La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR-Córdoba) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo incorporar la figura penal de maltrato infantil en el Código Penal. Además, promueve la incorporación de un agravante del homicidio cuando sea perpetrado contra un niño, niña y adolescente, como así también incorporar la figura del hijo/a afín como víctimas en razón de las cuales se agravaría la pena a su autor (mediando o no convivencia).

El maltrato infantil es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, y abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

“Estos maltratos traen graves consecuencias a corto, mediano y largo plazo en todo el desarrollo de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Desde lesiones graves, discapacidades temporales y permanentes, infecciones de transmisión sexual, en caso que haya habido abuso sexual, estrés postraumático como ansiedad, depresión, entre muchos otros trastornos de la personalidad”, explicó la legisladora radical.

La OMS informa que casi 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años, sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicológica de la mano de padres o cuidadores. En nuestro país una encuesta realizada por UNICEF, arroja que es posible conocer que en el 59% de los hogares con niñas, niños y adolescentes la violencia en los gritos, insultos, golpes y palizas se naturalizan como métodos de crianza en las personas adultas a cargo de su cuidado.

“Es por ello que se torna indispensable contar con un tipo penal específico que sea capaz de abarcar cualquier tipo de conducta que implique maltrato contra un niño, niña o adolescente de manera de sancionar a su autor y agravar su pena en el caso de una estrecha vinculación con la víctima”, sostuvo Brouwer de Koning.

El proyecto también prevé modificar los artículos 80 del Código Penal, relacionado al homicidio; y el 119 del mismo Código, sobre abuso sexual, incorporando en ambos casos como agravantes la agresión al hijo afín conviviente o no.

En los fundamentos de su iniciativa, la cordobesa señaló que "el concepto de familia tradicional ya no es relevante para la sociedad, y hoy tenemos por reconocido en el derecho todo tipo de unión y esto debe trasladarse en todos los estadios al resto de la legislación no sólo como derecho sino también como responsabilidad. La figura del hijo afín debiera tomar relevancia en nuestro Código Penal, que actualmente no la considera".

"Hijo/a afín es aquel niño, niña o adolescente que vive con la pareja o cónyuge de su progenitor/a que lo tiene a su cuidado, y por consecuencia también se encuentra a cuidado de aquel, y esto no solo trae aparejados derechos reconocidos por nuestro Código Civil y Comercial, también debiese traer una responsabilidad mayor cuando hablamos de delitos perpetrados contra nuestros pequeños", detalló.

La diputada concluyó: “Hace poco más de 30 años que nuestro país le ha otorgado rango constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño y aún nuestro Código Penal a la hora de agravar la pena del delito más grave considerado por él, no considera a los niños, niñas y adolescentes”.

El proyecto fue acompañado por sus pares Danya Tavela, Marcela Antola, Roxana Reyes, Natalia Sarapura y Mariela Coletta.

Con datos alarmantes sobre la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, se realizó este martes la presentación oficial de un proyecto de ley que propone erradicar este flagelo, impulsado por el senador nacional Eduardo Vischi (UCR).

En una de las salas del Anexo de la Cámara alta, el correntino reveló que la iniciativa la elaboró en conjunto con la jueza y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, a quien conoció cuando se incorporó en noviembre pasado como consejero. "Enseguida unimos esta devoción que tenemos por el trabajo de los niños, niñas y adolescentes", dijo.

El legislador de Juntos por el Cambio explicó que el proyecto "viene a complementar otras normas que existen en Argentina" y el objetivo es "visibilizar este flagelo". En esa línea, recordó el caso de Lucio Dupuy o, más recientemente, de Joaquín Sperani, cuando la atención mediática se centra allí pero "después pasa el efecto y terminamos nuevamente viendo que muchas veces no tenemos respuestas desde el Estado".

Vischi habló de "la necesidad de tener datos e información que nos permita actuar en consecuencia" ya que "el tema de la violencia específicamente tiene que ver también con que, en muchos casos, se da de forma intrafamiliar" y esto lo hace de más "difícil abordaje".

Según datos de UNICEF, 7 de cada 10 niños afirmaron haber sufrido maltrato por parte de personas de su círculo íntimo, precisó el senador y expresó: "A veces culturalmente está aceptado el tema del maltrato, como que para educar a un hijo hay que pegarle o mostrar mano dura".

De acuerdo a estos números, el 47% de los casos fue violencia física, el 29% psicológica y el 20% sexual. Además, el 80% de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia no recibieron atención de ningún tipo y sólo el 14% de los denunciados llegó a juicio.

Por otra parte, según datos del año 2021 de la Línea 137, de las denuncias recibidas el 48,7% involucró a menores y, de esa cifra, el 60% fueron del género femenino. También, 6 de cada 10 víctimas registradas de violencia sexual fueron niños, niñas y adolescentes, representando el género femenino 4 veces más que el masculino.

El legislador explicó que la iniciativa contempla al "buen trato y erradicación de la violencia como derecho", y se busca que la ley "tenga alcance nacional y sea ejecutada de manera interjurisdiccional e intersectorial". Y que no solamente determine funciones a los distintos organismos, sino "responsabilidades". También la "formación de equipos técnicos, de ONG's, de los padres y docentes".

A su turno, Díaz Cordero remarcó que "erradicar quiere decir suprimir de una manera definitiva y acabada". "Queremos cultura cero de violencia, queremos instalar la cultura del buen trato, de una crianza y parentalidad positiva. Los niños merecen que se respeten sus derechos más sagrados", sostuvo.

"Esta ley lo que intenta es que la sociedad toda se comprometa. No queremos más leyes con nombres de niños y niñas. Eso no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar, porque eso es no estar comprometidos con nuestra infancia", continuó.

La magistrada señaló que "el deber de prevención" tiene que estar "en todos los ámbitos donde haya un niño" y "no quedarnos en compartimientos estancos por un lado los jueces, por otro lado el Legislativo y por otro lado el Ejecutivo".

Además, subrayó que la iniciativa busca cumplir con los compromisos internacionales asumidos y aportó datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que, en el período 2020-2021, registró "16.162 denuncias de violencia, en 4.798 fueron víctimas directas niños y en 6.805 hubo niños, niñas y adolescentes afectados".

"Hay que cambiar la visión adulto-céntrica que tienen las leyes vigentes, para centrar al niño como sujeto pleno de derechos", manifestó Díaz Cordero y apuntó que "tenemos muchísimas leyes pero a la hora de garantizar la tutela judicial efectiva de los niños, es vulnerada, no la garantizamos efectivamente".

También hizo un resumen de los 81 artículos que contiene el proyecto y relató su experiencia personal en el trabajo en el fuero de Familia, donde atienden "casos de niños de 2 y 4 años que llegan al hospital con cocaína en la orina" o, por ejemplo, de "una niña de 8 años que nos dijo cómo su madre la entregaba en una ranchada a cambio de droga". "Estas son vidas que merecen por parte nuestra y de toda la sociedad una atención especial", aseveró.

Recibió dictamen favorable este lunes en el Senado un proyecto para generar una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita y de fácil acceso para brindar información, contención y asesoramiento sobre violencia, maltrato y abuso infantil en todo el país.

Se trata de una modificación del artículo 44 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.

El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano, presidida por Belén Tapia (UCR), y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, encabezada por Alfredo Luenzo (Frente de Todos).

Se dispone la creación de “interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su Participación”.

“Con esta modificación centralizamos en este número (102), en toda la República Argentina, esta posibilidad de acceso que nos dan las tecnologías de la información para que a través de esta línea, niños, niñas y adolescentes puedan plantear cuáles son sus problemáticas”, destacó Luenzo.

“Odio y riesgo en tiempos de Covid”

Al finalizar el plenario, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión realizó una reunión informativa con especialistas sobre la temática “Odio y riesgo en tiempos de Covid”, en relación a las plataformas web y las redes sociales.

Ernesto Calvo, docente de la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario para las Ciencias Sociales Computacionales (ILCSS), sostuvo que “las redes sociales utilizan el odio en dos formas distintas: una que es para administrar la gente y otra es para administrar las plataformas”.

“Las formas del odio tienen mecanismos que son instrumentales, que son desde las plataformas hacia los usuarios: tratar de definir quién es el que va a estar accediendo a la información y quién es el que la distribuye”, planteó el experto.

Además, consideró que “desarmar el discurso de odio no implica limitar simplemente a la gente que odia, sino que gran parte depende de limitar a las estructuras organizadas que distribuyen mensajes de odio”, y “eso es algo que requiere colaboración entre el Gobierno y las plataformas”.

“Las plataformas deben tomar responsabilidad por la transmisión de discursos de odio, de la misma manera que las tabacaleras deben responsabilizarse por las consecuencias del consumo de cigarrillo”, comparó Calvo.

Por su parte, la periodista, docente e investigadora del CONICET Natalia Aruguete hizo mención a una encuesta realizada en Argentina en relación a “si la pandemia se encuadró como un riesgo sanitario o si se enmarcó como un riesgo económico”.

Al respecto, apuntó que “la percepción de riesgo se condice fuertemente con la aceptación o no de la política sanitaria, y por ende de la identidad partidaria”.

“En los encuestados vemos un alto nivel de aprobación de la política sanitaria del Gobierno, pero quienes la desaprueban son en su mayoría a quienes la pandemia les generaba mayor temor económico que un temor sanitario”, dijo Aruguete.

Y agregó que “aquellos que se encontraban con mensajes negativos en las redes, mostraban, a posteriori, una mayor percepción de riesgo sanitario”.

Por último, instó a “pensar en qué medida las identidades partidarias también inducen a la percepción de riesgo en el marco del Covid, y en qué medida también los mensajes negativos pueden generar desaliento para compartir mensajes y al mismo tiempo incrementar la percepción de riesgo”.

Este jueves tuvo lugar la reunión de Comisión de Desarrollo Social de Entre Ríos, presidida por la diputada Paola Rubattino, a través de la plataforma virtual. Diputados trabajaron sobre un proyecto de ley -autoría del diputado Juan Pablo Cosso, con la colaboración de la diputada Carina Ramos- que impulsa una campaña de concientización sobre la violencia en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La Comisión, presidida por Rubattino, se reunió a través de la plataforma digital para abordar los alcances de un proyecto de ley –Expediente 24062- que tiene como finalidad la difusión y promoción masiva de contenidos relativos a la prevención del maltrato en niñas, niños y adolescentes. Los materiales de difusión incluyen las vías de atención dispuestas por el Estado nacional y provincial para asistir a personas menores de edad en situación de riesgo de violencia, como así también una guía de directrices prácticas para garantizar su seguridad en el transcurso de la emergencia sanitaria.

“En el marco de la pandemia, la violencia sigue suscitándose en sectores vulnerables como la niñez, por lo que este es un proyecto al que hay que darle prioridad”, destacó Rubattino al introducir el tratamiento del mismo.

En relación al mismo, la diputada Carina Ramos -coautora del proyecto del diputado Cosso- señaló que “se proponen lineamientos a las acciones del Poder Ejecutivo que aborden el maltrato en la niñez, orientados principalmente a la dimensión comunicacional”.

Ramos destacó, entre los aportes de distintos municipios al proyecto que “la campaña debe apuntar además a personas adultas, ya que son responsables de accionar inmediatamente ante situaciones de violencia infantil a través de los medios correspondientes”.

Por su parte el diputado Jorge Cáceres, que fue invitado a la reunión para coparticipar desde la Comisión de Salud que preside, planteó la necesidad de vincular a la tarea a municipios y comunas como forma de articular los abordajes con el gobierno de Entre Ríos.

El diputado Juan Domingo Zacarías se refirió a la Ley Provincial 9861 de protección de los derechos del niño, el adolescente y la familia, por lo cual propuso remarcar que el proyecto se refiere al tiempo de aislamiento por la pandemia, lo que implica que la iniciativa legislativa apunta a fortalecer dicha norma ante las nuevas problemáticas de las infancias en este contexto.

En el encuentro -en el que participaron de forma remota las diputadas Carina Ramos, Ayelén Acosta, Silvia Moreno y Lucía Varisco, y los diputados José Cáceres, Juan Domingo Zacarías, Gustavo Zavallo, José María Kramer y Jorge Cáceres- se abordaron los contenidos de la Campaña que serían difundidos de manera prioritaria en la vía pública, los hospitales, sanatorios y centros de salud de la Provincia de Entre Ríos; como así también en los canales de comunicación oficiales de los que dispone el Estado Provincial.

De acuerdo a los alcances del proyecto, la autoridad de aplicación sería el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), al tiempo que por iniciativa de los diputados Gustavo Zavallo y José Cáceres se consultará la opinión tanto del organismo de Niñez, Adolescencia y Familia, para lo cual serán consultados y convocados a próximas reuniones en las que se le dé tratamiento al proyecto.

En ese mismo sentido, la diputada Ayelén Acosta propuso articular también con el Juzgado Penal de Niños y Adolescentes de Paraná que lleva adelante una campaña similar. De ese modo, la Comisión acordó contactar con los diferentes organismos para avanzar con proyecto de concientización.