Romina Del Plá, diputada nacional por el Partido Obrero en el FIT-U, presentó un proyecto de declaración en repudio al allanamiento al local central del Partido Obrero. El mismo ya cuenta con las firmas de 25 diputados.

En ese sentido, Del Plá declaró: “La cantidad de pronunciamientos demuestra la magnitud de la gravedad del hecho, repudiado por sectores de todos los colores. Es una escalada que atenta contra las libertades democráticas que no se ve desde la dictadura”.

La legisladora de izquierda explicó que “el proyecto presentado en la Cámara de Diputados será enviado al juzgado de Sebastián Casanello, juez de la causa. Desde el Partido Obrero no tenemos nada que esconder. No así el Gobierno, que monta esta parafernalia para tapar su crisis económica y su crisis de gabinete. Mientras ruedan cabezas en el Ministerio de Capital Humano por desviación de fondos públicos, sobrecajas y ñoquis, quieren perseguir a quienes, justamente, denunciamos las políticas criminales y hambreadoras de este Gobierno”.

Luego, Del Plá sentenció: “La saña de Milei con un partido de los trabajadores, da cuenta de la profunda debilidad de su gobierno. Vamos a continuar a fondo este repudio y, lejos de amedrentarnos, reforzaremos nuestras herramientas de organización”.

El proyecto leva las firmas de los cinco diputados de la izquierda, Del Plá, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Christian Castillo; y los diputados de UP Germán Martínez, Juan Marino, Andrea Freites, Carolina Yutrovic, Pablo Carro, Sabrina Selva, Natalia Zaracho, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Gabriela Estévez, Eugenia Alianiello, Natalia Zabala Chacur, Hilda Aguirre, Carolina Gaillard, Lorena Pokoik, Blanca Osuna, Eduardo Toniolli y Ricardo Daives.

También firmaron Margarita Stolbizer y Esteban Paulón, de Hacemos Coalición Federal.

El juez federal Sebastián Casanello resolvió este lunes el sobreseimineto de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como la "ruta del dinero K", donde había sido imputada por lavado de dinero y por la cual fue condenado a 12 años de prisión -luego se redujo a 10- el empresario santacruceño Lázaro Báez.

La decisión del magistrado se dio luego del pedido de sobreseimiento que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan, y de la posterior postura similar que adoptaron las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"Sin acusación no hay proceso penal posible”, consideró Casanello, luego que Marijuan considerara que no había elementos probatorios suficientes para sostener la imputación contra la expresidenta. “El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes”, señaló el juez.

Al descartar que la fiscalía y las querellas puedan apelar, dado que pidieron por lo resolvió el juez, el sobreseimiento quedará firme.

En su escrito, Marijuan había expresado: "Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadío procesal como sería el juicio".

El juez federal Sebastián Casanello quedó a cargo este viernes de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro), presentada por el también legislador Rodolfo Tailhade (FdT), según consignó la agencia Télam.

Ahora, el magistrado deberá resolver si asume la investigación o la delega en la fiscalía.

Tailhade denunció a Iglesias " y todas aquellas personas que, de acuerdo a las pruebas que se instruyan en autos, aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores del exponencial crecimiento patrimonial del diputado nacional, que en principio podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito".

El diputado del Frente de Todos sostuvo que "de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción" por Iglesias "surge que durante los años 2018 y 2019, correspondientes a su actual mandato como diputado nacional, se enriqueció patrimonialmente de manera apreciable e injustificada en relación con sus ingresos legítimos conocidos".

Tailhade especificó que en la DD.JJ. de 2017, el legislador opositor "consignó un patrimonio (cierre del ejercicio 2017) de $3.796.461,98 y una deuda de $44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $3.751.753,98".

Añadió que "en tanto que al cierre de 2019 -última DD.JJ. presentada- declaró ante la OA activos por $12.250.198,90 y una deuda (…) por $ 2.210.000), resultando un patrimonio neto de $10.040.198,90".

Además, el oficialista agregó que "según la DD.JJ., en 2019 Iglesias adquirió un vehículo 4x4, una propiedad de 100 m2 y tenía ese año una tenencia en efectivo de diez mil dólares que no poseía al inicio".

"¿Cómo hizo para adquirir estos bienes que superan con amplitud su patrimonio total al comienzo del ejercicio? ¿Cuáles fueron esos 'ingresos propios' que no están consignados en su DD.JJ.?", se preguntó Tailhade y añadió: "en la red social Twitter, Iglesias aseguró que los ingresos provinieron 'de la venta de mis libros', una justificación a todas luces ridícula siendo que no editó libros ni en 2018 ni en 2019".

Para Tailhade, "resulta a las claras imposible que haya adquirido de forma lícita" un inmueble, un vehículo y haya ahorrado dólares "con una dieta de $161.000 mensuales como diputado nacional, el alquiler de dos departamentos con rentabilidad negativa y la venta de libros que no escribió".

E ironizó: "Excepto que el mercado de venta de libros de saldo de Iglesias tenga dimensiones que envidiarían J. K Rowling y George R Martin".

"Muchos gastos que debían ser afrontados de manera personal por Iglesias terminaron siendo absorbidos por el Estado Nacional, siendo esta una causal de enriquecimiento sin causa", amplió en la denuncia.