En medio del recrudecimiento de la pandemia del Covid 19, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscarán homenajear a los trabajadores esenciales que fallecieron en el ejercicio de sus funciones a causa del coronavirus.

De esta manera, pidieron que se emplace un monumento en la Plaza República Federativa del Brasil ubicada en la Comuna 2, el cual homenajeará al personal operativo de los sistemas de salud pública y privada y profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza); el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos y promotores comunitarios que presten servicio o residan en la Ciudad.

El texto establece que el monumento deberá contar con una placa que sostenga: “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rinde su homenaje a los trabajadores y las trabajadoras esenciales fallecidos por Covid 19” y establece que el mismo deberá ser realizado por cooperativas o colectivos artísticos vinculados al trabajo social.

En los fundamentos de la iniciativa los legisladores recordaron que “a principios de 2020 mediante la el decreto N°294/20 del Poder Ejecutivo Nacional se dispuso el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio con motivo de las medidas de prevención y lucha contra el Covid 19, en casi todas las actividades hubo modificaciones en los regímenes laborales, algunos fueron suspendidos, otros adaptados de modo tal de poder trabajar a distancia y hubo otros, los esenciales, que no pudieron salir del frente de exposición al virus”.

Al mismo tiempo que precisaron que “en el transcurso del 2020 quienes desempeñaron tareas esenciales, por lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 714/20, demostraron un valor y compromiso sin igual para cumplir con las tareas preventivas y de acción directa sobre el coronavirus” y remarcaron que “en nuestra ciudad esta vocación demostrada por todos los servidores públicos, merece un reconocimiento y consideración especial”.

“Nada fue impedimento para el cumplimiento del deber, el incremento de las horas de trabajo, la imposibilidad de estar en contacto debido de la alta exposición, con sus familias y seres queridos, la reducción de las horas de descanso, la suspensión de las licencias y también lo más temido, aunque esperado, comenzaron las infecciones, luego las internaciones. Lamentablemente muchas de las personas que estaban afectadas a tareas esenciales de cuidado de la población, fallecieron en el cumplimiento de sus deberes”, añadieron.

Al mismo tiempo que indicaron que “con profunda tristeza por esta situación, consideramos que este proyecto de ley intenta de alguna manera homenajear desde el Estado a todos aquellos que fueron parte fundamental del sostenimiento de la vida en los últimos meses” y concluyeron señalando que “nada será suficiente para reconocer a aquellos y aquellas que dieron su vida para morigerar las consecuencias de la pandemia, pero creemos que resulta apropiado contar con un Monumento representativo, que permita a la ciudadanía en general y a sus familiares conmemorar, honrar y destacar la actuación de estos hombres y mujeres”.

La iniciativa lleva la firma de Juan Manuel Valdés, Matías Barroetaveña, Claudio Ferreño, Lorena Pokoik, Victoria Montenegro, Santiago Roberto y Laura Velasco (FdT).

La senadora Nidia Moirano presentó una iniciativa en la Cámara alta bonaerense para crear el “Régimen de Reparación Económica Covid-19” para los hijos menores de edad y/o discapacitados del personal de la salud y de las fuerzas de seguridad que fallecieron por el coronavirus.

“Con esta iniciativa buscamos dar un reconocimiento a aquellos que dieron su vida durante esta pandemia para atender a los demás y ayudar a sus familias. La reparación apunta a brindar recursos a los hijos del personal de salud y seguridad fallecidos por el virus Covid-19”, señaló la senadora de Juntos por el Cambio.

Moirano, además agregó que “estamos generando distintas iniciativas que tienen que ver con poner a la provincia de pie frente a una de las peores crisis de nuestra historia y en este caso, además, reconocer todo el esfuerzo realizado por el personal de salud y seguridad bonaerense que se llevó, lamentablemente, muchas vidas”.

La reparación económica se otorgará mensualmente, según lo establecido en el proyecto y será el equivalente a un haber jubilatorio mínimo de la Provincia, con sus incrementos móviles. 

El Gobierno nacional promulgó las tres primeras leyes que se sancionaron durante una sesión virtual. Este lunes fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.548, bautizada como “Ley Silvio”, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus.

La norma declara “prioritaria para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales” durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19.

El “Programa de Protección al Personal de la Salud” alcanzará a “todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de Covid-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento”.

De acuerdo a la ley, las clínicas y hospitales deberán “garantizar medidas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o confirmados de Covid-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor riesgo de contagio”.

La autoridad de aplicación, “en coordinación con los demás ministerios y órganos de gobierno, sindicatos, empresas, universidades y organizaciones sociales” tendrá que establecer “protocolos de protección y capacitaciones destinados a la prevención del contagio de aquellas personas que cumplan con actividades y servicios esenciales que impliquen exposición al contagio de Covid-19”.

En lo que respecta al financiamiento, se indica que los gastos que demande la norma “serán atendidos con los recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el señor jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias”.

Además, plantea que “la autoridad de aplicación podrá recibir donaciones de recursos financieros y materiales que realicen organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos internacionales o de cooperación y organizaciones o entidades con fines de lucro con actividades en nuestro país”.

La “Ley Silvio” dispone la formación de un “equipo permanente de asesoramiento digital en materia de protección del personal de salud” a los establecimientos que así lo requieran; y también crea un “Registro Único de Personal de Salud contagiado por Covid-19” bajo la órbita del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, con el objetivo de mantener actualizada la información sobre los contagios en el personal de salud en tiempo real.

Por otra parte, se promulgó la Ley 27.549, que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para “los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las fuerzas de seguridad; de la actividad migratoria; de la actividad aduanera; y bomberos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria”.

La exención se aplicará sobre “las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19”.

La exención regirá desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, pero ese período podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.

Por otra parte, esta norma establece la creación de una pensión graciable y vitalicia que será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas por coronavirus en el ejercicio de sus actividades, y será “una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias”.

Finalmente, la Ley 27.547 regula la relación entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires con la Cruz Roja. Dispone la autorización a la institución para desarrollar actividades de carácter humanitario en todo el territorio, y encuadra en la Ley 25.855 de Voluntariado Social, la prestación de servicios de los voluntarios de esta organización.

En la ley se declara la inembargabilidad e inejecutabilidad del patrimonio de la Cruz Roja Argentina y los fondos provenientes de donaciones. También, se establecen las exenciones impositivas del pago de aranceles para la importación de bienes necesarios para el desarrollo de su actividad, y del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias de movimientos en cuentas bancarias que la institución use para su actividad.

Entre los beneficios, la norma permite la gratuidad en los procesos judiciales en los que intervenga como parte actora; la asignación de espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación que integren el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; y la exención del pago de peajes para vehículos y ambulancias de la Cruz Roja.

Las tres leyes se sancionaron por unanimidad el pasado 21 de mayo, durante la segunda sesión remota que realizó el Senado.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos Claudia Bernazza destacó, mediante dos proyectos de resolución, la tarea realizada por los trabajadores sociocomunitarios que atienden a la niñez y adolescencia en riesgo, y la que realizan trabajadores de las telecomunicaciones, en el contexto de la pandemia Covid 19.

El primer proyecto expresa que “referentes sociales de merenderos, comedores comunitarios, jardines comunitarios, casas del niño, centros juveniles, clubes de barrio, sociedades de fomento, entre otras organizaciones, elaboran y entregan viandas y refuerzos alimentarios a las familias de los niños, niñas y adolescentes que participan de las propuestas que llevan adelante”.

Este proyecto señala que “las organizaciones comunitarias dedicadas a la atención de la niñez y la adolescencia nos recuerdan que adeudamos, a las futuras generaciones, una Argentina fundada en la igualdad y la justicia social”.

El segundo proyecto subraya que “miles de trabajadores/as, técnicos/as e ingenieros/as están allí, en los lugares en que se los/las requiere, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos, operando centrales, en las profundidades de las cámaras, en la altura de los postes, asumiendo riesgos que abarcan también a sus familias, para hacer posible la comunicación humana”.

Al respecto, Claudio Marín, secretario adjunto del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA), destacó que “existe una tendencia a invisibilizar el trabajo humano que encierran las mercancías en general. Lo esencial es invisible a los ojos”.