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Jueves 20 de septiembre de 2018
OPINIÓN
El macrismo vuelve a cargarse todo el ordenamiento jurídico
Por Rodolfo Tailhade. El diputado kirchnerista y consejero de la magistratura acusa al oficialismo de intentar nombrar jueces adictos.
11 de septiembre de 2018
El jueves 13, el macrismo pretende concretar en el Consejo de la Magistratura de la Nación una nueva y grosera burla contra la Constitución Nacional, las leyes y las decisiones de la Corte Suprema de la Nación. Ese día, la comisión de selección de magistrados primero y el plenario después resolverán, con los votos de la mayoría oficialista, el traslado de seis jueces a lugares claves de la justicia federal, en condiciones que no cumplen las exigencias del propio reglamento del Consejo.

Los requisitos mínimos para concretar un traslado incluyen que no haya concurso abierto para cubrir esa vacante; que se trate de la misma competencia y jurisdicción del juez trasladado; que la Cámara de Apelaciones de su conformidad; y que el juez tenga al menos cuatro años de antigüedad en el cargo. En ninguno de los seis casos que se analizarán el jueves se cumplen todas las exigencias legales.

* Pablo Bertuzzi, juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, pidió el traslado a la Cámara Federal de Apelaciones, que no solo no tiene la misma competencia, sino que hay un concurso en trámite para cubrir las vacantes.

El caso de esta Cámara es particularmente vergonzoso. La integran el ultramacrista Martín Irurzun, el archiultramacrista Leopoldo Bruglia (designado por un traslado irregular desde el TOF 4) y Mariano Llorens (designado recientemente por el macrismo, manipulando el concurso). Existen tres vacantes, dos de ellas las de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que fueron apretados por el gobierno luego del fallo que dejó en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, apriete que terminó con la jubilación de Ballestero y el traslado de Farah. ¿Quiénes son los favoritos en el concurso para ocupar esos lugares? Julián Ercolini y María Eugenia Talerico, de cepa amarilla pura ambos.

* Gerardo Morales va a tener el juez electoral a su medida: Esteban Hansen. Hansen fue designado juez federal de Libertador General San Martín, pero como ese juzgado aún no fue habilitado, lo pusieron a subrogar los juzgados federales N° 1 y N° 2 de Jujuy. Soldado de Morales, Hansen pide ser traslado al juzgado federal N° 1, que es el juzgado electoral.

El Senado le dio el acuerdo de forma definitiva para Libertador General San Martín, que no es la misma jurisdicción judicial que la capital provincial. Tampoco tiene la misma competencia, porque el de Libertador General San Martín no tiene competencia electoral. En lugar de reforzar la lucha contra el narcotráfico habilitando el este juzgado, quieren trasladar a Hansen para que trabaje al servicio de Morales.

* Eduardo Farah, que luego del fallo López-De Souza fue trasladado de la Cámara Federal de Apelaciones a un tribunal oral penal económico, pide ahora ir a un TOF de San Martín, Buenos Aires. De aprobarse sería otra flagrante violación reglamentaria: lleva 4 meses en el penal económico, con lo que está lejos de cumplir los 4 años exigidos.

* Germán Andrés Castelli pide el traslado del TOF 3 de San Martín al TOF 7 de Capital. No debería aprobarse por tratarse de jurisdicciones distintas.

* Finalmente, Alicia Pérez y Marcelo Bruno Dos Santos insisten en ser trasladados a juzgados de primera instancia en lo civil y comercial federal de Capital Federal, a pesar de que el Consejo de la Magistratura ya se pronunció en contra. La Cámara de Apelaciones del fuero también se pronunció en contra de estos traslados, pero seguramente el peso de los tres camaristas que votaron en minoría (los hiperoficialistas Ricardo Recondo, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni) los envalentonó a volver a pedir un traslado a todas vistas ilegal.

De concretarse estas maniobras, no sólo se estarán violando de manera obscena la Constitución Nacional y el reglamento del Consejo de la Magistratura, sino también las Acordadas 4/18 y 7/18 de la Corte Suprema, que específicamente trataron las irregularidades de traslados anteriores dispuestos por el Consejo en los mismos términos.

Desde el Consejo de la Magistratura, bajo la conducción de Daniel Angelici, se siguen cargando todo el ordenamiento jurídico para designar de manera ilegal a jueces adictos.

* Diputado nacional y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación