A raíz de casos resonantes como ANDIS y $LIBRA, el diputado Oscar Agost Carreño presentó un proyecto para que se garantice la preservación de la evidencia digital.
En medio de causas resonantes donde los teléfonos son piezas clave, como la investigación por presuntas coimas en la ANDIS, en la que la Justicia realizó una copia forense de uno de los celulares de Diego Spagnuolo y luego confirmó que gran parte de los mensajes borrados no podrán recuperarse, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley de “Acceso y Preservación de Evidencia Digital en el Proceso Penal”.
La iniciativa obliga, con orden judicial fundada, a entregar dispositivos cuando una persona esté investigada, habilita medidas urgentes para evitar borrados o alteraciones, y permite exigir huella o rostro para el desbloqueo, preservando la prohibición de forzar contraseñas, patrones o PIN.
“El proyecto parte de un dato obvio pero ignorado: la evidencia digital es hoy uno de los insumos probatorios más relevantes. Su carácter efímero y manipulable exige reglas claras para preservarla y acceder sin vulnerar derechos”, afirmó Agost Carreño.
El cordobés agregó que no se buscan “atajos punitivos” sino que “dotamos a la investigación de herramientas eficaces con órdenes judiciales fundadas, alcance limitado y cadena de custodia auditables”.
La propuesta instala tres pilares. Primero, la preservación inmediata: los jueces podrán ordenar -sin dilaciones- que por hasta 90 días no se borren ni alteren datos específicos y que se registren todos los accesos (hashes, logs, software y peritos) para resguardar la cadena de custodia.
Segundo, el acceso y la entrega: frente a una investigación, el magistrado podrá disponer la entrega del dispositivo o requerir asistencia técnica de terceros para ingresar de modo acotado (por cuentas, fechas, palabras clave).
Y tercero, la biometría con garantías: se autoriza huella o reconocimiento facial para desbloquear, pero queda prohibido compeler a revelar contraseñas, patrones o PIN por afectar la garantía de no autoincriminación. “No se podrá compeler al imputado a revelar credenciales memorizadas. Sí se admite, con orden fundada y en condiciones dignas, el uso de datos biométricos estrictamente para el desbloqueo”, explicó el legislador.
En un guiño a estándares internacionales, el texto toma como referencia el fallo Halabi sobre privacidad y antecedentes como Riley v. California y Carpenter v. United States, además del Convenio de Budapest sobre ciberdelito, con criterios de minimización (delimitar dispositivos, cuentas, intervalos y categorías de datos). “Equilibramos eficacia investigativa y tutela de derechos para anticiparnos a impugnaciones de inconstitucionalidad”, remarcó Agost Carreño.
La norma también penaliza la destrucción o alteración dolosa de evidencia digital y el incumplimiento de órdenes de entrega o de asistencia técnica. Para proveedores de servicios que desoigan decisiones judiciales se prevén multas en salarios mínimos e incluso inhabilitación en casos graves.
“Apuntamos a evitar la impunidad que genera el borrado o la reticencia en la entrega de pruebas, con escalas proporcionales y agravantes cuando haya funcionarios o delitos especialmente sensibles”, dijo el diputado de EF.
La iniciativa se presenta en medio de la causa ANDIS, donde los peritajes confirmaron la centralidad de los celulares y las dificultades cuando hubo borrados irrecuperables; y en el caso $LIBRA, donde se dispusieron allanamientos y secuestros de dispositivos, incluso el teléfono de Mauricio Novelli.
“La agenda judicial viene girando justamente alrededor del acceso a comunicaciones y metadatos. Si un juez ordena preservar o acceder, el Estado debe poder hacerlo rápido y bien. Este proyecto blinda la evidencia digital para que ninguna investigación -por corrupción o cualquier otro delito- dependa de que un teléfono llegue limpio”, cerró Agost Carreño.
Los tres senadores (Cándida López, Eugenia Duré y Pablo Blanco) hablaron de consecuencias negativas sobre la industria de Tierra del Fuego como desempleo, desinversión y hasta desaparición. La medida del Gobierno se hará en dos tramos y quedará completa en enero del 2026.
El Gobierno nacional anunció este martes la eliminación de aranceles de importación a los teléfonos celulares y una baja al de las consolas de videojuegos del 35% al 20%. Asimismo, anunció, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, la eliminación definitiva del impuesto interno de los artefactos fabricados en Tierra del Fuego.
La disminución impositiva se hará en dos tramos y va a estar completa en enero del 2026. Desde el Gobierno esperan que haya una baja del 30% en los precios de los electrónicos.
Sin embargo, el anuncio no cayó nada bien en los legisladores fueguinos, quienes manifestaron su rechazo a la medida a través de X.
El senador radical Pablo Blanco (opositor a Javier Milei) consideró que el presidente de la Nación “firmó el certificado de defunción de Tierra del Fuego”. Luego de valorar negativamente a la medida, agregó: “Chau empleo, chau producción nacional. Tierra del Fuego es soberanía, industria y trabajo. No se entrega, se defiende”.
👉🏻@JMilei firma el certificado de defunción de Tierra del Fuego. Chau empleo, chau producción nacional. Tierra del Fuego es soberanía, industria y trabajo. No se entrega, se defiende. pic.twitter.com/Lrr9llL90L
— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) May 13, 2025
También, la senadora camporista María Eugenia Duré publicó un extenso reproche al Poder Ejecutivo Nacional y afirmó que “la industria fueguina corre serio peligro”. Al igual que su coterráneo en la Cámara alta, señaló que el anuncio “es una sentencia de muerte para nuestra industria de Tierra del Fuego AiAS”.
Luego, aseveró que “así son los gobiernos neoliberales, ya lo vivimos cuando pasamos del récord en puestos de trabajo en 2015 con una política de industrialización de Cristina Fernández, para llegar a la mayor pérdida de puestos de trabajo y cierre de fábricas con los gobiernos de (Mauricio) Macri y Milei; siendo las mujeres las más afectadas”.
Con Milei la industria fueguina corre serio peligro 🏭❌
El anuncio del vocero presidencial sobre la eliminación de aranceles a las importaciones de celulares y la baja de aranceles para TV y aires acondicionados es un sentencia de muerte para nuestra industria de Tierra del…
— Eugenia Duré (@EugeniaDureTDF) May 13, 2025
Del mismo modo, analizó: “Vemos con mucha preocupación este anuncio y sus consecuencias para nuestra industria y provincia”, y cerró que “este es el país de Milei: menos industria, menos trabajo, más pobreza”.
También de Tierra del Fuego, la senadora nacional Cándida Cristina López tituló su análisis en X como “golpe a la industria fueguina”. Mencionó, además, que “la eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares importados va a provocar desempleo, desinversión y un devastador impacto social”.
“La motosierra de Milei pone en riesgo los empleos de 4.000 trabajadores de la industria fueguina que se dedican a la producción de teléfonos celulares”, aseveró López, quien añadió que “la desregulación anunciada por el Gobierno nacional deja a las empresas radicadas en Tierra del Fuego en condiciones muy poco competitivas”.
🏭 GOLPE A LA INDUSTRIA FUEGUINA🏭
La MOTOSIERRA de Milei pone en riesgo los empleos de 4.000 TRABAJADORES de la INDUSTRIA fueguina que se dedican a la producción de teléfonos celulares.
📱 La eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares importados va a… pic.twitter.com/tFpnq6lks7
— Cristina Lopez (@crislopeztdf) May 13, 2025
Explicó, además, que “la industria fueguina emplea unos 8.000 trabajadores en forma directa y derrama sobre otros 15.000 trabajadores de forma indirecta”, y auguró: “Defendamos el trabajo fueguino. No al cierre de fábricas. No vamos a permitir que destruyan nuestra industria. Detrás de cada fábrica en Tierra del Fuego hay una familia, un sueño, un futuro”.
En la Cámara de Diputados, la diputada nacional Andrea Freites (Unión por la Patria) también hizo eco del anuncio del Poder Ejecutivo Nacional y amplió: “Una vez más, el ajuste recae sobre quienes trabajan y producen. Desde hace semanas venimos advirtiendo que el acuerdo con el #FMI traía bajo el brazo un golpe directo a la industria fueguina”.
“Hoy lo vemos materializado en la eliminación de aranceles para productos electrónicos importados: una medida del gobierno de Milei que pone en riesgo miles de puestos de trabajo en nuestra provincia”, añadió la legisladora fueguina, quien manifestó: “Tierra del Fuego no es un enclave de privilegios, como quieren hacer creer. Es un modelo industrial que promueve la soberanía tecnológica, el arraigo poblacional y la producción nacional”.
La historia de Tierra del Fuego está hecha de luchas y de resistencia. Esta vez no será la excepción.
— Andrea Freites (@AndreFreitesTDF) May 13, 2025
Luego, aseveró: “Un modelo que generó más de 6 mil empleos directos, con trabajadores y trabajadoras que todos los días sostienen con esfuerzo la industria del sur del país”, y cargó: “Quitarle herramientas a nuestra provincia no solo debilita su economía: también atenta contra un proyecto federal de desarrollo con inclusión”.
Para cerrar, anunció: “Como diputada nacional, voy a seguir levantando la voz en defensa del régimen fueguino, acompañando cada iniciativa que busque proteger a nuestras familias, nuestras industrias y nuestro futuro”, y concluyó: “La historia de Tierra del Fuego está hecha de luchas y de resistencia. Esta vez no será la excepción”.
Se trata de un proyecto de ley que no busca prohibir su uso de teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en los establecimientos educativos, sino limitarlo a procesos de aprendizajes específicos.
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense comenzó el debate legislativo del proyecto de ley presentado por el diputado de URyF Martín Rozas que tiene por objeto regular el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las aulas de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, la norma plantea que se podrán utilizar los dispositivos cuando: sea parte de un proyecto pedagógico que fundamente su uso; cuando esté autorizado por las autoridades del establecimiento educativo; cuando esté expresamente incluido en el Diseño Curricular de la asignatura y, por último, cuando esté explicitado en la planificación de contenidos de la asignatura en las que se utilizarán estas herramientas.
El diputado de URyF Martín Rozas quiere regular el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las escuelas.
“Los celulares y los dispositivos móviles son una herramienta indispensable en nuestra vida cotidiana y brindan herramientas de conocimiento inconmensurables. Pero es necesario que su utilización sea regulada, que se le dé un marco pedagógico, porque el conjunto de la comunidad educativa coincide en señalar que, en muchos casos, el uso del celular en clase dificulta la atención y la participación activa”, planteó el diputado Rozas.
Y enfatizó: “a la dispersión se le suman problemáticas que se deben atender, me refiero específicamente a los múltiples casos de ciberbullying que ocurren en los establecimientos educativos, como así también las apuestas ‘on line’ que terminan generando ludópatas juveniles”.
Para concluir planteando: “es necesario proteger a los alumnos y alumnas de las distracciones y los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos móviles”.
La senadora Betina Riva también reclama al Servicio Penitenciario Bonaerense la instalación de inhibidores y bloqueadores de señales de telefonía móvil.
La senadora provincial por Buenos Aires Libre Betina Riva presentó en las últimas horas un proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares a los detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La modificación al artículo 9 de la Ley 12.256 establece que las comunicaciones dentro de los establecimientos carcelarios sólo serán mediante telefonía fija procediendo incluso a la inhibición de la señal de telefonía móvil dentro del penal.
La senadora que se referencia en el orden nacional con Carolina Píparo, aseguró que “todos sabemos que los dispositivos móviles en las cárceles son un instrumento para facilitar distintos tipos de delitos. Es prioritario que el gobierno ponga de una buena vez el foco en la seguridad de verdad y en garantizar que los ciudadanos puedan vivir tranquilos”.
El proyecto impulsado por Betina Riva extiende la prohibición al uso de tablets, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo de tecnología que pueda ser utilizado por las personas que están privadas de su libertad para coordinar ilícitos como amenazas, secuestros virtuales, venta de drogas. Asimismo, pide incorporar al Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) el uso de inhibidores o bloqueadores de señales de teléfonos celulares para garantizar que si logran de alguna manera introducir uno de estos aparatos no puedan utilizarlos.
“El gobierno de la provincia de Buenos Aires debe brindar seguridad a los ciudadanos y no convalidar ni facilitar la comisión de nuevos delitos a quienes ya se encuentran detenidos. Las comunicaciones de quienes están privados de su libertad deben garantizarse, por supuesto, pero de una manera segura para la vida de los bonaerenses”, concluyó Riva.