La nómina de integrantes de la comisión se completó con la libertaria Alida Ferreyra. Desde UP y el FIT cuestionaron a Tetaz por convocar a la reunión sin una orden del día. Algunos de los invitados avalaron la eliminación de las indemnizaciones.
Con una jornada repleta de encuentros, la Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo del radical Martín Tetaz, comenzó este miércoles el debate de la reforma laboral -que acompañará a la ley Bases en el recinto la semana que viene- y tuvo a varios expositores.
La reunión debió pasar a un cuarto intermedio pocos minutos antes de las 11, debido a que se lleva a cabo la sesión especial solicitada por Unión por la Patria para debatir el incremento de las partidas presupuestarias a universidades, la recuperación de la vigencia del FONID y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Se acordó retomar el encuentro el próximo viernes a las 10.
Al comenzar, a través de la Secretaría Parlamentaria se completó la nómina de integrantes de la comisión con la confirmación de Alida Ferreyra (LLA – CABA), quien al final, cuestionaría el pase a un cuarto intermedio. Así las cosas, Legislación del Trabajo quedó compuesta por 31 diputados nacionales.
Iniciado el debate, los diputados Alejandro Vilca (PTS – Jujuy) y Hugo Yasky (UP – Buenos Aires) le reclamaron al presidente Tetaz qué se discutan los demás proyectos y no solo el del radicalismo. A esto, se sumó el cuestionamiento de la jefa de bancada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman: “¿Cuál es la razón por la que se discute su proyecto y no el resto?”, expuso.
Rápidamente, el radical a cargo de la Comisión de Legislación del Trabajo contestó: “Les pido que acerquen una orden de prioridades y serán escuchados”. Asimismo, se refirió al tratamiento en el recinto estipulados para el 29 y 30 de abril: “No tengo noticias ni escuche planteos que su proyecto sea tratado en la sesión de la semana que viene”.
No obstante, la diputada nacional Vanesa Siley (UP – Buenos Aires) cuestionó varios, por no decir todos, de los componentes de esta reunión: “En la convocatoria no hay número de expediente”, cargó contra Tetaz en primera instancia.
Luego, fue más allá: “Usted no es un recién llegado a la cámara para cometer estos errores”. “Ni la ciudadanía ni los invitados saben qué proyecto se trata y usted pone ‘reforma laboral’ y damos por supuesto como si fuera un programa de televisión”, aseveró.
En tal sentido, amplió: “Hay que citar con 48 horas de antelación y anunciar qué proyectos de ley se van a abordar porque si no hay claridad no sabemos qué proyecto se está debatiendo”. Desde UP acusaron que “el desorden lo arma el propio Poder Ejecutivo porque manda reforma por túneles”.
Culminados los cuestionamientos, los expositores comenzaron sus intervenciones. En primer lugar, fue el turno de Gastón Utrera, quien planteó: “Un sistema indemnizatorio en la Argentina genera dos contraposiciones porque el tiempo aumenta el monto y en sentido contrario se reduce la antigüedad por retiro de trabajadores”.
Además, sumó que “la empresa acumula pasivos contingentes y es necesario eliminar las indemnizaciones agravadas”. Agregó, también, que “hay que retomar el planteo de reducir contribuciones patronales y proponer incentivos fiscales en el empleo informal”.
En segunda instancia, Martín Juárez Ferrer acompañó lo propuesto por el anterior expositor y añadió: “el régimen de indemnizaciones agravadas ha promovido la litigación. Creemos que debe suprimirse completamente”.
También, señaló que “el empleo en negro debe ser combatido y no puede ser corregido con indemnizaciones entre privados”. “Queremos lograr el pleno empleo, perfectamente registrado”, manifestó. Consultado por la relación entre el trabajador no registrado y la renta no declarada, respondió que “está vinculado con el dinero en negro”.
Por su parte, Pablo Devoto indicó que “pasaron 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue un hito revolucionario”, y agregó: “Apoyamos las propuestas de modificación de legislación laboral sobre todo en el contrato de trabajo”, con relación a que el período de prueba pasa de tres a seis meses.
A la hora de la reunión, la diputada opositora Julia Strada reclamó que “van tres expositores y no tenemos un solo dato (numérico)”. En esa línea, remarcó: “Les pido que aporten información concreta”.
A todo esto, el empresario pyme Juan Méndez (logística) sumó que “la extensión del período generaría mayor adaptación porque venimos de una generación que no conoce el trabajo por vivir del asistencialismo del Estado”, y criticó a la actividad sindical: “No es un derecho bloquear una empresa”.
El abogado Jorge Samuelián (asesor de pymes) señaló que “debe ser sancionado el pecado del empleador que toma a trabajadores en negro”, y coincidió que “no debe haber mantenimiento de las indemnizaciones agravadas”.
Del mismo modo, planteó que “el trabajador y la empresa no deben ser enemigos, van juntos y se necesitan”. También, advirtió que “hace 12 años que no crece el trabajo privado y sin seguridad jurídica es imposible crecer”.
Explicó, en ese sentido, que “la seguridad jurídica es darle, a las dos partes, previsibilidad de costos”. Por otro lado, consignó que “cuando un empleador toma personal en negro, está robando al Estado”.
Para terminar, Samuelián se opuso a la reforma del Fondo de Cese: “No lo veo factible porque el DNU lo toma como un tope y da números muy altos por la inflación”. “Querer cambiar un sistema por el otro, me haría chocar con la misma piedra y es imposible aplicarlo a los seis millones de trabajadores en blanco y los más de ocho millones en negro”, culminó.
En ese momento, las autoridades de la comisión (presidente y vicepresidente Sergio Pallazzo) anunciaron el pase a un cuarto intermedio debido a que se estaba por llevar a cabo la sesión especial y confirmaron retomar el encuentro este viernes 26 de abril a las 10.
