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Lunes 20 de febrero de 2017
LEGISLATURA PORTEÑA
Buscarán que los desarrollos inmobiliarios recompensen al Estado
El legislador de la CC ARI Maximiliano Ferraro insistirá con un proyecto de ley de plusvalía que presentó en el 2016, que tiene como objetivo que los dueños de inmuebles que vean incrementado su valor compensen a la Ciudad.
5 de enero de 2017
El diputado porteño de la CC ARI Maximiliano Ferraro dialogo con parlamentario.com y explicó cuáles serán los proyectos con los insistirán desde el bloque durante el 2017, entre los cuales se encuentra una iniciativa de plusvalía que “establece que el propietario de un inmueble que vea incrementado su valor por una acción del Estado, tendrá la obligación de compensar a la Ciudad de Buenos Aires”.

Ferraro le aseguró a este medio que “no hay posibilidad de discutir los emprendimientos inmobiliarios privados en una alianza sana y responsable entre el sector público y el sector privado, sin que la Ciudad de Buenos Aires tenga una ley de plusvalía” y detalló que “esta ley determina de qué manera se le devuelve el plus valor del suelo de ese desarrollo inmobiliario y que eso se vaya en recursos de infraestructura vinculados a desarrollo social, educación y a obras públicas”.

En este sentido, aseveró que “esta ley se propone, justamente, proveer de instrumentos a la administración pública para que pueda compensar el desequilibrio territorial en la gestión del territorio y el desarrollo urbano de la Ciudad” y subrayó que “permitirá una intervención razonable sobre mercado inmobiliario, imponiendo costos sobre los beneficiarios reales y desalentando la especulación sobre el suelo. Asimismo, este proyecto constituye una nueva fuente legítima de recursos que podrían ser reinvertidos en la recuperación de zonas degradadas o con baja inversión del mercado”.

La propuesta contempla “todos aquellos inmuebles de más de 1000 metros cuadrados que, por la modificación de normas y actos administrativos, incrementen su aprovechamiento urbanístico”. De esta manera, el texto especifica que “se encuentran afectadas aquellas zonas o parcelas que experimenten una valorización derivada de acciones estatales como: obras de infraestructura urbana (pavimentación, redes, transporte) y equipamiento comunitario; ejecución de planes de desarrollo urbano; modificaciones de la normativa urbanística en grandes terrenos de la Ciudad”, entre otras.

La normativa detalla que la Legislatura le requerirá al Banco de la Ciudad de Buenos Aires “un informe en el que consten las valuaciones del inmueble distinguiendo entre su valor actual y el valor resultante en caso de aprobarse la norma”, en el cual la institución “establecerá un sistema de cálculo basado en una tabla, de actualización bimestral, donde conste el valor promedio de mercado del metro cuadrado de suelo en áreas económicamente homogéneas (barrios, corredores o distritos de zonificación) que comprendan la totalidad del territorio de la Ciudad”.

“La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires podrá fijar la contribución del privado afectado entre el 30% y el cien por ciento 100% de la base imponible, entendida como la diferencia entre el valor del terreno en ese momento y el valor resultante de la aprobación de la norma”, completa y agrega que “el pago se efectivizará al momento de abonar por los derechos de delineación y construcción”.