El legislador de Volver al Futuro (VF) Emmanuel Ferrario presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa de resolución en la que le exigirá al Gobierno porteño que de precisiones relacionadas al anuncio del alcalde, Jorge Macri, relativo a la aplicación de sanciones a las personas que remuevan residuos en los contenedores.

En ese sentido, el diputado pidió que se precise la cantidad mensual de sanciones económicas aplicadas por remover residuos de los contenedores, en los últimos doce meses, y monto de las mismas; las medidas implementadas, a partir del anuncio, por el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad para mejorar la efectividad en la aplicación de la sanción; y el destino asignado a los fondos recaudados por la aplicación de dichas sanciones.

A través de los fundamentos de la iniciativa, Ferrario explicó que “el 4 de agosto del corriente año, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, realizó un anuncio a través de la red social X, en el que informó haber dado la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad para que, al encontrar personas removiendo basura de los contenedores de la Ciudad, les exijan limpiar y ordenar inmediatamente y, en caso de negarse, sean sancionados según la normativa vigente”.

“Teniendo en cuenta que la sanción ya se encontraba prevista en el Código Contravencional con anterioridad a la comunicación del Jefe de Gobierno, resulta fundamental evaluar si, tras dicho anuncio, se ha producido un incremento real y significativo en la aplicación de la misma”, añadió y sentenció que “para ello, resulta necesario conocer qué medidas específicas han sido implementadas por el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad, así como la cantidad mensual de sanciones económicas aplicadas en los últimos doce meses, los montos involucrados, y el destino asignado a los fondos recaudados”.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, anunciara sanciones para quienes revuelvan los contenedores de residuos, el diputado por Partido Obrero (PO) Gabriel Solano pidió a la Legislatura porteña repudiar la decisión y consideró que se trata de “una medida persecutoria”.

El trotskista presentó en el Parlamento local una iniciativa de declaración mediante la cual prevé manifestar “su más enérgico repudio a la disposición anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, de sancionar a personas que revuelvan residuos en contenedores de basura, por considerarla una medida persecutoria, discriminatoria y represiva que criminaliza la pobreza y profundiza la marginalización social que los lleva a tener que tomar esa decisión”.

El proyecto también insta “al Poder Ejecutivo de la Ciudad a dejar sin efecto de manera inmediata dicha orden, y a abstenerse de aplicar sanciones o medidas coercitivas basadas en el artículo 94 del Código Contravencional en el contexto descripto”.

En los fundamentos de la iniciativa, Solano aseveró que “el anuncio se realiza en un contexto de profunda crisis social y económica, donde miles de personas, especialmente trabajadores desocupados y adultos mayores, recurren a la recolección informal de materiales reciclables como medio de subsistencia” y consideró que “aplicar multas que ascienden hasta los $900.000, o imponer trabajos de utilidad pública, no sólo representa una orientación punitivista, sino que afianza una lógica represiva que prioriza el ‘orden y la limpieza’ de la ciudad sobre las condiciones de vida de quienes se ven empujados a esta situación por las mismas políticas de quienes gobiernan”.

“La basura que se revuelve no es un acto ‘vandálico’, sino un síntoma desesperado de familias que no pueden acceder a derechos básicos como el trabajo genuino, la alimentación o la vivienda, donde el Estado en lugar de garantizarlos, responde con represión”, continuó.

Asimismo, Solano advirtió que “la orientación de mayor persecución y criminalización por parte del ejecutivo porteño, en línea con el gobierno nacional, busca ocultar su responsabilidad en la situación actual y descargarla sobre los trabajadores que son quienes sufren estas políticas. Que el número de personas en situación de calle siga en aumento año tras año es el producto de esta orientación”.

“Es responsabilidad del Estado y los gobiernos que miles de familias no tengan un trabajo genuino y no puedan acceder a un plato de comida. La respuesta frente a la búsqueda de un ingreso no puede ser la represión. Esta Legislatura no puede avalar esta orientación”, completó.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 11.19 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscará debatir una serie de modificaciones al Código de Faltas porteño, imponiendo multas y sanciones de tareas comunitarias y capacitación a infractores de normas ambientales y de higiene.

De esta manera, se buscará incorporar el concepto de “reparación verde” para las infracciones ambientales, de higiene urbana y de daño en el espacio público. Estas sanciones implican que el infractor deberá realizar capacitaciones o tareas comunitarias comprometidas en la recomposición, mantenimiento y preservación del ambiente, fomentando así, una relación más sustentable con su entorno, más allá de las multas o penas que pudieran corresponder legalmente.

El objetivo, además de la parte punible es “fomentar la concientización de la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del ambiente e higiene urbana”. Paralelamente, la propia norma a considerar adecuará los montos de unidades fijas que se aplican para las sanciones monetarias.

Otro proyecto que será sometido a debate y votación este jueves refiere a una “adecuación en los beneficios impositivos dentro del marco de adhesión al Régimen de Economía del Conocimiento por parte del Gobierno” de la CABA. Se busca con esa iniciativa establecer una limitación a los beneficios fiscales otorgados, con un cupo máximo de cupo 10% a cada beneficiado, y determinar el monto asignado a ese fin a través del presupuesto anual de gastos y recursos. Para el año en curso se propone, como cláusula transitoria una cifra de 6 mil millones de pesos.

Este miércoles en el Congreso de la Nación la diputada nacional Natalia Zaracho (FdT) volvió a presentar el proyecto de ley de envases con inclusión social con algunas modificaciones, debido a que la iniciativa que había sido impulsada por el Ejecutivo en 2021 perdió estado parlamentario.

Acompañaron la presentación el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, el vice ministro de Ambiente, Sergio Federovisky, la directora nacional de Reciclado María Castillo y los diputados Florencia Lampreabe, Federico Fagioli, Paula Penacca, Natalia Souto, Hernán Pérez Araujo. Además de representantes empresariales, ambientales y sindicales.

“Este debate no empieza hoy. Desde 1999 que en Argentina se discuten proyectos de gestión de envases, se presentaron más de 48 proyectos en los últimos 20 años y ni uno solo se aprobó. A los que estaban, nosotros le agregamos la cuestión del trabajo, de la inclusión social para recuperadores y cartoneros, porque no solo tenemos una crisis ambiental sino también una crisis social”, sostuvo Zaracho autora del proyecto.

Por su parte, Federovisky uno de los oradores de la jornada y mayores defensores de la ley afirmó que “si hay vocación de tener política pública en materia ambiental en argentina, esta ley tiene que ser aprobada”, y que “es importante explicar que la tasa no es un impuesto, no debería trasladarse a precios porque es un costo que debería absorber el productor”.

Por su parte German Martínez expresó su apoyo al proyecto de ley y asumió el compromiso de impulsarla para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto.

También expusieron durante la jornada Mercedes Pombo, referente Jóvenes por el Clima; Marcelo Vargas, referente de CONARCOOP; y Matías Capoblanco, referente de FACCyR.

En el país se producen 50 mil toneladas de residuos plásticos por día, de ese total solo se recupera 20% y el resto va a parar a rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. El proyecto busca implementar incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos respetuosos con el ambiente y responsabilizar a los productores de los envases contaminantes al final de su vida útil. A su vez, busca instrumentar mecanismos que permitan financiar políticas públicas de gestión de residuos con inclusión social esperando generar hasta 80.000 nuevos puestos de trabajo.

En medio de la pandemia del coronavirus y del aumento de la demanda en comedores comunitarios, el legislador Hernán Reyes (VJ) en conjunto con otros diputados de la bancada oficialista presentaron en la Legislatura porteña mediante la cual buscarán evitar que se desechen alimentos que aún se encuentran aptos para el consumo humano y así reducir los residuos alimenticios.

La medida alcanzará a supermercados, minimercados de más de cuatro cajas registradoras, los hoteles de cuatro y cinco estrellas, shoppings y restaurantes.  Es así que se los insta a elaborar periódicamente una declaración jurada deberá incluir un plan de reducción de residuos alimentarios y destino o tratamiento alternativo conforme el tipo de alimento.

De esta manera los productos que se encuentren en condiciones aptas para el consumo humano podrán ser destinados a “acuerdos privados con proveedores para el retiro de stock”, “convenios no onerosos con organizaciones sin fines de lucro”, “convenios onerosos”, “transformación de los mismos en otros productos alimenticios” o “derivados a otros establecimientos”. Mientras que los que no puedan ser consumidos deberán ser “derivados a centros de compostaje”, “transformación en alimento para animales” y “utilización de los mismos para generación de energía”.

Asimismo, la iniciativa sostiene que en el caso de que se generen convenios de donación, los productos alimenticios tienen que cumplir con las “exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino” y “deberán ser celebrados con organizaciones sin fines de lucro que cuenten con experiencia en el manejo de alimentos y que puedan cumplir con los recaudos de trazabilidad, cadena de frío y condiciones de salubridad para su posterior distribución”.

En los fundamentos del texto los diputados recordaron que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “estimaba que alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se perdían o desperdiciaban en todo el mundo, lo que equivalía a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año”.

A la vez que destacaron que “en Argentina, cada habitante produce alrededor de 1 kg de residuos sólidos urbanos por día, en la Ciudad ese promedio es aún mayor: cada habitante produce un promedio de 1,5 kg por día; ello equivale a un aproximado de 6700 toneladas de basura diaria”  y precisaron que “el 60% corresponde a la fracción húmeda, y un 40% a la seca. A su vez, los desechos alimenticios comprenden un 43,56%  de la totalidad de los residuos sólidos urbanos generados en la Ciudad”.

“La prohibición general de desechar alimentos que aquí establecemos reviste particular importancia en el contexto actual. Promovemos que estos alimentos tengan un sentido o un destino alternativo al desecho, diferenciando los productos que se encuentran en condiciones aptas para el consumo humano y aquellos que no”, sentenciaron.

La iniciativa también lleva la firma de Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ).