Desde los distintos sectores de la oposición salieron a criticar duramente las nuevas medidas del Ministerio de Economía, sobre el canje de bonos en dólares por títulos en pesos de los organismos públicos, y puntualmente pusieron el foco en los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. 

“El Gobierno está haciendo el gran asalto al futuro de los jubilados. Le saca dólares al Fondo de Sustentabilidad y le da pesos que no quiere nadie. Quienes tiraron 14 toneladas de piedras y decían que con la plata de las Leliqs subirían 20% las jubilaciones, estafan a los mayores”, enfatizó el presidente del bloque radical en Diputados, Mario Negri. 

El cordobés cuestionó que con esta medida, argumentada en la necesidad de controlar la cotización de los dólares financieros, en el oficialismo “no se ponen rojos, no se ponen colorados”. “Millones de jubilados a los que Cristina (Kirchner) le habló de la igualdad van a sufrir la estafa del futuro”, sostuvo. 

En su Twitter, el diputado del Pro Luciano Laspina advirtió que “el truco de financiarse emitiendo deuda en dólares en el “contado con liquidación” a tasas astronómicas lo inventó Hugo Chávez hace años. Así le fue a Venezuela”. 

Su par Silvia Lospennato observó que “primero dolarizaron la deuda en pesos con un seguro para los bancos gana/gana y ahora pesifican los ahorros de los jubilados en el FGS. Ergo los bancos ganan seguro y los jubilados pierden seguro”. “Pero los kirchneristas se autoperciben ‘nacionales y populares’. #ElRelatoSeCaeAPedazos”, agregó la macrista. 

Desde la CC-ARI, la diputada Paula Oliveto apuntó contra el ministro de Economía: “(Sergio) Massa usando la plata de los jubilados presentes y futuros para beneficiar a sus amigos y la timba financiera. Esto es peligroso, genera desconfianza, ruido en la economía y más inflación y pobreza. Massa es la cara del fracaso”. 

“Estafadores e inmorales jugando a la timba con la plata de los jubilados. Compraron caro beneficiando a los amigos. Van a vender barato jodiendo a los argentinos. De esta estafa no se vuelve”, resaltó la porteña, mientras que su compañero de bloque Maximiliano Ferraro afirmó que “la venta de bonos en dólares de la ANSeS es una nueva estafa para el Estado y nuestros jubilados”.

Para el liberal José Luis Espert, “lo que pretende hacer Massa con la deuda intrasectorpúblico es un fraude. En particular, con el FGS del ANSeS, es una estafa inadmisible”. “El FMI tiene que pararlo en seco, ponerse los pantalones y dejar de ser tan rastrero como lo es con el gobierno de Alberto Fernández”, opinó. 

Por el lado del Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá escribió en su Twitter: “Massa anunció la pesificación de los bonos de la Anses. Al mismo tiempo la privatización de deuda en dólares a precio de ganga. Otra saqueo a los jubilados en favor del capital financiero”. “Desde que asumieron en 2019 con el cambio de la movilidad, los jubilados financian al Estado saqueado por los capitalistas”, añadió. 

También, el legislador Nicolás Del Caño manifestó que “el gobierno entrega bonos de ANSeS en dólares a los bancos. A cambio reciben pesos. Rifan el patrimonio de los que trabajaron toda su vida para que siga la fiesta de los especuladores. Massa y el FdT complaciendo al capital una vez más”. 

Ya sin la presencia del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien pidió retirarse de la videoconferencia por la necesidad de atender un compromiso, el presidente de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, debió lidiar con los planteos que se sucedieron tras el informe de Fernanda Raverta en torno a la continuidad del debate del proyecto habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSeS y, paralelamente, modifica el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Lovera hablaba de un cuarto intermedio, cuando la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado pidió la palabra para solicitar que en lugar de continuar con el análisis del proyecto el próximo lunes, lo hicieran el martes o miércoles. El pedido tenía que ver con el hecho de que el lunes Juntos por el Cambio tiene previsto reunirse con sus diputados, con el fin de intercambiar opiniones sobre ese proyecto aprobado en la Cámara baja hace tres semanas.

En el mismo sentido se pronunciaron luego las senadoras María Belén Tapia (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien dejó claro el pedido de una muestra de buena voluntad de parte del oficialismo para darles un día más para analizar el tema y llegado el momento aportar propuestas.

Tomó la palabra entonces el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, quien enfatizó que para ellos “tiene una importancia fundamental tratar este tema, sobre todo para los gobiernos de las provincias”. Recordó la amplia mayoría con la que se aprobó el proyecto hace tres semanas, y que desde entonces todos cuentan con ese proyecto para su análisis, y dio a entender entonces que ellos estaban dispuestos a empezar a circularizar el dictamen para sesionar cuanto antes.

Rodríguez Machado apuntó a continuación que todavía los asesores  no habían podido ver el proyecto, cosa que Mayans relativizó: “El asesor puede tener una visión, pero el que voto soy yo. El asesor opina si le damos lugar a que opine”. Y luego sugirió que podían incluso tratarlo sobre tablas. “Nuestro bloque está en condiciones de firmar el despacho; aceptamos si la oposición quiere hacer un despacho en disidencia”, remarcó el formoseño, sugiriendo que llevarían el proyecto al recinto dentro de dos jueves.

La senadora Rodríguez Machado aclaró entonces que si lo trataban dentro de dos jueves, no cambiaba nada que volvieran a reunirse el lunes o el martes. Pero aclaró que si la intención era firmarlo este mismo viernes, para poder tratarlo el viernes venidero, los tiempos no les daban. “No va a entrar en el día de hoy, por el horario. Va a estar disponible  para la otra semana, ya no ingresa para el viernes siguiente, entra para la otra semana. Si lo firman el lunes es lo mismo”, aclaró.

“Tienen los votos, tienen la mayoría, pero nosotros tenemos los dos tercios. Si quieren firmarlo hoy y no hacer la reunión la semana que viene, pueden,  pero tampoco lo pueden tratar la semana que viene”, insistió la senadora cordobesa.

Mientras el senador Lovera destacaba que el proyecto se aprobó en Diputados con 245 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención, y habló de la necesidad de “darle celeridad” al tema, laudó el chubutense Mario Pais: “Podemos habilitar un mecanismo que permita conciliar los intereses. Hoy podemos comenzar a firmar el dictamen, y habilitar hasta el martes para que lo puedan firmar los senadores de la oposición”, si estaban de acuerdo, dijo. Y agregó: “Lo importante también es que ellos también tienen los requerimientos de los gobernadores, han visto que el proyecto es positivo”.

Rodríguez Machado coincidió con su par oficialista, pero insistió en dejar en claro que “si se empieza a firmar hoy, no queda habilitado para el viernes que viene. No creo que se cuenten sábado y domingo; pueden empezar a firmarlo, pero hay dos comisiones, no entra para el viernes que viene”.

“Laura, no te das una idea de lo rápido que somos para firmar”, apuntó Mayans riendo, pero luego aclaró que coincidía con el senador Pais, dispuesto entonces a mantener la armonía alcanzada.

Tras la renovación del protocolo de funcionamiento remoto, la Cámara de Diputados realiza una nueva sesión para aprobar el proyecto de ley que apunta a proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), al modificar el modo de financiamiento de la Reparación Histórica.

La sesión, presidida por Sergio Massa, inició cerca de las 15.15, pero el debate de los proyectos se demoró por una serie de homenajes y de cuestiones de privilegio, por lo que se estima que la jornada terminará cerca de la medianoche.

La principal iniciativa del temario -que incluye otros tres temas acordados- establece, además de la modificación en la Reparación Histórica, la posibilidad de refinanciamiento de las deudas que 21 de 24 provincias mantienen con la ANSES, a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos explicó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará ahora a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que ese Fondo “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

Otros proyectos

La Cámara baja tratará además un proyecto de Pablo Carro (Frente de Todos) que impide acceder a asistencia económica o financiera a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o situaciones de fuerza mayor.

Asimismo, se convertiría en ley la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018.

Por último, se tratará en la sesión otra iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología.

El próximo martes 15 de septiembre, fecha en la que justamente vence el plazo legal para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021, comenzará el debate de la iniciativa que propone la creación de un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, impulsado por el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el porteño Carlos Heller -quien trabajó en la redacción de ese texto-, se reunirá desde las 15. Además, el temario incluye el proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para el cual asistirán a explicar funcionarios de la ANSeS.

El proyecto de aporte solidario y extraordinario tiene por objetivo “ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” y se trata de una contribución por única vez para quienes posean una riqueza declarada -al 31 de diciembre de 2019- superior a los 200 millones de pesos.

Se estima que alcanzará alrededor de 12 mil personas. Y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.

De acuerdo a la iniciativa, la alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. También, para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.

Según estima el oficialismo, con la medida se podría recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en: un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia; un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos; y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos.

Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.

El otro punto del temario es el proyecto de “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 19 de agosto pasado.

La iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.

Así, se busca “transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas” y así “quitarle esa responsabilidad” al FGS.

En tanto, el FGS asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.

Entre otros puntos, se establece un plazo de 90 días para negociar los préstamos a las provincias, con un monto que tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación, y que el plazo será de ocho meses. Además, se indica que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán a un 1% anual y se calculará sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) expresó su “preocupación y su oposición, al descuento por más de 25.000 millones de pesos que Nación les realizará sin aviso a las provincias, por préstamos del Fondo de Garantía de ANSeS”.

Advirtió que “la medida contraría el pedido del interbloque Juntos por el Cambio de considerar las deudas de las provincias con Nación en el marco de la reestructuración de la deuda pública aprobada por el Congreso este año”.

 “El Gobierno nacional les va a descontar a las provincias 25.000 millones de pesos de coparticipación por préstamos que habían recibido del Fondo de Garantía de la ANSeS”, indicó Menna.

Recordó en este contexto que “cuando acompañamos la ley que autorizó las gestiones de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera, nuestro bloque pidió considerar la situación de las deudas que las provincias mantenían con el sector público nacional”.

El diputado consideró que “lamentablemente no hay una concepción federal en un Gobierno cada vez más centralista que trata a las provincias como si la Nación fuera un acreedor financiero y como si no tuviera que involucrarse y comprometerse en aliviar situaciones como las que se viven en Chubut”.

Menna cuantificó que la determinación implica, en el caso particular de Chubut, que atraviesa una grave crisis económica e institucional, un descuento de unos 500 millones de pesos. La provincia adeuda los sueldos de junio y julio, además del medio aguinaldo a algo más de la mitad de sus empleados públicos.

“También nos preocupa que el Gobierno del Chubut no reclame con más firmeza ya que, a falta de un plan propio para salir de esta crisis, como mínimo debería gestionar para evitar este tipo de descuentos que agravan la situación”, remarcó Menna.