El fracaso del rechazo al veto por el aumento a jubilados cambió el clima en el seno de la oposición, que si bien ganó en las cuatro votaciones posteriores, ya había perdido el aura triunfal que le había dado lograr fácil el quórum e imponerse con Discapacidad. Al volver a trastabillar, decidió postergar todo, y UP le pasó factura a los gobernadores.
Ya había pasado largamente la medianoche y tras más de doce horas de sesión, la Cámara baja se aprestaba a ingresar a la parte final de una larga jornada. Quedaban pendientes dos vetos sobre los que la oposición ya tenía serias dudas respecto de la posibilidad de rechazarlos, y el segundo de los proyectos impulsados por los gobernadores.
Fue justo después de que se aprobara sin votos en contra (mas no unanimidad por las abstenciones) un proyecto que mereció incluso elogios por las coincidencias alcanzadas entre todos los sectores. Según el organigrama establecido con el envío del pedido de sesión, le tocaba el turno al veto sobre la emergencia en Bahía Blanca y el de la moratoria previsional, cuyo rechazo nunca tuvo chances de prosperar. Por algo esos temas habían sido ubicados en ese orden de tratamiento.
Lo mismo que el último proyecto, el de los gobernadores para redistribuir el Impuesto a los Combustibles Líquidos, reservado para el último lugar. Si los gobernadores no se comportaban como le parecía debían hacerlo a la oposición en su conjunto -pero muy especialmente a UP-, pagaría ese proyecto. Y así fue.
Primero fue el turno del veto a la ley que declara la zona de emergencia y en situación de catástrofe a la Provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que fuera totalmente observado y devuelto por el Poder Ejecutivo nacional. Vetado por el Poder Ejecutivo, si la oposición lograba los dos tercios para rechazarlo, quedaría automáticamente convertido en ley, por haber sido avalado ya por el Senado.
Pero para ser tratado necesitaba, como el resto de los vetos, ser avalado su tratamiento por los dos tercios de los presentes. Probaron a mano alzada y pareció que los dos tercios no estaban. No obstante, el presidente de la Cámara, Martín Menem, pidió hacer una votación nominal, pues dijo que a simple vista no podía determinar si estaban los dos tercios.
La votación nominal corroboró la percepción: 142 votos a favor, 89 en contra y 4 abstenciones. Los dos tercios ya no estaban.
La emergencia en Bahía Blanca quedaba nuevamente postergada y nada indicaba que la moratoria tuviera mejor suerte, por lo que pidió la palabra Germán Martínez, para reconocer “todas las tensiones que provocó el veto a las jubilaciones”, por lo cual consideró que “este tema creemos estar en condiciones de poder tratarlo en otra sesión; vale lo mismo para el tema moratoria… Hoy, a este momento, nosotros no tenemos certezas de poder aprobar el dictamen de mayoría de ICL, así que, en función de esto, nosotros pensamos que lo mejor es retirarnos en este momento y después seguir en una nueva sesión”.
El reloj marcaba la 1.04, y Martín Menem levantó la sesión por falta de quórum.
La Cámara baja inició una maratónica jornada legislativa con el tratamiento de los vetos presidenciales a leyes de alto impacto social. Guillermo Francos volvió a criticar con dureza a la oposición, mientras se define si el Congreso logra revertir por primera vez una decisión de Javier Milei.
A las 12.16 y con la presencia de 136 diputados, la Cámara baja alcanzó el quórum y ya está sesionando para tratar los vetos del presidente Javier Milei a cuatro leyes clave: el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. La sesión se desarrolla en medio de una fuerte tensión política y social, con movilizaciones en las afueras del Congreso.
El tema del quórum llegó a ponerse en duda poco antes de la hora de inicio de la sesión, al punto tal que por problemas con los vuelos la oposición le pidió al presidente de la Cámara modificar la hora de inicio, pasarla de las 12 a las 13, cosa que Martín Menem no aceptó. Sin embargo, finalmente la oposición no uvo inconvenientes para reunir el número para arrancar la sesión.
Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos endureció su discurso en las horas previas. En diálogo con Radio Mitre, calificó de “poco serio” que se avance en el tratamiento de proyectos sin dictamen de comisión, y acusó a los legisladores opositores de actuar con fines electorales: “Quieren hacerle daño al Gobierno porque ven que está fuerte en el consenso popular”.
Francos también advirtió sobre el impacto fiscal de las iniciativas: “No tenemos recursos para esto, salvo que emitan dinero, que tampoco vamos a aceptar. Si no, volvemos a la etapa kirchnerista, donde todo se solucionaba con dinero imaginario”.
La sesión incluye además otros proyectos impulsados por gobernadores, como la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), así como la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.
La oposición, que logró reunir los diputados necesarios para iniciar el debate, confía en revertir al menos dos de los vetos: el de la emergencia en discapacidad y el del aumento jubilatorio. La moratoria previsional aparece como el punto más difícil de sostener, mientras que el proyecto para Bahía Blanca podría definirse en una votación ajustada.
En paralelo, organizaciones sociales, gremios y familiares de personas con discapacidad se movilizan frente al Congreso, exigiendo que se rechacen los vetos y se restituyan los beneficios eliminados por el Ejecutivo.
La jornada se perfila como una de las más intensas del año legislativo, con votaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y el Gobierno. Si se logra revertir alguno de los vetos, será la primera vez que el Parlamento imponga un revés directo a la gestión de Javier Milei.
El oficialismo presentó un dictamen de minoría con el Pro y los legisladores que responden a San Juan y Mendoza. El proyecto plantea modificaciones en los porcentajes de distribución, aumentando el monto destinado a las arcas provinciales del 10,40% al 57,02%.
Foto: HCDN
El último tema de la jornada se trató en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Energía y Combustibles, donde este miércoles avanzó el dictamen del proyecto que dispone la eliminación de diversos fideicomisos y la modificación a la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural. El despacho de mayoría alcanzó 46 firmas.
El dictamen de mayoría que avala la media sanción aprobada en el Senado el pasado 10 de julio, lleva las rúbricas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal, bancada provincial que tiene a la salteña Pamela Calletti -jefa de bloque- que responde a Gustavo Sáenz, y a los misioneros Daniel Vancsik y Carlos Fernández alineados a Hugo Passalacqua.
En el inicio de la reunión, la diputada oficialista Lorena Villaverde, en su rol de titular de la Comisión de Energía y Combustibles, mencionó que La Libertad Avanza va con su propio dictamen de minoría. “Esto se trata de plata fácil para los gobernadores sin control y nos quieren vender que eliminar fideicomisos es un avance, pero esto no representa una Argentina libre”, señaló la rionegrina.
Al término de la reunión, la diputada santafesina Germana Figueroa Casas confirmó que el despacho del oficialismo y los aliados fue rubricado por La Libertad Avanza, el Pro, la sanjuanina Nancy Picón Martínez -alineada con el gobernador Marcelo Orrego- y los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo, Pamela Verasay y Lisandro Nieri. Dentro de esas firmas, está también la de la chubutense Ana Clara Romero que responde a Ignacio Torres.
Cabe recordar que este proyecto junto al de nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) contempló el consenso unánime de los 24 mandatarios distritales. Sin embargo, de cara al tratamiento en el recinto de la Cámara baja, al menos cuatro gobernadores (CABA, Chubut, Mendoza y San Juan) avalaron el despacho de La Libertad Avanza.
Por otro lado, el diputado nacional Christian Castillo del Frente de Izquierda, al igual que en la emergencia en el SNCTI, presentó otro dictamen de minoría con única firma: “Los fondos fiduciarios que existían, para realizarse las obras en cada uno de los casos, la plata que tenía que ir no iba o el Gobierno se afanaba una parte de ese fondo”. Propuso que “una parte de lo que acá se saca, irá a parar a Vialidad provincial”.
Brevemente, el diputado santafesino Esteban Paulon manifestó que “este proyecto expresa el federalismo fiscal”. Luego, planteó que el Impuesto a los Combustibles Líquidos “surge de cada litro de nafta que es esfuerzo de cada una de las provincias, tributado al Tesoro Nacional”. En el cierre, pidió por la incorporación de proyectos de financiamiento de obras viales.
El diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini cargó contra el Gobierno nacional y la propuesta de iniciar un proceso de obras privadas: “No hay nadie en las condiciones que ustedes plantean que se quiera hacer cargo de las rutas”. También, cargó que “ustedes le sacan los recursos a la gente que vive bajo un gobierno provincial o local”.
Decidido a criticar al presidente Javier Milei, el diputado chaqueño señaló que “quieren hacer el ajuste con la plata de las provincias”. Luego, consideró que “estos fideicomisos dejan más dinero al Gobierno nacional, pero le corresponden a las provincias”. Antes de terminar, dilucidó una ironía contra José Luis Espert, titular de Presupuesto y Hacienda: “Esperemos que la próxima sea sin emplazamiento y tratando la Ley de Presupuesto”.
En una breve intervención, el diputado chubutense José Glinski destacó el nivel de consenso avalado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño cuando este proyecto (junto al de ATN) fue presentado en mesa de entrada. Sin embargo, aseveró que el propósito de la iniciativa busca “una vida digna y que nuestras rutas sean transitables”.
En un extenso discurso, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz reiteró que “en Argentina se sigue recaudando el Impuesto al Combustible que tenía una razón de ser del 28,58% a la creación del fideicomiso de la infraestructura del transporte y todo eso se desplomó a la vista de los gobernadores que se han unido en una causa común que es evitar el deterioro que sufren las rutas nacionales en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Cuando uno mira el mapa de la red vial Argentina, puede comprender la importancia de sostener las rutas del país”, remarcó Tolosa Paz, quien además le endilgó una serie de críticas al Gobierno nacional: “El problema es que no tenemos Presupuesto, que se sigue asfixiando a las provincias y el presidente de la Nación ha desertado de las obligaciones constitucionales del mantenimiento de las rutas nacionales”.
Tolosa Paz señaló que el Gobierno "desertó de las obligaciones constitucionales del mantenimiento de las rutas".
El último expositor del plenario fue el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien se tomó unos minutos para reivindicar los proyectos dictaminados por la vía del emplazamiento. Luego, anunció que “seguramente más adelante tengamos que hacer modificaciones sobre este texto del impuesto a los Combustibles Líquidos".
Recordó, además, que “la propuesta de modificar el Impuesto a los Combustibles Líquidos no nace con los gobernadores, si no con los intendentes de capitales de provincias que pidieron cambios en el ICL del transporte urbano de pasajeros”, en el marco del tratamiento de la Ley de Bases. Además, sumó que “durante el fallido debate del presupuesto, nosotros trajimos un dictamen que modificaba el ICL”.
“Siempre bancamos a los gobernadores peronistas, ahora bien, yo soy opositor a (Maximiliano) Pullaro en mi provincia, pero cuando venimos a tratar un tema de estas características, tenemos que tener cierta capacidad de abstraernos un ‘cachito’ de la situación puntual del debate político territorial de cada provincia”, explicó Martínez.
En esa línea, agregó: "Acá estamos tratando de resolver un problema que no es solo del gobernador, es un problema del pueblo de las provincias”, y cargó que "estamos tratando de dar una respuesta a los pueblos de nuestras provincias que necesitan estos recursos porque si no estos recursos se los queda Milei y no se ejecutan en ningún lado”.
El proyecto de ley impulsado por los gobernadores propone la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales, entre ellos los de infraestructura hídrica, transporte y vivienda. Estos recursos, anteriormente administrados por el Gobierno Nacional, se redistribuirán entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios establecidos en la Ley 23.548. La iniciativa busca una asignación “más equitativa y directa de los fondos”, respetando los porcentajes de coparticipación ya vigentes.
Además, se modifica la Ley 23.966 en lo referente al Impuesto a los Combustibles Líquidos, estableciendo nuevos porcentajes de distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. También se redefine cómo se reparten estos fondos entre las jurisdicciones, asignando un 25% en partes iguales y el 75% restante según los índices de coparticipación. Según el texto, "esto busca fortalecer el federalismo y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos".
Los fundamentos del proyecto indican que la propuesta surge de un acuerdo entre los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño. Señalaron, además, que los fondos eliminados “no afectan las finanzas nacionales”, ya que se trata de recursos con afectación específica que deben ser redistribuidos según las necesidades locales.
Finalmente, mencionaron que la eliminación de estos fideicomisos responde a la necesidad de simplificar el sistema financiero nacional y mejorar el control sobre los recursos públicos. La propuesta busca que tanto Nación como provincias puedan definir sus prioridades de gasto, especialmente en un contexto de crisis económica. Consideraron que esta redistribución permitirá “una mayor capacidad de respuesta ante las demandas sociales, sin comprometer la sustentabilidad fiscal del país”.
Se trata de iniciativas que modifican la distribución de ingresos entre Nación, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de aprobar el tratamiento sobre tablas, la Cámara alta alcanzó la media sanción de forma unánime.
Después de haber conseguido habilitar por mayoría especial el tratamiento de los proyectos impulsados por los gobernadores, la oposición en el Senado consiguió aprobar sendos proyectos relacionados con la distribución de fondos entre las provincias.
Antes de votar, para evitar eventuales planteos del oficialismo, la Cámara se declaró previamente en comisión. Lo explicó José Mayans: “Como vemos cómo están jugando con cartas sucias, para prevenir, vamos a pedir que se haga el despacho del Cuerpo y se pase a votar después”.
La habilitación del debate se había conseguido con 54 votos a favor y 0 en contra, en tanto que el proyecto que reforma el reparto del impuesto a los combustibles se aprobó por 56 votos a favor y uno en contra. El mismo resultado, o sea por más de los dos tercios, 56 a 1, se aprobó el proyecto que reforma la distribución de ATN. El único voto en contra fue de Luis Juez.
El proyecto sobre impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Por su parte, la iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
Tras avalar el tratamiento sobre tablas, el senador puntano Fernando Salino ofició como miembro informante y luego, pidió por un marco de federalismo: “Nosotros vamos por el federalismo porque tenemos la convicción de que el crecimiento y el despegue de la Argentina pasa por las provincias”.
En medio del conflicto entre las provincias y el presidente Javier Milei, el legislador aclaró que “no estamos creando un impuesto nuevo porque hablamos de temas relacionados pura y exclusivamente con la distribución de un impuesto”. Reiteró, en varias oportunidades, que “lo hacemos en el marco de la Constitución Nacional y no estamos creando ningún tributo”.
En representación de Unión por la Patria, añadió que “desde la política sabemos que no es un tema fácil y desde el partido que ocupo, para nosotros primero está la Patria, después del movimiento y por último, estamos los hombres”.
Minutos después, el senador sanjuanino Sergio Uñac se manifestó en el mismo sentido, y agregó: “Representamos a los pueblos de las provincias y entendemos la situación que se atraviesa y la baja en la distribución de los fondos de coparticipación. Es importante asumir el compromiso de hablar con cada uno de los gobernadores para tener el mismo correlato”.
En segundo lugar, la senadora cordobesa Alejandra Vigo le enrostró un cuestionamiento al jefe de Estado por la ausencia de un “conocimiento cabal de recorrer las provincias, hablar con los gobernadores y los municipios”. En otro punto, afirmó que “las provincias sostienen la atención de la salud, la educación, la seguridad y la justicia”, y concluyó que “si esos fondos no están, se ven afectados los ciudadanos del interior”.
La senadora rionegrina Mónica Silva, alineada con el gobernador Alberto Weretilneck, remarcó que “hay fondos ya existentes que pedimos que sean redistribuidos de otra manera”. En la misma línea, pidió cumplir con la Constitución Nacional y remarcó que “no podemos pensar que el federalismo no tiene carnadura”.
De la misma manera, señaló que “estas leyes (aprobadas) no son para hacerle favores a nadie, sino que tienen que ver en como comprendemos la realidad al interior de nuestro territorio”. En última instancia, aclaró que “estamos pidiendo que la coparticipación federal se distribuya de mejor manera” porque “actualmente ingresa por goteo”, concluyó.
También, el senador porteño Martín Lousteau expresó que “todos esos ATN -que deberían ir a las provincias y el Gobierno los retiene-, cuando hay emergencias Nación no los gasta y cuando desequilibrios no los transfiere. Entonces los gobernadores, con prudencia, piden repartirlos tal como la Ley de Coparticipación”.
Opositor a La Libertad Avanza, el senador fueguino Pablo Blanco cargó que “el Gobierno nacional tiene que cumplir con los compromisos asumidos con ciertas provincias para la finalización de obras públicas”. “Voy a acompañar estas dos leyes porque hacen falta”, señaló en el recinto.
La legisladora tucumana Beatriz Ávila, aliada desde el principio del oficialismo, señaló que “los senadores somos la voz de las provincias y por eso debatimos acá este proyecto”. Además, consideró que “es un trabajo prudente y se trata de recursos que no les corresponden al Gobierno nacional. Son de las provincias y las provincias son preexistentes a la Nación”.
Los cierres del debate
A la hora de los cierres, el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, se sumó a las quejas por carecer de Presupuesto desde hace dos años. No tenerlo, dijo, “equivale a darle cierta discrecionalidad al Poder Ejecutivo”. Agregó que “hay una Argentina que se debate en algunas grietas, que se debate en qué Estado queremos, qué estado podemos tener y qué Estado podemos solventar”.
El legislador correntino sostuvo que “el debate es cuidar el gasto público, tener equilibrio fiscal, se valora muchísimo, pero si no hay presupuesto no sabemos dónde está el equilibrio, dónde se están poniendo las prioridades”.
Sobre el final, el legislador radical señaló que “es un acto de justeza y realmente de federalismo que se aplica y no se declama el hecho de que se distribuyan los recursos que hoy están siendo retenidos por la Nación, y como son de las provincias, no generan un mayor gasto público y no tendrían porqué afectar el equilibrio fiscal”.
Luego la senadora Juliana di Tullio intervino, comentando inicialmente que durante su trayectoria tuvo “sesiones difíciles”. “Ahora, sesiones donde hay un Poder Ejecutivo con nulo compromiso con las instituciones, la verdad es la primera vez que me pasa”, aseguró.
Di Tullio hizo hincapié en que “vivimos una situación inusitada: que un funcionario de esta casa interpretara con una serie de consideraciones, como si fuera más que los senadores, si teníamos dictamen o no. Eso es gravísimo, yo no lo vi nunca, y tengo 20 años de legisladora nacional”.
Contó además que “cuando llegamos a este recinto, nos cortan el sistema de votación, nos tratan como si tuviéramos 14, 15 años”, ante lo cual “vamos a exigir una auditoría: es imposible lo que pasó. Además, oh casualmente, cuando se terminaron los temas ríspidos, cual milagro de la iglesia que fue a inaugurar el presidente el sábado, se terminaron los problemas”.
Luego la emprendió contra el presidente, cuya entrevista del miércoles desgranó. Hizo hincapié en sus dichos respecto de que si los senadores rechazan el veto, lo va a judicializar. Y desde la Bolsa de Comercio este jueves insistió, diciendo que los gobernadores “están desesperados”, repitió que lo va a vetar, pero apostó cien mil a uno que va a vetar. Ante lo cual ella aseguró, y apostó lo mismo, que van a insistir. “El Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de vetar, y el Poder Legislativo puede insistir”, remarcó, asegurando que no tenía registro que un presidente en democracia haya judicializado una ley, como anticipó el presidente Milei. “No es creativo el presidente, es peligroso para la democracia, para las instituciones: está avasallando el Poder Legislativo”, advirtió, y le sugirió al presidente tomar nota que las leyes aprobadas este jueves fueron por unanimidad o los dos tercios.
Cerró el debate el presidente del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, con un mensaje directo a los gobernadores. En principio, pasó la factura por las bancas vacías que había en ese momento. “Ya asumieron un compromiso y veo muchas bancas vacías. Acá falta mucha gente y el compromiso era trabajar juntos. Hay un salmo que dice ‘presintiendo el desastre’… Acá los gobernadores acaban de darse cuenta de que el programa económico no va. Lo que está madurando acá, están presintiendo que va a haber problemas duros, y en salvaguarda están pidiendo que tratemos esto”, señaló el formoseño.
Mayans se preguntó “qué es lo que pasa con los gobernadores. Para mí es el destrato y la humillación por parte del presidente. Y fíjense ustedes cuando hay varios gobernadores que le dicen: ‘tenemos este problema con el plan económico’. El presidente los humilla y los manda a hablar con Sturzenegger, el bárbaro… Y éste les dice que ahora les va a pasar a ellos la motosierra, porque son unos gastadores compulsivos”.
“Entonces, podemos engañarnos y decir que es un acto de madurez de los gobernadores que ahora se encontraron y hablan… No, los une el espanto ahora”, aseguró, para agregar que “los gobernadores ven el peligro, porque acá el problema es que el programa económico no cierra”. Y tras advertir que lo que busca el Gobierno es llegar a octubre y después será un “sálvese quien pueda”, consideró que “los gobernadores dicen: nosotros tenemos que hacernos de estos fondos antes que esto explote en octubre, por eso presentaron esto ahora. Se dieron cuenta que no tienen salida”.
Se trata de las iniciativas que plantean un nuevo esquema de distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y los ATN. Lleva la firma de UP, UCR, Pro y provinciales.
Sin una contraoferta por parte del Gobierno nacional a sus reclamos por fondos, los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno porteño decidieron avanzar con los proyectos que la semana pasada anticiparon presentarían en el Congreso a través de los legisladores.
El ingreso de las iniciativas representa toda una alerta para el Poder Ejecutivo Nacional, de significativa minoría parlamentaria como para frenar una aprobación por amplísima mayoría en ambas cámaras.
Justamente la transversalidad del reclamo se vio en las firmas que quedaron estampadas en los proyectos: fueron suscriptos por Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el Pro y otros espacios provinciales.
Los firmantes fueron los jefes de bloques José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal) -las tres bancadas del interbloque Unión por la Patria-, Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta de UP), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (Frente Pro), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR).
El proyecto sobre impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que "los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos" de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Por su parte, la la iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
El texto presentado lleva la rúbrica de los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño. Proponen, entre varias cosas, la disolución de dos fondos fiduciarios. Las modificaciones a la Ley 23.966.
Con la firma de los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, fue impulsada una nota para establecer modificaciones a Ley de Combustibles Líquidos (23.966) para que tanto Nación y las provincias puedan destinar los fondos contemplados en régimen normativo según las prioridades que cada parte defina.
El texto firmado por los 24 gobernadores propone que el avance de este proyecto de ley “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originarios en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis”.
El proyecto de ley propone una modificación del artículo 19 de la Ley 23.966 del Impuesto a los Combustibles Líquidos para que se distribuya con un 10,40% al Tesoro Nacional; un 58,36% a las provincias; un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales; y un 2,55% a la compensación del Transporte Público regulado en el DNU 652/2002.
Otro cambio propuesto por los mandatarios es la disolución del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte (FFSIT), creado por el DNU 976/2001; y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) vigente con el DNU 1381/2001.
El tercer pedido de los gobernadores es modificar el articulo 5 de la Ley 23.548 para que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros que serán asignados específicamente entre Nación, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTA 23.06Tras conocerse el reclamo de los gobernadores, la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) recordó que en el período anterior había presentado un pedido de informes y un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, porque "el Gobierno no se la repartía a las provincias y se la quedaba toda".
Sobre la plata del Impuesto a los Combustibles: avisé, cité a CAPUTO al Congreso y presenté pedido de informes el 20 de enero porque el gobierno NO SE LA REPARTÍA A LAS PROVINCIAS Y SE LA QUEDABA TODA!!
Acompaño el proyecto de ley que hoy presentan los gobernadores para la… pic.twitter.com/epLmFPaFVi— Julia Strada (@Juli_Strada) June 23, 2025
En el mismo posteo a través de X, confirmó su apoyo a la iniciativa. Minutos más tarde, el tucumano Pablo Yedlin, el jujeño Guillermo Snopek, la chubutense Eugenia Alianiello y el bonaerense Daniel Gollán -reposteando la publicación de Axel Kicillof-, entre otros, también remarcaron su aval a la propuesta.
También desde la Cámara alta, el bloque Convicción Federal, que forma parte del interbloque Unión por la Patria, adelantó su acompañamiento al pedido de los mandatarios provinciales. "Hasta ahora el Gobierno Nacional sólo lo utilizó para sostener el superávit fiscal ficticio", deslizaron.