El juez federal Sebastián Casanello resolvió este lunes el sobreseimineto de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, donde había sido imputada por lavado de dinero y por la cual fue condenado a 12 años de prisión -luego se redujo a 10- el empresario santacruceño Lázaro Báez.

La decisión del magistrado se dio luego del pedido de sobreseimiento que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan, y de la posterior postura similar que adoptaron las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“Sin acusación no hay proceso penal posible”, consideró Casanello, luego que Marijuan considerara que no había elementos probatorios suficientes para sostener la imputación contra la expresidenta. “El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes”, señaló el juez.

Al descartar que la fiscalía y las querellas puedan apelar, dado que pidieron por lo resolvió el juez, el sobreseimiento quedará firme.

En su escrito, Marijuan había expresado: “Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadío procesal como sería el juicio”.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles sobreseer a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como “La ruta del dinero K” en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

Se trata del caso en el que el empresario Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como “La Rosadita”.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que “a pesar de haber exhibido un vínculo directo entre la exmandataria y el empresario”, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria. Así, Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado.

Marijuan había sido quien imputó a Cristina Kirchner el 8 de abril de 2016 basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que la expresidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.

En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó. Ahora, el propio Marijuan consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla”, sostuvo el fiscal.

Además, remarcó: “A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”.

“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, señaló.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron de manera dividida al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que el juez Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, planteó Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado porque implica anular como delito precedente la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez”, y agregó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Párrafos más abajo sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que sostuvo que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Tras todo ese análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este jueves que se desestime la denuncia presentada por el oficialismo contra el juez federal Sebastián Ramos por falso testimonio, a partir de la declaración que dio el pasado 23 de febrero cuando se presentó ante la Comisión de Juicio Político -en el marco del proceso contra los miembros del máximo tribunal de justicia- y negó tener vínculos con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, o Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia.

El fundamento de la denuncia presentada fue porque Ramos dijo que no estaba alcanzado por “las generales de la ley” (vínculos tales como parentesco o interés con las partes) y negó, ante una pregunta directa, tener un “vínculo sistemático” con el funcionario porteño.

Según los diputados oficialistas, mintió y eso quedó a la vista después de que se conocieron supuestos chats -que los legisladores dieron por ciertos- entre el magistrado y D’Alessandro en los que hablaban con familiaridad.

“Vengo a postular la desestimación de la denuncia que origina estos actuados”, comienza el dictamen de Marijuan presentado ante el juez Sebastián Casanello que también está a cargo actualmente del juzgado federal 9.

Para el fiscal, no surgen respuestas falsas a las preguntas de la Comisión y sostuvo que la presentación del oficialismo alude a “supuestas conversaciones que se han publicado en medios de comunicación, sobre cuyo origen lícito nada se indica en la noticia ni en la denuncia”, por lo que “no pueden ser incorporadas como prueba en ningún proceso penal sin dañar las bases constitucionales fundamentales que rigen su desarrollo”.

“La denuncia refiere -relató Marijuan- que el testigo Sebastián Roberto Ramos en su declaración fue interrogado respecto de si mantenía algún vínculo sistemático con Marcelo D´Alessandro, a lo cual contestó negativamente. Que de los chats que se hicieran públicos después de la reunión de comisión, surge que habrían mantenido un intercambio por WhatsApp donde se vería demostrada una relación de confianza entre ambos”, plantea.

Al respecto, para Marijuan los hechos denunciados “no constituyen delito”, y explicó que “el falso testimonio debe incidir sobre algo sustancial, que pueda desviar o turbar el curso de la actividad judicial, y no sobre circunstancias secundarias que no alteran el contenido objetivo de la deposición”. Además, el fiscal destacó que la supuesta relación es con D’Alessandro, que no es a quien se está investigando en el Congreso.

“No obstante, tampoco surge de la denuncia de qué manera la respuesta del testigo a la pregunta ha sido falsa”, afirmó Marijuan y que subrayó que la consulta a Ramos no fue si conocía a D’Alessandro sino si tenía con él un “vínculo sistemático”.

Dirigentes del Frente de Izquierda se presentaron este lunes en Comodoro Py, donde manifestaron su rechazo ante la una causa abierta por el fiscal federal Guillermo Marijuan contra el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, y contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de amenaza y extorsión. 

En conferencia de prensa, sostuvieron que se trata de una campaña que “apunta a criminalizar la protesta social y perseguir a los dirigentes de las organizaciones que enfrentan el ajuste”; mientras que el legislador porteño Gabriel Solano señaló que “no vinimos a defendernos, vinimos a acusar a los autores de la campaña de difamación contra el movimiento piquetero”.

Marijuan denunció por amenazas y extorsión a los dirigentes por quedarse, presuntamente, con el 2% de lo que reciben en planes sociales los desocupados que integran esa organización.

“Vinimos a acusar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha largado una campaña brutal contra los movimientos sociales. Lo hace con el propósito de apoyarse en el peronismo, especialmente el PJ bonarense y otorgarles a ellos la administración de los planes sociales. Hipócritamente habla de las mujeres para apoyarse en los ‘barones” del conurbano’”, agregó Solano. 

“La vicepresidenta se ha colocado en el campo de los Milei y de los Bullrich, de los que atacan al movimiento popular porque no nos entregamos frente al ajuste, y no nos vamos a entregar”, cerró el dirigente trotskista.

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, expresó que: “El domingo, a 20 años del aniversario del asesinato Maxi y Darío hubo cerca de 50 mil personas, que de alguna manera manifiestan una respuesta a la campaña de ataque y estigmatización del movimiento piquetero. Nos subimos a ese puente nuevamente y así como reivindicamos a Maxi y Darío, reivindicamos la lucha de hoy”. 

“El movimiento piquetero viene luchando hace años justamente contra los punteros del PJ, que amedrentan para contener al movimiento popular que quiere enfrentar las políticas que sus intendentes quieren implementar. No van a detener nuestra lucha, no pudieron cuando asesinaron a nuestros compañeros, no lo van a hacer con esta persecución”, concluyó. 

Finalmente, la diputada nacional Myriam Bregman señaló que “acompaña la denuncia contra el accionar de Marijuan, que vuelve a actuar hoy como en los años 90. Cuando los jueces y fiscales puestos a dedo por el menemismo escuchaban algo por la radio o televisión y armaban causas judiciales. Lo que hizo Marijuan es un bochorno de ese tipo. Leyó una nota e instruyó una causa a partir de eso sin tener ningún dato serio, ni siquiera sabe que el programa Potenciar Trabajo no depende del Ministerio de Trabajo. Así de burda es la denuncia que ha realizado”. 

Participaron de la manifestación organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y piqueteras, delegaciones sindicales, y partidos políticos del Frente de Izquierda Unidad.

El fiscal federal Guillermo Marijuan se mostró a favor del proyecto de la reforma judicial, por cuanto entiende que va a ayudar a “avanzar hacia un sistema acusatorio”.

En el marco del debate de la reforma judicial que volverá a analizarse esta semana de forma virtual en el Senado, Marijuan explicó: “Estoy a favor de una reforma, todo lo que sea avanzar hacia un sistema acusatorio a mí me parece que está bien”.

Y agregó: “Creo que la crítica debe hacerse una vez que se proyecte, porque todavía no se sabe qué se va a proyectar, no voy a hacer una crítica de algo que todavía no se conoce”.

Entrevistado en el programa “De lejos no se ve”, el fiscal destacó que “todavía no evaluamos dónde va a funcionar, es prácticamente imposible porque no hay lugar. En el cuarto piso (de Comodoro Py) no entra ni un lápiz”.

Respecto a las ausencias en la presentación del proyecto, el fiscal federal sostuvo que no conoce a los ministros de la Corte, por lo que no puede precisar “si estuvo bien o mal que no hayan ido”. En aquella presentación estuvieron integrantes del denominado Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional, entre ellos el abogado del vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, a quien, sostuvo, le tiene “la mayor consideración y respeto”.

“Fue él quien me hizo entrar en tribunales, fue profesor mío en la facultad, es mi amigo y sé que cualquier aporte que pueda hacer él será jurídicamente interesante”, comentó.

Por otro lado, sobre los costos de la reforma que planteó la oposición, Marijuan afirmó que “nosotros tenemos jubilaciones muy elevadas, pero también tenemos aportes jubilatorios muy elevados”.

“Todo lo que sea una locura de incorporación de gente, el día de mañana es un pago importantísimo de jubilaciones que se va a tener que hacer”, añadió.