La falta de técnicos calificados amenaza el futuro del agua en Argentina y la región. Frente al avance tecnológico y la competencia laboral, el sector necesita atraer y formar talento para asegurar un recurso clave.
El sector del agua —incluyendo el abastecimiento para consumo humano, el saneamiento, el riego agrícola, la industria y el agua embotellada— se encuentra ante un doble desafío: garantizar servicios esenciales en un contexto de creciente demanda, y hacerlo con talento humano calificado. La transformación tecnológica, la competencia con otros sectores y la necesidad de visibilizar las oportunidades laborales hacen del capital humano un factor estratégico.
Actualmente, las operadoras de agua y saneamiento, empresas de riego y productores de agua embotellada requieren técnicos e ingenieros con formación en química, hidráulica, saneamiento, electromecánica, automatización, microbiología, logística y gestión ambiental. También son cada vez más valorados los perfiles en ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia de datos e innovación aplicada al monitoreo de redes, detección de pérdidas y eficiencia energética. Pero conseguir el personal calificado no es tarea sencilla. Según informes recientes, más del 40% de las empresas de agua en América Latina reportan dificultades para encontrar personal técnico calificado. En Argentina, esta problemática se repite en todo el país, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
Una de las razones radica en que el sector hídrico compite por talento técnico con industrias que suelen ofrecer mejores condiciones salariales, como el petróleo, el gas, la minería, la industria alimentaria y la logística. Estas industrias atraen a profesionales y técnicos con experiencia en manejo de fluidos, tratamiento de aguas industriales, control de calidad y operación de sistemas complejos. Por ejemplo, técnicos especializados en tratamiento de efluentes o electromecánicos con experiencia en bombas y válvulas son altamente demandados tanto en plantas de agua como en refinerías, lo que encarece la captación y rotación del personal.
El otro motivo es la necesidad de actualización de forma sistemática, la incorporación de tecnologías como sensores inteligentes, IA para detección de fugas, drones para inspección de ductos, y plataformas de monitoreo remoto está transformando los perfiles requeridos. Se demandan habilidades digitales, pensamiento crítico, flexibilidad y capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.
Además, la automatización de procesos repetitivos plantea un desafío: ¿cómo reconvertir a trabajadores tradicionales en técnicos de la era digital? La capacitación continua y los programas de reconversión laboral serán clave para no dejar a nadie atrás.
En cuando a las estrategias para superar estos obstáculos, existen casos de éxito inspiradores. Las empresas de Países Bajos Vitens y Arisu de Corea del Sur, por ejemplo, han desarrollado modelos evolucionado de formación donde técnicos y operadores reciben formación continua en nuevas tecnologías, sostenibilidad y atención al cliente. En Chile, el programa "Mujeres Gásfiter" ha capacitado a cientos de mujeres en oficios vinculados al mantenimiento de redes domiciliarias, abriendo un nuevo campo laboral.
Otro ejemplo es el Water Innovation & Leadership Development (WILD) Program en EE.UU., que promueve la capacitación en liderazgo para trabajadores del agua en ciudades intermedias, preparando nuevos cuadros para la gestión futura.
Como anécdota personal, en una visita reciente a una planta potabilizadora de SABESP en el estado de São Paulo (Brasil), pudimos ver de primera mano un modelo de gestión operativa altamente automatizado, donde las decisiones sobre dosificación, válvulas y distribución se realizan con asistencia de inteligencia artificial y sensores en tiempo real. Este tipo de instalaciones muestra hacia dónde va el futuro del trabajo en el sector y la necesidad de preparar recursos humanos que puedan trabajar codo a codo con estas tecnologías.
Una estrategia exitosa para atraer talento joven ha sido la participación activa en ferias de empleo y orientación vocacional, tanto en universidades como en escuelas técnicas. Empresas líderes del sector han implementado programas de pasantías y trainees que permiten a los estudiantes vincularse tempranamente con la operación real. Aquí podemos destacar que, según estimaciones, el 70% de los trabajadores del sector del agua en América Latina se jubilará en los próximos 10 años, que solo el 14% de los estudiantes técnicos eligen especializaciones relacionadas con agua, saneamiento o la hidráulica y que las empresas que ofrecen pasantías tienen un 30% más de retención de talento joven (según McKinsey).
Gonzalo Meschengieser es CEO de la Cámara Argentina del Agua
Médico sanitarista MN 117.793
El proyecto de ley presentado establece la eximición del pago del servicio de agua domiciliaria, por un periodo de 180 días jubilados, pymes y emprendedores.
La iniciativa fue presentada por los senadores radicales Eugenia Gil y Agustín Máspoli que presentaron un proyecto de Ley en el Senado bonaerense para eximir del pago del servicio de agua domiciliaria, por un periodo de 180 días, a jubilados y pensionados, que cobren haberes jubilatorios mínimos, como asimismo a PyMES y emprendedores.
“La iniciativa busca salir del discurso y dar una respuesta concreta frente a la difícil situación económica que atraviesa el país y de manera particular, los bonaerenses”, sostuvo Gil y recordó que “días atrás en la audiencia pública que se realizó en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, con la presencia de funcionarios de la Autoridad de Agua y la empresa ABSA se solicitó un incremento del 250 por ciento en las tarifas de más de 90 localidades bonaerenses”.
“Los jubilados y pensionados que cobran la mínima no pueden afrontar estos costos, es por esto que creemos oportuno que se contemple esta medida para acompañarlos”, explicaron los legisladores.
Por último, Máspoli sostuvo: “este mismo escenario se estaría replicando en el sector de las PyMES y de los emprendedores de nuestra provincia ya que ante la baja del consumo por la crisis han evidenciado un claro impacto en sus ventas y producción. Se proyecta que el aumento significaría un incremento de alrededor del 800 por ciento para el sector”.
La jornada será encabezada por la precandidata presidencial Romina Del Plá en la que presentarán un pedido de informes respecto de los acuerdos de Argentina con la empresa israelí Mekorot que está gestionando recursos hídricos en las provincias.
La diputada nacional y precandidata a senadora, Romina Del Plá (PO), realizará una audiencia pública en defensa del agua y en contra de la empresa Mekorot, por lo que presentará un pedido de informes impulsado por el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina donde se reclama información sobre la naturaleza de los acuerdos de Argentina con la empresa Mekorot Israel National Water.
La jornada se llevará a cabo este viernes 14 a las 15 en el Auditorio Anexo “A” de la Cámara de Diputados. También estarán presentes los diputados del Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad y participarán asambleas que luchan por el agua en todo el país, agrupaciones ambientales, asambleas territoriales en defensa del ambiente y organizaciones sociales.
Se trata de una empresa estatal de aguas israelí que está gestionando los recursos hídricos de siete provincias argentinas con las que ya tienen firmados convenios: Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Formosa.
Dicha empresa controla el 80% del agua en Palestina y ha sido objeto de denuncias internacionales, toda vez que extrae de los acuíferos del territorio palestino para abastecer Israel y prohíbe a los palestinos el acceso al agua de las napas, convirtiéndose en una forma más de expulsión de las y los palestinos de sus tierras.
El diputado nacional exigió a la Nación “tener voz” en el debate por las concesiones de las represas de Rio Negro y Neuquén.
El diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro), reclamó a través de sus redes sociales que los rionegrinos tengan más participación en las discusiones sobre el uso del agua.
En su red social de Twitter, Di Giacomo expresó: “Los rionegrinos pedimos tener participación en las discusiones sobre el uso de uno de nuestros recursos más estratégicos: el agua”, y reclamó: “Exigimos a Nación tener voz en el debate por las concesiones de las represas de Río Negro y Neuquén”.
“No podemos permitir que se impongan decisiones de manera inconsulta, que no respetan la autonomía y libre determinación de las provincias”, planteó.
En esa línea, destacó: “Recientemente, la Legislatura de Rio Negro aprobó -en defensa de nuestros intereses- un proyecto para exigir la creación de un ente tripartito de administración de las hidroeléctricas. Además, declaró a las aguas de los ríos como propiedad de los rionegrinos”.
“Somos una región con un gran potencial energético, capaz de abastecer a todo un país. Pero tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro. Debemos afrontar un rol decisivo en cómo se disponen nuestros recursos”, subrayó.
A instancias de la diputada oficialista Mara Brawer el proyecto busca reducir los daños en “espacios donde se bebe alcohol o se consumen drogas”.
La diputada nacional Mara Brawer (Frente de Todos – CABA) se refirió al proyecto de ley que presentó para la provisión libre y gratuita de agua potable en establecimientos que venden bebidas alcohólicas y resaltó la importancia de beber agua.
En declaraciones a Futurock, la diputada oficialista explicó: “Es un proyecto para la reducción de daños en espacios donde se bebe alcohol o se consumen drogas, como espectáculos masivos. Es fundamental ingerir agua: en los restaurantes tiene que haber en la mesa y en los eventos grandes, espacios señalizados".
“En las discotecas debe haber una sala acondicionada para las personas que se sientan mal y que los responsables de esos comercios, capacitados por Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina tengan las habilidades para asistir. Hay que tener una política de reducción de daños", señaló Brawer.
Además, remarcó que “debe haber lugares de testeo para que las personas sepan qué consumieron”, y precisó: “El Estado tiene que trabajar para que no se consuma, pero si la persona decide hacerlo tenemos que protegerla y darle el derecho a saber”. “La salud está por sobre las visiones morales", cerró.
Vuelve al ruedo un proyecto de la senadora kirchnerista Pilatti Vergara que había perdido estado parlamentario y que pretende procurar el acceso universal a los servicios públicos.
En su presentación inicial, en tiempos de Cambiemos, el proyecto no pudo avanzar. Ahora, y a manos de su autora, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, la idea regresa con un amplio acompañamiento y en el marco de una pandemia que visibiliza aún más el incumplimiento de las prestadoras, según enfatiza su propia autora.
El proyecto, que había perdido estado parlamentario y fue presentado nuevamente por la legisladora chaqueña, obliga al Estado, a los fines del desarrollo económico nacional y “la más justa distribución del ingreso y de resguardar la salud y dignidad humana”, asegurar que los servicios públicos sean prestados en forma económicamente eficiente y satisfactoria, cumpliendo estándares de calidad y seguridad; procurando el acceso universal a los servicios públicos a los que se hizo referencia.
Asimismo, compromete a fomentar la educación para el consumo responsable, asegurar acceso a la información adecuada y veraz sobre todo lo referente a los prestadores de estos servicios públicos y a adoptar los recaudos necesarios para que se efectúen inversiones que aseguren el suministro de las prestaciones a largo plazo con la más apropiada tecnología, entre otras cuestiones.
En su iniciativa, Pilatti Vergara explica que, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió “reducir considerablemente los subsidios a las empresas prestatarias con sus bien conocidos tarifazos con alzas de hasta el 500 %, anuló la asequibilidad de los servicios para gran parte de la población”.
Además, afirmó que “la garantía de acceso a los servicios no se logra estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición económica privilegiada”.
“Buscamos otorgar a las instituciones y a la ciudadanía en general, una herramienta que sirva para establecer de manera irrefutable el acceso posible de estos servicios esenciales, para protegerlos y garantizarlos. No se trata de una mera prestación de un servicio público, se trata de la dignidad y a la salud de nuestros ciudadanos, de lograr una más justa distribución del ingreso y mayores niveles de equidad social e igualdad de oportunidades. Aquí no pueden primar solamente las leyes del mercado”, señaló al respecto la senadora.