Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, donde expusieron representantes de diferentes entidades relacionadas a las telecomunicaciones, para analizar el impacto del DNU que declaró “servicio esencial” a internet, la telefonía móvil y la TV paga.
Se realizó este martes una prolongada reunión informativa que versó en torno a la prestación de servicios públicos desde la economía social, desafíos y estado de situación. El título de la reunión realizada por videoconferencia fue “Tecnologías de la información y las comunicaciones como servicio esencial: una mirada del sector cooperativo”. La convocatoria surge a partir del dictado del DNU 690/2020, por parte del Poder Ejecutivo, que declara “servicio esencial” a internet, telefonía móvil y TV paga, para analizar y recabar información del impacto en el sector cooperativo.
Presidida por la diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR), durante el encuentro expusieron representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL); de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL); de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR); y de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR).
El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, afianzó la idea de “contemplar una reglamentación de puertas abiertas, que plasme el derecho humano básico a la comunicación”. Sobre la regulación asimétrica, el dirigente expresó que “no es simplemente fijar un precio, sino ver de qué manera plasmamos en una reglamentación el acceso a las tecnologías, donde tiene a las cooperativas como actores centrales”.
Gonzalo Quilodrán, director del mismo organismo, afirmó que “Argentina es desigual en materia de conectividad”.
“El decreto reconoce la importancia superlativa de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que la pandemia hizo que pasaran de ser importantes a imprescindibles”, subrayó, al tiempo que agregó: “Reducir la brecha digital implica un trabajo mancomunado del sector público y el privado, con objetivos claros y metas comunes”.
Desde COOPERAR, Carlos Mansilla, secretario de Relaciones Internacionales, coincidió con el decreto al considerar a los servicios “como una necesidad para los argentinos”, pero solicitó regular el trabajo de las cooperativas “de una manera diferente a las grandes empresas”.
Al coincidir en el concepto de las asimetrías y segmentación en la regulación, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, remarcó que “las cooperativas no especulamos, sino que construimos, especialmente donde la argentina necesita conectividad”.
Osvaldo Petrilli, gerente General de FECOTEL, señaló que uno de los puntos fundamentales es “la protección a las redes de las cooperativas, sino no vamos a favorecer a la competencia y a que haya inversiones”. Luego, Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, aseguró que “el cooperativismo telefónico está en un momento de extraordinaria oportunidad, ya que el Estado nos está convocando, pero también de un extraordinario peligro, porque no se puede analizar el decreto sin tener en cuenta la pandemia”.
También, brindaron su testimonio Nahum Mirad, vocal por el Estado del directorio del INAES; Héctor Carril, coordinador del INAES y miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas; Alberto Calvo, responsable de relaciones Institucionales de COLSECOR; Daniela Monje, docente e investigadora, que trabaja en el área de políticas de comunicación y telecomunicaciones; y Juan Carlos Fissore, dirigente cooperativista.
Lo hizo al exponer ante la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MiPyMes del Senado. Destacó que este sector representa el 9% del Producto Bruto y “hay más de 2.400 municipios donde por lo menos hay una cooperativa o mutual”.
El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Mario Cafiero, expuso este martes en el Senado, donde destacó el rol de la economía social en la recuperación de la economía post-pandemia del Covid-19.
Cafiero expuso por videoconferencia ante la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que preside Nora del Valle Giménez (Frente de Todos).
El funcionario señaló que “esta pandemia y esta circunstancia que estamos enfrentando ha despertado un enorme interés por la economía social y solidaria”, y agregó que se trata de “verdaderas empresas sociales, actores dinámicos en la economía real”.
“En esta recuperación económica a la que todos aspiramos, este puede ser el tercer motor de la economía: hay un motor que es el Estado, otro que es el sector del capital, y otro que es el sector de la economía social y solidaria”, puntualizó.
Cafiero subrayó que “la economía social y solidaria representa alrededor del 9% del Producto Bruto del país” y en ese sentido “hay más de 2.400 municipios donde por lo menos hay una cooperativa o una mutual”.
Por eso, señaló que “desde un primer momento de nuestra gestión sostuvimos la política de que el INAES tenía que estar en el territorio”.
“Hay cerca de 10.423 cooperativas en Argentina, 3.430 mutuales, 18 millones y medio de argentinos que somos socios de alguna cooperativa y cerca de 1.016.0000 argentinos que somos asociados a alguna mutual”, detalló.
También informó que “las mutuales emplean cerca de 35.000 personas, el personal de las cooperativas es más de 75.000 y los trabajadores asociados a cooperativas de trabajo son más de 170.000”.
A continuación, el funcionario puntualizó que “el INAES es un órgano cogestionado” que puso en marcha “31 comisiones técnicas asesoras que abordan distintas áreas donde trabajamos de manera participativa para buscar cómo articular políticas públicas entre la economía social y el Estado Nacional”.
Asimismo, comentó que promueven “la creación de mesas de asociativismo y economía social, a nivel distrital, en todo el país: hay más de 77 mesas en marcha y cerca de 130 núcleos promotores”.
Cafiero habló además de la digitalización de los trámites del INAES, los convenios firmados hasta el momento, la ejecución de casi el 99% del presupuesto del primer semestre y la creación de un “Banco de proyectos de la economía social”, con fuente de financiamiento diversificada.
A su vez, reveló que se otorgaron nuevas personerías a 213 cooperativas y 17 mutuales nuevas, además de la rehabilitación de 31 cooperativas.
Por último, adelantó que el próximo 5 de agosto lanzarán, junto con la Federación Argentina de Municipios (FAM), un plan de capacitación para funcionarios municipales en el que “se anotaron 800 personas de 276 municipios de todo el país”.
Durante la reunión, fue designado como vicepresidente de la comisión el senador Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego), y se pasaron a la firma los dictámenes de diez proyectos de declaración y uno de comunicación.
