El diputado libertario Jorge Reta presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca modificar el Reglamento Interno de esa Casa para prohibir que los legisladores puedan leer sus discursos a lo largo de las sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias.

La iniciativa en cuestión plantea incorporar el articulo 224 a dicha normativa, a fin de que los diputados no puedan “leer sus alocuciones durante las sesiones ordinarias, especiales o extraordinarias en el recinto. Las intervenciones deberán realizarse da manera oral, espontánea y directa, pudiendo contar con esquemas, índices o apuntes de apoyo, sin que ello implique la lectura completa o parcial de textos previamente redactados”.

En los fundamentos del texto, Reta explicó que “el Reglamento no contempla ninguna disposición que limite o condicione las alocuciones del cuerpo legislativo, lo cual ha llevado a que muchas intervenciones en el recinto se reduzcan a la lectura ininterrumpida de textos ya escritos, generando presentaciones artificiales, poco dinámicas y desconectadas del intercambio real que debe caracterizarnos”.

“Esta iniciativa busca promover un intercambio parlamentario más sólido, transparente y genuino y para ello, se propone introducir una disposición específica en el Reglamento Interno que impida expresamente la lectura íntegra de textos previamente redactados durante las intervenciones de los diputados”, continuó e insistió en que “la intervención oral en el ámbito legislativo representa un pilar fundamental de la vida democrática, ésta debe ser clara, pensada críticamente, sustentada en el dominio del asunto tratado y abierta al intercambio con las demás voces del recinto. Cuando se habilita la lectura total de exposiciones previamente escritas, se pierde la esencia del debate parlamentario, reduciéndolo a una secuencia de discursos cerrados y previamente elaborados”.

Sobre esa misma línea, el libertario manifestó que este proyecto “encuentra respaldo e inspiración en el pensamiento institucional de Juan Bautista Alberdi, quien comprendía la esencia deliberativa del sistema representativo. La deliberación activa, oral y espontánea debe ser el corazón del proceso legislativo, tal como lo imaginaban los constituyentes de 1853” y destacó que “el uso de discursos previamente escritos no sólo limita la calidad del debate, sino que empobrece la dinámica institucional y debilita el vínculo entre representantes y representados”.

“Este proyecto no busca limitar la libertad de expresión, sino revalorizar el rol de la oralidad y el intercambio parlamentario genuino. La prohibición de la lectura no impide que los legisladores se apoyen en esquemas, notas o referencias; simplemente apunta a evitar la reproducción mecánica de textos, alejados del contexto real del debate”, sentenció Reta.

A través de un proyecto de resolución, la diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato propuso modificar el Artículo N° 111 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de “fortalecer la transparencia en el mecanismo de sanción de las leyes”.

Al respecto, Propato aseveró que la iniciativa cuyo tratamiento pide “con carácter de urgente” es “en relación a los hechos generados alrededor de la firma de los dictámenes de la ley ómnibus”.

Además hizo hincapié “en las diferentes situaciones irregulares que se han ido conociendo posteriores a la reunión de comisión plenaria que tuvo lugar para dictaminar el proyecto de ley”, y amplió: “como que la versión final de los dictámenes no ha circulado de modo formal u oficial, asimismo legisladores han afirmado que el texto que rubricaron no es el mismo que circula como dictamen oficial, que han notado que omite partes centrales de las modificaciones que se habían acordado como las referidas a hidrocarburos y biocombustibles entre otras, que se van conociendo en tanto transcurren las horas y salen a la luz nuevas irregularidades. Todo lo antedicho amerita la solicitud de nulidad del procedimiento y en consecuencia de lo dictaminado”.

La legisladora también advirtió que el dictamen de la ley ómnibus siguió siendo objeto de nuevas modificaciones luego de clausurada la reunión plenaria de comisiones, “cuestión que de ser denunciada y probada podría caer en figuras penales por configurar la falsificación de un documento público”.

En ese sentido insistió en la necesidad de clarificar “sobre lo acontecido en una ventana de tiempo de más de 13 horas, desde la culminación de la reunión plenaria de comisiones hasta la oficialización del tan cuestionado dictamen”.

La propuesta 

De tal manera, la diputada Agustina Propato propone con su modificación que el artículo 111 quede redactado de la siguiente manera:

“Los diputados presentarán directamente a las comisiones toda modificación a un asunto o proyecto sometido a su estudio. Estas modificaciones y sus fundamentos por escrito serán publicados con el despacho de la comisión. Cada comisión, después de considerar un asunto y convenir en los puntos de su dictamen, en la misma sesión en que lo suscriba, designará al miembro que redactará el informe y los fundamentos del despacho acordado y al que ha de sostenerlo en la Cámara. Cada dictamen será firmado por los diputados que lo acompañen en la totalidad de las fojas que conforman el mismo. Esta formalidad será condición necesaria para la validez plena del dictamen de comisión y su procedencia”.

“Ningún despacho de comisión tendrá entrada en la Cámara si no se acompaña del informe escrito correspondiente”, agrega la diputada Propato. “Se publicará además un anexo con los antecedentes reunidos y las opiniones vertidas en el seno de la comisión. Los despachos formulados por las comisiones de que se haya dado cuenta a la Cámara se mantendrán en vigor mientras no se retiren o modifiquen en la forma prevista por este reglamento, hasta la renovación ordinaria de los miembros de las comisiones, o no hubieren caducado en virtud de lo dispuesto por la ley 13.640. Exceptúase de la caducidad prevista en el párrafo anterior como consecuencia de la renovación parcial de la Honorable Cámara, a los dictámenes de la Comisión de Juicio Político que cuenten con Orden del Día, los cuales permanecerán vigentes y en condiciones de ser considerados en el recinto durante un período legislativo más. Todo despacho de comisión no considerado por la Cámara, se incorporará como anexo a la publicación definitiva del Diario de Sesiones del período correspondiente”, concluye el texto sugerido por Propato para el artículo 111 del reglamento interno de la Cámara baja.

En el marco del receso de invierno que se llevó a cabo en las últimas dos semanas en la Legislatura de la Ciudad, el presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, impulsó un proyecto de ley que busca introducir una serie de modificaciones al reglamento interno del Palacio Legislativo y así incrementar la cantidad de sesiones que se llevan a cabo.

De esta manera se buscará fijar que “en el período comprendido desde el dos de enero al último día de febrero se realizarán cuatro sesiones estivales obligatorias cuyas características son idénticas a las sesiones ordinarias” y prevé establecer, entre otros puntos, que “las Comisiones deben celebrar, por lo menos, una reunión semanal durante los períodos de sesiones ordinarias y estivales”.

En los fundamentos de la iniciativa Marra explicó que “la Legislatura tiene un rol fundamental para el cumplimiento de los derechos, deberes y garantías estipuladas tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Ciudad” y remarcó que “por este motivo, el correcto funcionamiento de la misma -entendiendo por esto no solo la calidad y eficiencia del trabajo, sino también la periodicidad de la labor- es un factor fundamental”.

Asimismo precisó que si se analiza la cantidad de sesiones realizadas por la Legislatura Porteña a lo largo de los años se puede apreciar una estrepitosa caída del número. Por ejemplo, mientras que entre el 2012 y el 2019 la cifra oscilaba entre 30 y 43 sesiones por año -teniendo en cuenta las ordinarias y especiales-, a partir del 2020 la cantidad disminuye bruscamente a menos de 26. En otras palabras, si se compara las sesiones celebradas en el 2018 (43 anuales) y las realizadas en el 2021 (20 anuales), vemos un descenso de más del 50%.

Aunque aclaró que “esta disminución no significa una menor cantidad de temas o problemas con los que la Legislatura debe lidiar, sino que, preocupantemente, expresa la profundización de su inactividad a lo largo de los años” e insistió en que “prolongados períodos de ‘recesos’ -los cuales no se estipulan en ninguna ley o la Constitución de la Ciudad- y la falta de periodicidad en su labor cotidiana impactan negativamente en el funcionamiento de un órgano tan importante para todos los porteños””.

“Por eso, con el objetivo de velar por el correcto funcionamiento de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el presente proyecto propone establecer períodos claros y coherentes. En esta línea, consideramos fundamental ampliar el período de trabajo del órgano y establecer una rutina para las reuniones de comisión. De esta manera, la iniciativa avanzará en pos de un órgano que trabaje de manera eficiente, siendo la periodicidad una condición fundamental”, sentenció Marra.

La iniciativa también lleva la firma de la diputada liberal Lucía Montenegro (LLA).