Al comienzo de la reunión de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de Diputados, la presidenta de la misma, Mónica Frade (CC), informó que no había recibido respuesta de José Luis Espert, invitado a dar las explicaciones que considerara pertinentes luego de la revelación de su vínculo con Federico "Fred" Machado, acusado por narcotráfico y sobre quien, mientras transcurría el encuentro, la Corte Suprema habilitó la extradición hacia Estados Unidos.

Frade contó que además de la carta que le fue enviada al oficialista, quien recientemente renunció a su candidatura, ella misma le mandó un mensaje al celular una hora antes del encuentro, pero "no respondió nada". "La invitación fue por si él quería asistir y decir algo, me parece que este es el espacio institucional para hacerlo y tiene derecho a hacerlo, y nosotros también tenemos derecho de escuchar a un par que está involucrado en un tema tan delicado", dijo la legisladora.

Ante la ausencia, se pasó a tratar el temario de tres proyectos de declaración y dos de resolución. El que particularmente abrió un debate fue el que repudia el cierre de alrededor de 50 casas de atención y acompañamiento comunitario dependientes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) y del Ministerio de Salud.

Sobre el proyecto, el diputado Pablo Yedlin (UP) señaló que "el tema de las adicciones es un tema muy complejo, que tiene por un lado el tema policial de la lucha contra el narcotráfico, que en estas últimas semanas nos ha ocupado mucha atención, pero tan importante como esto es que tiene dos facetas más".

En ese sentido, explicó que "una es la atención del paciente adicto, ya que la adicción es considerada una enfermedad mental, por lo tanto el Estado debe garantizar la atención de esta problemática. Y segundo, qué podemos hacer para que nuestras comunidades no sean cada vez más adictas, y ahí hay temas más variados, como educación, deporte, cultura y posibilidades a un futuro mejor".

Sobre el cierre de las casas de atención, el tucumano aseguró que esto "pone en peligro un sistema de atención que venía dando una respuesta; me parece que es un error".

Autora de la iniciativa, la diputada Natalia Zaracho (UP) sostuvo que actualmente hay "un contexto muy crítico" caracterizado por "la falta de empleo; la ministra (Sandra) Pettovello y la falta de alimentos en los comedores comunitarios; por cómo se está rompiendo el tejido social; los clubes de barrio están siendo desfinanciados; está creciendo cada vez más el consumo problemático y la violencia está aumentando en los barrios".

"Es importante visibilizar lo que está pasando con estos cierres, los trabajadores y los pibes que están siendo atendidos ahí", resaltó y pidió "que no seamos indiferentes". "Tenemos a los principales candidatos del oficialismo vinculados con el narcotráfico", subrayó la dirigente del espacio de Juan Grabois y remató: "Nosotros no queremos un narco Estado, queremos un Estado que funcione y pueda llegar a tiempo".

A su turno, el legislador Ramiro Gutiérrez (UP) advirtió "cuando se cierran estas casas es muy difícil volver a operativizarlas. Son las que detectan la tormenta cuando se va gestando, son los lugares donde las mamás van a golpear las puertas. Hay que financiarlas y sostenerlas".

En alusión a la invitación a Espert, la diputada Natalia Sarapura (UCR) señaló que "los vínculos de la política con el narcotráfico no son nuevos" y, por eso, "son temas que los tenemos que combatir y el Estado tiene que tener una política que aborde de manera integral estos temas".

Sobre el debate, analizó que "la falta de una política social integral que aborde los derechos humanos de los sectores vulnerables, no solo con una definición presupuestaria sino con la necesidad de un Estado presente, es un escenario que potencia la llegada de la droga a las comunidades, a los barrios".

"Estos cierres no tienen ninguna explicación racional, salvo este concepto del Gobierno nacional que se saca de encima todos los problemas de salud", manifestó el legislador Daniel Gollán (UP) y, en ese sentido, agregó: "Qué sentido tiene cerrar 50 centros en el momento donde estamos reconociendo que el mayor problema que están afrontando las poblaciones del mundo es el problema de salud mental, incluido el consumo problemático".

Tras intervenciones de José Glinski (UP) y Ernesto "Pipí" Alí (UP) que apuntaron sobre todo a las medidas tomadas por el Gobierno en torno al narcotráfico, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) defendió: "Este Gobierno es el que más ha tomado en serio el combate del narcotráfico y los resultados están a la vista en cuanto los números de lo que tiene que ver con los secuestros de droga".

"Nadie piensa que el problema del narcotráfico y las adicciones empezaron con este Gobierno, es un problema que lleva muchos años. Pero sí lo que notamos es que a través de determinadas decisiones políticas se favorece determinada situación; con la desregulación en muchísimos ámbitos del Estado nacional se ha favorecido al crimen organizado", consideró el legislador Matías Molle (UP).

Respecto de las casas de atención, apuntó que "la solución nunca es cerrar, en todo caso es mejorar, llevar gente idónea, fortalecer los controles. Cerrar todo no es la mejor salida, eso es de vago, o peor aún, es dejar que algunos negocios crezcan".

Mayoraz tomó de nuevo la palabra y aclaró que la Sedronar informó que "no se van a cerrar todos los centros", sino que "en muchos se detectaron irregularidades". "De ninguna manera va a ocurrir que haya un desentendimiento del Gobierno nacional con estas políticas", dijo, pero pidió "volver a discutir de qué manera lo resolvemos" porque "venimos con un modelo de 20 años de intervención estatal en este tema con resultados negativos, porque el consumo no ha aumentado, no se ha reducido".

Molesta, Zaracho rechazó que "todo el tiempo quieran justificar el manejo de los fondos para cuestionar los espacios. Yo no digo que esto fue Disney, pero sí que las políticas de (Javier) Milei hicieron todo peor".

En el cierre, Frade se mostró a favor de convocar a Roberto Moro, titular de la Sedronar, por este tema. Por otra parte, abogó por la aprobación de la ley de ludopatía infantil, que se encuentra en debate en el Senado. "Eso también es una adicción que lleva al suicidio. Reflexionemos sobre todas las adicciones y tratemos de dejar de lado los negociados que hay detrás, y que también financian la política", expresó y concluyó pidiendo el "compromiso" en seguir reclamando que adicciones y narcotráfico sean temas que se traten en comisiones por separado.

Horas antes de la reunión de Presupuesto y Hacienda, la diputada nacional Mónica Frade le envío una sugestiva nota a José Luis Espert. En medio de las acusaciones por presunta vinculación con Fred Machado, la presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico lo invitó a participar de una reunión informativa para ejercer el derecho a expresarse ante sus pares.

La nota fue elevada este martes a última hora y la legisladora de la Coalición Cívica consideró en el texto que “la presente invitación tiene como objeto brindarle la posibilidad de efectuar aclaraciones respecto de los hechos de público conocimiento que podrían guardar relación con la posible comisión de delitos, los cuales han generado preocupación en distintos sectores”.

En la nota, Frade mencionó a la denuncia penal efectuada por Juan Grabois ante el Juzgado Federal de San Isidro y al proyecto de resolución que impulsaron Unión por la Patria y Coherencia para excluirlo de la Cámara de Diputados.

En carácter formal , la nota que lleva la firma de presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico invita a Espert a “propiciar un espacio de diálogo que permita esclarecer versiones y a contribuir a la transparencia en el ejercicio de las funciones parlamentarias”.

Finalmente, la diputada nacional de la Coalición Cívica le solicita que remita fecha y horarios disponibles para hacerse presente ante la Comisión.

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No sucede seguido, pero es una práctica utilizada por algunas comisiones, cuando amerita. La más reciente fue una actividad de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, que viajó a Formosa para recibir allí los testimonios de víctimas y familiares de la aplicación del aislamiento en tiempos de pandemia. Esto es, que los diputados de las comisiones salgan eventualmente del ámbito natural del Congreso para “bajar al campo” y recoger testimonios que les permitan analizar la realidad in situ.

Lo permite el artículo 106 del Reglamento de la Cámara, que señala sobre el ámbito de reunión de las comisiones que “cuando circunstancias especiales lo aconsejen, las reuniones podrán realizarse en cualquier otro lugar que se considere más conveniente para la consecución de los fines perseguidos, con previa autorización de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

Es lo que quiere hacer también, por ejemplo, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que dirige Mónica Frade, que había organizado para este jueves 25 de septiembre una actividad en el Santuario Virgen del Milagro de Caacupeé y San Blas, en la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires. Allí pensaban escuchar el testimonio de personas recuperadas de la adicción a las drogas y el de sus familiares. Iba a ser a las 11 de la mañana, pero el evento se suspendió.

Como la actividad coincidió con los hechos que son de dominio público -las tres chicas brutalmente asesinadas supuestamente a manos del narcotráfico-, se interpretó que la suspensión tenía que ver con tales circunstancias, aunque tal vez hubiera cobrado más valor esa visita de los diputados en La Matanza, donde vivían las jóvenes víctimas. Cabe destacar que el santuario está ubicado a tan solo diez cuadras de la rotonda de La Tablada, donde fueron vistas por última vez con vida las tres jóvenes.

Consultadas fuentes de esa comisión por parlamentario.com, aclararon que la suspensión fue por falta de quórum: la mayoría de los miembros no confirmaron su asistencia -algunos tuvieron problemas y avisaron que no podían concurrir, pero otros directamente no respondieron a la convocatoria hecha por el secretario de la comisión-. Según pudo saberse, es la segunda vez que se suspende ese evento.

Evidentemente a la gran mayoría de los legisladores les preocupa el narcotráfico, pero terminan privilegiando las actividades coyunturales.

Con más de 100 muertes a causa de fentanilo contaminado, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside la diputada Mónica Frade (CC), mantuvo este martes un segundo encuentro en el marco del estudio de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En esta ocasión, el doctor en Ciencia Política, Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, expuso sobre los “Mercados ilegales de opioides sintéticos en el Cono Sur”.

"El foco lo vamos a poner en los mercados ilegales de opioides en la región", indicó Sigman en el inicio del encuentro y definió a los opioides como “todas aquellas sustancias cuya estructura molecular es afín a los receptores opioides del sistema nervioso central y también del sistema gastrointestinal”.

Así, procedió a explicar los diferentes tipos de sustancias: “Podemos hablar de opioides naturales como el opio la morfina y la codeína, que habitualmente son conocidos como opiáceos. Por otro lado, podemos hablar también de opioides semisintéticos que son aquellos opioides que requieren de una base orgánica y, además de la intervención de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, en un proceso de fabricación lícito para obtener los como la heroína. Finalmente podemos hablar de opioides sintéticos que no requieren de ninguna base orgánica para su obtención, sino que se pueden obtener a partir de la síntesis derivada de la utilización de precursores químicos. Encontramos el fentanilo y remifentanilo”.

“Una dosis letal de heroína son 20 mg, de fentanilo son 2mg y carfentanilo son 0.2mgs”, precisó por lo que destacó que “la cooperación internacional es fundamental para el abordaje de este tipo de casos”.

Asimismo, alertó que “vemos un incremento en la frecuencia de procedimientos en los que se secuestra fentanilo farmacéutico, lo que forma parte de una tendencia amplia a nivel regional en América latina y el Caribe”.  A nivel nacional, destacó que: “Casi la mitad de los procedimientos recientes se dieron en CABA Y PBA; y uno en las provincias de Formosa, Misiones y Mendoza."

En cuanto a las organizaciones delictivas, Sigman, explicó que “se identificaron grupos delictivos que contaban con al menos alguno de sus miembros relacionados con el ámbito de la salud.” “También detectamos organizaciones que tenían tradición en la venta de drogas que prevalecen en la región, pero que también operaban con ampollas de fentanilo farmacéutico. Y organizaciones que contrabandean fentanilo farmacéutico en la región", detalló.

"El alcance de la dinámica criminal, hasta 2025, tanto la operación de desvío como la oferta ilícita se daba dentro del territorio nacional, a partir del 2025, identificamos operaciones de tráfico intrarregional", agregó.

En la segunda parte de su exposición, Sigman abordó las diferencias entre los mercados ilegales de opioides sintéticos con los de América del Norte y los riesgos potenciales para la región.

Se llevó a cabo este martes el tercer mega plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Acción Social y Salud Pública; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal; y Familias, Niñez y Juventudes para ampliar el debate sobre la problemática de las ciberapuestas y la ludopatía con la idea de avanzar hacia una legislación regulatoria.

En esta jornada, expusieron autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), especialistas que abordaron la problemática desde la psicología y la psiquiatría, estudiantes de secundaria y el hermano del exfutbolista Javier Mascherano, en calidad de coordinador en la Aprecod y persona recuperada de las adicciones.

En el cierre de la reunión, la presidenta de la comisión cabecera Mónica Frade anunció que en los próximos días va a confirmar una nueva reunión informativa para el tratamiento de este tema. También, mencionó que remitirá una carta de invitación para participar del próximo encuentro a representantes de los equipos de futbol de Primera División y a las federaciones de box, tenis, futbol, golf, rugby y básquet.

Los expositores

Por el SEDRONAR, estuvieron presentes Facundo Prietto, jefe de Gabinete del organismo; y la subsecretaria de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, Silvia Pisano, quien sugirió “trabajar fuertemente en la prevención con profesionales de distintos ámbitos con campañas de prevención, y trabajar para la erradicación de la publicidad en niños, niñas y adolescentes”.

Señaló, además, que se investigue con evidencia científica de calidad y evidencia y articulación con el saber universitario”. Asimismo, propuso la creación de una línea 140 de ayuda para abordar la consulta a los familiares sobre tratamiento terapéutico y comunitario, y cerró que “no lo estamos poniendo como patología y se trata de un consumo problemático”.

De forma virtual, Luciano Monchiero, magíster en investigación sobre ciber-crimen, amplió el debate sobre esta legislación y afirmó que tendrá “un impacto más grande con la Ley de Protección de Datos para que la ley de ludopatía tenga mejor soporte”. “El marco integral es la protección de los datos de los niños y adolescentes porque en muchos casos, el ingreso es con datos ficticios o ayuda de mayores”, sumó.

“La adicción es una enfermedad del cerebro y es crónica porque produce deterioro cognitivo, y si no lo atajamos a tiempo es irreversible”.

La tercera expositora fue la médica psiquiatra Silvina Gobbi, quien diferenció al juego normal como actividad de goce, placer y satisfacción, pero remarcó que la ciberludopatía “ha hecho que se inmerge en nuestros jóvenes”. De igual modo, aportó que “el inicio es a los 12 años, y repercute a los individuos y a terceros”.

No obstante, Gobbi afirmó que “la adicción es una enfermedad del cerebro y es crónica porque produce deterioro cognitivo y si no lo atajo a tiempo es irreversible”. Asimismo, enfatizó que “los consumos no son problemáticos, digamos las cosas por su nombre, son consumos adictivos”.

“Deberíamos considerar a quienes venden esto como narcotraficantes”, reiteró la especialista en psiquiatría. “No es una respuesta ante un mundo hostil y la persona además de volverse esclava a la conducta de la sustancia padece trastornos de adicción y alimentación”, concluyó.

Luego, Clara Guadalupe y Franco Medrano, alumnos de escuela secundaria, coincidieron en que se debe “concientizar y difundir la importancia en las escuelas”. También, mencionaron como parte del problema a las empresas que publicitan en camisetas de futbol.

En quinto lugar, expuso el politólogo Ariel Parajon quien explicó que “el celular puede más que lo puede nuestro cuerpo y por eso, queremos estar en más de una conversación a la vez”. En ese sentido, amplió que “hay una sociedad atravesada por la angustia, la ansiedad y la precariedad de la vida”.

Por otro lado, trajo a debate el contexto post-pandemia y al ASPO como factor que “aceleró la digitalización del capitalismo”. A su vez, propuso como una solución “crear el derecho a la desconexión porque sería algo saludable”, pero advirtió que para eso “hace falta un Estado presente y un Estado que regule y más presupuesto en salud mental porque esta es una problemática de salud mental”.

El columnista en tecnología de TN Julio López puso el foco en la supervisión de los padres y cuestionó: “Debemos preguntar sobre la responsabilidad de los influencers y sobre la publicidad en la Selección Argentina y los clubes de Primera División”. Aportó a la legislación en cuestión, “garantizar que sitios regulados tengan medición de audiencia en tiempo real para tener un radar y un monitor para saber cuándo crece y cuándo hay un desvío en la atención de la gente” porque “no medimos las horas que pasan con la tecnología, sino que medimos las que pasan con la realidad”, aseveró.

La anteúltima exposición estuvo a cargo de Sebastián Mascherano, coordinador en la Aprecod (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento de las Adicciones de Santa Fe. Quien relató sus vivencias personales con las adicciones y remarcó: “La enfermedad sale por la boca, hay que empezar a hablar”.

Asimismo, planteó que “las drogas llegaron porque son un gran negocio y llenan vacíos y nadie consuma porque le gusta”. En el cierre, contó: “Me enfermé con el casino, perdí 300.000 dólares”, y cerró: “En la ruleta y en el póker veía una forma de drogarme sin sustancias porque hay muchas formas de drogarse y hoy está al alcance como un caramelo”.

El último expositor fue el psicólogo Gonzalo Sanguinetti, quien diferenció los términos “juego” y “consumo”, aportó: “Nos encontramos con un síntoma digital con una problemática de orden cultural ¿Por qué infancias y adolescencias juegan a ganar plata? ¿Jugar a ganar plata es una escena lúdica?”, y concluyó: “El problema no es jugar, el problema es que hemos confundido jugar con apostar y consumir”.

Un plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal de Diputados realizó la tercera reunión informativa para abordar, junto a especialistas, la temática de ciberapuestas y ludopatía, con énfasis en la preocupación creciente por casos de niños y adolescentes.

El primer invitado de la jornada en hablar fue el subsecretario de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial de Misiones, Roberto Padilla, quien indicó que en su provincia “un estudio reciente nos indica que el 52% de los adultos referentes de menores reconocen que hay un uso excesivo de pantalla en sus hogares”, e instó a “trabajar en conjunto para prevenir la ludopatía”.

Además, propuso "llevar adelante campañas de prevención de ludopatía para jóvenes y adolescentes, y garantizar el acceso a terapias para brindar la posibilidad de un abordaje integral".

Por último, compartió un comunicado de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina: "Hacemos un llamado de atención a la sociedad y exhortamos a las autoridades a la protección de la niñez para que cese el juego en línea en las plataformas ilegales".

Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, ponderó la “coherencia” de los proyectos presentados. Y puntualizó que “es una buena propuesta plantear la modificación del Código Penal para que incorporar a los niños en juegos sea considerado como estafa".

Desde la óptica de la comunicación, Facundo Bianco, comunicador especialista en ciudadanía digital, consideró que “si no tratamos a la ludopatía digital como un signo de época vamos a tardar en encontrar respuestas". "Es muy importante que los adultos sepan que tienen que ser referentes en los espacios digitales”, expresó.

"El 75% de las plataformas no están registradas. Hay un vacío legal. No basta restringir el acceso porque hay ‘cajeros’, es decir, adultos que hacen las apuestas por los chicos si ellos no pueden acceder a las plataformas", alertó Bianco.

A continuación, la psicóloga y subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, aportó datos sobre un relevamiento realizado en establecimientos educativos de nivel secundario. "Un 8% apuesta muchas veces, un 17% pocas veces y un 65% no jugó nunca. Sobre el tiempo de permanencia en los celulares de los chicos: el 23% pasa más de 8 horas al día y el 22% pasa entre 5 y 8 horas. Es decir, el tema de los juegos acontece en un contexto previo", apuntó. 

Por su parte, Carlos Francisco Olivero, párroco y consultor de la OEA para temas de adicciones en la iglesia, exhortó a los legisladores a que “resistan el lobby del juego y regulen esto porque nos está matando”.

A su turno, Jesús Mariano Acevedo, presidente de la Lotería de la Ciudad, destacó que “los chicos en el ámbito escolar no pueden acceder al juego online en CABA”. En el mismo sentido, Ida López, presidenta de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina, señaló que “en Argentina tenemos 21 jurisdicciones que han regulado el juego en línea”. “El Estado debe intervenir para garantizar un juego seguro, responsable, proteger los datos, los derechos de usuarios, prevención de lavado, combatir el juego ilegal y proteger a los niños”, manifestó.

Víctor Francisco Lupo, dirigente del Movimiento Social del Deporte (MSD) e integrante de la Comisión de Adicciones de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), opinó que convertir el deporte en un juego de apuestas trae aparejada la violencia y el vicio. "Instalaron un casino en cada celular. Debemos eliminar el juego online porque allí está la cabeza de la hidra. Con los chicos no se juega", declaró el exsubsecretario de Deportes. 

Otro de los oradores fue el educador Darío Álvarez Klar, quien destacó que la educación es fundamental para abordar esta problemática, aunque reconoció que es imposible pensar la educación sin tecnología. "La ludopatía entra por la puerta del entretenimiento. Está al alcance de cualquier teléfono. Los adultos tenemos que estar sensibles al clima y los síntomas a los que están expuestos los jóvenes", sostuvo, resaltando la importancia de sensibilizar, educar y legislar.

Además, participaron Matías Eduardo Zar; Florencia Rolón, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); Fabian Tonda, presidente de Federación de organizaciones no gubernamentales argentinas para la prevención y tratamiento de abuso de drogas (FONGA); Miguel Tollo, psicólogo y psicoanalista especializado en clínica con niños y adolescentes y en temas de políticas y salud mental pública; Paula Colombo, psicóloga especialista en clínica y psicoanalista; y Martín García Santillán, gerente General de la Lotería de la Ciudad.

 

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Mónica Frade (Hacemos Coalición Federal – Buenos Aires), se reunió este martes para continuar con el tratamiento de proyectos de prevención de la ludopatía para la protección de niñas, niños y adolescentes en Argentina y la prohibición de publicidad de juegos de apuestas On-Line.

Luego de reproducir un video de Monseñor Oscar Ojea en el que sintetiza la problemática del tema, procedieron a exponer los autores de las iniciativas puestas a consideración. Al cierre del encuentro, Frade expresó: “Vamos a sacar una ley buena que nos va a representar a todos pateando el hormiguero que hay que patear y los clubes de fútbol también tienen mucho que explicar sobre esto”, y comentó que la próxima reunión será el 11 de junio con invitados del área de informática, estudiantes y docentes que expondrán sobre el tema.

La primera fue la diputada de Unión por la Patria Constanza Alonso quien alertó: “Esto está calando muy profundo, es una preocupación en las instituciones educativas y deportivas. Las autoridades se nos acercaron a contarnos que chicos de 14 o 15 años apostaban en el aula”.

“Es una problemática que no tiene mucha difusión entre los adultos, pero entre los chicos ha penetrado muy fuerte y en todos los grupos de jóvenes del país hay alguien que está apostando con distintos niveles de problemas”, señaló y sumó que los casinos y las apuestas “hoy están en todos lados. Antes había un límite de edad de 18 años y de horarios, pero ahora está al alcance de todos y con un clic al entrar a las plataformas legales e ilegales que no tienen ninguna restricción para su acceso”.

Alonso detalló que en Argentina 7 de cada 100 personas tienen problemas de ludopatía y alertó que “es la única cifra oficial y no hay aún cifras oficiales sobre la ciberludopatía infanto juvenil”. Así contó que en paralelo comenzó a trabajar con universidades nacionales un proyecto de investigación que tiene que ver con la realización de una encuesta federal con jóvenes de 15 a 29 años y “ya tenemos más de 700 casos en dos semanas y tiene el objetivo de que de datos fehacientes y los números son preocupantes y vienen a confirmar lo que vemos”.

“El proyecto que presentamos es muy prohibitivo porque buscamos una restricción total de la publicidad en todos los medios de comunicación, tanto visuales como plataformas. Esto está muy extendido incluso en el fútbol hay publicidades en los clubes de fútbol. Esto tiene que ver con la salud mental de los jóvenes por la naturalidad que dan las publicidades y tenemos que regularlo y el Estado tiene que tener algo para decir”, explicó y precisó que “las violaciones a la ley sean sancionadas con multas y con suspensiones de licencias de las casas de apuestas online”.

A su turno, la radical Marcela Antola (Entre Ríos) planteó que “el diagnóstico en las escuelas es fundamental, hay que tratar el tema porque los chicos cada vez en edad más joven se dedican al juego y a las apuestas online”.

Por su parte, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR) expresó: “Sabemos que las adicciones son un problema social y de salud pública enorme que no solo afecta a quien consume, sino también afecta a su familia, y que corroe a la sociedad, causando daños irreparables”.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli sostuvo que “el ludópata engaña, manipula, se aísla, utiliza el juego como escape. Entre el estímulo a querer jugar y la respuesta que uno da, hay un espacio y es donde nosotros debemos fortalecer regulando las apuestas legales”.

En tanto, la opositora de Unión por la Patria Mónica Macha consideró que “la toma de conciencia de ese atravesamiento de niñeces y adolescencias en apuestas online está vinculada a una situación que se problematiza y estalla en el espacio educativo, y recién ahí es una noticia para madres, padres o madres”.

El pampeano Martín Maquieyra (Pro) comentó: “En el proyecto legislamos con respecto a las apuestas en general, planteando todas las edades, abordando el tema con campañas de concientización en medios, con la creación de una línea telefónica, con un registro de autoexclusión”.

“Los proyectos son muy buenos, han tocado todo el espectro y tenemos una gran oportunidad. En la parte de ilegalidad nuestro Código Penal solo tiene una regulación que es deficitaria en el art. 301 bis”, analizó el bonaerense Ramiro Gutiérrez (UP).

El cordobés Oscar Agost Carreño (HCF) señaló: “Es una problemática compleja y social; particularmente el delito que yo quiero incorporar es la intermediación de mayores en este proceso; creo que en lo penal está bueno que tenga un tipo específico para la gravedad de esta situación”.

Por último, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá opinó: “Acá el primer problema es que hace poco habilitaron entre otras cosas las apuestas deportivas online. Todos los gobiernos han ido habilitando primero los casinos, luego los bingos, por el enorme negocio que esto significa”.

La diputada de Hacemos Coalición Federal Mónica Frade fue designada este miércoles como presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico.

En la vicepresidencia primera fue elegido el macrista Gabriel Chumpitaz; en la secretaría primera, la libertaria María Emilia Orozco; y en la secretaría segunda, la radical Marcela Antola. En tanto, la vicepresidencia segunda y la secretaría tercera, para Unión por la Patria, se reservaron.

Frade, de la Coalición Cívica, aseguró: "La aspiración de esta presidencia es poder hacer de esta comisión un actor principal, en un momento histórico que nos toca, que tiene que ver con la lucha que se ha emprendido contra el narcotráfico".

La bonaerense alertó que no sólo hay una problemática muy grande en Rosario, sino también "en provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, que no está visibilizado". "La porosidad de nuestro país hace que nosotros tengamos en materia de narcotráfico una actividad muy intensa a través de los puertos y fronteras", continuó.

La legisladora afirmó que buscará "revitalizar la comisión, que es la manera de revitalizar el Congreso, al que se está castigando" y "trabajar transversalmente, sin ningún tipo de preferencia por ningún sector político".

"Va a ser mi impulso que esta comisión se contacte en los lugares geográficos donde nos necesitan, donde tenemos que interactuar con la Justicia, las fuerzas de seguridad y escuchar a las víctimas", completó.

Por su parte, Chumpitaz, oriundo de Rosario, expresó: "Para nosotros los rosarinos es muy importante la temática. Allá por 2019 denuncié la llegada de a guerra narco a la ciudad de Rosario. Desde aquel momento estamos dando discusión en todos los ámbitos que nos toca".

"La lucha contra el narcotráfico no es una lucha idealista, sino una lucha para la supervivencia nacional porque esto se puede derramar en todo el país", advirtió.

Desde UP, Carlos Castagneto resaltó que "sería muy importante que abordemos la parte presupuestaria del SEDRONAR, porque no es sólo la lucha contra el narcotráfico, sino la prevención. Las granjas (de rehabilitación) no están recibiendo los fondos".

Mientras que la radical Natalia Sarapura apuntó que "la disminución de la política social acrecienta los riesgos; el aumento de la desigualdad nos pone en un escenario de mayor complejidad y, sin duda, estamos en un momento que se hace necesario profundizar las acciones de seguridad y contención".

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside el santafesino Federico Angelini, se reunió este jueves convocada para abordar la temática “La necesidad de repensar una nueva Ley sobre Salud Mental y Adicciones”.

El debate se desarrolló en esa comisión de manera paralela a la reunión de la Comisión de Juicio Político, y fue casi tan extensa como aquella. Es que hubo más de una decena de especialistas invitados a exponer, y tal cual se anunció en el inicio de la reunión, habrá nuevas reuniones con invitados de todos los sectores.

La idea es repensar una nueva ley sobre Salud Mental y Adicciones, y abrió el debate Sandra Alvarez, fundadora de Proyecto Vida Digna, de Mar del Plata, quien planteó que esa ONG trabaja “la justicia penal terapéutica, con los juzgados y los abogados defensores y fiscales para que cuando la problemática es atravesada por la adicción y tiene un problema con la justicia penal, pueda conseguir una morigeración y hacerse un tratamiento en un lugar donde se le pueda dar la atención que necesita por su atención”.

“Notamos que estamos llegando tarde, cuando los chicos están ya adentro de una unidad penal, y tenemos que llegar antes”, destacó Alvarez, quien destacó que “se trabaja con la familia, que sufre muchísimo”, y que muchas veces “queda afuera”. Para graficar el impacto que el tema tiene en las familias, citó dos casos trágicos muy renombrados estos días, en uno de los cuales un joven adicto mató a martillazos a su abuelo porque no le quiso dar plata para drogarse. Y después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, estrelló su auto contra un camión para suicidarse.

“La familia necesita ayuda urgente; estamos hablando de abuelos de 85 años, que viven con hijos de 42, 44 años, que son adictos, a los cuales les tienen miedo y viven violencia constantemente”, graficó la especialista, que agregó que “si pudiéramos abarcar esto dentro de una ley específica de adicciones, sería muy importante. Tiene que sanar todo su entorno”.

En otro pasaje dijo que “el concepto de internación está muy poco claro. Hay que aclarar cuáles son los conceptos de internaciones. El criterio de que los manden a 600 kilómetros hace que a veces la familia pase meses in poder verlos”.

Por último señaló que hay 51 mil presos en la provincia de Buenos Aires, 5.000 en comisarías, y los abogados de oficio se niegan a gestionar la morigeración de penas en juzgados, eso hace que la posibilidad de recuperación llegue tarde”.

Luego fue el turno de Gabriel Avena, especialista en salud mental y adicciones, quien hace más de 30 años que trabaja en los temas drogas y alcohol. Admitió que sería un poco autorreferencial en su exposición y en ese sentido graficó que esa “es una ley que vengo padeciendo, que padecen los usuarios de droga con los cuales trabajo, sus familias y los barrios”.

Advirtió que existe un “enorme crecimiento en el consumo de droga y alcohol”, como así también mucha más oferta y los adictos arrancan más temprano en el consumo.

“Esta ley tiene propuestas que en cualquier lugar del mundo sensato sonarían como disparatadas. En 2010 la idea era que para 2020 las comunidades terapéuticas deberían desaparecer y cerrar sus puertas, porque eso avasalla un montón de derechos…”, planteó con un dejo de ironía. Hizo también hincapié en que “este país tiene una historia de un Estado ausente, salvo honrosas excepciones. El adicto siempre fue expulsado del hospital”.

Agregó que “estos dispositivos tienen asistencia ambulatoria, hospital de día y de noche… este es un país raro. En la Facultad de Medicina y Psicología no se forma profesionales para estos tratamientos, no tenemos ninguna materia que nos prepare para abordar una problemática por la que golpean la puerta de nuestros consultorios un montón de padres”.

Graficó también que en este país se ponen semáforos en las esquinas luego de varios accidentes. Nunca se piensa antes si esa esquina será peligrosa. “Esta es la historia de la prevención en la Argentina: siempre vamos atrás de la enfermedad”, reconoció.

En ese marco remarcó que este es “el peor momento de la historia del país, donde uno de cada dos argentinos es pobre.

En su cuestionamiento a la ley vigente dijo que esta norma “demoniza la psiquiatría y la monovalencia”. Añadió que “hemos visto en el último tiempo el surgimiento de comunidades terapéuticas clandestinas a las que la gente acude en forma desesperada y claramente va a seguir habiendo cada vez más, si no se puede habilitar una sola cama, ni ningún centro nuevo. Esta ley entonces favorece la creación de centros clandestinos”.

Al cerrar, Avena aseguró que “esta ley es una ley de escritorio, donde no consultaron a los que saben. Ojalá podamos hacer algo con esto”.

Celebro que en @DiputadosAR comencemos el debate por una nueva #LeydeSaludMental, pero también creemos necesario hacer lo propio en torno a la problemática de la dependencia con y de drogas. Por eso, pedimos iniciar el tratamiento del proyecto que presentamos en 2022 desde #JSRN. pic.twitter.com/RQTYzcynHl

— Luis Di Giacomo (@DiGiacomoLuis) February 16, 2023

Claudia Cazabat, directora nacional de Atención Crítica en Sedronar, consideró “importante reconocer a la persona como un sujeto de derechos; no cualquier persona tiene un consumo problemático, las respuestas deben ser singulares. La exclusión no favorece al tratamiento”.

“Es importante el trabajo en red. Tenemos que trabajar en forma conjunta con Educación, Salud, Desarrollo Social, con todos los actores de la comunidad. La ley se refiere a la reglamentación de cómo tiene que ser la internación involuntaria, tenemos que ver los huecos y dónde trabajar para la plena implementación de la ley”, aseguró.

A su turno, Diego Celli, director y fundador del Hogar Jesús es mi Refugio, sostuvo que “nos encontramos que personas de los ámbitos de salud o judicial se niegan a firmar las internaciones. Tendríamos que articular la forma. Tendríamos que tener una cultura de tipo preventivo. Creemos que tendría que haber una ley nueva, que no hay que tener a la gente en los manicomios, pero las comunidades terapéuticas no son psiquiátricos”, agregó

En tanto, Marisol Froy, miembro de Madres del Ser, pidió por una “ley específica en adicciones donde el acceso al sistema de salud sea acorde a la problemática real y actual. Y a al mismo tiempo solicitó la emergencia en salud, para la “creación de más dispositivos de abordaje”.

Por su lado, Leonardo Gorvacz, ex diputado y coautor de la Ley de Salud Mental, recordó que las leyes existentes fueron votadas por amplia mayoría. Remarcó que “hemos podido construir consensos alrededor del tema de las adiciones y la salud mental, no significa que se haya resuelto el problema”.

Luego fundamentó que “la ley no prohíbe la internación involuntaria, expone un criterio y un sistema de control, el tema es cómo se interpreta en la guardia, se podría mejorar, pero no hace falta cambiar la ley, tal vez establecer protocolos. La verdadera prevención es construir una sociedad con más oportunidades”.

El médico Andy Blake agregó que Argentina no tiene un mecanismo de medición sistemático de los problemas de salud mental y adicciones. “Saber con qué recursos humanos contamos y su distribución geográfica es importante. Tampoco tenemos información de qué tipo de problemas de salud mental tenemos. Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede abordar”, afirmó. Y propuso unificar leyes, “no generar leyes por problemas”.  

Mariano Rey, director provincial de Salud Mental, manifestó que “podemos decir que el sistema sanitario que recibimos es bastante fragmentado con poco nivel de articulación. Todavía cuesta llegar a aquel que más nos necesita y ahí hay un proceso de trabajo que también tenemos que dar”.

Además participaron de esa extensa reunión Hugo Leale, director del Observatorio de Prevención y Promoción de Salud Comunitaria, Facultad de Psicología. UBA; Mariano Rey, director provincial de Salud Mental; Alicia Stolkiner, doctora en Salud Mental, investigadora y docente universitaria. Integrante de la Mesa de Expertos en Salud Mental; Alberto Trimboli, doctor en Psicología Social, coordinador del Sector de Adicciones del Hospital Álvarez; Osvaldo Denton, de la asociación Hay Salida; Norma Galeano, directora de Madres territoriales; y Luciano Grasso, ex director Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, entre otros.

Por Melisa Jofré

"Acá lo que tiene que cambiar son las leyes. En vez de abrir cárceles, hay que abrir más centros de rehabilitación para los jóvenes". Con esas palabras reclama ayuda en la puerta del Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino la madre de una de las personas que consumió cocaína adulterada, encontrada en el asentamiento Puerta 8 ubicado en Loma Hermosa y que provocó 20 fallecidos y más de 70 internados.

Con el tema instalado en la agenda mediática, el consumo problemático de drogas, especialmente en los barrios vulnerables, vuelve a ponerse sobre la mesa. Pese a lo delicado del asunto, los intereses políticos se cruzan y desde el oficialismo y la oposición se cargan responsabilidades de un lado y del otro sobre el avance del narcotráfico.

En tanto, en lo que respecta a la atención de las adicciones tampoco ha habido en los últimos años consensos o voluntad de avanzar en leyes que den una mejor respuesta desde el Estado. Proyectos en el Congreso ha habido varios y se presentan y representan año tras año.

Cercana estuvo de tratarse en el recinto una iniciativa en el año 2017, cuando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida entonces por la entrerriana Carolina Gaillard -que era oposición- se alcanzó un dictamen de un proyecto de ley de emergencia en adicciones en todo el país.

Esa iniciativa, motorizada por la exdiputada santafesina del Frente para la Victoria Silvina Frana, proponía declarar la emergencia por el plazo de tres años; crear un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Consumos Problemáticos; asistencia profesional gratuita e inclusión laboral; y abordaje de la problemática en las escuelas. Finalmente no prosperó.

Frana fue también presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que durante el 2018 se reunió en 7 oportunidades. En una de esas reuniones recibió a representantes de movimientos sociales y al cura villero José María “Pepe” Di Paola, quienes reclamaron por una ley de emergencia, y cuestionaron las declaraciones que por ese entonces realizó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando sostuvo que "muchos movimientos sociales permitieron el narcotráfico como un mal menor".

En 2019, la Comisión de Adicciones solo se reunió una vez, y fue en un encuentro en el que representantes de la Mesa Nacional de Adicciones reclamaron “por un mayor presupuesto y herramientas para afrontar esta problemática desde la prevención y la recuperación”, además de solicitar la prórroga en un plazo establecido en la Ley de Salud Mental (N° 26.657) en relación a las comunidades terapéuticas. Ley de Salud Mental que ante estos casos muchos diputados consideran hay que modificar, mientras otros aseguran que lo que falla es su implementación.

En el año 2020, ya bajo una nueva gestión, la Comisión de Adicciones también se reunió una sola vez. Fue para la visita de la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres, quien aseguró que en el marco de la cuarentena por la pandemia se había incrementado en un 30% el presupuesto destinado a las comunidades terapéuticas. Durante 2021, la comisión presidida por el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) no tuvo reuniones.

Entre los últimos proyectos que figuran sobre el tema, las diputadas con mandato cumplido Gisela Scaglia (Pro), Elda Pértile (FdT) y Claudia Najul (UCR) presentaron iniciativas para declarar la emergencia nacional en adicciones por el plazo de dos años; crear centros de atención integral para personas drogadependientes; y crear un Hospital de Día destinado al abordaje de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por consumo problemático de sustancias, respectivamente.

Otra de las iniciativas presentadas más recientemente es que lleva la firma de varios diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Mariana Stilman. En el texto se propone la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones; unidades de desintoxicación y centros de recuperación y revinculación social; el agravamiento de las penas para la comercialización del paco; y la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.

"Desde el año 2012 la @ccari_ok viene presentando un proyecto para la prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Debemos dar tratamiento urgente a ese y a otros tantos que duermen el sueño de los justos en las Comisiones presididas por el oficialismo", reclamó en su Twitter la legisladora opositora.

La advertencia sobre el fentanilo

El fentanilo es apuntado como una de las sustancias que se encontraría en la cocaína adulterada encontrada en la provincia de Buenos Aires. Ya en octubre pasado, el senador nacional Roberto Basualdo (JxC) había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el control en la producción de este opioide sintético.

En su solicitud, el sanjuanino pidió conocer "cuántos laboratorios se encuentran habilitados para la producción y comercialización del fentanilo; si se han detectado casos de internación aguda o grave producto de mezclas de estupefacientes con la droga fentanilio; si se ha advertido un incremento en las ventas de este medicamento; y qué medidas se adoptaron o planean adoptar para la realización de políticas aplicables a la atención y acompañamiento en materia de drogas o alerta temprana de consumo".

En los argumentos de ese proyecto de resolución, el senador enfatizó la necesidad de "evitar llegar a la situación que actualmente vive Estados Unidos, donde en 2018 murieron 72 mil personas por su mala utilización". "Cabe señalar que se recurre al fentanilo por ser más barato y más fácil de conseguir que la cocaína o la heroína, pero incluso una pizca de fentanilo puede matar", agregó.

Y expresó con preocupación que en 2019 "se secuestraron unas 45.000 dosis en el norte del Gran Buenos Aires y el superintendente General de la Policía de la provincia de Buenos Aires había calificado aquello como 'algo novedoso' y que genera una adicción cien veces mayor que cualquier otra droga común".