El fiscal federal argumentó que “no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria”. Había imputado a la expresidenta en base a las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles sobreseer a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como “La ruta del dinero K” en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.
Se trata del caso en el que el empresario Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como “La Rosadita”.
El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que “a pesar de haber exhibido un vínculo directo entre la exmandataria y el empresario”, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria. Así, Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado.
Marijuan había sido quien imputó a Cristina Kirchner el 8 de abril de 2016 basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que la expresidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.
En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó. Ahora, el propio Marijuan consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera.
“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla”, sostuvo el fiscal.
Además, remarcó: “A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”.
“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, señaló.
En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron de manera dividida al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que el juez Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.
“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, planteó Borinsky en su voto.
El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado porque implica anular como delito precedente la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.
El fiscal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez”, y agregó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.
Párrafos más abajo sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que sostuvo que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.
Tras todo ese análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.
En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos.
El presidente de la Cámara de Diputados declaró como testigo en el marco del juicio que se lleva a cabo contra la vicepresidenta por direccionamiento de la obra pública.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, declaró este lunes como testigo en el marco del juicio oral y público que se lleva a cabo por presunto direccionamiento en la obra pública durante los gobiernos K y que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En una línea similar a lo dicho por el presidente Alberto Fernández la semana pasada, el tigrense negó haber recibido instrucciones por parte de la exmandataria para favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez, mientras fue jefe de Gabinete entre julio de 2008 a julio de 2009.
Massa declaró vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Consultado por el abogado de CFK, Carlos Beraldi, sobre si alguna vez recibió órdenes para que se favorezca a alguna provincia con el desarrollo de obras públicas, el presidente de Diputados respondió: “No, no sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso”, en alusión a las leyes de Presupuesto.
También interrogado por la defensa de Lázaro Báez sobre si en alguna oportunidad algún miembro del Poder Ejecutivo solicitó que no se apliquen controles sobre Santa Cruz o sobre los fondos destinados, Massa contestó: “No me consta que nadie haya pedido ninguna de esas situaciones. Los pedidos a la Secretaría de Hacienda o al área presupuestaria se hacen por escrito, porque implican realizar modificaciones en el plan de metas”.
Y negó haber recibido instrucciones para ampliar partidas presupuestarias destinadas a beneficiar empresas de Báez. “Si hubiese recibido esa instrucción, lo hubiese denunciado”, sostuvo.
En audiencias anteriores ya declararon también, en su calidad de exjefes de Gabinete y solicitados por la defensa de CFK, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Alberto Fernández.
En la causa, conocida también como “Vialidad”, la vicepresidenta está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita mediante la que se defraudó al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos.
Lo hará este lunes como testigo, en razón de haber sido jefe de Gabinete durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.
Este lunes continuará el desfile de los jefes de Gabinete de las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Es así que tras la exposición de la semana pasada de Alberto Fernández, será el turno este lunes de Sergio Massa.
El actual titular de la Cámara de Diputados fue quien sucedió en el cargo al hoy presidente de la Nación, y se presentará a partir de las 9.30 para declarar en calidad de testigo, para responder preguntas relacionadas con la adjudicación de obra pública nacional a la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
La exposición de Sergio Massa ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) será a través de la plataforma Zoom, y su presencia fue solicitada por el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.
Estarán de manera presencial, en la sala de audiencias de los tribunales de Retiro, los integrantes del TOF2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en tanto que de manera remota participarán los abogados y el fiscal.
Ya expusieron en el juicio por las presuntas irregularidades en la obra pública en favor de las empresas de Lázaro Báez los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
Un diputado de Juntos por el Cambio tiene en la mira a Chien Chia Hong. “Habría sido beneficiado con al menos 21 contratos como proveedor del Estado”, según denuncian.
El diputado tucumano José Cano (Juntos por el Cambio) adelantó que reclamará que se investigue al empresario taiwanés Chien Chia Hong, a quien apodó “el Lázaro Báez” del presidente Alberto Fernández.
El empresario taiwanés, a quien el Presidente dijo desconocer, estuvo en la Quinta de Olivos durante la cuarentena y habría sido beneficiado con al menos 21 contratos como proveedor del Estado, denunció el legislador tucumano.
“El Presidente representa el Gobierno de los que dicen una cosa y hacen otra. No debería enojarse, ni mostrarse dolido con quienes señalamos errores o irregularidades en su gestión. Su responsabilidad es gobernar, pero también rendir cuentas”, aseguró.
Y agregó: “En un año en el que impusieron reglas estrictas a todos los argentinos y se persiguió a quienes no las cumplían, es indispensable que quede claro por qué algunos tenían privilegios para no respetar el aislamiento estricto. Tan simple y necesario como eso”.
Cano, quien es precandidato a senador por una de las listas que pujan dentro de la alianza opositora Juntos por el Cambio, se refirió las visitas que Hong había realizado a Olivos durante la cuarentena.
El empresario taiwanés es pareja de Sofía Pacchi, una cercana amiga de la primera dama Fabiola Yáñez.
“No volvieron mejores, son los mismos con las mismas prácticas. El Presidente se muestra compungido e indignado con quienes han puesto la lupa en las sospechosas reuniones que se realizaban en Olivos, mientras millones de argentinos estaban obligados a quedarse en sus casas y a tener sus actividades económicas cerradas”, apuntó.
En esa línea, Cano remarcó: “Tenemos información que nos permiten inferir que este empresario extranjero va camino a transformarse en el “Lázaro Báez” de Fernández. Queremos que se investigue a fondo”, insistió.
El senador nacional K calificó el fallo anunciado este miércoles como “una atrocidad” y hasta le atribuyó un tinte “racista”. Comparó a Báez con Gianfranco Macri.
Muy esperada era este miércoles la exposición de Oscar Parrilli por lo que pudiera llegar a decir en un día en el que fue condenado el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Y el extitular de la AFI no defraudó. Al intervenir durante el debate sobre el proyecto para la promoción a la construcción de obras privadas nuevas, el senador neuquino se refirió puntualmente al fallo del tribunal que se expidió en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
En su larga exposición, Parrilli comparó el blanqueo propuesto por el actual Gobierno con el de la gestión macrista, que consiguió una recaudación -reconoció- de 10 mil millones de dólares, a partir del hecho por el cual se blanquearon 120 mil millones de esa moneda. “Blanquearon dinero que habían evadido durante la gestión nuestra”, apuntó el exsecretario general de la Presidencia en los gobiernos kirchneristas.
No tardó Parrilli en emprenderla contra Mauricio Macri, al traer el ejemplo de uno de sus hermanos, Gianfranco, en base a lo relatado por otro hermano, Mariano Macri, en el libro de Santiago O’Donell “Hermano”. Al respecto dijo que allí se cuenta que Gianfranco y Mauricio “actuaban en conjunto”, y el primero consiguió blanquear así 36 millones de dólares, a partir de un decreto que firmó Macri, porque la ley no permitía sino que los hermanos de funcionarios pudieran ingresar al blanqueo.
Parrilli recordó que el entonces diputado Felipe Solá impulsó una causa contra ese decreto y la misma está hoy en manos de la Corte Suprema, a la que el senador neuquino reprochó entre otras cosas por la demora en expedirse sobre el tema.
A continuación se refirió a Lázaro Báez. “Los medios de comunicación están hoy casi como en un día de fiesta por un fallo lamentable… Alguien que sea abogado y mire un poquito (el expediente) se va a dar cuenta de la barbaridad, la atrocidad que es ese fallo judicial. El fallo que condena a Lázaro Báez a 12 años por supuesta evasión impositiva”, señaló Parrilli.
Y entonces se preguntó: “¿Saben cuál es la diferencia que hay entre Gianfranco Macri y Lázaro Báez? Que Gianfranco Macri pudo entrar al blanqueo y Lázaro Báez no. Yo no sé si había evasión impositiva, no me interesa saberlo, ni soy el abogado defensor de Lázaro Báez; pero lo que sí quiero decir con todas las letras es que seguimos en la Argentina de hoy con una justicia que lleva adelante el lawfare y que utiliza a la Justicia para la persecución política, para la persecución empresarial… ¿Y saben por qué lo condenan a Lázaro Báez? Porque es morocho, porque es de tez oscura, porque era amigo de Néstor Kirchner… Porque no forma parte del círculo áulico de poder que integran los empresarios top de la Argentina, muchos de ellos relacionados a los medios de comunicación”.
“Porque en definitiva lo condenan por eso: por evasión impositiva. ¿Por qué a Gianfranco Macri no lo condenan? ¿Por qué la Corte no trata hace 5 años esta nulidad de ese blanqueo? Porque si Lázaro Báez va preso, Gianfranco Macri también debería ir preso… Y no sé si Mauricio Macri, porque si es testaferro o se comprueba que Gianfranco Macri era el testaferro de Mauricio, ¿de dónde sacaron esos 36 millones de dólares que blanquearon, que tenían en negro, en guaridas fiscales, y que no los trajeron? Los siguen teniendo afuera, a diferencia de blanqueo que nosotros estamos llevando adelante, que exigimos que la plata venga acá a la Argentina”, diferenció el senador oficialista.
Parrilli insistió en calificar de “deplorable desde el punto de vista jurídico” el fallo contra Lázaro Báez, pero fue por más, atribuyéndole “un tinte racista, discriminatorio”. Y agregó: “Además se llenaron la boca hablando de ‘la ruta del dinero K’”, y aseguró que “no hay nada, no hay una sola prueba que involucre ni a Néstor, ni a Cristina, ni a nadie de la familia en esta supuesta evasión impositiva que habría hecho”.
Oscar Parrilli siguió hablando de allegados al expresidente, al señalar al empresario Nicolás Caputo, que alguna vez Mauricio Macri definió como su hermano de la vida, y que el senador destacó que “blanqueó y tiene en el exterior 26 millones de dólares”. También citó a “Marcelo Midlin, dueño de Edenor, que andaba en negocios con los Macri, y que quería aumentar las tarifas un 30 o 40%, seguramente para seguir fugando… blanqueó y tiene afuera 44 millones de dólares”.
“Hay muchos más, la familia Rocca, los dueños de los supermercados, que evaden impuestos. Yo te conozco (en referencia a Alfredo Coto) blanqueó también; evadió impuestos y sacó la plata afuera, y no está condenado como Lázaro Báez, ni está preso como él…”.
Parrilli concluyó destacando la “casualidad” de que justamente en esta jornada se estuviera tratando un blanqueo, cuando “hay una condena a alguien al que no lo dejaron blanquear, y esta es lamentablemente la justicia que tenemos”.
A continuación fue el turno para hablar de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, quien arrancó diciendo que había cosas que “no se pueden dejar de contestar”, y le advirtió entonces a Parrilli que “Lázaro Báez no ha sido condenado porque sea morocho… Ha sido condenado por robo, porque ha facturado el 40% más la obra pública que no terminaba. Por eso ha sido condenado”.
Y concluyó: “Al Capone también cayó en su momento porque había evadido impositivamente, entonces, ¿de qué habla este senador acá?”.
Desde la oposición consideraron que el fallo que le aplica 12 años de prisión al empresario K es “un gran paso de la Justicia que demuestra la corrupción” durante los años del kirchnerismo.
Previsiblemente desde la oposición salieron a celebrar este miércoles la condena impuesta al empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión por lo que se conoce como “la Ruta del dinero K”.
“Mis felicitaciones a quienes se animaron a denunciar la corrupción estructural cuando el kirchnerismo parecía todopoderoso. En especial a la oposición en Santa Cruz, a los colegas diputados de la Coalición Cívica y a periodistas como Nicolás Wiñazky y Jorge Lanata”, señaló Mario Negri, titular del bloque.
Desde el Pro, Waldo Wolff señaló que “Lázaro Báez se hizo empresario una semana antes de que asuma Néstor (Kirchner). Lavó el dinero para la corona”, y reclamó a continuación que la justicia “debe avanzar para arriba sin temor y la política en recuperar lo robado”, proponiendo en ese sentido reactivar el proyecto de extinción de dominio.
“Condenan a Lázaro Báez a 12 años de prisión en la causa de la “Ruta del Dinero K”, se empieza a desmoronar el castillo de corrupción e impunidad en la Argentina”, señaló por su parte Luis Petri.
Maximiliano Ferraro señaló a su vez: “Al final hay recompensa. Justicia y condena para Lázaro Báez porque hubo quienes pusieron el cuerpo y dieron testimonio en soledad frente a la mentira, la desidia y el robo”.
“Las condenas a Lázaro Báez y sus hijos son una bocanada de aire republicano. El que las hace las paga y el que roba tiene que rendir cuentas en la justicia. Que sea la regla y no la excepción”, remarcó Juan Martín.
Gonzalo del Cerro afirmó que “la condena a Lázaro Báez es una señal clara de que la justicia ha encontrado hechos incuestionables como para desmentir todas las acusaciones de persecución y lawfare. Los ataques del gobierno al Poder Judicial serán más intensos y descalificadores”.
Por su lado, la diputada Paula Oliveto se manifestó emocionada: “No era fácil hace muchos años denunciar a Lázaro Báez. Como dice Mariana Zuvic la familia apoyo y soporto mucho en estos años. Quiero recordar al equipo de Lanata y a Nicolás Wiñazky por su valor y a Elisa Carrió que siempre nos impulsó a seguir trabajando”.
Ximena García agregó: “Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero. Se confirma lo que muchos intentaron negar por años: “la ruta del dinero K” existía, no fue un invento del periodismo. Cayó por fin uno de los principales socios de la familia Kirchner”.
Sebastián Salvador, por su parte, remarcó que “la justicia condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión confirmando así el plan sistemático de corrupción en la obra pública del kirchnerismo. Bien por la justicia que avanza contra los corruptos”.
“Valió la pena. A los hijos de todos quienes han arriesgado su vida durante estos años de lucha, y a todos los hijos de la Nación: HAY JUSTICIA en la Argentina”, escribió a su vez Mariana Zuvic.
El diputado nacional del Pro Jorge Enríquez sostuvo que las condenas en la causa de la “ruta del dinero K” son una excelente noticia para quienes creemos que la corrupción es uno de los mayores flagelos que padece la Argentina. “Ahora hablarán de lawfare y otras patrañas pero las condenas se fundan en pruebas irrefutables, muchas de ellas conseguidas a través de la cooperación internacional”, señaló, para agregar luego que “la condena de Lázaro Báez, principal testaferro del clan Kirchner, nos devuelve la confianza en la justicia y es un toque de atención para su jefa Cristina Kirchner”.
“Bienvenido triunfo del Estado de Derecho sobre la impunidad kirchnerista”, concluyó Enríquez.
A su vez, Lorena Matzen señaló: “Al fin! ¡Después de casi 3 años de juicio condenaron a Lazaro Baez! Frente a estos casos, la ley de extinción de dominio se hace visiblemente necesaria en su aplicación, para que no haya impunidad y realmente se haga justicia en estos casos de corrupción”.
Los legisladores apuntaron contra el oficialismo por la excarcelación del empresario, vinculado en causas de corrupción durante la gestión del kirchnerismo.
Diputados nacionales de la UCR cuestionaron la prisión domiciliaria concedida al empresario Lázaro Báez y se refirieron a la protesta de los vecinos del country Ayres del Pilar, quienes impidieron que pudiera ingresar.
“La gente está demostrando con sus cacerolas cuanto hartazgo tiene por la corrupción y cuanto más necesita una Justicia independiente que la condene”, opinó Luis Petri.
Conocido el fallo, el mendocino había señalado: “Lázaro Báez se va a su casa, junto a 4.500 más que ya fueron liberados. El cajero de banco, devenido en empresario de la construcción, tiene un patrimonio valuado en 2016 por más de U$S200 millones, pero aseguró que no podía pagar la fianza y se lo concedieron”.
“Aunque la justicia no funcione, el repudio social nos demuestra que no se van a tolerar más estos actos de impunidad e injusticias”, consideró Daniel Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Y cuestionó que Báez “es el símbolo de la corrupción kirchnerista, y aun así recibe prisión domiciliaria”. “Está claro que el único objetivo del oficialismo es la búsqueda de impunidad y la reforma judicial se la garantiza. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para impedirlo”, enfatizó.
En tanto, el mendocino Federico Zamarbide afirmó que “en la Argentina la Justicia no funciona” pero “por lo menos, a veces tenemos la condena social”.
“La impunidad, la década enterrada y las valijas de Cristina sin castigo. Esto demuestra que debemos impedir que salga la Reforma Judicial y Cristina se convierta en la justicia para legalizar la ilegalidad. Está acorralada, apurada y dispuesta a arrasar con todo”, disparó contra la vicepresidenta Álvaro de Lamadrid.
Por su parte, José Cano manifestó: “Lázaro Báez puede ir a su casa. En 12 años acumuló 1.412 propiedades y le atribuyeron un patrimonio de USD 205 millones. Solo debía ‘pagar’ (devolver) el 3% de todo lo que robó pero ni siquiera eso pasó. Ahora el Frente de Todos va por la Reforma Judicial, no vamos a permitirlo”.
Para la diputada Graciela Ocaña, la vicepresidenta de la Nación “va por la demolición de las causas judiciales”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña pidió que la Justicia argentina embargue los bienes de Lázaro Báez, “tal como ya lo viene haciendo la Justicia en Uruguay desde 2016 por la causa de El Entrevero”, y agregó que “la mitad de esos bienes deben volver a Argentina ya que se adquirieron con dinero que se fugó del país, pero nuestra Justicia no avanzó nunca en ese sentido”.
Asimismo, indicó que “tenemos que trabajar en un procedimiento judicial más sencillo para que avancen las causas y terminen en juicios” y añadió que “es un mensaje malo a la sociedad permitir que sigan en libertad personajes como Báez, porque el dinero que se robaron con la corrupción es el que falta en rutas, escuelas, sistema de salud, es el dinero que se le robó a los argentinos”.
Por otra parte, Ocaña aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner “va por la demolición de las causas judiciales” que la implican y agregó que “ya ha conseguido que queden muy pocos procesados presos. Ha logrado imponer su agenda que es terminar con las causas de corrupción durante su presidencia”.
Respecto a la reforma judicial, la legisladora nacional advirtió que “habrá que ver si está reforma no implica poner jueces amigos en los Tribunales, algo que se intentó con la llamada democratización de la Justicia en 2013” y añadió que “si es para aumento de Jueces y tratar de tener una Corte amiga, como lo hizo Menem, es totalmente negativo para la búsqueda de Justicia”.
En el marco de una semana muy complicada, con duros cruces con la oposición y la inoportuna excarcelación de Lázaro Báez, el gobierno dejó trascender qué está pensando para reflotar una economía que quedará muy derrumbada por la crisis sanitaria.
Por José Angel Di Mauro
La cuarentena extrema que se pretendió programar para esta etapa que se extiende hasta el próximo viernes tiene sus límites, no solo temporales: los que imponen los propios encargados de mantenerla, que lo hicieron en la medida que pudieron y desearon. Algunas actividades vedadas siguieron o volvieron a desarrollarse en la medida que el ingenio y la audacia lo permitió. Los peluqueros, por ejemplo, que trabajan a puertas cerradas o a domicilio, pues nadie podría imaginar que pudieran sobrevivir con cuatro meses de facturación cero.
Ese es solo un ejemplo entre tantos, periférico. La actividad plena y que cuenta sigue semiparalizada y aun aquellas que se han mantenido abiertas estos más de cien días han tenido bajas. Toda la actividad se ha resentido en este tiempo.
El Estado lo sufre en sus cuentas; la impresión de billetes es la única actividad que se aceleró en este tiempo y la emisión es un desvelo que preocupa con vistas al post pandemia, por el riesgo de una hiper. Con el objeto de acotar la expansión del gasto fue que las autoridades planificaron limitar los alcances del IFE, pero finalmente el presidente cedió ante el pedido de los gobernadores. La continuidad este mes de ese beneficio para los más de 9 millones de personas alcanzadas fue el dato principal de la videoconferencia que mantuvo Alberto Fernández el miércoles pasado con los mandatarios de los 24 distritos del país. Querían reducir esa asignación este mes a 3 millones, pero se extenderá entonces un mes más a la totalidad del listado, lo que implica una erogación superior a los 90 mil millones de pesos.
La impresión de billetes es la única actividad que se aceleró en este tiempo y la emisión es un desvelo que preocupa con vistas al post pandemia, por el riesgo de una hiper.
El ATP sí fue reducido este mes a las zonas que mantienen restricciones por la cuarentena más extrema, léase AMBA y Chaco, fundamentalmente. Este fin de semana el ministro Matías Kulfas confirmó que esa asistencia se mantendrá en aquellos lugares donde siga el aislamiento hasta el final.
Pero con las cuentas al rojo, el Gobierno piensa en el día después. Sobre todo cuando las autoridades se animaron por fin a hablar de la posibilidad de que estemos transitando finalmente el pico de la enfermedad, lo que hace presuponer entonces que la curva comenzará a descender. Los especialistas aclaran que eso se sabrá recién cuando la montaña quede atrás, pero en situaciones extremas es bueno cuando se infiere que comienza a verse la luz al final del túnel.
En efecto, todos dicen que este es el peor momento de la pandemia, pero propios y extraños coinciden en un detalle que puede resultar chocante, aunque es real: los casos siguen siendo pocos -tiene que ver con el nivel reducido de testeos- y los muertos no son tantos. Las cifras han crecido, pero no se han multiplicado y con esta última cuarentena extrema impuesta no se espera que eso suceda. ¿Y si cuando se flexibilice, como todos coinciden que se hará, repunta? Volverán a cerrarse actividades.
La estrategia pareciera garantizar resultados positivos en materia sanitaria, mas resulta letal para las empresas y la economía en general. Los datos lo siguen certificando: la construcción se derrumbó en mayo un 48,6% respecto del mismo mes del año pasado, y el acumulado de enero a mayo marca un 42%; la producción industrial, en el mismo mes, mostró una brusca caída del 26,4%. Son datos del INDEC.
¿Y si cuando se flexibilice, como todos coinciden que se hará, repunta? Volverán a cerrarse actividades.
El exministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre fue muy crudo en la semana cuando al ser entrevistado por Carlos Pagni alertó sobre la grave situación del Conurbano y las consecuencias de una cuarentena tan extensa. Y paradójicamente aclaró que este momento en el que la situación económica es más grave, precisamente es cuando no se puede salir de la cuarentena por sus consecuencias sanitarias. El error, a su juicio, fue entrar de manera tan temprana y cerrada.
El Gobierno tiene asumido que no hay margen para mantener a la zona más poblada del país en Fase 1 después del 17 de julio, por eso está preparando el terreno para una flexibilización. Rodríguez Larreta le anunció ya al presidente que reabrirá actividades y hasta volverán los runners y algunos deportes individuales. Y pensando ya en el post pandemia comenzaron a trascender papers que el gobierno nacional prepara con las medidas a implementar cuando se instale la nueva normalidad.
Habrá un nuevo blanqueo de capitales -todos los gobiernos han tenido el suyo, ninguna oposición se los traba en el Congreso-; una nueva fórmula para la movilidad jubilatoria; y medidas de reactivación económica, más un plan Ahora 18 que incluye tres meses de gracia, de modo tal que el que compre ahora comience a pagar recién en noviembre. Tal vez con devolución total o parcial del IVA. Esto va para la clase media, tan golpeada en esta crisis epidemiológica.
Hay un pedido impulsado por las organizaciones sociales que ganó adeptos en el Gobierno, mas no es bien visto por los que tienen que armar el presupuesto, sobre una asignación universal, una suerte de oficialización permanente del IFE, al menos por un plazo determinado pero extenso. Las arcas endebles, con un déficit disparado, difícilmente puedan contemplar semejante erogación, pero nada se descarta.
Pensando en todo eso el presidente convocó a todos los sectores a la quinta presidencial el jueves pasado, con motivo del Día de la Independencia. Fue la misma escenografía que la que usaron el 25 de Mayo, pero ya no mostrando al equipo propio, como entonces, sino esta vez a Fernández rodeado de empresarios y sindicalistas. Con ellos buscará recrear el Consejo Económico y Social, que el presidente prometía desde antes de llegar al gobierno y del que en las primeras semanas en el poder anticipó varias veces el inminente envío al Congreso del proyecto de ley para crearlo. En esa foto faltaron los movimientos sociales y la Iglesia, dicen, más por una cuestión de espacio que por falta de disposición.
La oposición estuvo contenida -a los ojos del Gobierno- en la presencia de los gobernadores opositores. Los que representan la oposición que le sienta bien al Gobierno, porque no la considera obstructiva como al resto. Tiene sentido: son los que necesitan llevarse bien con el Ejecutivo por razones de administración de sus propios territorios.
Cuando pase el 17, nosotros estamos pensando, con todos los que están aquí, en el futuro”, dijo Fernández rodeado por dirigentes del Grupo de los 6 y la CGT.
Alberto Fernández buscó allí ser inclusivo, y llamó “mi amigo” a Horacio Rodríguez Larreta. El abrazo del Ejecutivo nacional al jefe de Gobierno porteño le genera cuestionamientos internos en las redes sociales a Rodríguez Larreta, pero sobre todo le complica la relación con Mauricio Macri y los sectores más duros de Juntos por el Cambio. Pero Larreta no cambiará su postura, que considera “lógica y necesaria”, sobre todo en el actual contexto de pandemia. En rigor, más allá de la incomodidad que podría generarle su postura cercana al presidente en el interior más duro del electorado opositor, la pandemia le permitió al jefe de Gobierno porteño un nivel de exposición inesperado a nivel nacional. La instalación a nivel nacional que necesita para eventualmente ser candidato presidencial en 2023 -aunque rechacen hablar del tema él y su entorno- se le facilitó por estas razones inesperadas.
“Cuando pase el 17, nosotros estamos pensando, con todos los que están aquí, en el futuro”, dijo Fernández rodeado por dirigentes del Grupo de los 6 y la CGT, aunque siempre el temperamento le juega una mala pasada y deslizó a continuación la frase “vine a terminar con los odiadores seriales”. Mejor hubiera usado la palabra “odio”, en lugar de “odiadores”, dirigido a la oposición que más desprecia y a la que quisiera ver dividida. Separándola de los más dialoguistas, como su “amigo” Larreta o los intendentes del PRO con los que se reunió el día anterior en Olivos, Néstor Grindetti y Jorge Macri. Un objetivo en el que se ilusionaban los más optimistas del albertismo, que esperaban para estas alturas tener a Emilio Monzó armando por afuera de Juntos por el Cambio, y también hicieron correr días pasados la especie de una Elisa Carrió candidata el próximo año… por afuera de JxC.
Nada más lejano a la realidad: si bien son cada vez más notorias las diferencias en la principal oposición, les queda claro que no tienen destino separados. Hechos como las reacciones que generó lo de Vicentin, la liberación de Lázaro Báez y la masividad de las marchas del 9 de Julio -más allá de los incidentes-, refuerzan ese concepto.
A sus referentes legislativos convocaría también Alberto Fernández. Iba a ser este lunes, según trascendió. Exploró la posibilidad el miércoles pasado Sergio Massa con los presidentes de los bloques de la oposición, pero después del sondeo no volvieron a hablar del tema.
Legisladores de la oposición reaccionaron con dureza ante el fallo favorable que permite la prisión domiciliaria del empresario detenido hace cuatro años.
La noticia del día fue sin dudas la decisión de la Cámara de Casación, que ordenó que se vuelva a analizar la posibilidad de otorgarle la excarcelación u otorgarle prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez. Previsiblemente la medida generó la reacción adversa de numerosos legisladores de la oposición.
Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, tuiteó: “Mientras vos estás en cuarentena viendo cómo bajan tu salario, cierra tu negocio o te quedás sin trabajo, Lázaro Báez vuelve a su mansión a disfrutar de la que nos robó. Interesante”.
Fernando Iglesias, por su parte, apeló a la ironía, preguntándoles a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Santiago Cafiero si Juntos por el Cambio puede sacar un comunicado sobre la liberación de Lázaro Báez. Y concluyó: “Avísennos, por favor. No queremos que se ofendan de nuevo por esta excarcelación extorsivo-pasional que no es política, nada que ver…”.
En otro tuit, Iglesias señaló: “La Unidad de Información Financiera (UIF) no se hizo presente a la audiencia fijada para debatir la cuestión”, ante lo cual sostuvo que “el Ministerio de la Impunidad es el que mejor funciona”.
Por su parte, el diputado Facundo Suárez Lastra señaló que “Lázaro Báez podría obtener prisión domiciliaria si paga 5 millones de dólares de fianza. Qué ironía tan lamentable que alguien procesado por lavado de dinero utilice lo que robó para volver a su casa”.
A su vez, el diputado Alvaro de Lamadrid apuntó que “no es político lo que pasa, dicen desde el Gobierno. Claro, por eso ahora Lázaro Báez está por recuperar la libertad. Premiado por su silencio y ser testaferro fiel”.
Desde la provincia, la legisladora bonaerense Alejandra Lordén deslizó: “De a poco van volviendo todos”, ironizando con el logo del Frente de Todos.
