Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados comenzó con el debate del proyecto de ley que busca tipificar el delito por compra y venta de menores, a la vez de establecer duras penas. 

En el encuentro, que fue de carácter informativo, surgieron algunas observaciones por parte de los diputados a la redacción de la media sanción, que fue votada en la Cámara alta el pasado 22 de agosto. 

Autora de uno de los dos proyectos que se tomaron para el dictamen en el Senado, la radical Carolina Losada asistió al plenario y afirmó que esta iniciativa “tiene que ver con una necesidad de la Argentina” porque en el país “se venden y se compran niños, es algo lamentable, pero sucede”. 

La senadora indicó que el proyecto “apunta a que se tipifique el delito” y remarcó que “tipificar el delito nos permite que podamos llegar a los culpables, las redes y todos los que hacen dinero”. Además, mencionó que “hoy en Argentina hay 1.777 búsquedas activas de chicos” y eso respecto a los casos que fueron denunciados. 

También recordó el caso Fornerón, que fue “el único que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y “en 2012 se sancionó a la Argentina por no tener legislación al respecto”. Según Losada, en caso de aprobarse, esta ley “va a hacer que antes de comprar y vender un niño se piense dos veces, porque las penas son muy graves”. 

Partícipe del debate que se dio en la Cámara alta, también estuvo este miércoles el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien señaló que “tenemos una legislación penal que está muy desactualizada”, con un Código Penal sancionado -aunque actualizado por leyes complementarias- hace más de 100 años y, por eso, “es necesario trabajar para actualizar la legislación en relación a desafíos contemporáneos”. 

Luego explicó aspectos del proyecto, entre ellos que se decidió ubicar al delito “dentro de los delitos contra el estado civil, porque tiene que ver con la identidad y filiación”. “Este delito, por la gravedad, la entidad y la valoración que hizo la Corte Interamericana está bien que sea de competencia de la justicia federal”, agregó. 

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria expresó que “efectivamente es una deuda pendiente del Estado argentino la tipificación de un delito tan aberrante como es la compra y venta de niños y adolescentes”. Y recordó que desde el año 2000 se presentaron más de 50 proyectos, siendo “uno de los más completos” el que envió el Poder Ejecutivo en 2022, cuando él era ministro de Justicia. Sobre esto, dijo que esa iniciativa había surgido de una mesa de trabajo compuesta por la SENAF, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Ministerio Público Fiscal, entre otros. 

“El caso Loan no fue el primero y segura y tristemente no será el último”, sostuvo el rionegrino, que agregó que “es un buen momento para que el Congreso de la Nación tenga esta tipificación”. 

Al momento de las consultas, el diputado de UP Ramiro Gutiérrez preguntó a Borinsky por qué no se incluyó la conducta de “ofertar”. “Ofertar es un delito de mera actividad, y esta práctica estructurada comienza con la mera oferta”, apuntó y dijo que así se estaba “dejando afuera a todos los que negocian con la vulnerabilidad” y son “el primer escalón de la punibilidad”. 

“En los tipos penales no podemos estar tipificando las conductas previas, porque para eso hay una norma de la parte general que habla de la tentativa; sino en cada conducta deberíamos estar tipificando la conducta precedente”, respondió el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otra parte, en referencia a interrogantes que surgieron en torno al término “al que entregare ilegítimamente”, la diputada de la UCR Karina Banfi resaltó que “la adopción ilegal no existe; la adopción es un instituto jurídico, que tiene que estar bajo los parámetros de la legalidad”. 

Además, respecto a observaciones por parte de UP y el cordobés de Encuentro Federal Juan Brügge, Borinsky afirmó que el delito “está tipificado como trata”, al comprender si se tratara de un delito con pena más severa. “Si el juez verifica que en la compra y venta además hay un determinado fin de explotación sexual, laboral, está tipificado como trata y se hace un envío a esa figura de los delitos contra la libertad. Lo que no podemos hacer es tipificar esta conducta en el de trata, porque estamos mezclando dos situaciones diferentes”, explicó. 

Caso Fornerón

Durante el plenario, el doctor Gustavo Moreno, amicus curiae del caso Fornerón, subrayó que “tiene que salir un tipo penal” porque “hace 22 años no salió ningún proyecto sobre esto y la Argentina está condenada a dictar tipo penal por el caso Fornerón”.

En su opinión, la palabra incorporada "ilegítimamente" trae un “peligro” porque “hay que tener en cuenta toda la doctrina de la Corte Interamericana”. “La compra y venta de niños tiene que ser tipificada rápidamente y hay que legislarla como trata. Este tipo penal le tiene que servir a los chicos como el derecho le tiene que servir al pueblo”, manifestó.

En 2012, la CIDH condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija”, ocurrido hace 22 años a partir de la entrega en guarda de una beba recién nacida por parte de su madre, sin conocimiento del padre. 

La CIDH condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija. En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.

Las comisiones de Legislación Penal y Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se reunirán este miércoles 18 de septiembre en el Salón Delia Parodi para iniciar el tratamiento del proyecto que modifica al artículo 139 bis del Código Penal de la Nación que endurece las penas por compra y venta de niños.

El proyecto cuenta con media sanción desde el 22 de agosto cuando el Senado aprobó la incorporación del artículo 139 ter, donde establece la pena de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o de cualquier modo intermedie en la comisión de los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, siempre que no se encuadre la conducta en un delito con pena más severa.

También se añadió, a ese mismo artículo, que recibirá la misma pena quien entregue y/o reciba a una persona menor de edad con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente, exista o no un precio, promesa de retribución o cualquier contraprestación.

El proyecto fue impulsado por los senadores Carolina Losada (UCR) y Antonio Rodas (UP) en medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño correntino desaparecido desde el 12 de junio pasado. El texto fue levado al recinto el 4 de julio, cuando se aprobó en general, pero no hubo acuerdo para la incorporación del 139 ter, que terminó siendo avalado en la sesión del 22 de agosto.

Por este tema, desde la Cámara baja hay proyectos impulsados por Sofía Brambilla y María Eugenia Vidal del Pro; Ramiro Gutiérrez, Martín Soria y Eduardo Valdés (UP); la radical Carla Carrizo; y Carolina Píparo, recientemente incorporada al bloque oficialista.

En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, se reunirá este miércoles a las 14 en el Salón Ilia para volver a tratar el articulado del proyecto que modifica el Código Penal y endurece las penas por la compra y venta de menores.

La iniciativa recibió media sanción por unanimidad -63 votos afirmativos- del Cuerpo en la sesión del pasado jueves. Sin embargo, la redacción del artículo 1ro que modificaba el 139 bis, que establece dejar exento de pena a los progenitores, fue el culpable de la vuelta a comisión del proyecto para su revisión en particular sin que ello implique volver a foja cero. El dictamen que salga de la comisión deberá ser votado en una próxima sesión.

El artículo 139 bis del proyecto plantea: “Quedarán exentos de pena el progenitor que, entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este Capítulo”.

El pedido fue realizado por el jefe de la bancada UP, José Mayans, que fue acompañada por un puñado de radicales y el Pro, quienes se basaron en el artículo 79 de la Constitución Nacional que plantea: “Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario”.

También en el artículo 140 del reglamento interno sobre las mociones de orden inciso 10 que dice: “Que el asunto se envíe a la comisión o comisiones que lo hayan considerado para su tratamiento en particular de conformidad el artículo 79 de la Constitución Nacional”.

En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, hecho sobre el cual giraron varias hipótesis, entre ellas que habría sido víctima de una red de trata, el Senado dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que endurece las penas por la compra y venta de menores. La votación resultó por unanimidad con 63 votos a favor.

Sin embargo, la iniciativa volverá a ser tratada en comisión el próximo miércoles 10 según informó el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto. Todo se originó por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. Tras más de media hora de idas y vueltas, el jefe del bloque UP, José Mayans, planteó una moción para que el texto regrese a comisión para su revisión en el articulado, cuya votación resultó afirmativa y a mano alzada. A su vez, desde el Pro solicitaron que citen a juristas y constitucionalistas para que contribuyan en la redacción.

De acuerdo al texto, se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto en la iniciativa motorizada por la senadora radical Carolina Losada prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

A su vez, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Añade que el funcionario público o profesional que, en el ejercicio de su actividad, realice alguna de las conductas penadas en este capítulo, será penado con prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Se adecúa el artículo 67 del Código Penal para añadir estos delitos a la norma que indica que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, realice o ratifique la denuncia. También se modifica la Ley 27.146 para incorporar estos delitos a la competencia material penal federal.

El debate para la votación general

El debate del tema arrancó con polémica, porque el miembro informante, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto, planteó modificaciones sobre las penas y tanto senadores que firmaron el dictamen -como otros que no- cuestionaron conocerlas en ese mismo momento.

En su discurso, el riojano recordó que el proyecto puesto a consideración fue presentado en 2022, perdió estado parlamentario y fue vuelto a presentar. Habló de “situaciones que vienen de larga y vieja data y debieron ser tratadas si es que alguna vez se trata”.

“Hay que codificar un código que ha sido decodificado. Este es el tema de la compra y venta de niños. Es un reclamo de la sociedad, una deuda que tenemos”, señaló y habló de “un proyecto amplio, ambicioso, que merece discusión seria y tratamiento lo más objetivo posible y delimitando la figura en toda su etimología, para evitar que la interpretación judicial, que no siempre es la adecuada, pueda ser castigada este tipo de conductas”.

Pagotto lanzó: “No vamos a descubrir el agujero del mate si decimos que en este país se venden niños para adopción, y hasta para tráfico de órganos”. En ese sentido, consideró que se debe tipificar esa conducta para que sea punible y el Estado tenga los elementos para perseguirlas.

“El término de prescripción comenzará a correr desde que adquiere la mayoría de edad la persona que fue víctima”, detalló en referencia al tema en discusión, y agregó que “acá se trata de sancionar conductas y se hace una salvedad: se eximen a los padres siempre y cuando no constituya una actividad habitual”. Lo explicó así: “Hay familias enteras que tienen 8, 9 hijos, alguna vez han dado a algún chico y si lo sancionamos dejamos todo el resto de la familia sin protección”.

“Hay que tener en cuenta la realidad. Parece increíble que haya tenido que haber un caso tan lamentable para poner sobre el tapete algo que debió haber sido sancionado hace dos años o más, porque hay que comenzar a cumplir con los tratados internacionales”, sostuvo en alusión al caso Loan.

Mientras exponía Pagotto, pidió una interrupción la senadora de Unión por la Patria Juliana di Tullio, quien le preguntó si estaba hablando del dictamen o si hablaba de un trabajo paralelo que él había armado y había dejado en las bancas para consideración de sus pares. El presidente de la Comisión de Justicia opinó que “el dictamen de la comisión es una guía y la discusión de qué debe quedar o salir corresponde al cuerpo del Senado”. Con lo cual concedió que sus comentarios obedecían a sus propias propuestas, las cuales habían sido analizadas con una serie de especialistas que había consultado personalmente.

Concluida su exposición, pidió nuevamente la palabra Di Tullio, quien aclaró que esa era una sesión acordada y que nadie podía “modificar y dejarnos en nuestras bancas otra cosa. El dictamen es lo que se trabaja y hay pedidos de modificaciones que pueden o no ser aceptadas… Es raro el tratamiento que le ha hecho usted como miembro informante, y dejarnos sobre las bancas otra cosa”.

La jefa de Unidad Ciudadana cuestionó entonces que el riojano hubiera leído algo que suponía que los senadores debían votar. “Lo discutió con penalistas, pero no con senadores que ya hemos discutido en la comisión -advirtió-. Ese es el texto que hay que trabajar, no el que usted trajo, propuso y leyó, como si fuera el dictamen. Eso es algo que solo usted construyó”.

Y concluyó advirtiéndole al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que “esta sesión empezó mal, está rarísima. Hago responsable a usted, tiene que ordenar el debate. No se puede decir cualquier cosa, hacer evaluaciones personales, ni reinterpretar el reglamento. Ponga orden”.

Pagotto le contestó que el dictamen había sido debatido por todos. “El informe que produje acá forma parte del debate. Son cuestiones traídas al debate, las vamos a debatir. Si vamos a considerar que el trabajo en comisión es el santo sanctorum, no tiene sentido que hagamos una sesión”, expresó.

En línea con Di Tullio, la cordobesa Alejandra Vigo resaltó que “el tratamiento que se le ha dado a este dictamen no es como se quiera, o como se puede, tiene que ser como se debe”. Y apuntó que Pagotto habló y compartió en las bancas “un dictamen que no es el que se trató en comisión”. “Estoy a favor de este proyecto”, aclaró, pero pidió “saber sobre qué estamos discutiendo; sobre qué dictamen vamos a poder hacer consideraciones”. “Hay dudas sobre este dictamen. Yo tenía uno y ahora veo que hay otro”.

Coincidió también la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, quien alertó que “se modifican penas y cuando uno toca el Código Penal tiene que tener una mirada respecto a cómo cambia todo el andamiaje de las penas”. “Si bien yo acompañé el proyecto inicial, lo que no puede suceder y no corresponde es que el senador decida modificarlo, traerlo a los senadores, incluso los que somos firmantes del proyecto, y no saber qué estamos debatiendo. Porque no lo puedo defender. No funciona así”. “Modificar penas tiene que ser con mucha sapiencia, con mucho debate”, agregó.

Abdala le dio entonces la palabra a la radical Carolina Losada, autora del proyecto, quien descartó la vuelta a comisión por “la urgencia que tiene la sociedad que legislemos en un tema así”. Y propuso que Pagotto “explique una a una las modificaciones que hizo y ahí analizamos” y “se vote el original (en general) y después se va artículo por artículo con las modificaciones que quiera plantear cada uno”.

Carolina Losada, autora del proyecto debatido.

Tras un nuevo cruce de Pagotto-Di Tullio, el jefe del bloque Pro, Luis Juez, avaló la postura de la senadora de UP. “Tiene absolutamente toda la razón la senadora preopinante. Estamos modificando el Código Penal, estamos hablando de prescripciones y estamos tipificando conductas. No es lo que uno quiera, lo que uno pretenda, es lo que se acordó. Hay que ceñirse estrictamente al texto que se acordó en la comisión”, aseveró el cordobés.

Anotado como orador, el senador de Unión por la Patria Antonio Rodas criticó: "En un tema tan delicado, en todos estos años, nunca he visto una manera tan escandalosa de tratamiento". "Las modificaciones no son al antojo", dijo.

Sobre la compra y venta de niños, el chaqueño manifestó que "esto viene de vieja data, no es una situación que no se sepa, ocurre en todo el país". "Hoy estamos viendo un hecho delictivo que nos hiere a todos, principalmente al pueblo de Corrientes. El chamamé está herido de muerte. Nunca jamás va a ser una fiesta igual del chamamé sin la presencia de Loan. El pueblo de Corrientes no se va a callar ni aquietar porque sabe que necesita el esclarecimiento total y absoluto de este hecho", opinó sobre el caso que ocupa la escena mediática.

La encargada de cerrar el debate fue una de las autoras de uno de los proyectos, la santafecina Carolina Losada (UCR), expresó: “Venimos a intentar para cuidar a los chicos de un flagelo terrible que es que sean tratados como cosas y no como personas”.

Losada cuestionó que hace dos años el proyecto de ley “duerme en el Congreso”, recordó que lo presentó en 2022, pero señaló que “la deuda es mucho más vieja porque la tipificación del delito no se hizo nunca, no se hizo antes”. En ese sentido, informó que la Argentina está “sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener legislación al respecto”.

“Es urgente legislar respecto de este tema”, planteó y sumó: “En la actualidad hay 1777 búsquedas activas de chicos que están desaparecidos de sus casas. Quizás otros chicos no están con sus familias porque sus propios progenitores los han vendido o algún familiar y no hay denuncias”.

Losada comentó que en 2022 fueron más de mil los casos de chicos desaparecidos, pero planteó que “488 de ese año no fueron encontrados”. “Los vacíos legales son un verdadero paraíso para los delincuentes. Necesitamos proteger a los chicos de estos años irresponsables y de desidia donde no se los ha protegido. Para la justicia es más difícil encontrar y juzgar a los culpables cuando no está la tipificación”, manifestó la radical.

“En Argentina se compran y venden niños. Esto tiene que sancionarse como ley y este delito quedar tipificado y poder llegar a los culpables porque todo niño tiene derecho a crecer en un entorno donde conozca su origen y su historia. Esta ley es una deuda de la política con la sociedad argentina”, cuestionó y comentó que desde la fundación “Quiénes Somos” se contactaron y le hicieron saber que más de 3 millones de personas que no conocen su identidad.

Por último, el titular del bloque UP, José Mayans, expresó: “Estos proyectos son importantes para proteger a los niños”, y cuestionó: “Los presidentes de comisiones no pueden modificar los despachos de comisión de forma unilateral”.

Desde las 11.26, el Senado realiza su quinta sesión del año, conducida en el arranque por el presidente provisional Bartolomé Abdala, con un temario que incluye pliegos con ascensos militares y diplomáticos, la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado contra la AMIA y un proyecto que busca aumentar penas para el delito de compra y venta de niños, tema instalado en el centro de la agenda mediática a partir del caso de Loan Peña.

Además del tramo habitual de homenajes y cuestiones de privilegio, el interbloque de Unión por la Patria ya adelantó que intentará incorporar sobre tablas el proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria -que prevé una recomposición del 8,1% para los haberes previsionales-, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue votado a favor por toda la oposición, excepto el Pro, aliado del oficialismo. En caso de eventualmente ser ley, el presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará, al considerar que atenta contra el equilibrio fiscal.

La iniciativa comenzó a tratarse en comisiones este miércoles, con la decisión de La Libertad Avanza de estirar la discusión. A ello se sumó que desde la UCR y el peronismo federal presentaron proyectos alternativos. Para sumarlo al temario en la sesión se requiere contar con dos tercios de los presentes. A UP le faltarían 15 senadores más si hay asistencia perfecta. El radicalismo ya adelantó que esperará a que haya dictamen, con lo cual forzar el tratamiento fracasaría.

En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del niño de 5 años Loan Danilo Peña, se trata de un iniciativa impulsada por la senadora radical Carolina Losada.

A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

En vísperas del 30° aniversario del atentado a la AMIA, se convertirá en ley un proyecto venido de Diputados que declara al 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las 85 víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía. El texto agrega que ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, además de actividades conmemorativas que deberán realizarse en las escuelas.