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Jueves 30 de marzo de 2017
OPINIÓN
Los gobernadores sí cumplieron con el Ejecutivo en el Senado
Por José Angel Di Mauro. Como en tantas otras ocasiones en el Congreso, los gobernadores volvieron a ser claves para frenar el proyecto opositor sobre Ganancias. El gobierno mostró una ejecutividad que no había exhibido la semana anterior.
17 de diciembre de 2016
En más de un despacho del gobierno hay almanaques donde tachan los días que restan para terminar diciembre, un mes clave por esta amenaza de alta conflictividad social que suele plantearse deliberadamente en la Argentina desde hace más de una década, y que el gobierno teme puedan intentar potenciar para erosionarlo. Terminar el año sin desbordes es un objetivo que se ha puesto como premisa, el mismo que se fijó para tener un primer año sin paros de la CGT. En ambos casos el costo fiscal fue elevado.

Promediando el mes, lo va consiguiendo, pero el precio es tolerar los piquetes diarios que desatan el caos en una ciudad cuyas autoridades se han impuesto también terminar el año sin imprevistos. Ergo, se los deja hacer; a partir de la puesta en marcha de la nueva policía de la ciudad, prometen actuar. Veremos. Mientras tanto, las organizaciones sociales que quedaron fuera del acuerdo con el gobierno redoblan su accionar, aunque su poder de daño se limita por ahora a enloquecer el tránsito.

Pero todavía falta. Hay un precepto que se maneja en los estrados oficiales, según el cual el alivio respecto de una insurrección social recién llega en Nochebuena. Y todavía falta una semana completa, pues los feriados caen este año en el fin de semana. “Quedan dos semanas completas para estar atentos; ni siquiera esa suerte tenemos”, reconocía un funcionario el viernes atento a que el año pasado las fiestas cayeron jueves y viernes.

Ese acuerdo con las organizaciones que habilitó la Emergencia Social, convertida en ley el miércoles pasado, fue precisamente el elemento que complicó al gobierno con el tema Ganancias. Para encontrar la relación entre una cosa y la otra hay que retrotraerse a la penúltima semana de noviembre, cuando el massismo impuso el tratamiento de la reforma de ese impuesto.

Paralelamente la oposición deseaba imponer el debate de la Emergencia Social, con la que el gobierno no quería saber nada y tenía la manera de evitar su llegada al recinto. La prueba de ese objetivo está en que había demorado su remisión del Senado a Diputados, de modo tal de dejar al proyecto sin posibilidades de tratamiento en comisión. La oposición había acordado llamar a una sesión especial el jueves siguiente para tratar ambos temas, para lo cual necesitaba contar con los dos tercios de la Cámara baja imposibles de alcanzar.

Sin embargo durante la semana los interlocutores oficiales de los movimientos sociales encontraron que más allá del bono navideño y concesiones en asignaciones que estaban dispuestos a conceder, el reclamo por la ley de Emergencia Social era una condición innegociable. Fue cuando las autoridades vislumbraron la posibilidad de afinar los números, modificar el proyecto aprobado en el Senado -desechando el inviable millón de empleos que allí se impulsaba- y pactar una tregua por tres años que permitiera pacificar las calles. Era además la garantía más sólida para asegurarse un diciembre en paz.

Fue lo que llevó a los funcionarios a reunirse con la oposición en el Congreso, donde pactaron el levantamiento de esa sesión que vista hoy a la distancia no le hubiera causado tanto daño al gobierno, pero tuvieron que comprometerse a incluir Ganancias y Emergencia Social en el temario de extraordinarias. Es la explicación de este embrollo en el que el gobierno se metió. “Debimos haber mandado Ganancias junto con el Presupuesto”, admitió ante este medio una alta fuente de Diputados, que ya lo había advertido ante los interlocutores correspondientes, sin éxito.

“Si no tenía consenso ni número para aprobarlo, no se explica por qué el gobierno mandó el proyecto de Ganancias en extraordinarias”, insiste en reprocharle el jefe del bloque PJ-FpV del Senado, Miguel Pichetto, quien precisamente fue clave para destrabar la situación. El y los gobernadores, que no habían mostrado eficacia en el tratamiento en Diputados, y que de cara al debate en la Cámara alta despertaban más dudas que certezas. Es que la mayoría de los que más enfáticamente se mostraron contrarios al proyecto de la oposición no tenían mayor ascendencia sobre sus senadores -Sergio Uñac, Juan Schiaretti, por caso-, o directamente no tenían senadores -Alberto Weretilneck, Miguel Lifschitz-. Otros, como el salteño Juan Manuel Urtubey, tenían sí la oportunidad de resarcirse: luego de que sus diputados tuvieran activa participación en el proyecto de la oposición, era ahora el que más senadores podía aportar para rechazarlo, o modificarlo: tres.

El gobierno mostró esta última semana la ejecutividad que no había tenido la anterior, comenzando por propiciar un desfile de gobernadores en el Senado. Estos, luego de haberles quedado claro que el gobierno podría no vetar la ley, ahora sí se revelaron efectivos, pues a falta de votos, tuvieron voz. Y en sus exposiciones dejaron claro el impacto que el proyecto preparado a las apuradas por la oposición les provocaba a las arcas provinciales.

Tales argumentos y los datos aportados por Alberto Abad fueron determinantes. El titular de la AFIP, muy respetado en el peronismo que lo puso en ese mismo cargo en 2002, durante la gestión Duhalde, hasta que en 2008 se fue tras una disputa con Ricardo Echegaray -entonces director general de Aduanas-, cuantificó el proyecto opositor en 132.541 millones de pesos, 60 mil millones más de lo estipulado en el Presupuesto que acaba de aprobar el Congreso. Axel Kicillof puso en dudas esas cifras, pero casi al mismo tiempo debió enviar una fe de erratas para corregir su proyecto por un error en sus cálculos.

No salió bien parado de esta situación Sergio Massa, quien bajó el perfil visiblemente afectado por los efectos de la foto de la conferencia de prensa en la que no estuvo, pero de cuyas consecuencias no logró resguardarse. Por eso el tigrense se llamó a silencio unos días, reapareciendo en una conferencia de prensa en la que leyó una carta abierta al Presidente, que lo había llamado “impostor”.

Ya le había pasado algo así cuando reclamó restringir por 120 días las importaciones, un dislate del que terminó resguardándose con el silencio.

Pero ahora sabe que lo necesitan, pues si el proyecto de Diputados es modificado en el Senado el gobierno necesitará nuevamente de la oposición dialoguista, cuyos integrantes deberán dejar de ser “feos, sucios y malos”, como aparecieron los últimos días. Contrariamente a lo que desearía Cambiemos, que como dijimos pretendía dejar congelada “la foto del tren fantasma” todo el verano. Su ideal sería definir un nuevo proyecto en el Senado y convalidarlo en Diputados en febrero, con valores retroactivos al 1° de enero. Pero será parte de la negociación con la oposición convertirlo en ley antes de fin de año, por lo que, si se alcanza un acuerdo como todos esperan, el miércoles deberá convalidarlo la Cámara alta en una sesión extra large, y Diputados lo debería convertir en ley al día siguiente, o bien el miércoles 28, Día de los Inocentes, fecha infrecuente para el trabajo legislativo.

Massa sabe que será la oportunidad para recomponer su situación y por eso cerró la semana tratando de mostrarse activo y protagonista. Anunció personalmente el jueves que se reuniría con Pichetto y otros senadores para analizar el proyecto y luego daría una conferencia de prensa, pero al poco tiempo sus voceros aclararon que se suspendía por un problema familiar del jefe del bloque del Senado. Desde el despacho del rionegrino negaron tales problemas y hasta el encuentro anunciado, pero al cabo terminó concurriendo al despacho de Massa. Eso sí, no hubo foto ni mucho menos conferencia de prensa. Con todo, al líder del Frente Renovador le costará sacarse el sayo de la denominación que sarcásticamente le pusieron a la reforma opositora: “el proyecto Massa-Kicillof”.

Esta escaramuza legislativa no le saldrá gratis al gobierno, y menos al país. Así lo dejó claro el reelecto titular de AEA, Jaime Campos, quien advirtió que en el exterior había tranquilidad respecto de Argentina no solo porque el gobierno actual cambió los paradigmas que venía mostrando el país en la anterior gestión, sino porque también percibían a partir de los consensos alcanzados en el Congreso durante todo el año una dirigencia argentina abierta al diálogo, más allá de Macri. “Pero este cierre del año cambió todo”, advirtió el dirigente empresario, que precisó que no hay nada que vean de peor manera los inversores extranjeros que modificaciones impositivas realizadas a las apuradas y de forma desprolija.