Sin embargo, la embestida contra los denominados "superpoderes" se anotó un pequeño triunfo: la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen al proyecto unificado de derogación.

En efecto, la citada comisión emitió ayer dictamen favorable a los proyectos que proponen derogar la ley que cedió facultades legislativas al Ejecutivo nacional, con lo cual estará habilitado su tratamiento la próxima semana. De tal manera, los diputados opositores que buscan anular los poderes especiales avanzaron en el trámite legislativo y ya no necesitarán de los dos tercios para poder debatir la iniciativa, cuando se cumpla el plazo dispuesto en el reglamento interno de la Cámara baja.

Tras la fallida sesión plenaria con 80 de los 129 legisladores necesarios para comenzar la deliberación, se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionalistas, logró quórum y emitió un dictamen de mayoría, sólo rechazado por los radicales. La comisión, que preside la titular del ARI, Elisa Carrió, emitió el despacho en base a los proyecto de ley presentados por los peronistas Franciso García y Carlos Soria y por el socialista Héctor Polino.

En el despacho se propició la derogación de los artículos 1, 2 3, 4, 5 y 6 de la ley de delegación de facultades legislativas, y sólo se mantuvieron los artículos referidos al impuesto a las ganancias de títulos, bonos y acciones -que hoy siguen exentas- y a los fondos para el Plan de Infraestructura. El despacho fue firmado por los justicialistas Cristina Kirchner, José Díaz Bancalari, Carlos Soria, Juan Carlos Ayala, Guillermo Jenefes, Juan Uturbey y Franco Caviglia; Héctor Polino y Carrió, de ARI; Ramón Torres Molina y Alfredo Villalba, del Frente para el Cambio, y la radical disidente Silvia Vázquez. En cambio fue rechazado por los únicos diputados del radicalismo que participaron del encuentro, los santafesinos René Balestra y Julio Tejerina. Volviendo a la fallida sesión, ayer se pudieron reunir muy pocos de los 129 diputados necesarios para el quórum. De por sí, los legisladores que pidieron la sesión habían advertido que sería muy difícil alcanzar el quórum ya que la reunión había sido convocada a las 11, cuando muchos diputados aún no regresaban de sus provincias.

Así las cosas, a la hora de la sesión sólo había 80 legisladores, de los cuales medio centenar fueron aportados por el justicialismo y el resto por el Frepaso, el ARI, Frente para el Cambio, los radicales María Cano, María Soda, Miriam Curletti, Margarita Stolbizer y Juan Carlos Farizano y el demócrata progresista Alberto Natale (Santa Fe).

Ante esa situación, fuentes del justicialismo admitieron que ahora la responsabilidad de derogar las facultades la tendrían los senadores del PJ que tienen una cómoda mayoría en el Senado, y que la estrategia en diputados del PJ se centralizará en procurar conseguir la interpelación del ministro de Economía, Domingo Cavallo. La duda que persiste en ámbitos legislativos es si el justicialismo estaba dispuesto procurar dar un golpe de fuerte impacto político contra el gobierno, cuando Cavallo está encarando delicadas negociaciones con los organismos internacionales, y en medio de la reanudación de las tratativas entre los mandatarios provinciales y el Poder Ejecutivo.

La cesión de facultades al Presidente de la Nación permitida por el artículo 76 de la Constitución Nacional, sancionada el 29 de marzo, fue uno de los requisitos pedidos Domingo Cavallo para asumir como ministro de Economía, para instrumentar un conjunto de medidas administrativas e impositivas.