Las diputadas nacionales Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) y Pamela Verasay (UCR – Mendoza) presentaron un proyecto de ley que busca declarar a la aviación civil aerocomercial como un servicio esencial, con el objetivo de asegurar la continuidad de esta actividad fundamental para la ciudadanía.

“Los que venimos del interior sabemos que la suspensión de un vuelo implica esperas de reprogramaciones que pueden tardar días. Es hora de que podamos legislar en favor del bienestar de cada uno de los argentinos”, afirmó Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

Durante 2024, se registraron numerosos paros en el sector aerocomercial, afectando a más de 15.000 pasajeros debido a cancelaciones y reprogramaciones, muchas de ellas de manera sorpresiva. “Estas interrupciones no solo vulneran el derecho constitucional de circular libremente, sino que también impactan servicios críticos como el traslado urgente de órganos por parte del INCUCAI, el turismo y las economías locales dependientes de esta actividad, provocando pérdidas millonarias”, fundamentaron.

“Es fundamental otorgar fuerza de ley a esta medida para evitar que los pasajeros continúen siendo rehenes de conflictos gremiales y garantizar la prestación de los servicios mínimos necesarios”, agregó Verasay, presidente de la Comisión de Transportes.

Ambas diputadas se comprometen con los usuarios a impulsar esta iniciativa, con el objetivo de proteger el derecho de los pasajeros a viajar sin interrupciones. También, remarcaron la importancia de este proyecto en un contexto donde las medidas de acción directa deben ser siempre el último recurso.

Pasadas las 3 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar las clases en los días de paro docente. Fue una sola votación, en general y en particular, y resultó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Fernando Carbajal y Mónica Frade. 

La iniciativa fue impulsada fuertemente por el Pro desde la post-pandemia, bajo la crítica del tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas durante esa época. En tanto, a través del DNU 70/23, el Gobierno había declarado a la educación servicio esencial, pero el capítulo de la reforma laboral fue frenado por la Justicia. Durante el debate, algunos legisladores que se manifestaron en contra recordaron que la Corte Suprema en 2001 ya declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, que intentó avanzar en este sentido.

A favor del proyecto votaron La Libertad Avanza, el Pro y otras bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. También votaron a favor dos diputados de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.

Por su parte, el rechazo lo encabezaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque Encuentro Federal votó dividido, pues votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer. También votaron en contra los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes, Marcela Coli y Roxana Reyes.

De acuerdo con la iniciativa, que ahora deberá discutirse en la Cámara alta, se establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.

Uno de los artículos estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.

El texto delega en las autoridades de cada establecimiento a que en el inicio del ciclo lectivo se realicen las previsiones organizacionales en el marco del proyecto institucional, estableciendo a la autoridad competente la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de las guardias en días de huelga.

Además, establece que el incumplimiento de lo previsto será considerado como falta y no obstará la plena operatividad del sistema de guardias establecido; e impone que se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecida.

Por último, propone la apertura de todos los establecimientos de educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días del calendario escolar; y la garantía del servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo.

Las voces a favor y en contra 

Impulsor de la ley, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, confirmó: “Vamos a regular el derecho de huelga, que es materia federal”. Y, a continuación, habló de una colisión entre el derecho a huelga -avalado por la Constitución Nacional- y el derecho de los niños a educarse. 

“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, consideró el miembro informante del dictamen de mayoría y precisó alarmantes datos sobre la poca resolución de cálculos matemáticos y la falta de comprensión de textos en jóvenes y adolescentes.

En relación al proyecto, el exministro de Educación expresó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”. Fue allí cuando apuntó contra los gremios y, sin nombrarlo, contra Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. “Los sindicatos tercerizaron la educación”, dijo.

Cerca del fin de su enfática intervención, Finocchiaro señaló que desde 1983 a la actualidad “hemos perdido más de 1.000 días de clases, que son seis ciclos lectivos enteros”. “Pensemos en grande, porque hoy es el día que vamos a volver a la civilización y exportar cultura, conocimiento y educación”, concluyó. 

Al defender el dictamen de minoría (de rechazo), la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna mencionó un informe de UNICEF que arrojó que en Argentina “un millón de niños se va a dormir sin cenar”, y apuntó contra el oficialismo: “Están mirando hacia otro lado porque el hambre se ha agravado de manera extrema y vemos chicos de 12 que parecen de seis”.

“No es cierto que la Argentina venía transitando una tragedia educativa”, aseveró la entrerriana y cuestionó que en el proyecto “no hay ni un renglón de esencialidad”. “¿Qué es lo esencial acá? Regular el paro”, denunció. Luego, sumó que “hay un recorte vergonzoso de la inversión que tiene como obligación el Estado nacional, con una retracción del 80% del gasto. Hablan de derecho a la alimentación, pero Sandra Pettovello le esconde el alimento a los chicos”.

En el cierre, la legisladora recordó que “los docentes han sido despojados del FONID y, desde marzo, cobran el 20% menos”. “Faltan remedios y vacunas para los chicos y eso es esencial. Faltan inversión, docentes y alumnos con libros, computadoras y buenas escuelas”, sentenció.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo aseguró que “esta es una ley que es una gran estafa, porque se le presenta a la población como que esta ley va a mejorar las condiciones del sistema educativo, y no es así”, sino que se trata de “impedir el derecho a huelga de la docencia, pero no obliga a ningún Gobierno a poner ni un peso más en educación”. “¿Y sabe por qué hay huelgas? Porque los salarios son bajísimos. Hoy la canasta familiar es de 1.362.029 pesos, ¿sabe cuánto cobra una maestra en la provincia de Buenos Aires? 470 mil pesos”, resaltó y detalló que “en Mendoza 425 mil pesos, en Chubut 422 mil, en Santa Fe 540 mil, en Neuquén 610 mil”. 

También en contra de la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky dijo que iba a hablar “como diputado y como orgulloso maestro de la escuela pública”. “Hoy las provincias tienen presupuestos desparejos. No podemos hacer un debate prescindiendo de una realidad. No hay calidad sin inclusión”, sostuvo y -al hacer hincapié en la inversión- criticó que “en el gobierno (de Cambiemos) en el que el diputado Finocchiaro fue ministro no se construyó un solo jardín de infantes, pese a que se terminó con Fútbol para Todos”. 

El opositor advirtió que de aprobarse esta ley, los días de paro “70 chicos van a estar a cargo de una maestra, ¿quieren que los pobres estén amontonados?”. “Si no hay inversión educativa, no hay solución”, subrayó y afirmó: “A ninguno de los que está acá me los imagino trabajando en las condiciones que están las maestras que trabajan doble turno”. 

Por el bloque de La Libertad Avanza, el diputado José Luis Espert opinó que se trata de un proyecto “histórico para el futuro de la Argentina, de nuestros hijos y nuestros nietos”. Y enumeró tres ejes de la ley: “establece una política de Estado coherente con el espíritu de nuestra Constitución; defiende y prioriza el derecho de los chicos a estudiar; e imprime un carácter de prioridad de la educación para igualar oportunidades”. 

En su discurso, manifestó que quien vote en contra “está en contra del proyecto de progreso de Argentina”. “Las huelgas docentes en la provincia de Buenos Aires se llevaron un año lectivo entero en poco más de una década. ¿A dónde nos llevó el modelo de Baradel? A esa pérdida”, lanzó y aclaró que “no se está limitando a los trabajadores de la educación a que se expresen a través de huelgas docentes, sí se está limitando el abuso, el privilegio de esos gremios, a no darle clases a los chicos”. 

La diputada del Pro María Eugenia Vidal afirmó que “sin duda hoy estamos dando un paso adelante”. “Aunque para algunos hubo avances en la educación pública argentina, para mí no”, observó y señaló que a pesar de las leyes sancionadas a lo largo de los años, “hoy de cada 100 chicos que arranca primer grado, solamente 13 terminan en tiempo y forma”. Tras hablar de un “fracaso del sistema educativo”, subrayó que “no es verdad que esta es una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”. 

En esa línea, la exgobernadora bonaerense recordó que durante su gestión hubo “62 paros docentes”, de los cuales 30 fueron en 2018; mientras que “en los últimos cuatro años no hubo paro”, pese a que “los salarios durante la gestión de Axel Kicillof estuvieron por debajo de la inflación”. Así, consideró que las huelgas durante su gobierno “fueron un mecanismo de extorsión de los Baradel de la vida”. 

Por la UCR, el mendocino Julio Cobos mencionó que presentó hace cinco años un proyecto en este sentido y reconoció que “esta ley no es la panacea ni va a solucionar todos los problemas”. “Podemos tener el mejor plan educativo, los mejores docentes e infraestructura escolar, Pero a la hora de dar clases quedan los alumnos y el docente, y debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con el calendario académico, de 180 o 190 días”, argumentó. 

En su discurso, el exvicepresidente dijo que “hay un conflicto de intereses y de derechos, y debemos priorizar el derecho de los niños a poder recibir educación”. En la misma sintonía, su par Carla Carrizo enfatizó que “los niños no son objetos de nadie. Ni de los sindicatos, ni de los gobiernos, ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando”. “Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”, añadió la porteña.

Al adelantar que su bloque no iba a tener una postura uniforme, la diputada Margarita Stolbizer opinó que “este proyecto busca culpabilizar a alguien de los déficit que todos conocemos” y “es una solución demasiado facilista para decir que no somos responsables nosotros los políticos, sino los docentes”. También sostuvo que todos los allí presentes “saben que este tipo de decisiones no va a resolver los problemas graves” en la educación. 

Luego, la legisladora de Encuentro Federal advirtió que “no es posible limitar el derecho de huelga” y se refirió a normativa de la Organización Internacional del Trabajo, para afirmar que “estamos frente a una imposibilidad en términos jurídicos de llevar adelante una declaración como pretende este proyecto”. “Esto tiene vicios de inconstitucionalidad severísimos”, sumó.

Maximiliano Ferraro dijo a su turno que “en la educación es donde se juega la libertad y la posibilidad de elegir qué tipo de posibilidad de desarrollo tenemos para adelante”. Recordó que este no se trata de “un capricho”, sino que trabajaron sobre este tema durante mucho tiempo en los partidos que conformaban Juntos por el Cambio. “No podemos obviar, con 57% de pobreza, último informe de UNICEF, que una gran cantidad de chicos no entienden lo que leen, lo que habla del fracaso, la tragedia y el colapso que ha vivido la educación por responsabilidad de todos nosotros”.

“No es esta la única solución, pero sí algo que viene a poner un parate en algo donde lo tenemos que poner”, afirmó.

Sobre el final del debate, la diputada del Pro Silvia Lospennato sostuvo que “Argentinos por la Educación publicó un informe que dice que en 35 años escolares los estudiantes argentinos habían perdido 2,3 años escolares. Es decir que antes de la pandemia, porque esto fue antes de la pandemia, los argentinos ya habían perdido ‘dos pandemias’”. Y a propósito de eso, advirtió que “con el Covid toda la sociedad argentina se despertó sobre lo que significa la pérdida de clases para los chicos”.

Cuando la pandemia, agregó, la sociedad “se dividió claramente en dos grupos: entre aquellos que entendíamos que las escuelas debían ser las últimas en cerrarse y lo primero en abrirse, como sucedió en el distrito donde gobierna mi partido; y quienes habilitaban una línea telefónica para que denunciaran a las escuelas que dieran clases”.

Por último, el diputado oficialista Santiago Santurio señaló que “esta ley tiene un alcance que no es solo para los sindicatos; tiene primero una función pedagógica”. Cargó contra el peronismo al señalar que “Argentina retrocedió en alfabetismo; mientras todos los países de la región mejoraron, nosotros retrocedimos. ¿De quién fue la culpa? Del Estado nacional, de los gobernadores, del presupuesto… Toda de ustedes: la mayoría de los gobernadores eran de ustedes. Veinte años de gobierno, 16 años gobernaron ustedes. Si ustedes no son responsables, ¿quién lo es?”.

“Hay que entender que los sindicatos no representan a todos los docentes, son un grupo, y un grupo bastante privilegiado -agregó-. Esta ley es fundamental para mejorar la educación argentina, es suficiente, claro que no”. Pero aseguró que “esta es una herramienta que también va a empoderar a los padres”.

En la reunión de Comisión de Educación convocada el último jueves, el presidente de la misma definió un temario que solo incluye los proyectos que definen a la educación como servicio esencial.

El tratamiento sobre los proyectos giró en torno a que es lo esencial respecto al derecho a la educación. La legislación vigente, consensuada y discutida ya lo responde. La Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional definen herramientas en torno a la responsabilidad que tiene el Estado como garante de la inclusión y la calidad educativa.

La educación es esencial porque garantiza el ascenso social, permite el desarrollo de las comunidades y garantiza el aprendizaje para todos y todas a través de la educación pública. Hace falta más educación inicial, mejores salarios, más formación docente, más becas estudiantiles, más infraestructura escolar, en definitiva más recursos y presencia del estado para que esas condiciones se cumplan.

En un contexto de desfinanciamiento de la educación, y de un presidente que declara que viene a destruir el Estado, y la escuela es el Estado, el oficialismo dictaminó desde una mirada restringida de esencialidad la cual sólo impide el derecho a huelga de los docentes.

En reuniones pasadas se dictaminó sobre FONID y financiamiento universitario, esos dictámenes y reuniones fueron resultado de un emplazamiento votado en el recinto y de la movilización de la comunidad educativa, ya que la voluntad del oficialismo era y es desfinanciar y debilitar el derecho a la educación.

Lo esencial es que el Estado Nacional cumpla con su responsabilidad de garantizar el Derecho a la Educación.

Ante la solicitud del bloque de Unión por la Patria y Frente de izquierda a la presidencia de la comisión, a cargo del diputado Alejandro Finocchiaro, que pudiera expresarse la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se encontraba presente teniendo en cuenta  que los proyectos tratados atañen expresamente los derechos que la Central representa y que no hubo reunión informativa antes. La respuesta fue negativa, contrario a los acuerdos implícitos de la Cámara de Diputados de escuchar todas voces implicadas y que democratizan el tratamiento de proyectos.

El bloque Unión por la Patria presentó dictamen propio expresando el rechazo de los proyectos tratados por ir en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Educación Nacional N° 26.206  que definen el Derecho a la Educación.

En este contexto de feroz ajuste en el que la educación es una variable más de un excel y no un derecho, es importante reafirmar la organización de la comunidad educativa que día a día construyen las escuelas y darles espacios de visibilización y escucha.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo pueden definir esencial aquello que quieren destruir?

La esencialidad, tal como lo plantea el dictamen del oficialismo, restringe la posibilidad de pedir por mejoras de la calidad educativa que necesita de mejores condiciones también laborales.

Blanca Inés Osuna es diputada Nacional por Entre Ríos (UP)

El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio esencial” en el marco de lo establecido en los artículos 14 y 75 incisos 18, 19 y 22 de la Constitución Nacional.

En un comunicado, explicaron que “nuestro país vive un proceso de cambios. La educación es y debe ser, de manera inexorable, parte de esa discusión pública y del debate legislativo”. El proyecto propone distintas propuestas y aportes tanto del Poder Ejecutivo como de legisladores nacionales, a los que suma aspectos como el referido a la incorporación de la educación emocional.

Esta iniciativa propuso:  Garantizar la cobertura de servicios educativos mínimos de al menos un 75% de su prestación normal; Añadir lineamientos para la evaluación de la carrera docente; Fomentar el uso de bibliotecas escolares digitales o físicas; Incorporar al finalizar el secundario de un examen censal obligatorio; y la implementación de la educación a distancia o híbrida como alternativa a la presencial.

Con respecto a la Educación Superior Universitaria, se propone la modificación de la Ley 24.251, estableciendo que los estudios de grado en las instituciones de gestión estatal serán gratuitos, permitiendo que se establezcan aranceles para no residentes extranjeros; se propone la aplicación universal de mecanismos de nivelación para el ingreso; la obligatoriedad de evaluaciones externas para las instituciones; y que el aporte del Estado Nacional se distribuirá en función de los criterios que se acuerden con el Consejo Interuniversitario Nacional.

“Entre los cambios que la Argentina necesita, la educación juega un rol fundamental, formando a niños y los jóvenes como personas y preparándolos para los empleos del futuro, en una comunidad global que presenta desafíos cada vez más grandes y que avanza cada vez a una mayor velocidad, pero que también ofrece enormes oportunidades de desarrollo”, añadieron desde el bloque radical.

La senadora bonaerense del PRO Aldana Ahumada elevó a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial, con el fin de promover el cumplimiento efecto del ciclo lectivo, ante los posibles paros docentes de este año.

“Declárese a la educación como servicio estratégico esencial en todos sus niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, a fines de garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto al cumplimiento efectivo del ciclo lectivo”, expone el artículo 1° del proyecto de Ahumada.

La iniciativa cuenta con 18 artículos, que impulsan diversas normativas entre las que se destacan la creación del Sistema de Guardias Mínimas del Servicio Estratégico Esencial de Educación y el no contemplar la justificación de la falta a los docentes que participen de paros.

Según el articulado de la iniciativa presentada “servicio esencial” es todo servicio que debe garantizar el Estado a través de acciones determinadas, dinámicas e ininterrumpidas “que alcancen el bienestar general e integral de los niños, niñas y adolescentes en materia educativa; permitiendo su posterior desarrollo inclusivo e integral como adultos en sociedad”.

“Estamos ante la imperiosa necesidad de resguardar y proteger a la educación como un servicio estratégico esencial, público, continuo y de calidad, ya que al deterioro constante que venía sufriendo la educación se sumaron los efectos devastadores de la falta de presencialidad plena en la provincia de Buenos Aires”, según se consigna en los fundamentos del proyecto de ley.

Así se hace mención a los distintos artículos legislativos que priorizan a la educación, como la Ley nacional de Educación N° 26206, la Ley provincial de Educación N° 13688, el artículo 14 de la constitución nacional, y el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con respecto a los paros docentes, que ponen en peligro los 180 días del calendario escolar, se reconoce que las medidas de fuerzas son constitucionales, pero al mismo tiempo se considera que el Poder Legislativo tiene como tarea regularlas para que ese derecho no choque con el derecho a la educación.

“Por este motivo se impulsa el proyecto, a fin de dar un marco de seguridad al Servicio Estratégico de la Educación que no busca afectar otros derechos constitucionalmente reconocidos ya que prevé mecanismos legales para resguardar los mismos”, dijo la senadora Ahumada.

Los diputados nacionales Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro (Pro) presentaron este lunes un proyecto de ley para declarar a la educación como un servicio esencial, y así garantizar los 180 días de clases en todas las escuelas del país. La iniciativa fue representada luego de que perdiera estado parlamentario y que no haya sido aprobado este tema durante el tratamiento de la ley de Bases, que impulsaba el Gobierno nacional.

El proyecto propone “declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.

Ritondo, presidente del bloque, afirmó que “es importante volver a insistir con esta iniciativa. Es fundamental garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza, sobre todo en algunas provincias que han tenido conflictos docentes muy largos en los últimos años”.

Volvimos a presentar el proyecto de Educación Esencial con @alefinocchiaro, para que los chicos no pierdan ni un día de clases, garantizando una prestación de servicios mínimos y que los paros no los afecten. La educación es una de las bases que debemos garantizar para proveer a… pic.twitter.com/rbrQwU2NeM

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 4, 2024

El legislador agregó que “el sistema de educación obligatoria nacional -desde nivel inicial hasta la secundaria- debe pasar a ser considerado un servicio esencial como son los hospitales y la seguridad, por ejemplo. Eso implica que se debe garantizar una prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. No es contra nadie, sino en favor de los chicos y el sistema educativo”.

Por su parte, Finocchiaro, exministro de Educación, aseguró que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Nuestro proyecto de declarar la educación como servicio estratégico esencial se encuentra destinado a asegurar los derechos educativos”.

“El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”, enfatizó.

Luego de meses de solicitudes, pedidos y reclamos al oficialismo para que los más jóvenes bonaerenses puedan volver a las aulas, y en consonancia con la postura de toda la oposición en su conjunto, el diputado Sergio Siciliano presentó hoy un proyecto de ley para reconocer a la educación como servicio esencial en toda la provincia.

“La evidencia de episodios críticos (…) permiten prever impactos negativos en los aprendizajes, en las trayectorias escolares y en aspectos psicosociales, con una profundización de la desigualdad. Es por ello que hoy es clave construir caminos hacia el regreso a la educación presencial en Argentina”, reza uno de los argumentos presentes en el cuerpo del escrito.

El diputado de Juntos por el Cambio, y ex funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación durante la gestión que encabezó María Eugenia Vidal, argumentó que “6 de cada 10 familias consideran que su hijo está perdiendo aprendizajes importantes a causa del aislamiento según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, por lo tanto no podemos perder ni un día mas de clases”.

La propuesta de Siciliano llega luego de reiterados pedidos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que se tomen todas las medidas sanitarias y de gestión que permitan regresar a las aulas.

“Es esencial que los establecimientos educativos de nivel Inicial, Primaria y Secundaria puedan garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”, según concluye el documento paralamentario.

El Senado aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos-Salta) que busca que los bomberos voluntarios no padezcan cortes de servicios esenciales cuando haya situaciones de catástrofes, epidemias o pandemias.

La iniciativa incorpora a la Ley de Bomberos Voluntarios 25.054 el artículo 15 bis para eximir a estos entes “de la suspensión o el corte por parte de las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, durante el período en que se declaren situaciones de catástrofes, epidemias y/o pandemias”.

Asimismo, se establece que “las empresas procederán a la inmediata reconexión o restitución de los servicios en caso de encontrarse suspendidos”, y se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley.

Leavy presentó el proyecto a raíz del caso de los bomberos voluntarios de la localidad bonaerense de Bernal (Quilmes), quienes a mediados de abril denunciaron que la empresa Telefónica S.A. cortó sin previo aviso el servicio de las cuatro líneas que poseen en el cuartel central, debido a la falta de pago de facturas.

Al defender el proyecto, el senador advirtió que los cortes se produjeron a pesar de que el Poder Ejecutivo había dictado los decretos 297 y 311/20, donde “se decretó al servicio nacional de bomberos voluntarios como personal esencial” y se prohibió la suspensión  de los servicios.

 “Los bomberos voluntarios están haciendo un gran trabajo en la pandemia, están en la primera línea de combate, y más que nada en este momento de catástrofe por los incendios forestales en toda la Argentina”, destacó el salteño, y precisó que en el país hay 43.000 bomberos voluntarios, de los cuales 36.000 son varones y 7.000, mujeres.

Desde Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado comentó que durante los incendios forestales en Córdoba, “la comunicación de los bomberos ha sido por vía satelital” debido a los cortes, por lo cual “se hace imprescindible contar con este servicio”.

Se realizó este martes una prolongada reunión informativa que versó en torno a la prestación de servicios públicos desde la economía social, desafíos y estado de situación. El título de la reunión realizada por videoconferencia fue “Tecnologías de la información y las comunicaciones como servicio esencial: una mirada del sector cooperativo”. La convocatoria surge a partir del dictado del DNU 690/2020, por parte del Poder Ejecutivo, que declara “servicio esencial” a internet, telefonía móvil y TV paga, para analizar y recabar información del impacto en el sector cooperativo.

Presidida por la diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR), durante el encuentro expusieron representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL); de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL); de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR); y de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR).

El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, afianzó la idea de “contemplar una reglamentación de puertas abiertas, que plasme el derecho humano básico a la comunicación”. Sobre la regulación asimétrica, el dirigente expresó que “no es simplemente fijar un precio, sino ver de qué manera plasmamos en una reglamentación el acceso a las tecnologías, donde tiene a las cooperativas como actores centrales”.

Gonzalo Quilodrán, director del mismo organismo, afirmó que “Argentina es desigual en materia de conectividad”.

“El decreto reconoce la importancia superlativa de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que la pandemia hizo que pasaran de ser importantes a imprescindibles”, subrayó, al tiempo que agregó: “Reducir la brecha digital implica un trabajo mancomunado del sector público y el privado, con objetivos claros y metas comunes”.

Desde COOPERAR, Carlos Mansilla, secretario de Relaciones Internacionales, coincidió con el decreto al considerar a los servicios “como una necesidad para los argentinos”, pero solicitó regular el trabajo de las cooperativas “de una manera diferente a las grandes empresas”.

Al coincidir en el concepto de las asimetrías y segmentación en la regulación, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, remarcó que “las cooperativas no especulamos, sino que construimos, especialmente donde la argentina necesita conectividad”.

Osvaldo Petrilli, gerente General de FECOTEL, señaló que uno de los puntos fundamentales es “la protección a las redes de las cooperativas, sino no vamos a favorecer a la competencia y a que haya inversiones”. Luego, Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, aseguró que “el cooperativismo telefónico está en un momento de extraordinaria oportunidad, ya que el Estado nos está convocando, pero también de un extraordinario peligro, porque no se puede analizar el decreto sin tener en cuenta la pandemia”.

También, brindaron su testimonio Nahum Mirad, vocal por el Estado del directorio del INAES; Héctor Carril, coordinador del INAES y miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas; Alberto Calvo, responsable de relaciones Institucionales de COLSECOR; Daniela Monje, docente e investigadora, que trabaja en el área de políticas de comunicación y telecomunicaciones; y Juan Carlos Fissore, dirigente cooperativista.