Anexo “C”, estuvo compuesta por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente, tras siete reuniones informativas que hubo. Sin embargo, el trágico caso de la nena de siete años Kim Gómez que fue asesinada por dos menores de edad, reactivó el reclamo por parte del Gobierno.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.
De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima. También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
Al inicio de la reunión, Laura Rodríguez Machado -titular de la comisión de Legislación Penal- aclaró: "Este plenario no es informativa. En el día de hoy la decisión que hemos tomado con los presidentes de bloques es no emitir despacho por ahora y trabajar en la posición que tiene cada uno de los bloques sobre la temática”.
“Hemos tenido 7 reuniones de comisión y hemos escuchado a los doce autores de los proyectos que van a ser tenidos en cuenta presentes al momento de dictaminar, a más de 26 especialistas en la temática. Si alguno de los bloques considera que hay que tener presente alguna otra exposición la vamos a incorporar por escrito”, recordó.
Machado pidió que los expositores dejen explícito su punto de vista sobre lo que consideran como edad mínima de imputabilidad, pena máxima, plazos de implementación, penas alternativas a la prisión, modalidades atenuadas, programas de resocialización, tratamientos médicos, figura de supervisor, que son algunos puntos que existen coincidencias y discrepancias.
La primera en hacer uso de la palabra fue la radical Soledad Carrizo quien celebró el tratamiento inmediato de un tema “tan importante” y recordó que hace ya 11 meses que ingresó el proyecto del Ejecutivo. Así, remarcó que a la sociedad “tenemos que darle una solución”.
“En lo personal creo que este debate está agotado, que tenemos que avanzar en un dictamen en los meses restantes sabiendo que es un tema complejo. Hay que tomar una decisión”, planteó. En tanto, resaltó que todos coincidieron en que “la criminalidad, la delincuencia”, y manifestó: “No solamente lo debemos mirar desde un paradigma punitivo, entendemos que tenemos que tener en cuenta todas las problemáticas”.
Carrizo afirmó que “la pena en la cuestión de los jóvenes tiene que tener una finalidad reeducadora y resocializadora, sino no tiene sentido discutir el tema”. Además, cuestionó que se ha querido reducir el tema en cifras sobre criminalidad de menores: “Nos quedamos en cifras aritméticas, pero hay una realidad que la sociedad, las víctimas destrozadas han vivido en manos de menores, por lo tanto, tenemos que entender que esta criminalidad juvenil existe y debemos abordarla definitivamente”. La radical pidió que entre marzo y abril se tome una decisión porque “no es algo que viene desde ahora, es una ley desde 1980 que se sancionó con paradigmas diferentes a las actuales. Hay que modernizarla y poner al país en otra mirada integral del régimen penal juvenil”.
A continuación, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) coincidió con su par preopinante de que “no se puede seguir mirando para otro lado”, porque “tenemos un régimen de 1980 sin ninguna garantía procesal para el menor”. Campagnoli cuestionó que en la provincia de Buenos Aires “muchas veces la única respuesta que da el Estado es penal”, pero aclaró que “esa respuesta punitiva tiene que estar, pero esto no viene de ahora sino desde el año 2000”.
Campagnoli enumeró que los proyectos que fueron presentados por su bloque durante estos años propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un Régimen de responsabilidad penal juvenil, donde estén todas las garantías procesales que tienen también los adultos, medidas socio educativas, reclusión privativa de libertad para delitos de acción pública.
La diputada de la CC pidió que se decida si se quiere o no que haya un régimen penal juvenil, aunque remarcó que “debe haber lugares de alojamiento adecuados, porque recuerdo que no hay planta. ¿Los vamos a meter con los adultos?”. Así, manifestó que “el Gobierno en su afán de conformar a la sociedad sale con medidas tribuneras, pero la realidad es que no hay dónde alojarlos a los menores. Necesitamos un debate sincero y profundo”.
La bonaerense dijo que, pese a que solo el 2% de delitos lo comenten los menores, hay que dar una respuesta y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, remarcó que los jóvenes que delinquen “están bajo el consumo de sustancias” por lo que pidió tratar la Ley de Salud Mental.
“La mayoría de los proyectos son coincidentes, tenemos muy pocas diferencias o sea que podemos avanzar con el régimen con medidas socioeducativas para delitos de menor escala, prisión para delitos más graves. La mayoría propone 14 años de edad”, destacó y solicitó crear un grupo de asesores que quieran buscar un dictamen de mayoría y ceder en algunas cosas “si tenemos la voluntad de dar una respuesta a la sociedad”.
Desde la izquierda, manifestaron su rechazo en un “100%” el proyecto y acusó a todos los gobiernos de hacer de las necesidades de la gente “una campaña electoral”. La diputada Mónica Schlotthauer señaló que “no es ninguna garantía que con esta iniciativa se va a terminar con la inseguridad, esto es imposible”.
“No digan más que con leyes duras vamos a resolver el problema de la inseguridad. Solo quieren seguir metiendo presos a los pibes y criminalizar la pobreza, lo que no resuelven”, apuntó y propuso: “Democratizar la justicia, basta de poner jueces a dedo, los tienen que votar la gente. Es una vergüenza que se siga hablando de esto”.
En tanto el diputado Christian Castillo sumó: “La baja de edad no solo no soluciona el problema, sino que es perjudicial”, y brindó detalles sobre delitos: “Argentina tiene 4,2 delitos cada 100 mil personas. Ecuador que tiene 12 años tiene un 46,1%, Honduras 31,1%, Venezuela 20,8”. “Los países que bajaron la edad de punibilidad aumentaron la cantidad de delitos por menores”, planteó y cuestionó: “Esto es humo para criminalizar a los pibes, para no resolver los problemas estructurales y tener política de vendetta sobre pibes en situación de vulnerabilidad”.
“Es ridícula la frase de ‘crimen de adulto, pena de adulto’. Solo el 0,45% de niños y adolescentes entran en el sistema penal”, cerró.
El radical correntino Manuel Aguirre planteó que la delincuencia juvenil es multicausal desde la familia, la escuela, seguridad que llevan a “una desviación de conducta”. Por eso remarcó que en su proyecto propone: “Hay que tratar de ayudarlos a que se rencaucen socialmente porque no sirve imponerlo con sanciones graves. Yo puse 14 años en sentido formal, pero no creo que se necesite edad. Hay que tratar de recuperar a los chicos, hay que hacer institutos, no cárceles, porque hay que recuperar a los chicos de su desviación de conducta”.
Por su parte, el neuquino Osvaldo Llancafilo adelantó su acompañamiento la baja de edad de imputabilidad a los 14 años entendiendo que “se deja de lado algo que es tan importante lo que pasa con las víctimas y las familias que han tenido que pasar un homicidio en manos de un adolescente”. Así, sostuvo que hay que considerar “su edad y su responsabilidad al cometer un delito de grande”.
“Hablan de cuestiones que tienen que ver con el entorno socioeconómico, la cuestión social, la vulnerabilidad, pero en Gales y en Inglaterra la de imputabilidad es de 10 años hablamos de países desarrollados y dudo que allí no haya oportunidades, en función de las comparaciones que hacen. Claro está que hay una cuestión que tiene que ver con que los legisladores demos respuestas a una cuestión coyuntural que estamos viviendo y que parte de la sociedad pide”, manifestó y criticó: “Estar reduciendo esto a una cuestión de índices a ver si baja o no la inseguridad, me parece que es un enfoque errado”.
Al igual que los demás, Llancafilo también propuso la necesidad de tener un sistema de resocialización y políticas correccionales acorde a lo que sucede: “Ojalá se trate rápidamente el proyecto y dictaminar y llevarlo al recinto. El tema de la inseguridad y el delito penal juvenil tiene muchos años en el país y ninguna gestión ha logrado resolverlo. Hablan de programas y leyes, pero está claro que el tema no se resolvió”.
“La baja de edad de imputabilidad me parece es un buen paso para dar una respuesta a una cuestión coyuntural que vivimos. El Estado tiene que ocuparse de la resocialización de esos jóvenes y para eso tienen que invertir para la contención. Se debe hablar de un enfoque restaurativo”, cerró.
Ramiro Gutiérrez por el bloque de Unión por la Patria expresó brevemente: “Debemos preguntarnos si necesitamos un Régimen que debe tener la instrumentación de los hechos. Se necesitan órganos regidos por el principio de especialidad y especificidad. Se necesita un proceso que establezca cómo va a ser el sistema de atribución de responsabilidades, de pruebas, medidas, determinar una implementación real, posible y financiada. Si hay todo eso estaremos poniendo una medida que nos puede ayudar a todos y lograr un consenso mayoritario”.
Su compañera de espacio Agustina Propato afirmó que es “sumamente necesario construir desde una visión una respuesta real al postergado régimen penal juvenil”. Sin embargo, resaltó que el proyecto del Ejecutivo incurre en la inconstitucionalidad y falencias del debido proceso. “Hay que ir a una propuesta que concilie los aspectos de constitucionalidad y constituya una respuesta que está en espera desde 1980”, consideró y concluyó: “Hay muchas coincidencias en los proyectos, pero se requiere un debate profundo”.
La diputada criticó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene bastante de un oportunismo coyuntural carroñero de la tragedia que hemos vivido recientemente, que a todos nos interpela, pero creo no puede estar sujeto a estos momentos en donde la opinión mediática y pública exige respuestas y van allí inmediatamente a sacar cual delivery una respuesta inconstitucional”.
Por el bloque Democracia Para Siempre se manifestó el formoseño Fernando Carbajal quien reiteró su pedido para que un proyecto de su autoría sea sumado al debate y consideró que “no se puede debatir un nuevo régimen si no asumimos la respetabilidad de establecer cuáles son las reglas mínimas de los centros de contención de menores”.
“Acá no se cumple ni el reglamento, pero cuando discutimos leyes penales nos convertimos en fundamentalistas de la legalidad y que esto tendrá impacto sobre la realidad. Lo que se propone con esto extender el régimen penal a un espacio de vida que estaba excluido y acá está el problema, creemos que va a tener impacto en la realidad, pero en términos de política de seguridad va a tener un impacto igual a cero, pero es necesario debatir nuestro régimen de menores porque tiene falencias, pero no se puede sustraer el contexto político en que esto se plantea”, argumentó.
Carbajal criticó duramente que el fondo del proyecto: “Es volver a la edad media”, y señaló que “debe ser discutido en un contexto diferente”, y sugirió para dar “un matiz de racionalidad es sustraer el tema de la coyuntura porque no se va a resolver ningún problema de seguridad, pero establezcamos estándares mínimos que deben tener los centros de contención de menores”.
Al cierre, el libertario y titular de la Comisión de Justicia, Manuel Quintar, señaló: “El tema está agotado, no da para más seguir dándole vuelta al a cuestión y buscándole la quinta pata al pato y sacarle un redito político. Tenemos que dictaminar en forma urgente, tenía ganas de dictaminar, pero hay una sesión politizada. Esto es un tema central, esta semana tenemos que emitir dictamen o el borrador, nos tenemos que poner las pilas porque es una demanda de la sociedad y no puede haber más casos como Kim y es una vergüenza no dar respuesta social y entrar en debates burocráticos que, sabemos que con una ley no se soluciona la vida, no estamos en disneylandia, le faltan condimentos y perfeccionarla, pero hay que dar un mensaje claro y rápido”. Así, convocó a todos los bloques a circular un borrador de dictamen para, la próxima semana, convocar un plenario y dictaminar.
Conforme el reclamo que hizo el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa, este miércoles vuelve a reunirse el plenario que viene debatiendo el proyecto del Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad.
“Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”, señaló el presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias 2025, a propósito de lo sucedido con Kim, la niña de 7 años asesinada por dos menores de edad. El Congreso, receptivo al pedido presidencial, activará esta primera semana completa de ordinarias ese debate que viene desarrollándose desde el año pasado.
Siete fueron las reuniones desarrolladas en el marco de plenarios integrados por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
Precisamente los presidentes de esas comisiones decidieron convocar a un plenario este miércoles 12 a las 11. A través de un comunicado, los titulares de las comisiones señalaron que el presidente en su discurso “habilitó el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley Penal Juvenil, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con otros doce proyectos que abordan la misma temática”.
“El Régimen Penal Juvenil ha sido objeto de debate en el ámbito legislativo desde agosto de 2024, en un plenario conformado por las comisiones mencionadas. Se han llevado a cabo siete reuniones en las que expusieron 26 especialistas de distintos ámbitos, entre ellos, jurídico, judicial, fuero de menores, fundaciones, y médicos neurólogos”, recordaron.
Tras mencionar que el encuentro se realizará en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, los diputados indicaron que, de acuerdo con la composición de las comisiones, “se necesitan 73 diputados entre todas” para emitir dictamen.
“El plenario está compuesto por 113 diputados, lo que representa el 44% de los integrantes de la Cámara de Diputados, y requiere la presencia de la mitad más uno de sus miembros para constituir quórum. Quienes suscribimos la presente trabajaremos el proyecto avance con celeridad, brindando respuestas concretas a la problemática penal juvenil y contribuyendo a un sistema judicial más justo y eficiente”, concluyeron Rodríguez Machado, Reyes, Quintar y Espert.
El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.
De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
El titular de la Cámara baja destacó el aumento del 32% de los delitos cometidos por menores de edad y garantizó que intentarán “avanzar muy rápidamente” con ese debate. Respecto de lo sucedido con Manes, lo consideró “algo intrascendente”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo votos este martes por el pronto tratamiento en el recinto del proyecto que baja la edad de imputabilidad, criticó al gobernador Axel Kicillof por el aumento de la inseguridad en la provincia y minimizó el incidente que involucró al diputado Facundo Manes y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Entrevistado en La Nación+, el jefe de la Cámara baja destacó que en los últimos tiempos se ha podido verificar que “la cantidad de delitos que cometen menores que no están alcanzados por la ley penal ha sido la verdad bastante lamentable”.
“Y si tenemos en cuenta los datos, entre 2020 y 2023 crecieron más de un 30% los delitos cometidos por personas ‘menores de edad’, que causan el mismo daño que causan los adultos, pero no los alcanza la pena, y así está hecha la provincia, un baño de sangre”, remarcó, apuntándole como viene haciendo el Gobierno en general a Axel Kicillof.
Por eso Menem dijo que “tenemos que trabajar rápidamente” y se quejó de no haber contado con el acompañamiento del kirchnerismo por ejemplo en leyes de seguridad recientemente aprobadas, como la de Reiterancia o la Antimafia. “Esperemos que recapaciten y nos puedan acompañar en la baja de la edad de imputabilidad”, remató.
En definitiva, aseguró que el oficialismo tratará de “avanzar muy rápidamente” con la baja de edad de imputabilidad, por cuanto “esto lo está reclamando la sociedad”. Y con respecto a las posibilidades de lograrlo, recordó que “arrancamos con 39 diputados más el Pro, y somos setenta y pico de arranque, más algunas colaboraciones que tenemos de partidos provinciales, y después tenemos que salir a buscar consenso dentro del resto de las fuerzas”.
“Pero es nuestra voluntad avanzar -garantizó-. Muchas veces no hacemos lo que queremos, sino lo que podemos, pero es férrea y firme la voluntad y creo que podemos llegar a ser exitosos”.
Con todo, resumió diciendo que “hay que estar en el momento; hay que sacar un dictamen, hay que llegar al recinto, y ya hemos visto las cosas que pasan ahí; a veces las cosas no son como uno quiere… Pero el norte está claro, queremos que sí o sí el que las hace las pague, no importa la edad que tenga, por eso queremos bajar la edad de imputabilidad de la Ley Penal Juvenil de una vez por todas”.
Respecto de las críticas que ha hecho el gobernador bonaerense respecto de los embates oficiales contra su gestión, e incluso las críticas que despertaron que desde el Gobierno se sugiriera la intervención de la provincia, Martín Menem insistió en que “los delitos cometidos por menores de edad aumentaron un 32% entre 2020 y hasta ahora”.
“¿Quién gobierna la provincia? Kicillof”, enfatizó y recordó que el presidente ha dicho del gobernador que “no es útil para el cargo”, a lo que él agregó que “ya ha sido un fracaso como ministro de Economía, ahí vemos el caso de YPF, son 16 mil millones de dólares; si empezamos a sumar los fracasos que suma este muchacho como ministro de Economía y le sumamos los que tiene sobre sus espaldas como gobernador, ya son innumerables”.
Consultado respecto de lo sucedido con Facundo Manes el sábado, como presidente de la Cámara de Diputados expresó su intención de poner "blanco sobre negro”, y tras aclarar que tiene una “excelente” relación con el diputado de Democracia para Siempre, remarcó que “el 1” de marzo es una jornada muy importante para la democracia, donde el presidente expone la marcha del Gobierno, es algo solemne donde deberían estar presentes todos”.
“Puntualmente el diputado Manes se sienta al fondo a mi derecha de donde yo presido la Cámara. Y, oh casualidad, en este solemne acto se sentó a la izquierda, la parte que había dejado vacía el kircherismo. Que se entienda bien: no estaba sentado donde le corresponde normalmente”, señaló, atribuyendo eso a que Manes concurrió a la sesión “en una actitud provocadora”, en la que levantó la Constitución, e interrumpió varias veces al presidente.
Martín Menem insistió en que Manes “intentó en varias oportunidades entorpecer la solemnidad de algo que es muy importante para la democracia. No corresponde, esto está mal, fue en una actitud provocativa e hizo cosas que no hace habitualmente”.
Respecto de lo ocurrido después, lo definió como “un intercambio de palabras” en el que aseguró que “no hubo agresión física. Están las cámaras de la Cámara de Diputados, que muestran que hubo un intercambio de palabras y una palmadita en el pecho. No hubo nada más. Fue algo intrascendente, y este hecho que están hablando los medios, que no tape lo importante que es el rumbo que ha tomado la Argentina, del infierno del que nos han sacado el presidente Milei y el equipo económico hace ya un año y 2 meses”.
Así lo expresó la diputada del Pro, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, quien destacó el proyecto que se debatió el año pasado y que el Gobierno quiere aprobar.
A raíz del brutal caso de Kim Gómez, una niña de 7 años que fue asesinada por dos delincuentes menores de edad en la ciudad de La Plata, distintas voces del oficialismo -con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza- salieron a reclamar por la pronta sanción de un nuevo régimen penal juvenil.
El proyecto promovido por el Poder Ejecutivo se debatió a lo largo del año pasado en la Cámara de Diputados, pero no recibió dictamen de comisiones, por lo tanto no llegó al recinto, a diferencia de otras iniciativas de seguridad impulsadas desde el Gobierno.
Este jueves, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal -cabecera del tratamiento-, aseguró que el proyecto ingresado el 15 de julio de 2024 "tiene como objetivo primordial poner fin a la impunidad en los delitos cometidos por jóvenes y garantizar que el que las hace, las paga”.
“No puede haber impunidad. No importa la edad del delincuente, lo que importa es que la justicia actúe con firmeza y proteja a las víctimas”, subrayó la legisladora bullrichista. La iniciativa busca actualizar la normativa vigente, que fue establecida por decreto-ley en 1980 durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y adecuarla a las necesidades de la sociedad actual, donde cada vez más jóvenes se ven involucrados en hechos delictivos graves.
Rodríguez Machado señaló que "recientemente, hemos sido testigos de crímenes que han conmocionado al país, como el brutal asesinato de Kim Pérez en La Plata, donde un menor de edad fue el autor del hecho. Otros casos recientes de jóvenes implicados en delitos violentos también han reforzado la urgencia de este nuevo régimen, que no puede seguir postergándose. Estos hechos han dejado claro que no hay lugar para la impunidad y que la justicia debe actuar de manera rápida, decidida y contundente. No hay excusas ni justificación: el crimen debe ser castigado sin importar quién lo comete".
El régimen penal juvenil no sólo propone penas de prisión, sino también sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras. Para los casos más graves, las penas de prisión tendrán modalidades atenuadas, como el cumplimiento en institutos abiertos o domiciliarios, "pero siempre bajo el principio de 'el que las hace, las paga'; esta es una justicia equilibrada, que da una oportunidad para la resocialización, pero no olvida el daño causado a las víctimas", apuntó la diputada.
Este régimen se apoya en un sistema de resocialización que incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. Además, se creará la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad. Pero todo esto no reemplaza ni atenúa la necesidad de que cada infractor cumpla con la pena correspondiente por el delito cometido. "El castigo y la rehabilitación son dos caras de una misma moneda: la justicia debe ser completa", agregó la cordobesa.
“No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad. Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro, el que comete un delito debe pagar por ello”, insistió la legisladora, haciendo hincapié en que "la protección a la ciudadanía es un derecho irrenunciable".
El proyecto fue debatido en un plenario de cuatro comisiones: Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En total, 113 diputados forman parte del debate, lo que representa el 43% del total de la Cámara baja. Hasta la fecha se han realizado 7 reuniones de plenario, donde se escucharon las posturas de 26 expertos en la materia, quienes aportaron análisis clave para el desarrollo del proyecto. "Es un proyecto robusto, que se ha nutrido de la opinión de quienes más saben sobre la problemática, y está preparado para afrontar la realidad de una sociedad que ya no puede esperar más", aseguró la presidenta de Legislación Penal.
Cada comisión cuenta con un número mínimo de diputados para alcanzar el dictamen de mayoría. Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia cuentan con 31 miembros cada una, requiriendo 16 diputados para aprobar el dictamen. Por su parte, Presupuesto y Hacienda tiene 49 integrantes y requiere 25 diputados. En total, se necesitan 73 diputados entre todas las comisiones para que el proyecto avance hacia el tratamiento legislativo en la Cámara.
Según anticipó Rodríguez Machado, en la apertura de sesiones por parte del presidente Javier Milei "se presentará el cronograma de trabajo y tratamiento del proyecto para 2025, reafirmando que el debate ha sido amplio y plural, y estamos listos para avanzar en la aprobación de un régimen que pondrá fin a la impunidad”. "La mirada firme del Gobierno, y en particular de esta Cámara, es clara: la justicia es para todos, sin excepciones", sostuvo.
Finalmente, dijo que "este régimen penal juvenil es esencial para modernizar la justicia en Argentina, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y enviar un mensaje inequívoco: en nuestro país, el que comete un delito lo paga. La justicia es un compromiso con la sociedad y con las víctimas, y este proyecto es un paso decisivo en la dirección correcta. No más tolerancia con la impunidad".
El Poder Ejecutivo mandó a mediados de 2024 un proyecto de ley para llevar la edad de imputabilidad a 13 años. El mismo fue debatido por cuatro comisiones de la Cámara baja, que se reunieron siete veces. Todas las reuniones fueron informativas y no llegaron a dictaminar.
El episodio aberrante en el que una banda de mayoría de menores asaltó y torturó a una anciana, y luego se sacó una selfie con ella.
Causó estupor en las últimas horas el caso de una jubilada que fue víctima de un robo por parte de delincuentes que, en el extremo de la crueldad, tras maniatarla y golpearla en su domicilio de Vicente López, se sacaron una selfie que subieron a las redes, donde la mujer de 93 años se veía maniatada. Fue el colmo de la aberración que ya de por sí representó todo el episodio, pero a su vez lo que llevó a la policía a detenerlos.
Eran cuatro los despiadados malvivientes, tres de los cuales eran menores que, en consecuencia, quedaron rápidamente en libertad. Más allá de que el tema queda en el fuero de responsabilidad juvenil y es probable que finalmente se produzca su detención, por la repercusión que tuvo el caso.
Esa misma repercusión es la que lleva a preguntarse qué pasó con los proyectos para bajar la edad de imputabilidad, que con muchos bríos el Gobierno había impulsado el año pasado en el Congreso y que sin embargo no pudo llegar al recinto de Diputados siquiera a lo largo de 2024.
Vale refrescar entonces el recorrido que el proyecto tuvo durante el año pasado, luego de un hecho conmocionante como fue el asesinato de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. El crimen ocurrió en marzo del año pasado, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un menor de 15 años, tan solo para mandar un mensaje en el marco de la guerra narco que embarga a esa ciudad. Fue ahí que el vocero presidencial Manuel Adorni posteó en su cuenta de X este mensaje: “Delito de adulto, pena de adulto”, pero dado lo que terminó sucediendo sonó como una expresión de deseos. Aun cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció entonces que ya estaban enviando al Congreso de la Nación la ley de imputabilidad, “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.
Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024
Puede que se haya cortado sola la ministra en esa oportunidad, pues el tiempo pasó sin que hubiera novedades. Recién el 1 de junio siguiente el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, que en el mes de enero había hablado de la elaboración de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, anticipó que la propuesta oficial sería de bajarla a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que los últimos dos meses que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.
Pero siguió transcurriendo el tiempo, ya que el proyecto recién se presentó en sociedad a fines de ese mes. El 28 de junio de 2024, Patricia Bullrich y Cúneo Libarona presentaron el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que sería enviado al Congreso y que comprendería a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo ese día la ministra Bullrich.
La presentación del proyecto del Poder Ejecutivo, a cargo de los ministros Cúneo Libarona y Patricia Bullrich.
Qué dice el proyecto
El proyecto recién ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio, con la finalidad anunciada de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, expresa el texto que todavía es debatido en Diputados.
El proyecto aclara que “desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación”. Agrega que “el juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”.
Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.
El proyecto prevé que “si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos". "En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima”, suma.
Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.
El debate en comisiones
Habrá que reconocer la voluntad original de los diputados en avanzar sin demoras con esta iniciativa, por cuanto el análisis del proyecto del Ejecutivo se hizo en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Porque bien se sabe que cuando la voluntad es demorar, el proyecto en cuestión se trata por separado.
En este caso el debate arrancó el 31 de julio pasado, con la presencia del secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer. Ese mismo día Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión cabecera, Legislación Penal, detalló cómo seguiría el debate: el 6 de agosto sería el turno de los autores de proyectos para explicarlos y el 13 de agosto se iniciaría la ronda de expositores invitados. Eso se cumplió, y el 20 de agosto se realizó la cuarta reunión, oportunidad en la que varios autores de iniciativas continuaron detallando sus proyectos. Se percibía para entonces que la edad preferida por los legisladores como límite para la baja era de 14 años.
Hubo siete reuniones en las que se debatió la baja de edad de imputabilidad.
En esa jornada, el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”. Y sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.
A su vez, María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”.
Hubo tres reuniones más del plenario para tratar este tema: los días 28 de agosto de 2024, el 3 de septiembre y el 23 de octubre. En esa última reunión -tras varias semanas de impasse- hubo otra tanda de especialistas invitados y desde el oficialismo se informó sobre el costo fiscal de la iniciativa: más de 200 mil millones de pesos. En ese presupuesto se contempla la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores que deberán intervenir en procesos penales que tramiten en el fuero federal y penal, tomándose como referencia para la base de cálculo el flujo de causas correspondientes al año 2022.
Se contempla también el costo de los programas incluidos (como medidas complementarias para la reinserción).
Fue la última reunión informativa realizada hasta el momento por esas comisiones, pues no hubo más encuentros sobre el tema a lo largo del período ordinario y el tema no fue incluido en extraordinarias. Se verá si el tratamiento continúa a lo largo de 2025 y finalmente el proyecto llega al recinto. Si así sucede y es aprobado, deberá después atravesar el debate en el Senado, donde se presume habrá una resistencia mayor a la baja de edad de imputabilidad.
Así se desprende de un informe de los ministerios de Seguridad y de Justicia, que informó el oficialista José Luis Espert durante un plenario de comisiones. Nueva tanda de especialistas invitados.
Foto: HCDN
Tras varias semanas de impasse, se retomó en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil. Además de participar una nueva tanda de especialistas invitados, desde el oficialismo trajeron este miércoles cifras sobre cuál sería el costo fiscal de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo: más de 200 mil millones de pesos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, dio detalles de un informe realizado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Justicia sobre el impacto que tendría el proyecto. En el mismo se contempla la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores que deberán intervenir en procesos penales que tramiten en el fuero federal y penal; y toma como referencia para la base de cálculo el flujo de causas correspondientes al año 2022.
“Los funcionarios se tomarán de la planta de empleados de la administración pública, asignándoles un plus salarial”, dijo el oficialista y estimó que “cada supervisor representaría un costo fiscal mensual de 482.680 pesos” y “cada uno tendrá a su cargo un máximo de 25 casos mensuales”.
Sobre el costo de los programas incluidos (como medidas complementarias para la reinserción), el libertario señaló que se estima que “todos los jóvenes imputados accederán a al menos uno de los programas”, por lo que se calculan “241.813 pesos en programa por joven”.
“El costo de la implementación del nuevo sistema para la justicia nacional y federal es el 5% del total de casos a nivel país”, apuntó y dijo que “se requerirían adicionales para 12 supervisores, lo que representa un costo de 75.298 millones de pesos por año”.
Espert detalló que “deberían preverse 300 programas nacionales socio-educativos, laborales, deportivos o culturales, lo que representa un costo de 72.500 millones adicionales”.
Para casos de reincidencia, habría “8 supervisores adicionales, con un costo anual de 50 mil millones de pesos”.
“Para los 179 casos estimados, el costo total de los programas asciende a 43.283 millones de pesos”, precisó el diputado e indicó: “Hablamos de un total anual de 241.320.407 pesos, lo que equivale al 0,42 por mil del Producto Bruto Interno, aproximadamente el 0,34% del presupuesto que se ejecutaría en total durante 2024 para la administración nacional”.
Al tomar la palabra, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó la falta del cálculo “de todo el trabajo que se tiene que realizar en el territorio, en las provincias argentinas” y pidió por una reunión para debatir el tema específicamente. En tanto, su par Graciela Parola apuntó que Espert “hizo alusión al ámbito federal”, pero “debería hacerse una estimación teniendo en cuenta todos los delitos comunes”.
También desde UP, Martín Soria advirtió que entre la cifra estimada por supervisor y los 25 casos que tendría, “estamos hablando de menos de 18 mil pesos por mes”. Además, observó que el costo de implementar este nuevo régimen penal juvenil representa “más del doble del costo para financiar las universidades”.
A su turno, Victoria Tolosa Paz cuestionó que “acá vino la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y vendió en este plenario que era enorme el crecimiento de los delitos cometidos en Argentina por adolescentes”, cuando del informe dado por Espert se desprende que “han sido números muy menores, 300, el 5% de los casos”. “Son confusos los números que ha manifestado”, señaló la legisladora de UP.
Por otra parte, en lo que fue la séptima reunión de debate, se recibió a un nuevo grupo de especialistas, entre los que expuso Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Si bien se está discutiendo si la edad de imputabilidad va a ser menor a los 16 años, estos menores no punibles en general son alcanzados por medidas tutelares”, apuntó.
A continuación, opinó que el nuevo régimen debe “hacerse en base a los principios que derivan del derecho internacional de los derechos humanos” y, sobre esto, apuntó que según el Comité de Derechos del Niño “señala que la edad de punibilidad no debe ser menor a los 14 años dado que las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 y 13 años, respecto a que la parte de frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando”. También, según recomendación de UNICEF, “no hay evidencia que demuestre que la baja de edad de imputabilidad impacte favorablemente en mayor seguridad de la población”.
Carmen Ibarra, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, provincia de Buenos Aires, consideró que el “gran desafío es sacar una ley que sea con un enfoque interdisciplinario, donde nos den las herramientas a los operadores del Poder Judicial, y que nos permita que los jóvenes terminen con la infracción a la ley penal, que puedan incluirse en la comunidad de una forma armónica, porque no nos olvidemos que los jóvenes infractores son el futuro de nuestro país”.
Alejandrina Barry, exlegisladora porteña de la izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, manifestó: “Dentro de este proyecto no hay ni una sola política que ataque las causas sociales e impida que los pibes sean víctimas del narcotráfico. No sólo estoy hablando de derechos básicos como la alimentación, sino también de derechos integradores sociales; que en cada barrio se construyan polideportivos, centros culturales, bolsa de trabajo”.
En el cierre, Rocío Alfonsín Alconada, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró que hay una “distorsión de los datos” porque “los delitos de los menores han descendido” y “las sentencias de los menores respecto a los mayores significan el 0,3”, un total de 15.
Al resaltar que el organismo recorre todo el país, la nieta del expresidente Raúl Alfonsín advirtió que “las diferencias en las provincias es muy grande” y “hay provincias que tienen un joven detenido, otras ninguno; hay provincias que no tienen centro de detención”. “Cuando hablamos de cuál es el presupuesto estamos hablando como si la realidad fuera homogénea y es muy heterogénea”, enfatizó.
“La totalidad de los chicos hoy en conflicto con la ley penal es de alrededor de 4.200, hay detenidos 850, de los cuales 710 están en centros de privación y los otros en centros de restricción”, precisó la abogada. En ese sentido, sostuvo: “Es difícil decir que con esos números vamos a combatir la inseguridad; que los menores están poniendo en jaque la seguridad de los argentinos”.
La representante del Comité de Prevención de la Tortura alertó que “las celdas de aislamiento deberían estar prohibidas”, sin embargo existen y allí se dan “torturas, violaciones, autolesiones y suicidios”. Valoró que en el proyecto se las prohíba.
“Hay lugares donde los chicos no salen al exterior en todo el día y donde el régimen es no hacer nada en todo el día. También el contacto con las familias es muy limitado”, agregó sobre la situación actual.
Fue durante el sexto plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que se abocan a la discusión. “Es necesario que exista un límite de la familia y la sociedad”, opinó uno de los especialistas.
Conrado Estol explicó que “el cerebro humano termina su desarrollo a los 25 años”. (Fotos: HCDN)
Durante el sexto plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se presentó una nueva tanda de especialistas, entre los que hubo profesionales de la salud, quienes se refirieron a la consciencia en los adolescentes.
El debate se puso en marcha a fines de julio a partir del envío de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, pero hay además una docena de iniciativas de los propios legisladores que se han presentado (y re-presentado) a lo largo de los años.
En la jornada de este martes, Conrado Estol, reconocido médico neurólogo, explicó que “el cerebro humano termina su desarrollo a los 25 años” y diferenció “la madurez y el desarrollo biológico del cerebro” de “la madurez que nos da el ambiente socio-cultural en el que crecemos”. “El circuito que tiene más impulsividad, que mide menos las consecuencias, es el que en la adolescencia está cargado de dopamina”, apuntó, mientras que “el circuito de control cognitivo madura más tardíamente que el anterior; eso es lo que explica la conducta de los adolescentes con menor control de impulsos”.
El especialista afirmó que “el cerebro de un chico de 12, 13, 14, 15 años” ya razona y “en esa época el pensamiento de un chico tiene capacidad de abstracción y de hipotetizar situaciones”, por lo cual “definitivamente” sabe “diferenciar el mal y el bien”. “El lóbulo frontal tiene impulsos y dificultad para medir consecuencias, pero definitivamente a los 13, 14 años tiene claro que está bien y que está mal”, dijo.
Por su parte, el psiquiatra Andy Blake precisó que “toda conducta humana, desde los 3 años, depende de tres cosas: la situación en la que está la persona, la emoción que experimenta en ese momento y cómo piensa esa situación a través de la emoción”. “El cerebro es una máquina de aprender y una vez que aprendemos algo tomamos eso que sabemos consciente a lo inconsciente. De cómo nosotros aprendemos, depende cómo vamos a regular nuestras emociones en función de la situación que vivamos”, continuó.
El también doctor en Neurociencias Cognitivas Aplicadas expresó que “entre los 11 y 12 años la corteza prefrontal tiene el tamaño más grande que va a tener, la cantidad más abundante de neuronas que va a tener en toda nuestra vida” y a partir de ahí “empieza un declive que tiene que ver con la poda neuronal”. Así, “a partir de los 15 y 16 años la persona empieza a acelerar nuevamente su capacidad de decisión”, continuó.
Para Blake la respuesta “simple” sobre si el adolescente sabe lo que está bien y mal es decir que “sí”, pero ahondó: “Cómo van a actuar va a depender de su contexto social, que podríamos denominarlo situación, y de cómo aprendió a procesar las emociones”. “La respuesta no es tan sencilla: aunque sí tienen plena capacidad y conocimiento, la conducta es algo más sofisticada”, sumó.
No obstante, resaltó que “en la adolescencia la plasticidad es tal que puede cambiar esa conducta sin problema”. “Yo no creo que la respuesta sea sí o no a la edad (de imputabilidad), sino pensar un régimen especial para esta población especial, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de cambiar la conducta aprendida”, sostuvo.
El psiquiatra indicó que “las recomendaciones a los padres es que les pongan límites a los adolescentes y no importa qué tan estrictos sean, porque eso le sirve para organizarse al adolescente, aunque lo desafíe; de hecho busca desafiarlo para establecer su propia identidad”. “Cuál y cómo es el límite, eso es algo que ustedes tendrán que pensar, pero sí es necesario que exista un límite de la familia y la sociedad”, concluyó.
Por otra parte, Silvia Stulchik, socióloga magíster en Políticas Públicas, aseveró que hay un “acabado agotamiento del modelo tutelar del régimen actual de la minoridad” y advirtió que “la sola definición de una edad de punibilidad no soluciona de ninguna manera el problema”, ya que “tiene que ser una norma clara para toda la población, aunque es un régimen diferenciado”.
“El cambio de paradigma hoy queda corto, llega tarde, si no se considera la evolución de las diferentes realidades en todos los territorios. Ya no es sólo el delito adolescente, es el delito adulto organizando también el delito adolescente” como sucede con el narcotráfico, explicó.
Al hacer alusión a la legislación que ya existe en algunas provincias, recomendó “lograr una consistencia entre lo nacional y lo provincial”. “Tiene que ser un marco que integre un debido proceso, un conjunto de garantía mínimas federales, la definición taxativa de cuáles van a ser los delitos, y la prohibición de aprehensión en comisarías, alcaldías y cárceles de adultos”, enumeró Stulchik, que además sobre esto último aportó datos a lo largo y ancho del país de adolescentes privados de la libertad.
En el plenario también dieron su opinión Pedro López Martucci, especialista en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y Marcela Durga Angulo, abogada.
El megaplenario que trata el proyecto que propone la baja de imputabilidad a los 13 años fue abordado por especialistas quienes revelaron datos sobre la criminalidad adolescente, pero propusieron fijar una edad diferente al texto original. Hubo unanimidad en que hay que modificar el régimen para evitar "carreras delictivas a temprana edad".
Las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda llevaron a cabo la tercera reunión plenaria para continuar el debate sobre proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.
En primera instancia, un grupo de diputados nacionales presentó sus respectivos proyectos relacionados a esta temática y luego, se les dio lugar a las exposiciones de los invitados quienes manifestaron discrepancias con fijar la edad en 13 años.
Al igual que los legisladores que ampliaron el contenido de sus iniciativas, varios de los especialistas que se hicieron presentes coincidieron en fijar una edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Los expositores revelaron datos que demuestran que hay una mínima cantidad de hechos delictivos a los 13 años.
El primer diputado nacional en exponer su proyecto fue Ricardo López Murphy (EF – CABA), quien, basándose en la Convención de los Derechos del Niño 1989, alertó que “no son punibles los menores de 16 años”, pero señaló que “hoy el menor no está protegido por la ley y es necesaria una nueva que contenga a la convención”.
En esa línea, planteó que “el Estado no cuida a los men0res y quedan a merced de organizaciones criminales comandas por adultos”. Por eso, reiteró que su proyecto propone “imponer la edad de imputabilidad a 14 para que el menor se encuentre dentro del sistema jurídico y así proteger la seguridad pública y promover la reinserción”.
“Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.
En segundo lugar, el diputado nacional Diego Santilli (Pro – Buenos Aires) cuestionó que “sólo Argentina y Cuba tienen edad de imputabilidad en el rango de 16 a 18 años”. Por eso, llevó consigo una serie de datos referidos a la provincia de Buenos Aires: “Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.
“El mundo va para un lado y nosotros no avanzamos ni un metro y el menor que delinque tiene que rendir cuentas de sus actos”, aseveró Santilli, que también explicó: “El menor que delinque debe reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad, tiene que haber castigo y luego reparación”.
Con relación a las penas, el diputado macrista agregó: “La Justicia no puede tardar más de dos años en la resolución”. Por último, habló de las condenas y cerró: “Proponemos una máxima de diez años, salvo en los casos de homicidio y delito sexual que allí tendrán una máxima de 15 años”.
Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli cuestionó la superposición de comisiones a la misma hora, afirmó que “no quiero ver a niños de 13 y 14 años en las cárceles”, y agregó que “no alcanza con la baja de imputabilidad porque los jueces hablan de escasez de lugares a donde poner a esos menores”.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, brindó los detalles de su proyecto: “Viene a establecer un nuevo régimen juvenil aplicable con limite en 14 años, donde se baja la edad porque hay un universo de chicos que cometen delitos y quedan sin responsabilidad penal”.
Sobre la problemática, Reyes amplió: “Afecta a la víctima, a la sociedad y a los propios chicos que empiezan tempranamente una carrera criminal”. Sin embargo, remarcó que “no se puede restringir derechos por debajo de los 14 años y el juez no puede hacer nada penalmente sin un debido proceso”.
A su vez, explicó que “con cualquier chico o chica menor de 14 años sometido a cualquier privación de derechos, vamos a ser considerados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos” y “no pueden ser alojados en dependencias policiales”, destacó.
Para terminar, Roxana Reyes sugirió que “la privación de la libertad es la última sanción, no la pongamos como regla”. En el cierre, mencionó que de 14 a 16 se establecen penas de 5 años; y de 16 a 17, 10 años como máximo.
En el cierre de las explicaciones de los diputados, la vicepresidenta de Familias, Niñez y Juventudes, Victoria Tolosa Paz, le consultó a Santilli respecto a la fijación de edad en su proyecto, por lo que el macrista contestó: “Fije en 15 años, pero creo que debemos hacer algo con los de 12 a 15 años que cometen delitos”.
El presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”.
Por su parte, sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.
Luego, María Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, señaló que “esto no resuelve la pobreza ni la violencia que tiene la sociedad”. De igual manera, añadió: “Esa imputabilidad que ustedes fijan, pasa por un juez que analiza la culpabilidad y en el derecho penal, la culpabilidad es la medida del reproche”. “No hay que tenerle miedo a estas medidas que funcionan bien”, cargó.
También, María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”.
Con relación a otras naciones, mencionó que, en Brasil, “las penas a adolescentes de entre 13 y 18 años son 3 años, y en Uruguay son de 5”. Para Tulián el proyecto, así como está “no resiste control judicial”. También expusieron Cynthia Brítez, de la Asociación Americana de Juristas; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Finalmente, la titular de la Comisión de Seguridad Interior –cabecera del plenario, Laura Rodríguez Machado, anunció que el próximo encuentro será el próximo miércoles 28 de agosto a las 16.00.
La discusión continuará con la invitación de especialistas el próximo martes, según informó la titular de la Comisión de Legislación Penal. El proyecto del Gobierno propone llevar la edad de imputabilidad a los 13 años.
Foto: HCDN
Con la voz de diputados autores de proyectos vinculados al tema, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó con el debate de un nuevo régimen penal juvenil, discusión que se inició a partir del envío de una iniciativa por parte del Gobierno, donde propone llevar a 13 años la edad de imputabilidad.
Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el próximo martes, según confirmó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.
En el siguiente encuentro comenzarán las rondas con especialistas, que tratarán de ordenar en función de las distintas aristas que contienen las propuestas. En tanto, invitados que sean considerados por su experiencia personal o testimonio en particular serán convocados luego de los expertos.
Autor de uno de los proyectos más estrictos, ya que plantea llevar la edad de imputabilidad a los 12 años, el oficialista Álvaro Martínez arrancó su intervención: "La delincuencia ha crecido hace mucho tiempo por políticas criminales erráticas, donde la educación no era una prioridad, por políticas de escuelas cerradas, por políticas donde se prefería liberar a los presos que tenerlos cumpliendo una condena".
"Estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y en su gran mayoría con el proyecto del Ejecutivo", afirmó, para recordar luego que la actual Ley 22.278 fue "hecha en la dictadura" y "es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos. Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma".
Sobre su propuesta de llevar a 12 años la edad de imputabilidad, el mendocino consideró que esto "va a ser de carácter disuasivo". "Entendemos que menos menores van a cometer delitos", dijo y agregó que "se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves". Habló de la necesidad de "una intervención temprana por parte del Estado" para "para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia", al tiempo de "generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual".
El legislador de La Libertad Avanza señaló que en la región, "Argentina y Cuba, ambos con 16, continúan con una edad alta de imputabilidad", mientras que con 12 años están "Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras". "Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal", aseguró.
Al exponer sobre su proyecto, la diputada del bloque Buenos Aires Libre Carolina Píparo explicó que el mismo "no está dentro del marco del debate del régimen penal juvenil", sino que "tiene que ver con que se pueda tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables". "La cuestión de la reincidencia no cambia con la edad de quien comete el delito y este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización", apuntó.
La exlibertaria remarcó que "la reincidencia es un documento que debería tener un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia sobre, son hechos que ya están probados por la Justicia". En ese sentido, "considerar la reincidencia es necesario, y yo creo que aún más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad, porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiéndose en un hábito, pero sobre todo se siguen sumando víctimas", expresó.
Píparo mencionó que en 2016, bajo la gestión de Germán Garavano al frente de la cartera de Justicia, cuando se debatió sobre esto, "los organismos de derechos humanos decían que 'ningún pibe nace chorro'. Lo cual estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto ningún pibe nace chorro y tampoco queremos que se conviertan en chorros". "Ahora, ¿qué hacemos? Porque una vez que una persona ha tomado el camino del delito debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una gran trampa y una hipocresía", enfatizó.
Por su parte, la radical Carla Carrizo defendió que su proyecto recoge acuerdos y consensos del trabajo realizado en torno al tema durante la gestión de Cambiemos y pidió tomar "la edad como piso, no como techo, no podemos menos de 14. De 14 en adelante sí, menos de 14 no, la primera gran diferencia con el Gobierno".
Además, subrayó que esta debe ser una ley que "tiene que trascender todos los gobiernos y perdurar". "No es necesario empezar por el proyecto del Ejecutivo. Creemos que no es el mejor, no solo por los 13 años, sino por el sistema que propone", dijo y aclaró que "esto no es una herramienta de gobernabilidad, es una cuestión de Estado".
Desde Unión por la Patria, la diputada Natalia Zaracho aseguró que "no podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos". "No estamos a favor del delito", manifestó, pero planteó la necesidad de abordar una "propuesta integral que tiene que ver con la prevención y la no reincidencia".
"Tiene que quedar la edad en 16, claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad", opinó y reclamó "invertir en los lugares que ya existen (institutos de detención), que de hecho funcionan mal". "La única opción que el Estado le ofrezca a los pibes no puede ser la cárcel", sumó.
La dirigente del Frente Patria Grande también subrayó que se requiere de prevención, "urbanizando los barrios populares, garantizando que las escuelas públicas estén en buenas condiciones y no desfinanciando a los clubes de barrio".
En último lugar, el diputado radical Manuel Aguirre consideró que este proyecto se debe "a la crisis de familia que tenemos". "Mi intención es recuperar al ser humano, a los chicos, de la conducta desviada que tienen por muchas causas", entre esas adicciones, educación, falta de trabajo, sostuvo. "Yo no quiero que cuando tengan 20 o 25 años tengamos que estar teniendo más cárceles", afirmó y resaltó la necesidad de trabajar en la prevención. También llamó -respecto a la edad- a analizar "la madurez mental, si tenía la capacidad de entender o comprender lo que estaba haciendo".
Será en el marco de un plenario de comisiones convocado para este martes a las 17 en la que seis legisladores explicarán los puntos centrales de sus iniciativas.
En su tercera reunión, el plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes 13 de agosto desde las 17 el debate sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.
Tal como lo había anticipado la titular de la Comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado, en este nuevo encuentro continuarán exponiendo los autores de proyectos vinculados a la temática. En esta ocasión se pondrán a consideración las iniciativas impulsadas por Carolina Píparo, Juan Manuel López, Álvaro Martínez, Ana Carla Carrizo, Agustina Propato y Natalia Zaracho.
En la primera reunión estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, punto central en el que los proyectos de los diputados difieren entre sí, hecho que quedó reflejado en la segunda reunión.
Los autores de los proyectos explicaron ante un plenario de comisiones los puntos centrales de sus iniciativas y remarcaron las coincidencias y diferencias del enviado por el Ejecutivo. ¿Cómo seguirá el tratamiento?
Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.
En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.
El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.
“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.
Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.
“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.
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Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.
Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.
Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.
En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.
El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.
El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.
El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.
“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.
Gutiérrez precisó que "la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años" y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.
Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.
Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.
"La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño".
El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.
“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.
“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.
El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.
Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga
— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024
“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.
Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.
“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.
Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.
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Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.
Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.
Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.
Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.
“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.
La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.
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Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.
“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.
Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.
La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.
Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.
“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.
La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.
También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.
“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.
Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.
El debate se dará en un plenario de las comisiones de Legislación General, Familias y Niñez, Justicia y de Presupuesto y Hacienda que está convocado para este martes.
El proyecto que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años continuará siendo debatido en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El encuentro será este martes a las 12 en el Anexo “C” en el que expondrán los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. En total serán seis los expedientes que se pondrá sobre la mesa, sumado al enviado por el Ejecutivo.
Ésta será la segunda reunión de carácter informativa, ya que en la primera expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.
Los funcionarios defendieron la iniciativa al informar que “en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes”, remarcaron la necesidad de modificar la Ley vigente “para proteger a la víctima y al adolescente” porque el ordenamiento legal “está desactualizado” y alertaron que “los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”.
La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados este martes. En los argumentos se afirmó que es necesaria una reforma del régimen penal juvenil acorde a la realidad actual.
Tras su anuncio días atrás, el Poder Ejecutivo giró este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, "cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".
"La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito", reza uno de los artículos de la iniciativa.
A su vez, aclara que "desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación".
"El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes", agrega.
Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.
El proyecto prevé que "si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos". "En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima", suma.
Respecto a las penas, "cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión" por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.
Específicamente, se mencionan penas tales como la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad.
Éstas últimas serán: privación de la libertad en domicilio; privación de la libertad en un instituto abierto; privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. "La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento", establece.
Respecto de los adolescentes alcanzados por la ley, quedará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua", siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. "La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes", estima.
Otro párrafo señala que "cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley".
Sobre la reclusión, se indica que "el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen".
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que "la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".
"En este sentido, cabe destacar que la Ley N°22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social", expresó el PEN.
Además, consideró que uno de los "problemas" de la legislación actual es "la edad de imputabilidad". "Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general", manifestó.
Y se resaltó que, respecto a la región, la edad de 16 se encuentra entre las "más bajas", siendo de 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago.
Por otra parte, en los fundamentos el Gobierno mencionó los antecedentes de ocho proyectos presentados en Diputados por distintos bloques.
Acompañado por un centenar de dirigentes del Pro y Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, el precandidato a gobernador hizo la presentación en Pinamar.
Metido de lleno en su campaña para gobernador, el jefe del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, encabeza este lunes y martes en Pinamar unas jornadas de trabajo en las que debaten las principales problemáticas de la provincia, con el fin de elaborar un plan de gobierno. Es el primero de varios encuentros en los que buscan establecer el “Para Qué” -según los códigos planteados por el expresidente Mauricio Macri- en este caso en la provincia de Buenos Aires.
Alineado con la precandidatura presidencial de María Eugenia Vidal, pero muy cercano a Macri, a quien citan en una convocatoria en la que hablan de hacer base en “los valores que unen”, y “trabajar en las ideas y definir los planes de acción”, Ritondo convoca a “retomar el camino que inició con María Eugenia Vidal en 2015”.
Respecto de la seguridad, una de las principales demandas en la provincia de Buenos Aires, es que Ritondo hizo la presentación de los proyectos de ley, para reformar el Código Penal y el Régimen Penal de Minoridad. Lo acompañaron los intendentes de General Pueyrredón Guillermo Montenegro y de Pinamar, Martín Yeza; Luis Mora (papá de Martín, un joven asesinado en un hecho de inseguridad por adolescentes); y referentes de más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires del Pro y Juntos por el Cambio.
Recordemos que otro diputado del Pro, Diego Santilli, quien también aspira a ser candidato a gobernador bonaerense por Juntos, presentó la semana pasada un proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil.
Ritondo advierte que es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo. “El objetivo de Juntos por el Cambio es volver a gobernar para transformar el rumbo del país y por eso estos proyectos de ley son para obtener mejores herramientas y más efectivas para combatir la inseguridad”, asegura.
Cristian Ritondo apuesta a los cambios integrales que puede generar principalmente la reforma del Código Penal: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.
El proyecto de reforma del Código Penal de la Nación plantea actualizaciones importantes sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viables.
En ese contexto, el precandidato a gobernador advirtió: “Ante el creciente incremento de delitos violentos, es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo” y recordó: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.
Luis Mora, quien viene trabajando junto a Ritondo en los proyectos de ley y tiene una petición en Change.Org con más de 60 mil firmas para modificar el régimen penal juvenil, sostuvo "No hay palabras para justificar lo que le pasó a mi hijo”, dijo y agregó: “Le pido a la gente y al ciudadano común que me apoye con la firma para lograr la ley de imputabilidad de menores que está encaminada para tratar en el recinto”.
“Usen la petición de Change.org y firmen” y añadió: “Mientras más sumemos, más positividad tendremos en el tratado de la ley”.
Por su parte el intendente Guillermo Montenegro argumentó: "Como colaborador en el proyecto, puedo decir que estas herramientas fueron trabajadas en equipo, escuchando a la gente, con el objetivo de asegurarnos que estos casos puedan resolverse”.
Por último, Yeza expresó: “Las leyes penales tienen que ser claras, por un lado para que el que las hace las pague con un régimen jurídico acorde y además evitar la injusticia que genera la discrecionalidad: Esta ley es un avance”.
● Incorpora la posibilidad del decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales
● Define criterios objetivos para la determinación de las penas, por ejemplo, se establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.
● Los reincidentes y autores de delitos graves como es el narcotráfico, los homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestro extorsivo agravado, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, entre otros, no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional.
● Para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como es el homicidio agravado.
● En cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad, se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad es un homicidio agravado con prisión perpetua.
● Aumentan las penas para el narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes.
● En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proyecto prevé un aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción.
● Incorpora delitos para castigar el terrorismo con fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores.
El otro proyecto de ley que el diputado nacional del Frente Pro Cristian Ritondo considera también fundamental es el de un nuevo Régimen Penal de la Minoridad: “El Estado está abandonando a la víctima y también a esos menores que seguramente vuelvan a delinquir porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida. Por eso creemos que hay que bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años, que permita dar respuesta adecuada frente a esta situación”.
La portavoz de la Presidencia señaló que la norma es "viejísima", pero recordó que "han fracaso distintos intentos" por reformarla. Cruzó a Larreta sobre la edad de imputabilidad.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo este jueves que es necesaria una modificación del Régimen Penal Juvenil, porque es una ley que "es muchos casos es injusta e inequitativa", pero recordó que "han fracasado varios intentos" por reformarla.
Consultada por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, en el cual estuvo involucrada una adolescente de 15 años, la funcionaria salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la edad de imputabilidad.
"Con respecto a la edad de imputabilidad, primero quiero corregir al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es cierto que sean inimputables a los 16 años como dijo hace dos días. Debería leer la ley penal juvenil. Tienen un tratamiento especial, no van a cárceles comunes, pero son imputables. De hecho hay cinco mil jóvenes, entre 16 y 18 años, llevando adelante procesos penales", resaltó.
Al respecto, Larreta había cuestionado que “hoy un chico puede votar a los 16 años pero no es imputable, ahí hay una contradicción".
En referencia a la norma actual, Cerruti expresó: "Sí, por supuesto, tenemos una ley penal juvenil viejísima, de la época de la dictadura; y han fracasado distintos intentos por modificarla". "Tenemos que insistir en modificarla porque esa ley no solo no sirve para resolver los casos actuales, sino que en muchos casos es injusta e inequitativa", apuntó.
La exdiputada aseguró que "vamos a seguir trabajando para la reforma de la ley penal juvenil, que contemple, entre otras cosas, que los lugares de detención trabajen para la reinserción y revinculación, además del castigo, de los jóvenes que cometen delitos y constituyen tragedias para muchos argentinos".
Durante el gobierno de Cambiemos, la discusión por la baja de la edad de imputabilidad intentó instalarse en 2017, pero fue finalmente en 2019 cuando se envió el proyecto al Congreso. Sin embargo, la iniciativa no avanzó.
Ante los hechos recientes, el diputado radical Luis Petri presentó esta semana un proyecto en ese sentido.