Con tres proyectos sobre la mesa, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados, presidida por Silvia Lospennato (Pro), debatirá este martes, desde las 14, la creación de una comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado, por el cual ya hay casi un centenar de muertes en todo el país.

Además de presentar un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo, la Cámara baja discutirá la necesidad de conformar un grupo especial, que tenga un plazo de tres meses para recabar datos y elaborar en 30 días un informe final.

Las iniciativas de Silvana Giudici (Pro) -la más antigua, presentada a finales de mayo- y de Pablo Juliano (Democracia para Siempre) coinciden en esos tiempos, al igual que en la integración que deberá tener dicha comisión.

Según los proyectos, deberán conformarla 2 representantes por cada bloque o interbloque que cuente con más de 5 miembros; 1 representante por cada bloque o interbloque con menos de 5 miembros; y por cada 20 diputados que integren un bloque, se sumará un miembro adicional. En tanto, el presidente, vicepresidente y secretario se elegirán por mayoría de votos.

En el caso de Juliano, prevé qué sucedería en caso de empate para la elección de autoridades, algo que trabó el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA.

"En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara. La vicepresidencia corresponderá al otro miembro propuesto para la presidencia, y la secretaría será asignada a un miembro propuesto por el conjunto de bloques que hayan impulsado al presidente designado", reza el texto del radical crítico.

En las iniciativas se faculta a la comisión investigadora a remitir oficios y solicitar informes a distintos organismos; convocar a funcionarios públicos y terceros interesados; y recibir denuncias, entre otras atribuciones.

El proyecto encabezado por el jefe de DpS agrega que se podrá "solicitar la colaboración de organismos internacionales relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la venta ilegal de medicamentos, así como expertos en el control de este tipo de drogas en el mercado legal".

Ambos proponen la investigación sobre el funcionamiento del laboratorio HLB Pharma, involucrado en la distribución de los lotes contaminados y cuyos dueños fueron detenidos el pasado miércoles 20 de junio. Mientras que Juliano también apunta al accionar de la ANMAT.

Precisamente sobre la responsabilidad de este organismo de control se centra el tercer proyecto, presentado por el diputado Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), quien plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a integrarse por dos legisladores de cada bloque que sean parte de esa comisión permanente.

Con el objetivo de dar comienzo al debate para modificar el reglamento de la Cámara baja regulando el uso de los tiempos en el recinto, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento tuvo un primer encuentro informativo en el que fueron presentados los proyectos puestos en consideración. Fue ampliada, también, una iniciativa de la Coalición Cívica sobre transparencia de intereses.

A pesar de no contar con el quórum reglamentario, la reunión estuvo encabezada por la titular Silvia Lospennato (Pro), quien anunció que el segundo encuentro sobre este tema con la participación de expertos y especialistas en materia de utilización de tiempo político.

Autora de dos proyectos, la presidenta de la comisión busca que los homenajes se hagan al final de cada sesión. Además, en un segundo proyecto propone establecer horarios topes a las sesiones para evitar llegar a las votaciones en horarios de la madrugada. “Por nosotros y los trabajadores de la Casa, y así volver al otro día para continuar sin depender del quórum”, detalló.

Al explicar la modificación en el uso de las cuestiones de privilegio, Lospennato mencionó a uno de los directores del parlamentario.com, José Ángel Di Mauro, que le comentó una anécdota registrada durante las primeras sesiones en el regreso a la democracia (precisamente del 16 de diciembre de 1983) bajo la presidencia de la Cámara de Diputados de Juan Carlos Pugliese. Fue en la primera sesión de la recuperada democracia, el 16 de diciembre de 1983, cuando un diputado presentó una cuestión contra George Bush. Tras su alocución, el presidente de la Cámara de Diputados consideró que no se correspondía con lo que debe ser una cuestión de privilegio, sino una expresión de repudio, por lo que puso a consideración del pleno si era o no una cuestión de privilegio y el resultado fue negativo. “¿Creen que las declaraciones de un político de otro país ameritan ser una cuestión de privilegio? El mecanismo de Pugliese fue bastante democrático”, afirmó Lospennato.

Luego, presentó los proyectos impulsados por los diputados de su bloque, Alejandro Bongiovanni y Martín Maquieyra, ausentes en la reunión. Ambos textos buscan establecer un esquema de tiempo de expresión relacionado a la cantidad de integrantes de cada bancada.

Por su parte, la diputada nacional Victoria Borrego (Coalición Cívica) manifestó que “nosotros proponemos un mecanismo de transparencia para la prevención de los posibles conflictos de intereses en el ámbito de la Cámara de Diputados”. Agregó, además que “proponemos que una vez establecido el orden del día sea obligación de cada diputado comunicar los intereses privados que pueden estar alcanzados por el proyecto que se va a tratar”.

Borrego llamó a su iniciativa como un “mecanismo de transparencia”. Asimismo, explicó que es “deber de cada diputado comunicar los intereses privados que se van a afectar en cada tratamiento legislativo”. Y destacó que en caso de avanzar se “podrá ser pioneros con un debate profundo y con una modificación de nuestro reglamento interno, sin tener que sacar una ley”.

Si bien fue una reunión tranquila, los diputados nacionales de Unión por la Patria no ocultaron sus discrepancias: Primero, Paula Penacca afirmó que los proyectos de Maquieyra y Bongiovanni “van en contra de la expresión política y en la Cámara de Diputados eso debe estar presente”. En esa línea, señaló que “no podemos pensar que acotar los tiempos no está cercenando la representación política de los diputados”.

Luego, la diputada camporista recordó que “el partido de Lospennato proponía 30 cuestiones de privilegio cuando nosotros éramos gobierno”. De ese modo, deslizó que “tendría especial cuidado en avanzar con esta discusión” al explicar que los bloques proponen debates sin tener en cuenta su accionar al momento de estar de un lado o del otro.

Así las cosas, Penacca cargó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque “levantó una sesión cuando había quórum reglamentario”, pero aclaró que “esto no sucedería si tuviéramos sesiones de tabla”.

“Empecemos por hacer sesiones de tabla, más seguidas, con todos los temas y tendríamos la posibilidad de hablar más seguido”, afirmó la diputada de UP. Remarcó que “evitaríamos todas estas necesidades”, e indicó que “no es momento ni lugar para dar lugar a estas discusiones” al reclamar por la aprobación de la declaración de la emergencia en discapacidad.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro) planteó cuestionamientos a la propuesta de la CC y advirtió: “Ojo con transformar a nuestros diputados en carne de cañón para los delitos”. Defendió los proyectos de sus pares de bancada y pidió que “tratemos de cambiar culturalmente la forma en la que nos manejamos dentro del recinto”.

Después, la vicejefa del bloque radical, Karina Banfi, afirmó que “el Congreso está muy denostado”. En ese punto, aportó miradas diferentes respecto al proyecto de Lospennato: por un lado, afirmó que “somos la voz de los que no tiene voz”, pero luego, sostuvo que “limitar nuestra voz no es cercenar o censurar”. Respecto al planteo de UP, añadió que “desde el 2015 estoy acá, jamás tuvimos sesiones sobre tablas ni con nuestro gobierno, ni con el de ustedes”.

Del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo anticipó su oposición a la regulación del tiempo por considerar que con estos textos se busca “cercenar la libertad de expresión”. Además, exigió la resolución del proyecto para crear una comisión investigadora por la visita de seis diputados libertarios a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza en julio del 2024.

Luego, señaló que “los bloques más chicos hablan más porque tienen derecho a expresarse y porque el otro no quiere hacer uso de su derecho, no deben cercenar el nuestro”. Enfatizó, además que el oficialismo y los aliados “se enojan porque hablamos, por homenajes y por cuestiones de privilegio… Entonces hablen ustedes solos y voten directamente las leyes del emperador Milei”.

En el final del debate, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó una serie de ejes para “mejorar la función legislativa, mejorar la transparencia y mejorar la negociación política”. En ese punto, fue tajante y cuestionó: “Somos sumamente exigentes con nosotros y no con el Poder Judicial”.

Respecto al planto de sesiones de tablas, el santafesino recordó que bajo “el protocolo de sesiones remotas, el Pro pidió que no haya sesiones ordinarias de tablas” porque “la dinámica de las sesiones de tablas requiere negociación política”. Crítico del oficialismo, consideró que “hace tiempo que no estamos generando instancias”, y ejemplificó: “Si en la reunión de Labor Parlamentaria no hay negociación política, no hay en ningún lado”.

Por último, se tomó unos minutos para cuestionar el proyecto de Borrego: “Un diputado que tiene un crédito UVA ¿puede legislar sobre crédito UVA? La precisión es importante en todo porque si no termina todo impugnado en la Justicia y hay que decir las cosas como son”.

Con el objetivo de agilizar los debates durante las sesiones, y evitar que las manifestaciones políticas se extiendan de manera prolongada, el oficialismo habilitó a sus aliados a avanzar en la discusión de una serie de proyectos que buscan introducir cambios al reglamento de la Cámara de Diputados.

Con un temario compuesto por cinco iniciativas, cuatro que corresponden al Pro y una a la Coalición Cívica, se llevará a cabo este miércoles desde las 15.30, en la Sala 1 del Anexo, una reunión informativa de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

El tema no es nuevo, sino que se vuelve recurrente cada tanto, aunque desde hace años no logra regularse. Utilizadas sobre todo por quien le toque ser oposición, varias de las cuestiones de privilegio, herramienta con la que cuentan los legisladores para denunciar una afectación en sus fueros o su decoro, terminan siendo usadas con otro fin. Todas son giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde duermen el sueño de los justos.

La diputada del Pro Silvia Lospennato, presidenta de la Comisión de Peticiones y quien conducirá el debate, es autora de dos de los proyectos del temario. En uno de ellos propone que "el diputado que asuma la representación de un sector político de la Cámara podrá hacer uso de la palabra para realizar consideraciones respecto a temas de actualidad conforme el número de diputados que represente".

De esta manera, establece un tiempo de acuerdo a la cantidad de miembros que tenga cada espacio: si el bloque posee entre 1 a 3 diputados, podrá utilizar hasta 5 minutos; si posee entre 4 a 10, podrá utilizar hasta 10 minutos; si posee entre 10 y 20, podrá utilizar hasta 15 minutos; y si el bloque posee más de 20 diputados, podrá utilizar hasta 20 minutos. Además, busca que los homenajes se traten en el final de la sesión.

La otra iniciativa plantea que las sesiones deben ser convocadas entre las 11 y 14 horas. Actualmente, según el artículo 174, las sesiones no tienen una "duración determinada", pero Lospennato propone que la sesión tenga "una duración máxima de 9 horas y su desarrollo no podrá exceder el horario de las 20 horas". "En el supuesto de haber quedado pendiente de tratamiento parte del orden del día, la sesión pasará a cuarto intermedio y se reanudará al día siguiente a las 11 horas, sin necesidad de conformar nuevo quórum reglamentario", agrega.

Otro de los proyectos del temario corresponde a Alejandro Bongiovanni, también del Pro, quien busca que las cuestiones de privilegio sean solicitadas "luego de concluido el orden del día" de la reunión, y que los homenajes se traten al final del temario, algo que también piden sus pares Lospennato y Martín Maquieyra.

En cuanto al proyecto de Maquieyra, el legislador dispone un esquema de tiempos de acuerdo a la cantidad de diputados por bloque similar al de Lospennato, para "realizar consideraciones respecto a temas de actualidad"; mientras que introduce un cambio sobre las cuestiones de privilegio al llamarlas cuestiones "de garantías".

"Para plantearlas, los diputados dispondrán de 3 minutos, y será requisito inexcusable la identificación del autor de la vulneración motivo del planteamiento, la definición precisa de la conducta impugnada y que la misma enmarque razonablemente en la normativa constitucional que le da sustento", reza el texto.

Finalmente, el proyecto de la CC, con Victoria Borrego a la cabeza, propone introducir un artículo al reglamento para que "luego de definido el orden del día los diputados y con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses deberán comunicar a la Cámara los intereses privados que tengan en relación a los proyectos incluidos en la sesión, que será incorporado al Diario de Sesiones".

"Es que, cumpliendo con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de ética pública, es necesario que los diputados informen a la ciudadanía sobre todos aquellos asuntos en que vayan a tomar intervención en una sesión en la que los proyectos debatidos puedan tener un impacto directo sobre sus intereses privados", argumentó la diputada en la iniciativa.

Luego de un caliente primer plenario, la oposición en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento presentó con 36 firmas un dictamen de mayoría que propone la creación de una comisión investigadora por el caso de la estafa $LIBRA, que tiene como protagonista principal al presidente Javier Milei.

Al igual que sucedió en la reunión anterior, el oficialismo recordó que los emplazamientos a las comisiones votados en la sesión de la semana pasada preveían el día miércoles para dictaminar y no el martes.

Sin embargo, los opositores enviaron el despacho a la comisión por correo electrónico, acompañado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica (éste último bloque en disidencia parcial).

El reclamo reglamentario podría ser parte de la sesión convocada por el oficialismo, para tratar el DNU sobre el acuerdo con el FMI, este miércoles, dada la negativa de La Libertad Avanza de aceptar los despachos. Por su parte, la oposición sostiene que la fecha del 19 de marzo era un plazo tope y nada impide que se pudieran presentan los despachos antes.

Autor del proyecto, el jefe de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, aseguró que “la oposición lo que busca es la verdad”. “Nosotros desde el minuto uno dijimos que no queríamos empezar por el final” en referencia al juicio político, aclaró el radical. Sobre la intención de crear la comisión investigadora, argumentó que “no es para corroborar si hay delito, de eso se va a encargar la justicia”, pero “este Parlamento es el encargado de verificar si hubo lesión institucional”.

“Necesitamos una comisión investigadora porque en la búsqueda de fortalecer a nuestro país, de devolverlo a una senda de desarrollo, necesitamos de las instituciones”, sostuvo y afirmó que “tenemos que verificar si la actitud del presidente el 14 de febrero nos va a traer responsabilidades a todo el pueblo argentino”, al mencionar las demandas realizadas en el exterior.

El bonaerense enfatizó: “Nosotros como el Congreso no podemos mirar para el costado. No hay vocación destituyente por el hecho de que queramos saber la verdad, terminen con esa teoría. La sociedad argentina desde el 14 de febrero necesita una respuesta seria”.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro recordó la reunión informativa con especialistas del mundo cripto realizada en febrero pasado en el marco de la Comisión de Comunicaciones e Informática -que preside- y consideró que “es imprescindible constituir esta comisión investigadora, más allá de lo que tenga que investigar la propia justicia en términos penales o civiles sobre la estafa” para lograr “separar la paja del trigo” y “saber quiénes fueron responsables o inocentes”.

Por su parte, su par de bloque Sergio Casas aseveró que “estamos frente a un presidente que ha cometido un acto delictivo”. “Están las firmas para que esta comisión investigadora cumpla con su cometido y el pueblo argentino sepa la verdad”, celebró.

A su turno, el jefe de UP, Germán Martínez, ponderó el acuerdo en “una única posición, ni una disidencia” sobre el proyecto de comisión investigadora, a raíz de que “hay una cantidad de diputados que creemos que esto es grave y tiene que investigarse a fondo, y la Cámara de Diputados no puede mirar al costado”.

“Esperamos que no entren en una irregularidad más, en una arbitrariedad más y en un nuevo gesto de autoritarismo”, advirtió sobre la negativa del oficialismo a recibir los dictámenes. “Espero que no obliguen al personal a impedir que se refrende un dictamen que cuenta con las firmas suficientes de este plenario. Esperamos que no lo hagan. No fuercen a que estas cosas pasen”, agregó.

Aliada del oficialismo, la diputada del Pro Silvana Giudici manifestó: “Acá no se está cometiendo ningún tipo de irregularidad, se está cumpliendo con la decisión de la mayoría del cuerpo”.

La secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, leyó la versión taquigráfica de la sesión en la que se aprobaron los emplazamientos y lanzó: “Ellos mismos se limitaron en la forma de tratarlo, no fuimos nosotros”.

“No tenemos intenciones de obstaculizar, por eso en Labor Parlamentaria vamos a proponer que se posponga el horario, para que la sesión de mañana no impida que se realicen los plenarios (para dictaminar)”, insistió.

Finalmente, el oficialista Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, mantuvo la postura: “Como dije en el plenario anterior, no se aceptan dictámenes. Tenemos que ser muy respetuosos de lo que ha dicho el pleno”.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento mantuvieron este miércoles una reunión informativa para comenzar a dar tratamiento a los proyectos que buscan reformar a la Ley 26.122 que establece el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.

La reunión responde a un emplazamiento votado en la sesión especial del miércoles pasado, cuando la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El pedido fue encabezado esa tarde por el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) en el recinto y aprobado por votación de signos.

El encuentro se extendió por más de dos horas y media, al cabo de las cuales se acordó continuar la próxima semana con invitados. Pero teniendo en cuenta la cantidad que podrían ser convocados, diputados de la oposición pidieron adelantar la hora de convocatoria. Dejando claro que el oficialismo no tiene interés en acelerar el debate, el titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó que ese era el horario que había sido acordado en el emplazamiento y se mantuvo entonces el de las 17 como hora de inicio para las reuniones sucesivas. Que serían la próxima semana, con el objetivo de dictaminar en la siguiente.

Al respecto, Mayoraz aclaró que no nada obligaba a que debieran dictaminar ese día. Y desde el Pro se pronunciaron también porque el debate no sea apurado y que por el contrario se escuche a todos los especialistas que se deban escuchar.

Sobre más de una decena de proyectos puestos a consideración, el diputado Agost Carreño defendió su texto y aportó que “es bastante restrictivo”, y planteó modificaciones sobre la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: “Que pase de 16 a 24 integrantes, que siempre esté constituida y funcionando, con plazos de 60 días para que se expidan las cámaras, con control de modificación sobre (los cambios a) leyes de fondo y que se esté acompañado por el acta de la reunión de ministros”.

También, propone que, con el rechazo de una Cámara, los decretos pierdan vigencia y que “se puedan aceptar modificaciones”. “Es una oportunidad de elevar la calidad institucional y no es en contra de ningún presidente, si no a favor de la República”, agregó Agost Carreño, quien sumó que “es inadmisible que tenga más valor un DNU que una ley y es dañino para la democracia, que entre en vigencia con una sola aprobación”.

Nicolás Mayoraz condujo la reunión del plenario. (Foto HCDN)

Al igual que varios integrantes de la oposición dialoguista sugirió tomar como boceto al modelo de Brasil, el cual llama “medida provisoria” a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y regla que si no son tratados en los primeros 120 días, se derogan. También, le aclaró al oficialismo: “¿Por qué ahora? Porque hay predisposición de varios bloques y a partir del DNU 70 se despertaron incógnitas”.

Criticó, además, que medidas que se bajaron de la Ley de Bases estén saliendo por decreto de necesidad y urgencia; al igual que varios dialoguistas fue crítico del DNU 70/2023: “No hubo en la historia uno tan extenso”; y cerró: “No podemos permitir que un presidente derogue por DNU los cambios buenos de cualquier gobierno”, y con esto “vamos a lograr calidad institucional”, concluyó.

Luego, el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, catalogó al debate como “el debate más interesante de los que pasamos por el Congreso desde 1994”, y anticipó que las próximas reuniones serán en presencia de constitucionalistas. Igual que todos los integrantes de la oposición dialoguista aclaró que “no es una ley en contra de Javier Milei”, si no que “es pensando en los futuros presidentes que le puedan gustar o no a otros”. Irónicamente, mencionó a Axel Kicillof, Juan Grabois y Patricia Bullrich.

En relación al tema Aerolíneas Argentinas y el interés del Gobierno nacional de privatizarla a través de un DNU, López opinó que “crear empresas por decreto también está mal”. “Entendemos que cualquier oficialismo se va a resistir, pero está la oportunidad de juntar 129 en Diputados y 37 en el Senado”, auguró.

Por otro lado, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) criticó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por la creación de esta ley, y añadió: “Cuando digo que el kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia, les cuento que los DNU fueron absolutamente inconstitucionales”. En ese punto, mencionó a las modificaciones de la alícuota de la soja, uso de reservas y la salida de Martín Redrado del BCRA, entre otros decretos de esa época.

Llamó, también, al uso de decretos en connivencia con esta ley como “la tiranía de las mayorías”. Sin dar expresarse sobre el rechazo o el acompañamiento, cerró: “Miran la película de un solo lado, tienen que verla de manera completa porque antes proponíamos derogar esa ley que convirtió a este Congreso en una escribanía”. “¿Por qué no fue antes?”, cuestionó.

Luego, el diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) aportó: “Debo decir que no es un problema de quien dictó más DNUS, si no que estamos en presencia de una mala ley para beneficiar los Ejecutivos de turno porque con esta ley el Congreso se borró”. “Esta ley invierte el rol del Congreso y se lo entrega al Poder Ejecutivo”, señaló.

El cordobés pidió incluir su proyecto al temario, pero se encontró con la negativa de Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, quien explicó que se trataba de una reunión especial por haber sido emplazada. “estamos legitimados ( a incorporar proyectos) como representantes del pueblo”, contestó Brügge.

La diputada radical Carla Carrizo propuso tres cuestiones para “dar equilibrio” a la gobernabilidad, y mencionó: “Tiempo acotado, dos cámaras para derogar y límites en los temas”, este último punto fue en detrimento del DNU 70/23, el cual modificó un centenar de leyes.

“No es quitar capacidad de gobernar, sino quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias (una por vez) para legitimar rápido”, agregó y le envió un mensaje al presidente Milei: “No me gusta cuando denosta la Constitución Nacional del 94 y le pido que empiece a reivindicar los grandes acuerdos políticos de este país”.

Del lado de Unión por la Patria, la diputa entrerriana Carolina Gaillard (Unión por la Patria – Entre Ríos) expresó que “la Constitución Nacional es concreta y taxativa en que el Poder Ejecutivo Nacional no puede legislar”. Y cargó contra el 70/23: “Demuestra el uso desmedido e irracional, y es inconstitucional”.

En ese punto, se refirió a la cantidad de leyes derogadas por ese decreto y le sugirió a toda la oposición “ponerse de acuerdo” para que en la próxima sesión en el recinto de la Cámara de Diputados sea derogado.

El reclamo de UP a Peticiones

A tres meses del viaje de seis diputados libertarios a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para encontrarse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, Unión por la Patria, en voz de Paula Penacca, le reclamó a las autoridades de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento por la resolución del dictamen tratado a principios de septiembre.

Paula Penacca al traer al debate la cuestión de la excursión al penal de Ezeiza. (Foto: HCDN)

Entre gritos e interrupciones, Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, mostró su malestar ante la irrupción con el tema del bloque opositor, pues no era parte del temario del día. La diputada camporista continúo con la lectura del reclamo y luego, fue avalado por Esteban Paulón y más tarde, por el radical Fernando Carbajal .

En tanto, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, no se manifestó al respecto durante las dos horas y media que duró la reunión plenaria.

Con la premisa de dictaminar en esta reunión, las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales mantendrán este martes 3 de septiembre a las 16.30 un encuentro plenario para definir la creación de una comisión especial que va a investigar la visita de los seis diputados libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza el pasado 11 de julio.

Tal como exigió Unión por la Patria, la Comisión de Asuntos Constitucionales no será presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz y, hasta el momento, sería encabezada por María Eugenia Vidal, vicepresidenta primera. El pedido del bloque opositor se dio en la última reunión de Peticiones, donde Cecilia Moreau cargó contra el oficialista por haber estado dentro de los grupos de chats en donde se organizaron los viajes a la cárcel.

Según supo parlamentario.com, la comisión especial investigadora quedaría compuesta por 4 integrantes de UP, 2 de La Libertad Avanza, 2 del Pro, 2 de la Unión Cívica Radical y 1 de Encuentro Federal. Una vez elevado el despacho, cada bloque tendrá 48 horas para comunicar a cada representante. Luego, tendrían la obligación de reunirse, por lo menos, una vez a la semana.

Además, el dictamen, unificado entre los impulsados por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, tendría la obligación de presentar informe y conclusiones con las medidas que considere pertinentes en el plazo máximo de 30 días corridos.

A mediados de julio, trascendió que los diputados oficialistas Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta estuvieron reunidos con represores condenados a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.

Ante la conmoción por el conocimiento del viaje, Bonacci y Arrieta relataron haber sido “llevadas por engaño”: A los pocos días se difundió la foto de la reunión con la diputada mendocina en el centro de la escena, quien tras varios idas y vueltas de acusaciones internas, resultó eyectada de la bancada de La Libertad Avanza en el Cámara de Diputados.

Con su salida, la diputada mendocina Lourdes Arrieta formó un monobloque y, luego, publicó una serie de imágenes en X con capturas de pantalla de las conversaciones grupales que tuvieron diputados del oficialismo junto al padre Javier Ravasi -presunto organizador de las visitas- y por el cual se buscó preparar un proyecto de ley para que los exmilitares detenidos puedan gozar de la prisión domiciliaria.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja se reunió por segunda vez este miércoles y emplazó a un plenario con Asuntos Constitucionales para el próximo miércoles 4 de septiembre por la mañana con el fin de dictaminar la creación de la comisión especial que investigará la visita de los seis diputados libertarios a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad el pasado 11 de julio.

La moción fue presentada por el diputado cordobés Juan Brügge, de Encuentro Federal, y desde Unión por la Patria, a través de Cecilia Moreau y Vanesa Siley, exigieron apartar a Nicolás Mayoraz como autoridad del encuentro por su presunta participación en los chats que planificaron la logística de la visita de los seis libertarios al encuentro con Jorge Astiz y otros exmilitares detenidos en el penal de Ezeiza. “No podemos permitir que ensucie esta investigación”, acusaron.

El diputado santafesino aceptó cederle el lugar a María Eugenia Vidal, vicepresidenta primera de Asuntos Constitucionales, pero se defendió de las acusaciones de la oposición: “No voy a permitir que Cecilia Moreau me diga que soy parte de un plan de impunidad”. “En mis 30 años como abogado, jamás milité, ni me metí en estos temas y jamás iría a una visita de estas”, le contestó a Unión por la Patria.

En el final, la diputada Siley pidió “circunscribir los hechos a partir del 27 de febrero”, en base a las capturas trascendidas por la prensa sobre la visita de los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta y los vínculos previos a la realización del encuentro.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, ratificó su compromiso como autoridad cabecera del debate, pero lanzó críticas con la legisladora que abandonó La Libertad Avanza para formar un monobloque: “Me sentí estafada porque una diputada dijo acá que ‘no sabía’ y en Twitter (actual X) dijo otra cosa”. “O sabías o no sabías. Quizás buscaba notoriedad pública”, concluyó.

Expulsión y duras críticas a Villarruel

La reunión presidida por Lospennato comenzó con la exposición de representantes de organizaciones de Derechos Humanos. La primera expositora fue Taty Almeida, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien dejó en claro que “no venimos a pedir, venimos a exigir, que directamente se lo expulse”. Catalogó al hecho de “deplorable episodio” y acusó al oficialismo de “ser amigo de los genocidas”.

Por otro lado, las críticas también fueron contra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien este martes encabezó el acto por el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Sumó al presidente Javier Milei y los señaló como artífices de llevar a cabo “una cosa deshumana total”. “¿No van a los barrios? ¿no saben que diez personas murieron en situación de calle? Están deshumanizando a este país”, concluyó.

Reconocido Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, les mandó un fuerte mensaje a los partícipes del viaje a Ezeiza: “Los que fueron a abrazarse con genocidas son indeseables, son una lacra y traicionan al pueblo argentino”. También, explicó que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y tienen continuidad en el tiempo”.

En tercer lugar, Margarita Cruz recalcó que “hubo juicios en el marco de crímenes de lesa humanidad, pero nosotros hubiéramos querido más”, y cuestionó que “se comprobó que hubo 800 centro clandestinos y hay un promedio de que hay dos represores detenidos por centro: No dan las cuentas”. A su vez, cargó que “la Procuraduría aportó que el 84% de los condenados están con domiciliarias. No venimos a hablar de números, venimos a contar que no fueron juzgados todos”.

En representación de Estela de Carlotto, líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit leyó una carta y expresó: “Es inadmisible que conspiren junto a represores condenados por delitos de lesa humanidad”, e hizo una clara alusión a la vicepresidenta de la Nación: “Algunos quieren desconocer la historia y quieren traer la ‘teoría de los dos demonios’, pero la Justicia solo comprobó uno”.

“Es doloroso que nieguen y conspiren a espaldas de la sociedad con quienes ocultan la identidad de nuestros nietos”, siguió leyendo el representante de Abuelas, quien añadió más críticas contra los diputados oficialistas: “A estos criminales los quieren hacer pasar como pobres ancianos que están detenidos injustamente y esto no puede quedar en el olvido”. Reiteró el pedido de sanciones para los seis libertarios.

Por su parte, Mabel Cariaga relató los sucesos respecto a cómo Jorge Astiz se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y perpetró secuestros y asesinatos desde adentro. “Los detenidos son cobardes y los que fueron a Ezeiza salieron de allí con las manos manchadas de sangre”. Por último, apuntó contra un oficialista: “Beltrán Benedit reivindicó a la dictadura. No puede seguir formando parte de esta casa de la democracia”.

Completaron las exposiciones la exdiputada Myriam Bregman, Cecilia de Vincenti, Pablo Llonto, Guadalupe Godoy, Carlos Pisoni y Moreno Ariana Elisabeth, de forma virtual.