En la reunión constitutiva, el rosarino Gabriel Chumpitaz fue elegido como vicepresidente y aseguró que la lucha contra el narcotráfico es por “la supervivencia nacional”.
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La diputada de Hacemos Coalición Federal Mónica Frade fue designada este miércoles como presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico.
En la vicepresidencia primera fue elegido el macrista Gabriel Chumpitaz; en la secretaría primera, la libertaria María Emilia Orozco; y en la secretaría segunda, la radical Marcela Antola. En tanto, la vicepresidencia segunda y la secretaría tercera, para Unión por la Patria, se reservaron.
Frade, de la Coalición Cívica, aseguró: “La aspiración de esta presidencia es poder hacer de esta comisión un actor principal, en un momento histórico que nos toca, que tiene que ver con la lucha que se ha emprendido contra el narcotráfico”.
La bonaerense alertó que no sólo hay una problemática muy grande en Rosario, sino también “en provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, que no está visibilizado”. “La porosidad de nuestro país hace que nosotros tengamos en materia de narcotráfico una actividad muy intensa a través de los puertos y fronteras”, continuó.
La legisladora afirmó que buscará “revitalizar la comisión, que es la manera de revitalizar el Congreso, al que se está castigando” y “trabajar transversalmente, sin ningún tipo de preferencia por ningún sector político”.
“Va a ser mi impulso que esta comisión se contacte en los lugares geográficos donde nos necesitan, donde tenemos que interactuar con la Justicia, las fuerzas de seguridad y escuchar a las víctimas”, completó.
Por su parte, Chumpitaz, oriundo de Rosario, expresó: “Para nosotros los rosarinos es muy importante la temática. Allá por 2019 denuncié la llegada de a guerra narco a la ciudad de Rosario. Desde aquel momento estamos dando discusión en todos los ámbitos que nos toca”.
“La lucha contra el narcotráfico no es una lucha idealista, sino una lucha para la supervivencia nacional porque esto se puede derramar en todo el país”, advirtió.
Desde UP, Carlos Castagneto resaltó que “sería muy importante que abordemos la parte presupuestaria del SEDRONAR, porque no es sólo la lucha contra el narcotráfico, sino la prevención. Las granjas (de rehabilitación) no están recibiendo los fondos”.
Mientras que la radical Natalia Sarapura apuntó que “la disminución de la política social acrecienta los riesgos; el aumento de la desigualdad nos pone en un escenario de mayor complejidad y, sin duda, estamos en un momento que se hace necesario profundizar las acciones de seguridad y contención”.
La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico se reunió para debatir la necesidad de repensar una nueva ley de salud mental.
Pasada una década de la reglamentación de la norma vigente y en medio de la polémica generada por su implementación, se realizó en Diputados una reunión informativa donde expusieron especialistas.
La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside el santafesino Federico Angelini, se reunió este jueves convocada para abordar la temática “La necesidad de repensar una nueva Ley sobre Salud Mental y Adicciones”.
El debate se desarrolló en esa comisión de manera paralela a la reunión de la Comisión de Juicio Político, y fue casi tan extensa como aquella. Es que hubo más de una decena de especialistas invitados a exponer, y tal cual se anunció en el inicio de la reunión, habrá nuevas reuniones con invitados de todos los sectores.
La idea es repensar una nueva ley sobre Salud Mental y Adicciones, y abrió el debate Sandra Alvarez, fundadora de Proyecto Vida Digna, de Mar del Plata, quien planteó que esa ONG trabaja “la justicia penal terapéutica, con los juzgados y los abogados defensores y fiscales para que cuando la problemática es atravesada por la adicción y tiene un problema con la justicia penal, pueda conseguir una morigeración y hacerse un tratamiento en un lugar donde se le pueda dar la atención que necesita por su atención”.
“Notamos que estamos llegando tarde, cuando los chicos están ya adentro de una unidad penal, y tenemos que llegar antes”, destacó Alvarez, quien destacó que “se trabaja con la familia, que sufre muchísimo”, y que muchas veces “queda afuera”. Para graficar el impacto que el tema tiene en las familias, citó dos casos trágicos muy renombrados estos días, en uno de los cuales un joven adicto mató a martillazos a su abuelo porque no le quiso dar plata para drogarse. Y después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, estrelló su auto contra un camión para suicidarse.
“La familia necesita ayuda urgente; estamos hablando de abuelos de 85 años, que viven con hijos de 42, 44 años, que son adictos, a los cuales les tienen miedo y viven violencia constantemente”, graficó la especialista, que agregó que “si pudiéramos abarcar esto dentro de una ley específica de adicciones, sería muy importante. Tiene que sanar todo su entorno”.
En otro pasaje dijo que “el concepto de internación está muy poco claro. Hay que aclarar cuáles son los conceptos de internaciones. El criterio de que los manden a 600 kilómetros hace que a veces la familia pase meses in poder verlos”.
Por último señaló que hay 51 mil presos en la provincia de Buenos Aires, 5.000 en comisarías, y los abogados de oficio se niegan a gestionar la morigeración de penas en juzgados, eso hace que la posibilidad de recuperación llegue tarde”.
Luego fue el turno de Gabriel Avena, especialista en salud mental y adicciones, quien hace más de 30 años que trabaja en los temas drogas y alcohol. Admitió que sería un poco autorreferencial en su exposición y en ese sentido graficó que esa “es una ley que vengo padeciendo, que padecen los usuarios de droga con los cuales trabajo, sus familias y los barrios”.
Advirtió que existe un “enorme crecimiento en el consumo de droga y alcohol”, como así también mucha más oferta y los adictos arrancan más temprano en el consumo.
“Esta ley tiene propuestas que en cualquier lugar del mundo sensato sonarían como disparatadas. En 2010 la idea era que para 2020 las comunidades terapéuticas deberían desaparecer y cerrar sus puertas, porque eso avasalla un montón de derechos…”, planteó con un dejo de ironía. Hizo también hincapié en que “este país tiene una historia de un Estado ausente, salvo honrosas excepciones. El adicto siempre fue expulsado del hospital”.
Agregó que “estos dispositivos tienen asistencia ambulatoria, hospital de día y de noche… este es un país raro. En la Facultad de Medicina y Psicología no se forma profesionales para estos tratamientos, no tenemos ninguna materia que nos prepare para abordar una problemática por la que golpean la puerta de nuestros consultorios un montón de padres”.
Graficó también que en este país se ponen semáforos en las esquinas luego de varios accidentes. Nunca se piensa antes si esa esquina será peligrosa. “Esta es la historia de la prevención en la Argentina: siempre vamos atrás de la enfermedad”, reconoció.
En ese marco remarcó que este es “el peor momento de la historia del país, donde uno de cada dos argentinos es pobre.
En su cuestionamiento a la ley vigente dijo que esta norma “demoniza la psiquiatría y la monovalencia”. Añadió que “hemos visto en el último tiempo el surgimiento de comunidades terapéuticas clandestinas a las que la gente acude en forma desesperada y claramente va a seguir habiendo cada vez más, si no se puede habilitar una sola cama, ni ningún centro nuevo. Esta ley entonces favorece la creación de centros clandestinos”.
Al cerrar, Avena aseguró que “esta ley es una ley de escritorio, donde no consultaron a los que saben. Ojalá podamos hacer algo con esto”.
Claudia Cazabat, directora nacional de Atención Crítica en Sedronar, consideró “importante reconocer a la persona como un sujeto de derechos; no cualquier persona tiene un consumo problemático, las respuestas deben ser singulares. La exclusión no favorece al tratamiento”.
“Es importante el trabajo en red. Tenemos que trabajar en forma conjunta con Educación, Salud, Desarrollo Social, con todos los actores de la comunidad. La ley se refiere a la reglamentación de cómo tiene que ser la internación involuntaria, tenemos que ver los huecos y dónde trabajar para la plena implementación de la ley”, aseguró.
A su turno, Diego Celli, director y fundador del Hogar Jesús es mi Refugio, sostuvo que “nos encontramos que personas de los ámbitos de salud o judicial se niegan a firmar las internaciones. Tendríamos que articular la forma. Tendríamos que tener una cultura de tipo preventivo. Creemos que tendría que haber una ley nueva, que no hay que tener a la gente en los manicomios, pero las comunidades terapéuticas no son psiquiátricos”, agregó
En tanto, Marisol Froy, miembro de Madres del Ser, pidió por una “ley específica en adicciones donde el acceso al sistema de salud sea acorde a la problemática real y actual. Y a al mismo tiempo solicitó la emergencia en salud, para la “creación de más dispositivos de abordaje”.
Por su lado, Leonardo Gorvacz, ex diputado y coautor de la Ley de Salud Mental, recordó que las leyes existentes fueron votadas por amplia mayoría. Remarcó que “hemos podido construir consensos alrededor del tema de las adiciones y la salud mental, no significa que se haya resuelto el problema”.
Luego fundamentó que “la ley no prohíbe la internación involuntaria, expone un criterio y un sistema de control, el tema es cómo se interpreta en la guardia, se podría mejorar, pero no hace falta cambiar la ley, tal vez establecer protocolos. La verdadera prevención es construir una sociedad con más oportunidades”.
El médico Andy Blake agregó que Argentina no tiene un mecanismo de medición sistemático de los problemas de salud mental y adicciones. “Saber con qué recursos humanos contamos y su distribución geográfica es importante. Tampoco tenemos información de qué tipo de problemas de salud mental tenemos. Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede abordar”, afirmó. Y propuso unificar leyes, “no generar leyes por problemas”.
Mariano Rey, director provincial de Salud Mental, manifestó que “podemos decir que el sistema sanitario que recibimos es bastante fragmentado con poco nivel de articulación. Todavía cuesta llegar a aquel que más nos necesita y ahí hay un proceso de trabajo que también tenemos que dar”.
Además participaron de esa extensa reunión Hugo Leale, director del Observatorio de Prevención y Promoción de Salud Comunitaria, Facultad de Psicología. UBA; Mariano Rey, director provincial de Salud Mental; Alicia Stolkiner, doctora en Salud Mental, investigadora y docente universitaria. Integrante de la Mesa de Expertos en Salud Mental; Alberto Trimboli, doctor en Psicología Social, coordinador del Sector de Adicciones del Hospital Álvarez; Osvaldo Denton, de la asociación Hay Salida; Norma Galeano, directora de Madres territoriales; y Luciano Grasso, ex director Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, entre otros.
Desde hace un par de años se presentan y representan distintas iniciativas que buscan dar una mejor respuesta desde el Estado al consumo problemático de drogas, pero los debates quedan en la nada.
Por Melisa Jofré
“Acá lo que tiene que cambiar son las leyes. En vez de abrir cárceles, hay que abrir más centros de rehabilitación para los jóvenes”. Con esas palabras reclama ayuda en la puerta del Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino la madre de una de las personas que consumió cocaína adulterada, encontrada en el asentamiento Puerta 8 ubicado en Loma Hermosa y que provocó 20 fallecidos y más de 70 internados.
Con el tema instalado en la agenda mediática, el consumo problemático de drogas, especialmente en los barrios vulnerables, vuelve a ponerse sobre la mesa. Pese a lo delicado del asunto, los intereses políticos se cruzan y desde el oficialismo y la oposición se cargan responsabilidades de un lado y del otro sobre el avance del narcotráfico.
En tanto, en lo que respecta a la atención de las adicciones tampoco ha habido en los últimos años consensos o voluntad de avanzar en leyes que den una mejor respuesta desde el Estado. Proyectos en el Congreso ha habido varios y se presentan y representan año tras año.
Cercana estuvo de tratarse en el recinto una iniciativa en el año 2017, cuando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida entonces por la entrerriana Carolina Gaillard -que era oposición- se alcanzó un dictamen de un proyecto de ley de emergencia en adicciones en todo el país.
Esa iniciativa, motorizada por la exdiputada santafesina del Frente para la Victoria Silvina Frana, proponía declarar la emergencia por el plazo de tres años; crear un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Consumos Problemáticos; asistencia profesional gratuita e inclusión laboral; y abordaje de la problemática en las escuelas. Finalmente no prosperó.
Frana fue también presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que durante el 2018 se reunió en 7 oportunidades. En una de esas reuniones recibió a representantes de movimientos sociales y al cura villero José María “Pepe” Di Paola, quienes reclamaron por una ley de emergencia, y cuestionaron las declaraciones que por ese entonces realizó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando sostuvo que “muchos movimientos sociales permitieron el narcotráfico como un mal menor”.
En 2019, la Comisión de Adicciones solo se reunió una vez, y fue en un encuentro en el que representantes de la Mesa Nacional de Adicciones reclamaron “por un mayor presupuesto y herramientas para afrontar esta problemática desde la prevención y la recuperación”, además de solicitar la prórroga en un plazo establecido en la Ley de Salud Mental (N° 26.657) en relación a las comunidades terapéuticas. Ley de Salud Mental que ante estos casos muchos diputados consideran hay que modificar, mientras otros aseguran que lo que falla es su implementación.
En el año 2020, ya bajo una nueva gestión, la Comisión de Adicciones también se reunió una sola vez. Fue para la visita de la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres, quien aseguró que en el marco de la cuarentena por la pandemia se había incrementado en un 30% el presupuesto destinado a las comunidades terapéuticas. Durante 2021, la comisión presidida por el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) no tuvo reuniones.
Entre los últimos proyectos que figuran sobre el tema, las diputadas con mandato cumplido Gisela Scaglia (Pro), Elda Pértile (FdT) y Claudia Najul (UCR) presentaron iniciativas para declarar la emergencia nacional en adicciones por el plazo de dos años; crear centros de atención integral para personas drogadependientes; y crear un Hospital de Día destinado al abordaje de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por consumo problemático de sustancias, respectivamente.
Otra de las iniciativas presentadas más recientemente es que lleva la firma de varios diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Mariana Stilman. En el texto se propone la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones; unidades de desintoxicación y centros de recuperación y revinculación social; el agravamiento de las penas para la comercialización del paco; y la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.
“Desde el año 2012 la @ccari_ok viene presentando un proyecto para la prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Debemos dar tratamiento urgente a ese y a otros tantos que duermen el sueño de los justos en las Comisiones presididas por el oficialismo”, reclamó en su Twitter la legisladora opositora.
La advertencia sobre el fentanilo
El fentanilo es apuntado como una de las sustancias que se encontraría en la cocaína adulterada encontrada en la provincia de Buenos Aires. Ya en octubre pasado, el senador nacional Roberto Basualdo (JxC) había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el control en la producción de este opioide sintético.
En su solicitud, el sanjuanino pidió conocer “cuántos laboratorios se encuentran habilitados para la producción y comercialización del fentanilo; si se han detectado casos de internación aguda o grave producto de mezclas de estupefacientes con la droga fentanilio; si se ha advertido un incremento en las ventas de este medicamento; y qué medidas se adoptaron o planean adoptar para la realización de políticas aplicables a la atención y acompañamiento en materia de drogas o alerta temprana de consumo”.
En los argumentos de ese proyecto de resolución, el senador enfatizó la necesidad de “evitar llegar a la situación que actualmente vive Estados Unidos, donde en 2018 murieron 72 mil personas por su mala utilización”. “Cabe señalar que se recurre al fentanilo por ser más barato y más fácil de conseguir que la cocaína o la heroína, pero incluso una pizca de fentanilo puede matar”, agregó.
Y expresó con preocupación que en 2019 “se secuestraron unas 45.000 dosis en el norte del Gran Buenos Aires y el superintendente General de la Policía de la provincia de Buenos Aires había calificado aquello como ‘algo novedoso’ y que genera una adicción cien veces mayor que cualquier otra droga común”.
