Luego de ser aprobado en el recinto, pero devuelto para un tratamiento en particular para modificaciones en la redacción, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este miércoles para tener encuentro informativo sobre el articulado del proyecto que modifica el Código Penal y endurece las penas por la compra y venta de menores.

En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, la comisión que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto recibió a diferentes invitados para ampliar el debate sobre la redacción del artículo 1ero. que modifica el 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores.

En la sesión del jueves pasado fue este punto el que tuvo discrepancias y derivó en el regreso del despacho a comisiones para su tratamiento en particular. La iniciativa había recibido media sanción por unanimidad -63 votos afirmativos- del Cuerpo en el recinto.

Entre los expositores estuvieron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham; el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman; el abogado y profesor de Derecho Penal, Horacio Romero Villanueva; Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros.

En el inicio de la reunión de Justicia y Asuntos Penales, el titular anunció dos modificaciones en la nómina de senadores que la componen: En primera instancia, la pampeana María Victoria Huala reemplazó a al misionero Martín Göerling Lara; y el radical Daniel Kroneberger hizo lo mismo con el catamarqueño Flavio Fama.

El objetivo de esta comisión es arribar a un despacho en conjunto entre todos los integrantes ya que el tema tiene el aval del oficialismo, los dialoguistas y la oposición. Al finalizar las exposiciones, el riojano Pagotto anunció el pase a un cuarto intermedio para volver a reunirse y así unificar un dictamen que sea llevado al recinto nuevamente.

El debate

El primer expositor fue Mariano Borinsky, quien destacó los proyectos de Antonio Rodas y Carolina Losada. Luego, indicó: “Son delitos de extrema gravedad que deben estar tipificados en el Código Penal con una categoría independiente y me parece adecuada la tipificación en los delitos contra el Estado civil”.

De igual manera, continúo: “El Código habla de apoderamiento y el delito está en el carácter de ese apoderamiento”. A su vez, sugirió: “Poner entrega -como palabra- entra en adopción. Prefiero poner ‘entregar’ e incluir ‘ilegítimamente’ porque le da la tipificación de las conductas ilegítimas”.

Ratificó, además, que “va a ser delito con o sin precio o premiso·, pero advirtió que “el precio es agravamiento de la pena y ambas conductas consideradas delictivas”.

“Cuando hay precio debe ser agravada y la conducta sin precio es delito y es más grave la conducta por precio”, reiteró Borinsky, y remarcó: “con este sencillo agravado estamos mostrando que la compra y venta es más grave cuando hay precio”.

En el cierre de su intervención, añadió: “Destaco que sea la competencia federal quien intervenga porque es pertinente el agregado de tipificación y los de acción penal”. Terminó que “las situaciones de vulnerabilidad e ignorancia son hipótesis que no debieran ser agregados”.

La santafesina Carolina Losada planteó una duda sobre el concepto de entrega legítima y el letrado le explicó: “Son las adopciones por un tiempo breve cuando el padre o madre dejó al hijo porque viajó y así queda subsanado”.

La defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó que “en la República Argentina, la compraventa de niños con precio es para fines adoptivos”. Además, cargó que “aquel que compra un niño, siempre va a tener un papel de origen ilegitimo”.

Ejemplificó con el caso Forneron y recordó: “El acta lo labra una defensora de los derechos del niño porque siempre hay un documento, y se siguen entregando a pesar de estar prohibido en el Código Civil”.

Con relación al modo de operar de estos ilícitos, señaló: “Es un conglomerado que se organiza para captar mujeres embarazadas y pagar una suma que no es significativa”. En ese caso puntual, acusó que “un defensor de menores labró un acta un sábado a la tarde se comprueba que hubo compraventa, pero no está tipificado”.

Respecto a este debate, fue concreta: “Estoy de acuerdo con la tipificación, pero eso no es suficiente para evitar que se sigan haciendo con fines adoptivos”. Exigió poner “fines adoptivos” en la redacción y mencionó que se pagan hasta 10.000 dolares en estos casos.

Del mismo modo, relató que “Forneron tuvo un acta labrada por un defensor de menores y eso legitimó la compraventa”. Agregó, además que “la coacción es describirles (a los vendedores) las condiciones en que viven y prometerles condiciones mejoras de vida, pero la remuneración nunca es la que se promete porque el intermediario se lleva la mejor parte”.
Para cerrar, reiteró que “la Convención Interamericana nos dice que, sino aclaramos que se hace con fines adoptivos, seguiremos yendo por la lateral o por la colectora”.

En tercer lugar, el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman, expresó: “A mi juicio debería tener penas efectivas que superen los 3 años de prisión porque estamos hablando de hechos graves”. También, señaló que en los casos que se busca “tratar de lograr un aval son aun más grave y debieran tener una escala de 4 a 12 y penas de inhabilitación a funcionarios públicos y profesionales”.

“En materia de penas, mi opinión en relación al delito de venta de menores es que debería tener penas efectivas, que haga improcedente la condena condicional y la ‘probation’, porque estamos hablando de hechos muy graves”, remarcó Freedman.

A su turno, el abogado Horacio Romero Villanueva, abogado y profesor en Derecho Penal, manifestó que “la fórmula normativa objetiva y subjetivamente tiene que afectar un bien jurídico especifico”.

Del mismo modo, planteó que “el delito tiende a punir la adopción ilegal, no la entrega de un menor contra una contraprestación”. También, sostuvo que “lo legitimo o ilegitimo es una cuestión de hecho, no de derecho y abarca un supuesto de hecho que es de valoración judicial”. Pidió reestudiar la redacción.

Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación, señaló que “si uno quiere una ley que ataque a los eslabones más gruesos de este delito debería poder investigar los dispositivos burocráticos más allá de hechos individuales”. “Más allá de una compraventa puntual, poder perseguir a los dispositivos de la venta de menores”, añadió.

También, Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, expresó: “Es muy grave forzar, a partir de la demanda, la decisión de poner a un niño en situación de adaptabilidad sin que haya habido un trabajo de acompañamiento. La responsabilidad del cuidado de los derechos de los niños por parte de los adultos sigue vigente”.

Brevemente, la fundadora y directora de la Fundación Red por la Infancia, Paula Watcher, agregó: “Es interesante poder pensar en la figura del arrepentido que menciona uno de los proyectos de ley. Un atenuante para quienes puedan aportar datos bilógicos sobre el niño y sobre sus apropiadores ilegítimos. Eso contribuye desde una perspectiva de infancia”.

En última instancia, el juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en los Penal, Ignacio Mahiques, explicó que “se tiene que tipificar la entrega ilegítima de un menor y la escala salarial tiene que ser grave, proporcional al daño provocado. No advierto de manera clara por qué las provincias deberían ceder su competencia en la investigación de este tipo de delitos”.

La fiscal federal Alejandra Mangano imputó este miércoles al juez Mariano Borinsky y a Mauricio Macri por los 18 encuentros que mantuvieron durante el ejercicio de la gestión como presidente de la Nación de Macri.

La fiscal aceptó la ampliación de la denuncia presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés el 25 de junio, y pidió medidas de prueba para “establecer si dichos encuentros entre el expresidente de la Nación y el luez de Cámara fueron la ocasión para una influencia indebida por parte del primero para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción de los doctores Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en función de un interés distinto al que debía guiar las decisiones jurisdiccionales del nombrado en la Casación Federal”.

Mangano le solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa, que requiera a la Cámara Federal de Casación Penal que informe si en virtud de los sucesos denunciados y específicamente con relación Borinsky, “se iniciaron actuaciones, se labraron constancias, se cursaron comunicaciones a otros organismos competentes o se celebraron acuerdos de magistrados”. También que se consulte a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación si existen actuaciones, denuncias o comunicaciones vinculadas a los hechos denunciados con relación a Borinsky.

Asimismo, la fiscal requirió que se solicite a la Secretaría General de la Presidencia que, a través de Casa Militar, informe los nombres del personal administrativo que cumplió funciones en la Secretaría Privada de Presidencia los días y horarios en los que se produjeron los encuentros detallados en las denuncias y se recabe información de contacto para su posterior citación a declaración testimonial. Lo mismo para el personal administrativo que estuvo en funciones en protocolo o secretaría privada en la Quinta Presidencial de Olivos.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este martes, ante el Tribunal Oral Federal N°8, la nulidad de la causa del Memorándum con Irán, en la que se encuentra acusada de encubrimiento, y solicitó asimismo que se deje sin efecto el juicio y se dicte el sobreseimiento de todos los procesados.

A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Senado compartió la presentación realizada en la Justicia por sus abogados -Ary Rubén Llernovoy y Carlos Beraldi-, además de un vídeo con una voz en off en la que apunta contra el expresidente Mauricio Macri y los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes “resucitaron” la causa en 2016.

En el escrito, se recuerda la resolución dictada por los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal que, el 29 de diciembre de 2016, dejaron “sin efecto la desestimación de la denuncia que dio origen al proceso”, que había sido realizada por el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, días antes de morir.

Dicha resolución “apartó a todos los jueces que habían convalidado tal decisión y ordenó la remisión de la causa a un nuevo magistrado para su continuación”.

“Como consecuencia lógica del temperamento impetrado, solicitamos que se deje sin efecto el auto de citación a juicio y se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afecta su buen nombre y honor”, señala la presentación.

Y agrega: “También requerimos expresamente que tal mención alcance al Sr. Héctor Timerman, quien fuera sobreseído en este proceso por extinción de la acción penal”.

La vicepresidenta quiere que una vez que “las partes constituidas en autos tomen la debida intervención en el incidente de nulidad promovido y evacúen las vistas respectivas”, se fije una audiencia “a fin de que todos los argumentos expuestos puedan ser debidamente oralizados, se reciba la prueba admitida y se permita alegar sobre su mérito”.

“Asimismo y dada la trascendencia que reviste el presente proceso, tal audiencia deberá ser llevada a cabo de manera pública, autorizándose a los medios de comunicación que así lo requieran a su transmisión en vivo”, reclama.

Además, en el pedido se requiere que “se inicien las investigaciones correspondientes y se deslinden las responsabilidades del caso”, al tiempo que se dé “intervención al Consejo de la Magistratura de la Nación y al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a fin de que sustancien los procesos de suspensión y remoción de los magistrados involucrados en las nulidades planteadas”.

Finalmente, anticipa que “en virtud de las garantías constitucionales vulneradas y la enorme gravedad institucional del caso, hacemos expresa reserva de acudir, de ser ello necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14, ley 14), así como también ante los Organismos Internacionales competentes en materia de Derechos Humanos”.

Vídeo contra Macri, Borinsky y Hornos

En Twitter, CFK compartió, además del pedido ante la Justicia, un vídeo en el que apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

“Hace pocos días y luego de años de silencio tomaron estado público los encuentros secretos en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada, entre Mauricio Macri y los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos”, comienza el vídeo, relatado por en off por el actor Pablo Echarri, con imágenes de archivo y también declaraciones públicas del propio Macri.

En la pieza audiovisual se apunta que “pese a los múltiples intentos del macrismo y de los propios jueces para ocultarlo, finalmente salió a la luz la escandalosa complicidad de las más altas jerarquías del Poder Judicial con Mauricio Macri para perpetrar su plan de persecución político-judicial a dirigentes opositores”.

“Seguramente sea la causa del Memorándum con Irán la más escandalosa de esta verdadera saga de manipulación y violación del Estado de Derecho”, señala y recuerda que “el 29 de diciembre de 2016, Hornos y Borinsky en un fallo escandaloso resucitaron, literalmente, la causa del Memorándum con Irán”, pese a que “casi dos años antes, distintos jueces de esa misma Justicia Federal habían cerrado esa causa por inexistencia de delito”.

Entonces, se acusa que los magistrados “resucitaron la causa por la intromisión directa del gobierno que había asumido apenas un año antes”, ya que “desde la presentación de la denuncia (por parte de Nisman), Mauricio Macri utilizó la causa con objetivos políticos”.

“Al día siguiente del fallo ‘resucitador’, insólitamente y con la impunidad que lo caracteriza, Macri felicitó con nombre y apellido a los magistrados firmantes”, reclama y continúa: “Lo que siguió era escandalosamente previsible y cumplía al pie de la letra el manual para la persecución judicial, política y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner”.

En ese sentido, recuerda que el sorteo recayó en Claudio Bonadio, “quien de inmediato comenzó con su cacería”. Y que Borinsky y Hornos “tomaron parte en el expediente de forma ilegitima”, algo denunciado por Ana María Figueroa, “lo que le valió una insólita crítica pública por parte de Mauricio Macri”.

En el vídeo se considera que todo ellos constituyó “hechos de persecución que solo se habían desarrollado en dictaduras”, y la “indignación” deriva de que “los que ocasionaron todos estos descalabros son presentados como defensores de la república”.

Finamente, se califica a la causa del Memorándum como “uno de los procesos judiciales más escandalosos de nuestra historia”. “La falta de independencia y parcialidad con la que se desempeñaron en esta causa, violando además las garantías del juez natural, determina la nulidad de todas sus decisiones”, se afirma sobre los jueces, y concluye: “Ya es hora de terminar con esta injusticia que causó tanto daño”.

El ex jefe del bloque Pro en Diputados Nicolás Massot subestimó la participación de Borinsky en la polémica de las visitas de jueces a Olivos durante el Gobierno macrista. “Yo a Borinsky no lo conozco pero sí tengo conocimiento que él encabezó una comisión que buscaba reformar el código procesal penal. Si las reuniones que ocurrieron tuvieron lugar con el trabajo de esa comisión me parece razonable, pero es una suposición”, aseguró.

El exdiputado agregó que “si hay algo que objetar, tenemos una institución acorde representado por todas las fuerzas que es el Consejo de la Magistratura que, imagino, ya debe estar investigando el caso. La visita en sí misma no me parece señal de nada, es absolutamente razonable que un presidente y su ministro de Justicia tenga encuentros con miembros del Poder Judicial en tanto que tenga que ver con la agenda institucional, cualquier otra cosa tiene que ser investigada”.

Massot también habló de la interna de Juntos por el Cambio en su diálogo con Radio 10. “Existen diferencias de formas y estilos de liderazgo diferentes en Juntos por el Cambio. Es lo más esperable y genuino en este tipo de construcciones políticas”, sostuvo.

Al ser consultado acerca de su lugar en las listas de las elecciones, aseguró que “estamos dispuestos a llevar nuestro estilo y nuestras propuestas a las Primarias”, a propósito del ala que integra junto a Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

“Habiendo primarias no es un escenario que Juntos por el Cambio saque a nuestro sector de las listas. No hay tal cosa como ‘te dejo fuera de las listas’. Nosotros es lo que decimos hace tiempo, hay que jugar la interna”, añadió.

En cuanto a la grieta, admitió que tanto el oficialismo como la oposición han cometido los mismos errores.”Este cuento de que vienen los moderados a cerrar la grieta ya lo escuchamos y no pasa. En las dos grandes coaliciones está la tentación electoralista de seguir a la secta, hablarle al grupo chico y hablarle a los parecidos”, argumentó el ex jefe del bloque Pro en Diputados.

“La legitimidad propia te la dan los votos que tenés. Pero la conducción involucra a los distintos y a los otros. Yo no creo que haya estado presente eso en el momento que Juntos por el Cambio gobernó. Este Gobierno cometió el mismo error y más rápido que el gobierno anterior. Yo le di un gran beneficio a la duda a este gobierno y me presté a colaborar para cerrar la grieta pero cayó en la misma trampa que el gobierno anterior”, agregó.

Para concluir, señaló que “el Gobierno ha cometido muchos errores en el manejo de la pandemia pero no por eso hay que tapar la gravedad de la situación, como oposición tenemos que tener el equilibrio de marcar esos errores pero al mismo tiempo alertar a la gente de la gravedad de los meses que se nos vienen”.