El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles sobreseer a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como “La ruta del dinero K” en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

Se trata del caso en el que el empresario Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como “La Rosadita”.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que “a pesar de haber exhibido un vínculo directo entre la exmandataria y el empresario”, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria. Así, Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado.

Marijuan había sido quien imputó a Cristina Kirchner el 8 de abril de 2016 basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que la expresidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.

En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó. Ahora, el propio Marijuan consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla”, sostuvo el fiscal.

Además, remarcó: “A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”.

“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, señaló.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron de manera dividida al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que el juez Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, planteó Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado porque implica anular como delito precedente la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez”, y agregó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Párrafos más abajo sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que sostuvo que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Tras todo ese análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos.

Tras conocerse que el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y a sus hijos Máximo (jefe del bloque del FdT en la Cámara baja) y Florencia en las causas Hotesur y Los Sauces, que habían sido elevadas a juicio oral hace tres años, los legisladores de los bloques opositores expresaron su indignación a través de las redes sociales.

“El único plan del Gobierno que funciona es la agenda judicial de impunidad de la vicepresidenta. Tercer juicio oral que evita Cristina Kirchner este año. Logró sobreseimientos en las causas dólar Futuro, Tratado con Irán y ahora en la del lavado en Hotesur y Los Sauces”, escribió el diputado nacional y presidente del bloque UCR Mario Negri (Córdoba).

A las críticas, se sumó la diputada electa del Pro Graciela Ocaña (Buenos Aires) quien posteó: “Impunidad, la única política del gobierno”. Mientras su par Silvia Lospennato manifestó: “El país de la impunidad”.

Fernando Iglesias (Pro – Ciudad de Buenos Aires) cuestionó: “Una “justicia” que trabaja para los delincuentes. El producto de 38 años de mayorías peronistas en el Senado. Hablame de renovación y de lawfare. Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces”.

“CFK sobreseída en Hotesur/Los Sauces sin juicio. Autoamnistía forzada. Usa avión presidencial y se hace dar 2 jubilaciones. La Vice se apura con su demolición institucional. Nos jugamos evitar el país sea Santa Cruz. Que no haya impunidad y perpetuidad con venganza para adelante”, enfatizó el diputado radical Álvaro de Lamadrid (CABA).

En suma, la legisladora tucumana Lidia Ascárate (JxC) tuiteó: “Objetivo cumplido para este gobierno. Lograron el sobreseimiento de Cristina. No era la economía, no era la distribución del ingreso, ni la justicia social. Era la impunidad. Hotesur sobreseída”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, consideró que el fallo es “parte de la capacidad de daño que va a tener la vicepresidente hasta diciembre. Hay dolo en la conducta de los jueces e iremos por su juicio político cuando llegue el momento. Hay que tener paciencia, Cristina Kirchner y sus socios van a pagar por estos delitos”.

También se expresó el diputado electo de Avanza Libertad José Luis Espert: “Una verdadera vergüenza, humillante, denigrante”, y se preguntó: “¿Para qué pagar impuestos si no tenemos seguridad ni Justicia? Así, los impuestos, son un robo gravísimo porque al delito lo produce el mismo Estado que te obliga a ser robado porque es el mismo que te obliga a pagar los impuestos”.

Para Jorge Enríquez (Pro – CABA), el fallo “es una afrenta a todos los argentinos de bien. Es urgente expresar nuestra indignación, en forma enérgica pero pacífica, en los balcones, en las calles y en las plazas”.

“No habrá desarrollo económico ni equidad social sobre la base del privilegio para los corruptos –agregó-. Mientras cada día se nos recortan más derechos y se nos empobrece más, la familia más corrupta de la historia argentina es protegida por jueces venales o pusilánimes, que no merecen ser magistrados de la República”.

Enríquez concluyó afirmando que “no nos van a amilanar. Cada nueva provocación nos hace más fuerte. ¡Que se oiga la voz de los mansos en cada rincón del país!”.

Tal cual se venía especulando en las últimas horas, el Tribunal Oral Federal N°5 resolvió dejar sin efecto el juicio oral que iba a sentar en el banquillo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como Hotesur y Los Sauces.

La investigación de lavado de dinero tenía también como imputados a los hijos de los Kirchner, Máximo y Florencia, como así también a Lázaro Báez, Martín Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y Alberto Leiva, entre otros.

Para el TOF 5, no existió el delito de lavado de dinero denunciado, por lo que todos los involucrados resultaron sobreseídos. Tal resolución es idéntica a la adoptada por otro tribunal oral que resolvió del mismo modo en la causa por el memorándum con Irán, que también tenía a la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada. Ese juicio fue suspendido antes de ser iniciado.

El fallo del tribunal fue dividido, pues tuvo las firmas de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de Adriana Palliotti.

El argumento para el sobreseimiento radica en que la causa estaría a juicio de los primeros magistrados “mal instruida”, al no haberse aplicado “la ley más benigna”. En consonancia con lo solicitado por el abogado Carlos Beraldi, se interpretó que el lavado de dinero no es tal pues la simulación de alquileres habría sido una especulación, considerando el tribunal que la ocupación “fue real y los valores los del mercado”.

La resolución del TOF 5 podría ser revertida por el Tribunal de Casación.

El fiscal Javier De Luca ante la Cámara Federal de Casación Penal desistió de la acusación sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA con la firma del Memorándum con Irán, luego que se dictara el sobreseimiento a su favor cuando estaba a las puertas del juicio oral y público.

De Luca no sostuvo el recurso de apelación de su antecesor Marcelo Colombo, quien había apelado el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que por considerar que no hubo delito y sobreseyó a la presidenta del Senado por encubrimiento, así como a otros exfuncionarios imputados y, de esta manera, el fallo le evitó afrontar el juicio que estaba aún sin fecha de inicio.

Por lo tanto, la decisión de confirmar o no la decisión del Tribunal está en manos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

“En su momento también argumenté que las supuestas espurias intenciones de hacer cesar o dar de baja a las ‘alertas rojas’ de la Interpol por parte del Gobierno Argentino y de la formación de una llamada ‘Comisión por la Verdad’ para generar una hipótesis investigativa falsa, no podían objetiva ni jurídicamente constituir la ‘ayuda’, del Código Penal, que reprime el encubrimiento personal; ni ningún otro delito”, sostuvo De Luca.

Además, explicó: “Al no analizarse los elementos de los delitos involucrados, solo se describen hechos de la vida y se conjetura sobre ultra intenciones, como si fuera evidente que el sólo hecho de haber concretado este tratado con una potencia extranjera fuera constitutivo de delito, y se da por sentado que eso es lesivo de la administración de justicia”.

Para el fiscal, la firma del tratado que luego fue declarado inconstitucional, no interrumpió la labor de la Justicia en la investigación sobre los acusados de volar la AMIA.

“La imagen de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, al celebrar y sancionar un tratado, estarían entorpeciendo el trabajo del juez y fiscal de la causa en su etapa de investigación y persecución del crimen, cae en el absurdo lógico de pensar que quienes dictan las reglas (de fondo y de forma), están estorbando a quienes tienen que ejecutarlas”, sostuvo el fiscal.

Y concluyó: “Tampoco estamos aquí ante delitos mutilados de varios actos, ni delitos de resultado cortado, que son tipos penales con intenciones internas trascendentes, con ultra finalidades o elementos subjetivos que exceden al dolo. Es que en la suscripción del Memorándum no hay un segundo acto que quienes lo firmaron se propusieran realizar. Una vez terminado el trato diplomático y su recepción en los respectivos países, todo lo demás dependería de la conducta posterior de terceros”.

Tras el dictamen, la querella de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas del atentado a la AMIA, recusaron y pidieron apartar a De Luca.

Paralelamente, los querellantes sí apelaron la decisión del Tribunal Oral 8 el cual había dictado los sobreseimientos de CFK, de Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado.

Ahora, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal deben evaluar si confirman o no la decisión del Tribunal Oral que semanas atrás sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito.

El exsecretario de Comunicación de la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, Jorge Grecco, fue sobreseído de la acusación de presunto “enriquecimiento ilícito” que había sido impulsada en su contra.

El fallo fue suscriptó por el juez federal Julián Ercolini, quien desestimó la acusación que pesaba contra Grecco respecto del supuesto incremento en un 7.000% en el período en que fue funcionario, impulsada por el juez federal Julián Ercolini.

Para el magistrado, “no existe elemento alguno que haga presumir la configuración de un incremento patrimonial apreciable que al mismo tiempo resulte injustificado”. El fallo establece además que “los elementos probatorios incorporados en la causa incluyendo el escrito presentado por la defensa han sido claros en ese sentido”.

La denuncia de Tailhade estaba basada en las declaraciones juradas de Grecco, quien según precisó el diputado arrancó en la función pública con un patrimonio de $2.024.995, y se retiró con un patrimonio de $145.724.966,53″.

Según la defensa de Grecco, a cargo de Gabriel Cavallo, el incremento en el patrimonio se debió en parte a la variación del valor del dólar durante ese lapso, como así también a ña operación venta de las acciones de Disvol a la empresa Inversora Energética S.A. el día 17 de marzo de 2017 que registró un precio de unos 260 millones de dólares.