La iniciativa modifica la Ley de Contrato de Trabajo para actualizar el criterio de protección de los ingresos y evitar que los descuentos judiciales dejen a los trabajadores por debajo del nivel de subsistencia.
La diputada nacional Mónica Frade presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 120 de la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo de reforzar la protección del salario frente a embargos. La propuesta introduce un cambio sustancial en el criterio vigente: establece que las remuneraciones serán inembargables hasta el equivalente de la canasta básica alimentaria (CBA) para una familia tipo, medida que publica el INDEC.
De prosperar, la reforma apuntará a reemplazar el esquema actual, que toma como referencia el salario mínimo vital y móvil, por un indicador más dinámico y ajustado al costo de vida. Según plantea la autora en los fundamentos, la normativa vigente quedó desfasada frente a la aceleración inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo, lo que en muchos casos deriva en que, aun respetando los límites legales, los descuentos judiciales terminen afectando ingresos indispensables para la subsistencia.
El proyecto es acompañado por los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Pablo Yedlin, Martín Lousteau, Sergio Palazzo, Romina del Plá, Pablo Juliano, Vanesa Siley, Lourdes Arrieta, Nicolás Trotta, Néstor Pitrola, Sabrina Selva, Ramiro Gutiérrez y Carlos Castagneto, y sostiene que el salario tiene naturaleza alimentaria y, por lo tanto, debe contar con una protección especial. En ese sentido, advierte que el salario mínimo ha quedado muy por detrás de los valores de la canasta básica, lo que genera una brecha cada vez mayor entre los ingresos y las necesidades reales de los hogares. Como ejemplo, menciona que en los últimos años el salario mínimo llegó a cubrir apenas una porción de la canasta alimentaria, e incluso que en la actualidad solo alcanza para cubrir parte del mes en términos de alimentación para una familia tipo.
La iniciativa propone que el umbral de inembargabilidad se ajuste automáticamente en función de la CBA, un indicador oficial que se actualiza todos los meses. De esta manera, se busca evitar que el criterio pierda vigencia en contextos inflacionarios y garantizar que el trabajador conserve un ingreso mínimo que le permita afrontar sus necesidades básicas.
El texto también aclara que la medida no elimina la posibilidad de embargo, sino que delimita con mayor precisión qué parte del salario debe considerarse intangible. Los acreedores, en ese sentido, podrán avanzar sobre los montos que excedan el valor de la canasta alimentaria, en un intento de equilibrar el derecho al cobro de deudas con la protección del ingreso del trabajador.
Otro punto relevante del proyecto es la inclusión de una cláusula transitoria que establece que el nuevo criterio se aplicará a todos los casos en trámite en la Justicia, incluso aquellos iniciados con anterioridad a la eventual sanción de la ley. La medida busca evitar la continuidad de embargos que, bajo el nuevo esquema, resultarían incompatibles con el nivel mínimo de protección que se pretende garantizar.
En los fundamentos, Frade enmarca la propuesta en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la doctrina de la Corte Suprema en materia de protección del trabajo, así como en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en relación con los derechos económicos y sociales.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, lo que refleja un intento de darle volumen político a una iniciativa que apunta a responder a una problemática extendida en un contexto de alta inflación y deterioro de los ingresos reales.
El autor del proyecto, Álvaro de Lamadrid indicó que “desde el Estado tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a quienes más lo necesitan en medio de esta grave crisis”.
El diputado nacional por Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid, acompañado de 24 legisladores de su espacio, presentó un proyecto de ley para eliminar el IVA a los productos de la Canasta Familiar. “Desde el Estado tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a quienes más lo necesitan en medio de esta grave crisis”, sostuvo.
En Argentina casi el 50% de la población está bajo la línea de pobreza y en un contexto de alta inflación, en el cual el consumo de alimentos básicos en la población se torna complicado. "Por eso la iniciativa de la presentación del proyecto de ley de eliminación del IVA a los productos que componen la canasta familiar alimentaria, confeccionada por el INDEC. Es una medida que se ajusta a la realidad del presente en la Argentina”, resaltó Álvaro de Lamadrid.
Acompañan el proyecto del diputado Álvaro de Lamadrid, los legisladores nacionales Luis Petri, Estela Regidor, Sofía Brambilla, Aída Ayala, Julio Sahad, Lidia Inés Ascarate, Mónica Frade, Martín Grande, Claudia Najul, Gabriela Lena, Gustavo Menna, Ricardo Buryaile, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Alberto Asseff, Pablo Torello, Jorge Enríquez, Carla Piccolomini, Hernán Berisso, Ximena García, Jose Riccardo, Alfredo Schiavoni, Gonzalo del Cerro, Gerardo Cipollini.
En el año 2016 el Congreso de la Nación Argentina aprobó una iniciativa similar; además hay proyectos similares de otros legisladores y entidades que piden la quita del IVA a la canasta alimentaria familiar.
La Comisión de Educación despachó un proyecto de resolución a través del cual los diputados buscarán obtener precisiones sobre la “Canasta Escolar Nutritiva”, que el Gobierno porteño reparte para los alumnos en el marco del aislamiento social.
A casi 80 días del inicio del aislamiento social obligatorio, la Comisión de Educación de la Legislatura porteña firmó el dictamen favorable de un proyecto de resolución, mediante el cual los diputados le solicitaron al Gobierno de la Ciudad información sobre la “Canasta Escolar Nutritiva” que reciben los estudiantes del distrito capitalino.
De esta manera, los legisladores buscarán conocer la cantidad de canastas nutritivas entregadas durante los primeros cinco operativos y cuantos estudiantes en total hay matriculados por cada comuna, nivel educativo y modalidad. Asimismo, pidieron especificación del contenido del desayuno, almuerzo y refrigerio.
También prevé conocer el costo unitario de las canastas nutritivas escolares y el costo total de las canastas entregadas hasta el momento; así como también los términos del acuerdo con los concesionarios para la reformulación de los contratos de concesión vigentes y los protocolos vigentes adoptados en el contexto de la emergencia sanitaria, entre otras cuestiones.
En los fundamentos del dictamen -que surgió de la unión de los proyectos impulsados por Gabriel Solano (PO), Santiago Roberto y María Bielli (FdT)-, los diputados manifestaron que “la irrupción de la pandemia de coronavirus ha planteado para toda la sociedad infinidad de desafíos y situaciones absolutamente desconocidas” y recordaron que “el decreto de aislamiento social obligatorio afectó el funcionamiento normal de los diversos servicios educativos, y uno de ellos ha sido el de comedores escolares y viandas”.
Además indicaron que “este pedido de informes refiere a los precios que se han determinado para los productos que se entregan a las familias de los alumnos y alumnas de escuelas de gestión estatal a través de los bolsones que buscan paliar la ausencia de los servicios de comedor, como así también la población beneficiaria de las mismas” y remarcaron que “estos alimentos son para una gran cantidad de niños y niñas, de fundamental importancia para sostener su alimentación cotidiana”.
“Es nuestro deber como legisladores acompañar en lo que a nuestras funciones atañe, evaluando las medidas que se han adoptado, escuchando a nuestros y nuestras vecinas y, a partir de ello, procurando aportar soluciones para que las políticas públicas ante la emergencia puedan paliar de la manera más eficiente las consecuencias inevitables de la crisis sanitaria”, concluyeron.
La legisladora del FdT también aseguró que falta material pedagógico impreso para que los chicos puedan continuar sus estudios desde sus hogares y que hay tablets guardadas en los colegios que no llegaron a entregarse.
En medio de la cuarentena obligatoria y mientras el Gobierno nacional busca volver a extenderla, la diputada del FdT Laura Velasco participó de una nueva entrega de “las Canastas Alimentarias Escolares” y advirtió que las mismas no son suficientes para todo el alumnado. Al mismo tiempo que alertó sobre la falta de material pedagógico impreso y sobre tablets que no se entregaron a los estudiantes.
En ese contexto, Velasco aseguró que diálogo “con directivos y familias y lo que receptamos es que el Ministerio de Educación porteño, no imprimió material pedagógico; sólo envió unos cuadernillos cortos de recetas para cocinar con arroz y fideos que es centralmente lo que contienen las canastas. Eso las familias ya lo saben hacer, se podría haber invertido en materiales escolares” y recordó que “siguen faltando los cuadernillos de Nación para que los niños y niñas puedan hacer las tareas en sus casas, porque al no tener computadora se hace muy difícil”.
Además indicó que “varias mamás nos dijeron que del colegio del mandan propuestas de actividades y tareas por mail pero no pueden imprimirlas; en algunos casos, las maestras y maestros están entregando manuales y libros que había en la escuela” y precisó que “hay tablets para les estudiantes, guardadas en los establecimientos, que no se entregan porque no tienen cargador; esto facilitaría mucho para los chicos y chicas que no tienen computadora, ya que es muy difícil hacer tareas en el celular”.
En relación a las canastas escolares, Velasco explicó que “esta entrega mejoró mucho en tiempo y forma respecto de la anterior; la entrega fue más ordenada y la mercadería llego a tiempo. Sin embargo, los concesionarios están haciendo una entrega de alimentos inferior en costo y calidad nutricional a la que hacían antes de la cuarentena y si no pueden entregar carne deberían compensarlo con otros alimentos” y aseveró que “la mercadería que se está entregando aún no es suficiente para 15 días, aunque las familias obviamente agradecen porque tienen mucha necesidad”.
“El 100% de las canastas posee una cantidad inferior a lo que los niños y adolescentes recibían en 10 días en la escuela antes de que comience el período de aislamiento social, mientras que el 33% contiene menos de lo esperado; menos frutas menos verduras o menos leche, jornada simple sin refrigerio y jornada completa sin desayuno o incompleto”, manifestó e insistió en que “en la mitad de las escuelas, muchas familias se fueron con las manos vacías porque no alcanzaron o porque no figuraban en los listados; en algunos casos, de forma solidaria, aquellas que habían tenido más suerte compartieron algo de mercadería”.
Sobre esa misma línea, la legisladora estimó que “un 10% no accedió a la canasta por problemas para el traslado/circulación o por problemas de notificación” y concluyó señalando que “en casi ninguna de las escuelas relevadas había elementos de protección necesarios, como barbijos, guantes y alcohol. Se recortó lo destinado a la alimentación de estudiantes de la escuela pública, justo en el momento en el que debería haberse reforzado”.