El evento estuvo organizado por el senador Eduardo Vischi, quien elaboró el proyecto junto a la jueza y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.
Con datos alarmantes sobre la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, se realizó este martes la presentación oficial de un proyecto de ley que propone erradicar este flagelo, impulsado por el senador nacional Eduardo Vischi (UCR).
En una de las salas del Anexo de la Cámara alta, el correntino reveló que la iniciativa la elaboró en conjunto con la jueza y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, a quien conoció cuando se incorporó en noviembre pasado como consejero. “Enseguida unimos esta devoción que tenemos por el trabajo de los niños, niñas y adolescentes”, dijo.
El legislador de Juntos por el Cambio explicó que el proyecto “viene a complementar otras normas que existen en Argentina” y el objetivo es “visibilizar este flagelo”. En esa línea, recordó el caso de Lucio Dupuy o, más recientemente, de Joaquín Sperani, cuando la atención mediática se centra allí pero “después pasa el efecto y terminamos nuevamente viendo que muchas veces no tenemos respuestas desde el Estado”.
Vischi habló de “la necesidad de tener datos e información que nos permita actuar en consecuencia” ya que “el tema de la violencia específicamente tiene que ver también con que, en muchos casos, se da de forma intrafamiliar” y esto lo hace de más “difícil abordaje”.
Según datos de UNICEF, 7 de cada 10 niños afirmaron haber sufrido maltrato por parte de personas de su círculo íntimo, precisó el senador y expresó: “A veces culturalmente está aceptado el tema del maltrato, como que para educar a un hijo hay que pegarle o mostrar mano dura”.
De acuerdo a estos números, el 47% de los casos fue violencia física, el 29% psicológica y el 20% sexual. Además, el 80% de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia no recibieron atención de ningún tipo y sólo el 14% de los denunciados llegó a juicio.
Por otra parte, según datos del año 2021 de la Línea 137, de las denuncias recibidas el 48,7% involucró a menores y, de esa cifra, el 60% fueron del género femenino. También, 6 de cada 10 víctimas registradas de violencia sexual fueron niños, niñas y adolescentes, representando el género femenino 4 veces más que el masculino.
El legislador explicó que la iniciativa contempla al “buen trato y erradicación de la violencia como derecho”, y se busca que la ley “tenga alcance nacional y sea ejecutada de manera interjurisdiccional e intersectorial”. Y que no solamente determine funciones a los distintos organismos, sino “responsabilidades”. También la “formación de equipos técnicos, de ONG’s, de los padres y docentes”.
A su turno, Díaz Cordero remarcó que “erradicar quiere decir suprimir de una manera definitiva y acabada”. “Queremos cultura cero de violencia, queremos instalar la cultura del buen trato, de una crianza y parentalidad positiva. Los niños merecen que se respeten sus derechos más sagrados”, sostuvo.
“Esta ley lo que intenta es que la sociedad toda se comprometa. No queremos más leyes con nombres de niños y niñas. Eso no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar, porque eso es no estar comprometidos con nuestra infancia”, continuó.
La magistrada señaló que “el deber de prevención” tiene que estar “en todos los ámbitos donde haya un niño” y “no quedarnos en compartimientos estancos por un lado los jueces, por otro lado el Legislativo y por otro lado el Ejecutivo”.
Además, subrayó que la iniciativa busca cumplir con los compromisos internacionales asumidos y aportó datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que, en el período 2020-2021, registró “16.162 denuncias de violencia, en 4.798 fueron víctimas directas niños y en 6.805 hubo niños, niñas y adolescentes afectados”.
“Hay que cambiar la visión adulto-céntrica que tienen las leyes vigentes, para centrar al niño como sujeto pleno de derechos”, manifestó Díaz Cordero y apuntó que “tenemos muchísimas leyes pero a la hora de garantizar la tutela judicial efectiva de los niños, es vulnerada, no la garantizamos efectivamente”.
También hizo un resumen de los 81 artículos que contiene el proyecto y relató su experiencia personal en el trabajo en el fuero de Familia, donde atienden “casos de niños de 2 y 4 años que llegan al hospital con cocaína en la orina” o, por ejemplo, de “una niña de 8 años que nos dijo cómo su madre la entregaba en una ranchada a cambio de droga”. “Estas son vidas que merecen por parte nuestra y de toda la sociedad una atención especial”, aseveró.
Es una iniciativa de la diputada Manuela Thourte (UCR-Ev) mediante la cual se busca brindar un abordaje integral a los menores de 18 años que fueron victimas de violencia o son testigos de este tipo de sucesos.
Con la intención de garantizarles una red de contención, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscará proteger integralmente los derechos de los niños y adolescentes de hasta 18 años que hayan sido victimas o testigos de violencia.
De esta manera la iniciativa busca proteger “la integridad física, psíquica y de la dignidad” de los menores; brindar una “actuación coordinada y colaboración constante entre los organismos, profesionales y operadores/as intervinientes para garantizar la protección de sus derechos”; garantizar el respeto por la confidencialidad y la intimidad del niño o adolescente; aplicar la perspectiva de género, equidad y no discriminación en el trato al menor; entre otros puntos.
Los encargados de prestar este tipo de abordaje serán las escuelas y centros educativos a los que concurran los chicos, así como también los centros de salud y hospitales, organismos administrativos, comisarías y cualquier otra institución pública o privada que brinde asistencia, patrocinio o esté en contacto con niños y adolescentes.
Estos organismos deberán comunicar la denuncia del menor o la detección del hecho de violencia y proteger al niño; también deberá realizar un informe escrito acerca de lo ocurrido y resguardar su intimidad.
El texto presentado por Thourte también garantiza que en el caso de que el niño o adolescente se presente ante un organismo pertinente “sin acompañamiento de un integrante de su familia o persona de su confianza mayor de edad, a comunicar o denunciar que es víctima o testigo de una situación de violencia, o en una situación de detección o develamiento, se debe permitir su relato y garantizar que pueda formular la denuncia por sí misma, si así lo solicitara”.
También sostiene que se le deberá brindar atención médica inmediata.
En los fundamentos de la iniciativa, la radical explicó que “las niñas, niños y adolescentes que son afectados como víctimas o testigos de una situación de violencia o de delitos graves, como aquellos contra la integridad sexual, tienen una diversidad de derechos reconocidos, en tanto víctimas, por un lado, y en tanto niñas, niños y adolescentes, por otro”-
“En un caso de una niña, niño o adolescente en el que se sospecha que haya sido víctima de un delito contra la integridad sexual u otra situación de violencia, no existe un procedimiento claro, que establezca los pasos a seguir, los roles, las responsabilidades, los modos de actuación según el caso, los resguardos y los circuitos de comunicación de los diferentes organismos y establecimientos que aseguren el acceso efectivo a estos derechos. Especialmente -y este es el objeto específico de este proyecto de ley- en lo concerniente a la etapa inicial de abordaje, que incluye la detección, el develamiento o la denuncia”, continuó la legisladora.
Al mismo tiempo que concluyó señalando que “esta situación de detección, develamiento o denuncia puede suceder en una escuela, un centro de atención primaria de salud, un hospital, una comisaría, una oficina del CDNNyA o un programa social. También, es el caso si se presenta la denuncia en un establecimiento del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público Tutelar o si se identifica la situación en el marco de otro proceso a partir de la intervención de un organismo del Poder Judicial. Así, a pesar de los derechos reconocidos para las niñas, niños y adolescentes víctimas y las obligaciones para los estados y funcionarios de respetar el interés superior del niño y de considerar a los niños como prioridad absoluta, estos se encuentran con una primera atención que puede seguir criterios muy diferentes y que puede resultar fragmentada, superpuesta y en algunos casos ineficaz y no cuidadosa de la protección de sus derechos”.
Tras el crimen de Lucio Dupuy, la legisladora indicó que en su provincia “hace años se vienen lamentando muertes de niños que han vivido situaciones de vulnerabilidad en sus hogares”.
El crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado a golpes en La Pampa por el que están detenidas la madre de la víctima y su pareja, expuso las falencias respecto de la protección de menores ante la violencia. Desde la Cámara baja, se presentó un proyecto de ley de “prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes” que llevara el nombre del menor.
En este marco, la senadora nacional Clara Vega remarcó la necesidad de visibilizar que en La Rioja “hace años se vienen lamentando muertes de niños que han vivido situaciones de vulnerabilidad en sus hogares” y, la mayoría de ellos aún con intervención del Estado, terminaron de forma trágica.
“Es muy duro ver que este tipo de casos se replican en todo el país y que nuestra provincia no es la excepción. Hace muy poco llorábamos la muerte de Zoe, una nena de tan solo 4 años que la encontraron calcinada, con muchos sueños y una vida que le fue arrebatada de la peor manera”, agregó la legisladora.
“Más allá de que la madre está detenida junto a su pareja, Zoe no va a volver y su familia paterna y toda una sociedad pide justicia porque acá si intervino el Estado, pero no tomó la decisión correcta. No hubo seguimiento, no escucho a Zoe que no quería volver con su mamá”, afirmó Vega.
Asimismo, la senadora se refirió a casos anteriores “al margen del proyecto presentado por los diputados, el Estado tiene una deuda muy grande con esos niños que ya no están y me voy a tomar el atrevimiento de nombrarlos: Alan Suárez, 11 años, se quitó la vida. Había alertado sobre la angustia que sentía por no poder vivir con su padre. El nene pidió ayuda en la escuela, en la Comisaría de la Mujer, donde acudió en cuatro oportunidades. Ingrid Sandoval, 12 años, se quitó la vida luego de un largo proceso que tuvo que pasar tras ser víctima de abuso sexual por su abuelo”.
“Es una vergüenza que la Justicia de la provincia no cuente con recursos para contratar a un perito que pueda vincular las causas. Y podría seguir nombrando muchos casos más, en los que -reitero- intervino el Estado, pero la Justicia falló una y otra vez”.
Para finalizar, dejó en claro “hay que trabajar duro para que no haya más Lucio, Zoe, Ingrid, Alan, y todos esos niños que hoy son víctimas de diferentes tipos de violencias y víctimas del sistema. Hoy todos debemos gritar ¡con los niños no!”, concluyó.
