Se realizó este martes una prolongada reunión informativa que versó en torno a la prestación de servicios públicos desde la economía social, desafíos y estado de situación. El título de la reunión realizada por videoconferencia fue “Tecnologías de la información y las comunicaciones como servicio esencial: una mirada del sector cooperativo”. La convocatoria surge a partir del dictado del DNU 690/2020, por parte del Poder Ejecutivo, que declara “servicio esencial” a internet, telefonía móvil y TV paga, para analizar y recabar información del impacto en el sector cooperativo.

Presidida por la diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR), durante el encuentro expusieron representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL); de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL); de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR); y de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR).

El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, afianzó la idea de “contemplar una reglamentación de puertas abiertas, que plasme el derecho humano básico a la comunicación”. Sobre la regulación asimétrica, el dirigente expresó que “no es simplemente fijar un precio, sino ver de qué manera plasmamos en una reglamentación el acceso a las tecnologías, donde tiene a las cooperativas como actores centrales”.

Gonzalo Quilodrán, director del mismo organismo, afirmó que “Argentina es desigual en materia de conectividad”.

“El decreto reconoce la importancia superlativa de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que la pandemia hizo que pasaran de ser importantes a imprescindibles”, subrayó, al tiempo que agregó: “Reducir la brecha digital implica un trabajo mancomunado del sector público y el privado, con objetivos claros y metas comunes”.

Desde COOPERAR, Carlos Mansilla, secretario de Relaciones Internacionales, coincidió con el decreto al considerar a los servicios “como una necesidad para los argentinos”, pero solicitó regular el trabajo de las cooperativas “de una manera diferente a las grandes empresas”.

Al coincidir en el concepto de las asimetrías y segmentación en la regulación, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, remarcó que “las cooperativas no especulamos, sino que construimos, especialmente donde la argentina necesita conectividad”.

Osvaldo Petrilli, gerente General de FECOTEL, señaló que uno de los puntos fundamentales es “la protección a las redes de las cooperativas, sino no vamos a favorecer a la competencia y a que haya inversiones”. Luego, Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, aseguró que “el cooperativismo telefónico está en un momento de extraordinaria oportunidad, ya que el Estado nos está convocando, pero también de un extraordinario peligro, porque no se puede analizar el decreto sin tener en cuenta la pandemia”.

También, brindaron su testimonio Nahum Mirad, vocal por el Estado del directorio del INAES; Héctor Carril, coordinador del INAES y miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas; Alberto Calvo, responsable de relaciones Institucionales de COLSECOR; Daniela Monje, docente e investigadora, que trabaja en el área de políticas de comunicación y telecomunicaciones; y Juan Carlos Fissore, dirigente cooperativista.

El Frente de Todos en el Senado avaló el DNU 690/20, por el cual el Gobierno nacional declaró como “servicios públicos esenciales” a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. La medida cosechó 41 votos a favor y 26 en contra, durante la votación realizada tras diez horas de sesión.

La votación incluyó todos los Decretos de Necesidad y Urgencia puestos a consideración en la jornada, incluido entre otros el que derogó la intervención de la empresa Vicentin.

Al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Por su parte, los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal rechazaron el decreto.

El primer orador que hizo referencia al tema fue el radical Martín Lousteau, quien dijo “estar de acuerdo” con “el congelamiento” de las tarifas, porque tras casi seis meses de cuarentena las personas “tienen más tiempo en sus hogares” y surgen “necesidades nuevas”. “Es justo y es necesario que tengamos una política con respecto a los precios en ese sector”, agregó.

Pero aclaró que el DNU tiene “otros condimentos que son un poquito más complejos”. Al considerar que “el acceso universal” a estos servicios puede ser algo “muy loable”, señaló que “no tan fácil de garantizar”. El porteño evaluó que “no tenemos que obturar el cambio tecnológico” y “regular para que haya igualdad dentro de la innovación, ese es el desafío que tenemos”.

Para el senador, el decreto “es muy súbito, no tiene contenido específico, genera incertidumbre y discrecionalidad, y eso atenta contra las inversiones”. Al repasar las condiciones de los servicios públicos en Argentina, el opositor resaltó que “gestionar los derechos es mucho más complejo que garantizarlos un día con un DNU”.

En coincidencia, el mendocino Julio Cobos opinó que “el congelamiento podría haber sido por DNU”, mientras que “el avance tecnológico que hay y estos servicios públicos merecen una discusión en el Congreso de la Nación”. Además, el radical advirtió que hace falta “constituir la autoridad de aplicación” respecto a la competencia y dijo que es necesario el debate para al acceso universal “garantizarlo bien, como corresponde y que tenga un valor razonable”.

Desde el Pro, la senadora Gladys González tildó al DNU de “demagógico, porque no es sostenible; obviamente es inconsulto, unilateral, es confuso, genera suspicacias, desconfianza, todo lo contrario a lo que debiera generar una política de Estado”.

La bonaerense precisó datos del ENACOM que indican que “uno de cada tres hogares no tiene acceso a internet”, lo que significa que “5,2 millones de hogares no tienen acceso a internet. No pueden acceder a educación y empleo en pandemia y antes de la pandemia”.

Para la macrista, hay que “propiciar la inversión privada” con “confianza, previsibilidad y seguridad jurídica”, algo que el decreto “no cumple con ninguna de esas premisas”.

También desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado fustigó al Gobierno: “Le han agarrado el gustito a los DNU, cuando en realidad el Congreso está funcionando”. Sobre el 690/20, la legisladora opinó que “pretenden controlar el precio y seguramente más adelante contenido”. “Los países que buscaron fijar precios con este método son los que también intentaron controlar los contenidos”, advirtió.

Avanzado el debate llegó el turno del oficialista Alfredo Luenzo, quien sostuvo: “En el interior tenemos menos conectividad y a valores más elevados, y esto no lo va a resolver el mercado, pero sí el DNU que estamos analizando. En este marco de pandemia no se discute el carácter de servicio público que tiene internet”.

El titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión aseguró que la medida “no viene a modificar ninguna ley”, sino que “a lo que viene este DNU es a reparar, en parte, el DNU 267 del 2015, por el que nadie se escandaliza”.

Recordó entonces que esa medida dictada por el expresidente Mauricio Macri “hizo nada más y nada menos que reemplazar 23 artículos” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y “19 artículos” de la Ley de Argentina Digital. En esa línea, subrayó que no se trató “solo de la cantidad de artículos sino de la calidad de los mismos”.

El chubutense manifestó que las compañías han tenido “extraordinarias ganancias” y, aún así, se “sigue marginando” al interior, donde no se invierte. Para completar su discurso, Luenzo enfatizó que lo que se busca es “fijar precios justos y razonables” y “no hay apropiación indebida de ningún capital, no estamos estatizando absolutamente nada”, sino que “viene a reparar una ley”, la de Argentina Digital.

A su turno, el senador Oscar Parrilli recordó que durante el gobierno de Cristina Kirchner “los servicios ya habían sido declarados como servicios públicos”, por ende “no sé de qué se sorprenden, porque lo que estamos haciendo es poner nuevamente en valor esas leyes”, lanzó.

Y se preguntó si en 2015 “¿no se le cambiaron las reglas de juego a millones de argentinos?”. El oficialista apuntó que internet “es un derecho público que está siendo reconocido en el mundo entero” y ponderó que “la actitud del presidente fue muy valiente, muy acertada y mirando al futuro”.

“El siglo XXI es el siglo del conocimiento, de la información, y por eso el debate acerca de la desigualdad”, analizó Jorge Taiana, quien remarcó que “desde hace años se está hablando de la conectividad como un derecho humano”, porque “está claro que cada vez más, y la pandemia lo ha mostrado de manera brutal, es imprescindible el acceso a internet y las comunicaciones”.

El legislador de Frente de Todos precisó que “el 20% de los niños de Argentina no tienen acceso a internet en su hogar” y “uno de cada cinco alumnos no tiene internet y se queda afuera de todo tipo de clases virtuales”. “Tenemos que tener un compromiso de reducir la brecha digital y es para eso que se ha hecho este DNU”, afirmó y pronosticó que los privados “no van a dejar de invertir, van a invertir más, porque hay mucho para desarrollar”.

También defendió la medida la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien dijo que el DNU “es uno de los más federales”, porque “hablar de la conectividad es hablar de un sueño o anhelo que tenemos todos los que hemos nacido en la profundidad de la patria”.

Sobre ello, aseveró que “la conectividad no solo es un derecho humano, sino que es condición para garantizar otros derechos humanos fundamentales”. “El Estado debe estar donde el mercado excluye y abandona”, sentenció la vicejefa de la bancada oficialista.

Sobre el cierre del debate, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff habló de “enormes vicios, enormes irregularidades” que generaron planteos de parte de su bancada para impugnar la reunión de comisión llevada a cabo el 24 de agosto. Recordó que la misma había sido convocada un día sábado, cuando debe ser con 48 horas de anticipación, y “es de práctica que se contemple que sean días hábiles”, comentó sobre el decreto de las TICs.

En otro pasaje recordó la fusión de Cablevisión y Multicanal, firmada un 7 de diciembre de 2007 por Guillermo Moreno. “Eran ustedes, también háganse cargo”, le dijo al oficialismo.

Con referencia al decreto que deja sin efecto la intervención de Vicentin, Naidenoff recordó que al anunciarse la intervención y expropiación la oposición advirtió sobre “el enorme error” que eso representaba. “Se movilizó la sociedad”, evocó, ante lo cual dijo que 53 días después “el Gobierno reconoció el error, y bienvenido sea eso”. “Pero la verdad que hay que tener un poco de autocrítica -pidió-. ¿Pero qué es eso de ‘ya vamos a venir nosotros para hacernos cargo de una empresa desguasada para salvar esta fiesta de Vicentin’? Entonces, ¿por qué derogan el decreto? ¿Siempre responsabilizando a terceros? No encuentren justificación en lo injustificable… Hay un enorme desconocimiento que lo llevó al presidente a chocar la calesita. Admitan que se equivocaron”.

Luego fue sobre lo que sucedió en la Cámara de Diputados esta semana, cosa que consideró “una vergüenza”. “Esto ya lo vivimos y no aprenden, y vuelven con la misma lógica… Ojo que en 2015 con esta lógica perdieron. Ustedes pueden buscar enemigos, los pueden encontrar, pero no es lo que la gente espera”.

Cerró el debate el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, reivindicando la mayoría que tiene este oficialismo. “Nosotros marcamos las pautas, el otro gobierno ya fracasó, y dejaron al país postrado en hambre y miseria… Y ahora vienen a decirnos qué tenemos que hacer. ¡Por favor, déjennos gobernar, nosotros vamos a marcar las pautas!”.

Al referirse puntualmente a los DNU, los consideró a todos “muy importantes”, y en referencia al decreto sobre Vicentín fustigó a la empresa y su “vaciamiento”. Respecto del decreto sobre las telecomunicaciones, dijo que “nosotros tenemos una visión distinta respecto de las tarifas”, y recordó el papel del macrismo en esa materia. “Deterioraron la industria nacional, las PyMEs”, dijo de Cambiemos, y resaltó que el decreto establece que ahora las TICs deben “fijar precios justos y razonables”.

“Ganen un poquito menos, nadie les quiere sacar la empresa”, recomendó, emprendiéndola luego contra los diputados de JxC, cuyo papel calificó como “vergonzoso”.

El resto de los decretos

El Senado ratificó además el DNU 636/20, que dispone la derogación de la intervención de la empresa Vicentin, al anular el DNU 522/20 del 9 de junio. Este decreto estaba en el temario hace dos semanas atrás, pero no se había tratado a causa de la repentina muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli.

La santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió que cuando el Gobierno dispuso la intervención se buscaba “preservar los puestos de trabajo; mantener la continuidad de la empresa, porque es estratégica; y mantener y preservar el patrimonio” de la cerealera.

La oficialista cuestionó que la “obturación a la decisión del presidente”, que calificó con “ejecutoriedad, legitimidad y legalidad”, se produjo “a través de las decisiones de la justicia provincial, que fue muy rápida para oponerse y coaptar las facultades de un DNU, pero que sin embargo no tiene la misma rapidez para definir las cuestiones en el ámbito del concurso”.

Y en cuanto a la derogación, la legisladora consideró al DNU 636/20 como algo “absolutamente correcto” porque “hoy han convertido a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores, del Banco de la Nación, violentando las acreencias de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas y de los acopiadores, que se han visto defraudados”.

Además, se aprobaron el DNU 643/20, sobre modificación de los índices de actualización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar); el DNU 634/20, por el cual se prorroga el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de agosto de 2020; el DNU 157/20, mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el decreto delegado 582/20 de enmienda a la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera.

IDEA expresó su preocupación ante el actual DNU que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos, congela sus precios y los somete a una mayor regulación por parte del Estado, señalaron.

Tras recordar que también se pronunciaron durante la gestión anterior en oportunidades tales como cuando se emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia por los topes a los precios de los combustibles, advirtieron que “la Argentina necesita mantener las reglas claras a mediano y a largo plazo. Esto es válido para cualquier sector de la industria y para cualquier gobierno que lidere a los argentinos”.

“La confianza y la previsibilidad son condiciones imprescindibles para generar empleo e inversiones en el país”, señaló IDEA, que recordó que a lo largo de sus 60 años apoyó todas las iniciativas vinculadas para mejorar la competitividad global del país y asegurar la producción y el bienestar general. Entendemos que éste es el camino para que la Argentina crezca.

A través de un comunicado señalaron que así como, durante la gestión de gobierno anterior, IDEA expresó su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/2019, que disponía aplicar un precio tope a las naftas y al gasoil durante 90 días corridos, hoy IDEA se manifiesta de igual manera “ante el actual DNU que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos, congela sus precios y los somete a una mayor regulación por parte del Estado”.

El comunicado concluye señalando que “la previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego generan confianza, atraen inversiones y fomentan el empleo. Las políticas de control de precios e impuestos excesivos sólo distorsionan los mercados y reducen la competencia”.