En un texto presentado por el bloque radical, además de modificar la Ley 24.251, proponen la incorporación de un examen obligatorio al terminar la secundaria y la implementación de la modalidad a distancia o híbrida como alternativa a la presencial.
El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio esencial” en el marco de lo establecido en los artículos 14 y 75 incisos 18, 19 y 22 de la Constitución Nacional.
En un comunicado, explicaron que “nuestro país vive un proceso de cambios. La educación es y debe ser, de manera inexorable, parte de esa discusión pública y del debate legislativo”. El proyecto propone distintas propuestas y aportes tanto del Poder Ejecutivo como de legisladores nacionales, a los que suma aspectos como el referido a la incorporación de la educación emocional.
Esta iniciativa propuso: Garantizar la cobertura de servicios educativos mínimos de al menos un 75% de su prestación normal; Añadir lineamientos para la evaluación de la carrera docente; Fomentar el uso de bibliotecas escolares digitales o físicas; Incorporar al finalizar el secundario de un examen censal obligatorio; y la implementación de la educación a distancia o híbrida como alternativa a la presencial.
Con respecto a la Educación Superior Universitaria, se propone la modificación de la Ley 24.251, estableciendo que los estudios de grado en las instituciones de gestión estatal serán gratuitos, permitiendo que se establezcan aranceles para no residentes extranjeros; se propone la aplicación universal de mecanismos de nivelación para el ingreso; la obligatoriedad de evaluaciones externas para las instituciones; y que el aporte del Estado Nacional se distribuirá en función de los criterios que se acuerden con el Consejo Interuniversitario Nacional.
“Entre los cambios que la Argentina necesita, la educación juega un rol fundamental, formando a niños y los jóvenes como personas y preparándolos para los empleos del futuro, en una comunidad global que presenta desafíos cada vez más grandes y que avanza cada vez a una mayor velocidad, pero que también ofrece enormes oportunidades de desarrollo”, añadieron desde el bloque radical.
Proponen declarar a la educación como servicio esencial, ante los paros docentes que interrumpen el dictado de clases y complican el cumplimiento del ciclo lectivo.
La senadora bonaerense del PRO Aldana Ahumada elevó a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial, con el fin de promover el cumplimiento efecto del ciclo lectivo, ante los posibles paros docentes de este año.
“Declárese a la educación como servicio estratégico esencial en todos sus niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, a fines de garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto al cumplimiento efectivo del ciclo lectivo”, expone el artículo 1° del proyecto de Ahumada.
La iniciativa cuenta con 18 artículos, que impulsan diversas normativas entre las que se destacan la creación del Sistema de Guardias Mínimas del Servicio Estratégico Esencial de Educación y el no contemplar la justificación de la falta a los docentes que participen de paros.
Según el articulado de la iniciativa presentada “servicio esencial” es todo servicio que debe garantizar el Estado a través de acciones determinadas, dinámicas e ininterrumpidas “que alcancen el bienestar general e integral de los niños, niñas y adolescentes en materia educativa; permitiendo su posterior desarrollo inclusivo e integral como adultos en sociedad”.
“Estamos ante la imperiosa necesidad de resguardar y proteger a la educación como un servicio estratégico esencial, público, continuo y de calidad, ya que al deterioro constante que venía sufriendo la educación se sumaron los efectos devastadores de la falta de presencialidad plena en la provincia de Buenos Aires”, según se consigna en los fundamentos del proyecto de ley.
Así se hace mención a los distintos artículos legislativos que priorizan a la educación, como la Ley nacional de Educación N° 26206, la Ley provincial de Educación N° 13688, el artículo 14 de la constitución nacional, y el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con respecto a los paros docentes, que ponen en peligro los 180 días del calendario escolar, se reconoce que las medidas de fuerzas son constitucionales, pero al mismo tiempo se considera que el Poder Legislativo tiene como tarea regularlas para que ese derecho no choque con el derecho a la educación.
“Por este motivo se impulsa el proyecto, a fin de dar un marco de seguridad al Servicio Estratégico de la Educación que no busca afectar otros derechos constitucionalmente reconocidos ya que prevé mecanismos legales para resguardar los mismos”, dijo la senadora Ahumada.
El proyecto volvió a ser presentado por Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, luego que perdiera estado parlamentario y, además, no fuera aprobado en la ley ómnibus.
Los diputados nacionales Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro (Pro) presentaron este lunes un proyecto de ley para declarar a la educación como un servicio esencial, y así garantizar los 180 días de clases en todas las escuelas del país. La iniciativa fue representada luego de que perdiera estado parlamentario y que no haya sido aprobado este tema durante el tratamiento de la ley de Bases, que impulsaba el Gobierno nacional.
El proyecto propone “declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.
Ritondo, presidente del bloque, afirmó que “es importante volver a insistir con esta iniciativa. Es fundamental garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza, sobre todo en algunas provincias que han tenido conflictos docentes muy largos en los últimos años”.
Volvimos a presentar el proyecto de Educación Esencial con @alefinocchiaro, para que los chicos no pierdan ni un día de clases, garantizando una prestación de servicios mínimos y que los paros no los afecten. La educación es una de las bases que debemos garantizar para proveer a… pic.twitter.com/rbrQwU2NeM
— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 4, 2024
El legislador agregó que “el sistema de educación obligatoria nacional -desde nivel inicial hasta la secundaria- debe pasar a ser considerado un servicio esencial como son los hospitales y la seguridad, por ejemplo. Eso implica que se debe garantizar una prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. No es contra nadie, sino en favor de los chicos y el sistema educativo”.
Por su parte, Finocchiaro, exministro de Educación, aseguró que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Nuestro proyecto de declarar la educación como servicio estratégico esencial se encuentra destinado a asegurar los derechos educativos”.
“El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”, enfatizó.
La oposición presentó un proyecto de ley para reconocer a la educación como servicio esencial en toda la provincia de Buenos Aires.
Luego de meses de solicitudes, pedidos y reclamos al oficialismo para que los más jóvenes bonaerenses puedan volver a las aulas, y en consonancia con la postura de toda la oposición en su conjunto, el diputado Sergio Siciliano presentó hoy un proyecto de ley para reconocer a la educación como servicio esencial en toda la provincia.
“La evidencia de episodios críticos (…) permiten prever impactos negativos en los aprendizajes, en las trayectorias escolares y en aspectos psicosociales, con una profundización de la desigualdad. Es por ello que hoy es clave construir caminos hacia el regreso a la educación presencial en Argentina”, reza uno de los argumentos presentes en el cuerpo del escrito.
El diputado de Juntos por el Cambio, y ex funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación durante la gestión que encabezó María Eugenia Vidal, argumentó que “6 de cada 10 familias consideran que su hijo está perdiendo aprendizajes importantes a causa del aislamiento según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, por lo tanto no podemos perder ni un día mas de clases”.
La propuesta de Siciliano llega luego de reiterados pedidos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que se tomen todas las medidas sanitarias y de gestión que permitan regresar a las aulas.
“Es esencial que los establecimientos educativos de nivel Inicial, Primaria y Secundaria puedan garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”, según concluye el documento paralamentario.
La iniciativa es de Sergio “Oso” Leavy y apunta a garantizar los servicios de luz, agua, gas, telefonía, Internet y TV por cable en los cuarteles de bomberos cuando haya situaciones de catástrofes.
El Senado aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos-Salta) que busca que los bomberos voluntarios no padezcan cortes de servicios esenciales cuando haya situaciones de catástrofes, epidemias o pandemias.
La iniciativa incorpora a la Ley de Bomberos Voluntarios 25.054 el artículo 15 bis para eximir a estos entes “de la suspensión o el corte por parte de las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, durante el período en que se declaren situaciones de catástrofes, epidemias y/o pandemias”.
Asimismo, se establece que “las empresas procederán a la inmediata reconexión o restitución de los servicios en caso de encontrarse suspendidos”, y se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley.
Leavy presentó el proyecto a raíz del caso de los bomberos voluntarios de la localidad bonaerense de Bernal (Quilmes), quienes a mediados de abril denunciaron que la empresa Telefónica S.A. cortó sin previo aviso el servicio de las cuatro líneas que poseen en el cuartel central, debido a la falta de pago de facturas.
Al defender el proyecto, el senador advirtió que los cortes se produjeron a pesar de que el Poder Ejecutivo había dictado los decretos 297 y 311/20, donde “se decretó al servicio nacional de bomberos voluntarios como personal esencial” y se prohibió la suspensión de los servicios.
“Los bomberos voluntarios están haciendo un gran trabajo en la pandemia, están en la primera línea de combate, y más que nada en este momento de catástrofe por los incendios forestales en toda la Argentina”, destacó el salteño, y precisó que en el país hay 43.000 bomberos voluntarios, de los cuales 36.000 son varones y 7.000, mujeres.
Desde Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado comentó que durante los incendios forestales en Córdoba, “la comunicación de los bomberos ha sido por vía satelital” debido a los cortes, por lo cual “se hace imprescindible contar con este servicio”.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, donde expusieron representantes de diferentes entidades relacionadas a las telecomunicaciones, para analizar el impacto del DNU que declaró “servicio esencial” a internet, la telefonía móvil y la TV paga.
Se realizó este martes una prolongada reunión informativa que versó en torno a la prestación de servicios públicos desde la economía social, desafíos y estado de situación. El título de la reunión realizada por videoconferencia fue “Tecnologías de la información y las comunicaciones como servicio esencial: una mirada del sector cooperativo”. La convocatoria surge a partir del dictado del DNU 690/2020, por parte del Poder Ejecutivo, que declara “servicio esencial” a internet, telefonía móvil y TV paga, para analizar y recabar información del impacto en el sector cooperativo.
Presidida por la diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR), durante el encuentro expusieron representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL); de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL); de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR); y de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR).
El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, afianzó la idea de “contemplar una reglamentación de puertas abiertas, que plasme el derecho humano básico a la comunicación”. Sobre la regulación asimétrica, el dirigente expresó que “no es simplemente fijar un precio, sino ver de qué manera plasmamos en una reglamentación el acceso a las tecnologías, donde tiene a las cooperativas como actores centrales”.
Gonzalo Quilodrán, director del mismo organismo, afirmó que “Argentina es desigual en materia de conectividad”.
“El decreto reconoce la importancia superlativa de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que la pandemia hizo que pasaran de ser importantes a imprescindibles”, subrayó, al tiempo que agregó: “Reducir la brecha digital implica un trabajo mancomunado del sector público y el privado, con objetivos claros y metas comunes”.
Desde COOPERAR, Carlos Mansilla, secretario de Relaciones Internacionales, coincidió con el decreto al considerar a los servicios “como una necesidad para los argentinos”, pero solicitó regular el trabajo de las cooperativas “de una manera diferente a las grandes empresas”.
Al coincidir en el concepto de las asimetrías y segmentación en la regulación, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, remarcó que “las cooperativas no especulamos, sino que construimos, especialmente donde la argentina necesita conectividad”.
Osvaldo Petrilli, gerente General de FECOTEL, señaló que uno de los puntos fundamentales es “la protección a las redes de las cooperativas, sino no vamos a favorecer a la competencia y a que haya inversiones”. Luego, Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, aseguró que “el cooperativismo telefónico está en un momento de extraordinaria oportunidad, ya que el Estado nos está convocando, pero también de un extraordinario peligro, porque no se puede analizar el decreto sin tener en cuenta la pandemia”.
También, brindaron su testimonio Nahum Mirad, vocal por el Estado del directorio del INAES; Héctor Carril, coordinador del INAES y miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas; Alberto Calvo, responsable de relaciones Institucionales de COLSECOR; Daniela Monje, docente e investigadora, que trabaja en el área de políticas de comunicación y telecomunicaciones; y Juan Carlos Fissore, dirigente cooperativista.
