Diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezados por Luis Petri, Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña, presentaron un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes en la Cámara de Diputados por la empresa de testeos contratada en Ezeiza, y exigen explicaciones.

“¿Por qué los hisopados no los hace el Ministerio de Salud? ¿Por qué se tercerizaron en una empresa sin antecedentes y que fue creada el 1° de diciembre? ¿Por qué el Estado para algunas cosas monopoliza contrataciones y en otras permite hacer millonarios negocios a privados?”, preguntan los legisladores.

Aseguran que “está en juego la salud de millones de argentinos, está en juego el ingreso de nuevas cepas, de su detección depende, entre otras cosas, la eficacia de la vacuna. Si fallan los testeos e ingresan nuevas cepas sin ser detectadas y aislados quienes se encuentran infectados, puede que las vacunas no inmunicen frente a ellas. Por eso es fundamental la realización de testeos en Ezeiza con la máxima rigurosidad, algo que hasta aquí nunca ocurrió”.

“No se entiende muy bien si esto es un negocio de pocos amigos o que el mismo Gobierno no confía en su capacidad de realizar los testeos”, advirtió Cornejo y agregó: “Llama la atención los datos publicados de la empresa. Generan muchísimas dudas y es lo que exigimos que los funcionarios que la contrataron nos expliquen, cómo fue que la eligieron”.

Una nota publicada en el diario La Nación, titulada “Un negocio millonario manejado por un misterioso laboratorio”, firmada por Diego Cabot, alertó sobre el tema. La nota explica que “todos los argentinos que llegan al aeropuerto deben pagar obligatoriamente $2500 por el test de antígenos; detrás de esa decisión funciona una sociedad recién creada cuyas dueñas son dos monotributistas sin antecedentes conocidos en bioquímica”. También detalla que “Labpax se creó el 1° de diciembre de 2020 cuando a Cáceres y Orellana Perillo les cedieron las acciones de Real Estate Investments, una empresa que nada tenía que ver con los análisis clínicos. Unos días antes, la primera de las dos socias había asumido como gerenta de la firma y desde allí cambió la denominación de la sociedad”.

“El ingreso de nuevas cepas, así como el ingreso del COVID el 3 de marzo del 2020, cuando se registró el primer caso, va a ser por Ezeiza y allí es donde hay que maximizar los controles y testeos, que no estuvieron presentes al inicio de la pandemia y hoy los tercerizamos inexplicablemente”, concluyo Petri.

El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que informe las razones que llevaron al Ministerio de Salud a licitar y adjudicar 375.000 test rápidos a Laboratorios Abbot, por un valor de 1,9 millones de dólares, dejando de lado a los test “Neokit” de diagnóstico rápido desarrollados por el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (Conicet-Fundación Pablo Cassará).

“Queremos saber las razones por las que se han desestimados los tests de producción nacional”, remarcó el radical, quien recordó que “el Instituto Milstein cuenta con la capacidad necesaria para producir 20.000 reacciones por día, además de que el Neokit Plus permite reducir a la mitad el tiempo y bajar notablemente los costos. Es una buena opción para poder incrementar la cantidad de test diarios y actuar en forma preventiva”.

El mendocino consideró que “con más de 200 días de cuarentena, el mayor problema ha sido la falta de testeos masivos, ya que Argentina se encuentra entre los últimos países en cuanto a cantidad de testeos por millón de habitantes”. “Sin embargo, y pese a tener esta respuesta a nivel local creada por el CONICET, el Gobierno decidió licitar y adjudicar, a la par del lanzamiento del Plan Federal Detectar, una compra de test rápidos a Laboratorios Abbot, por un valor de 1,9 millones de dólares”, señaló.

En ese sentido, el legislador de Juntos por el Cambio dijo que “es importantes saber los motivos” y subrayó que “nuestro país tiene la mejor calidad humana y científica para ofrecer diversas respuestas para combatir el Covid-19 y es un orgullo que nuestros científicos sean protagonistas en la lucha contra esta pandemia”.

“Es por ello que precisamos información para entender las razones que llevaron al Gobierno a desestimar las ofertas nacionales de test de diagnóstico rápido”, finalizó Cobos.

El diputado nacional Miguel Nanni (UCR) presentó un proyecto de ley por el cual propone incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, la cobertura integral de las pruebas de diagnóstico de Covid-19. El mismo incluye a las obras sociales, entidades de medicina prepaga y toda aquella entidad que brinde un servicio médico asistencial a sus afiliados, cualquiera fuera su figura pública.

“El momento que vive el país con relación a la curva de contagios es muy delicado y testear a la mayor cantidad de personas es una de las soluciones más efectivas. La realidad nos muestra que muchos servicios de salud se niegan a realizar los test de diagnóstico en casos sospechosos y si el paciente no tiene los medios para abonarlo en forma privada le sugieren que se quede en su domicilio para evitar posibles contagios en el caso de ser positivo. La población requiere contar con la información adecuada de su estado de salud”, remarcó el radical.

El legislador salteño remarcó que “son varias las situaciones en las que se niega el acceso al test de diagnóstico, por lo que es fundamental que los mismos sean contemplados dentro del Programa Médico Obligatorio. Es inaceptable que una persona tenga que pagar alrededor de siete mil pesos para realizarse un hisopado”.

En los fundamentos de la iniciativa se explicó que, en cuanto a la necesidad de contar con los test, es que se exigen para el tránsito entre algunas provincias, lo que genera que familias enteras se encuentren en la imposibilidad fáctica de transitar dentro del país ya que deben abonar en forma privada los elevados costos del test diagnóstico.

Por otro lado, antes de someterse a una intervención quirúrgica o un parto, o inclusive realizarse algún estudio médico (ej. colonoscopía, endoscopía, etc.), se le requiere al paciente realizarse el test de coronavirus y, en estos casos, en atención a que no se presenta la sospecha por síntomas asociados al virus de ser positivo, en la mayoría de las situaciones, no es cubierto por las obras sociales.

El proyecto fue acompañado por los diputados radicales Martín Grande y Virginia Cornejo.

El diputado nacional Miguel Nanni presentó un proyecto de ley para incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente la cobertura integral de las pruebas de diagnóstico de Covid 19. El mismo incluye a las obras sociales, entidades de medicina prepaga y toda aquella entidad que brinde un servicio médico asistencial a sus afiliados, cualquiera fuera su figura pública. 

“El momento que vive el país y nuestra provincia en específico con relación a la curva de contagios es muy delicado y testear a la mayor cantidad de personas es una de las soluciones más efectivas. La realidad nos muestra que muchos servicios de salud se niegan a realizar los test de diagnóstico en casos sospechosos y si el paciente no tiene los medios para abonarlo en forma privada le sugieren que se quede en su domicilio para evitar posibles contagios en el caso de ser positivo. La población requiere contar con la información adecuada de su estado de salud”, remarcó el legislador radical Nanni. 

“Son varias las situaciones en las que se niega el acceso al test de diagnóstico por lo que es fundamental que los mismos sean contemplados dentro del Programa Médico Obligatorio. Es inaceptable que una persona tenga que pagar alrededor de 7 mil pesos para realizarse un hisopado”, agregó el legislador, que se mostró expectante del tratamiento del proyecto lo antes posible.  

En cuanto a la necesidad de contar con los test, la iniciativa señala que se exigen para el tránsito entre algunas provincias, lo que genera que familias enteras se encuentren en la imposibilidad fáctica de transitar dentro del país ya que deben abonar en forma privada los elevados costos del test diagnóstico. 

Por otro lado, advierte además que antes de someterse a una intervención quirúrgica o un parto o inclusive realizarse algún estudio médico (ej. colonoscopía, endoscopía, etc.) se le requiere al paciente realizarse el test de coronavirus y en estos casos, en atención a que no se presenta la sospecha por síntomas asociados al virus de ser positivo, en la mayoría de las situaciones, no es cubierto por las obras sociales. 

La oposición volvió a reclamarle al Gobierno nacional por la situación actual de cuestiones vinculadas a la gestión de la pandemia por Covid-19 en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, en particular respecto al atraso de los resultados de los hisopados y la cantidad de testeos que se realizan diariamente.

Se trata de un pedido de informes presentado por la diputada nacional del Pro Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Carmen Polledo, Hernán Berisso, Héctor Stefani, Soher El Sukaria, María Luján Rey, Adriana Caceres, Pablo Torello, Alicia Fregonese, Julio Sahad y Jorge Enríquez.

Como se sabe, a más de 160 días desde el comienzo del aislamiento dispuesto por el Gobierno, actualmente el país atraviesa el peor momento de la pandemia, y la cantidad de contagios y fallecimientos aumenta diariamente.

“Si tomamos ejemplos de otros continentes, continuamos observando que el nivel de testeos en nuestro país es muy bajo. Por ejemplo, en España se testea 230.051 por millón de habitantes, seis veces más que en Argentina. En Italia 164.517, en Gran Bretaña 298.588, en Alemania 160.262, y en Sudáfrica 66.265 testeos por millón de habitantes”, se describió desde el Pro.

Y graficaron que esta situación “se complejiza aún más en la provincia de Buenos Aires, donde hasta el 16 de septiembre se habían realizado solamente 826.403 testeos, lo que equivale a 47.112 testeos por cada millón de habitantes”.

Estos números demuestran que Argentina es el país del mundo con más casos de coronavirus por millón de habitantes que menos testeó, es decir, es el país que con menor capacidad de testeo con mayor cantidad de contagios.

En España se testea 230.051 por millón de habitantes, seis veces más que en Argentina.

Al respecto Joury sostuvo que “ello probablemente se deba a la poca inversión del gobierno nacional para la compra de insumos para realizar los hisopados, y tal vez a la decisión política de no habilitar nuevos laboratorios tanto en el sector público como en el privado para la realización de los diagnósticos”.

“La necesidad del testeo masivo, principalmente en la provincia de Buenos Aires por la cantidad de población y sus características específicas, es aconsejado por todos los especialistas e infectólogos del país y del mundo, e incluso fue solicitado en el mes de abril mediante el Proyecto de Resolución que presentamos en la Cámara”, explicó la diputada platense.

En ese mismo proyecto se señaló la importancia de contar con los recursos necesarios y, en consecuencia, se solicitó al gobierno la compra de más insumos para realizar los test, la descentralización de los testeos, ampliando los laboratorios públicos y privados con capacidad para hacerlo en todo el país, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que alberga casi el 40% de la población nacional.

La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, presentó un pedido de informes para que el Gobierno informe sobre la efectividad de los tests y kits de diagnóstico para la detección del Covid-19 que fueron aprobados por ANMAT y anunciados por el presidente Fernández en mayo pasado.

“Hace dos meses que fue presentado por el presidente este test rápido de diagnóstico desarrollado por un grupo de científicos argentinos”, recordó Ocaña, que agregó luego que “desde aquel anuncio, el panorama no resulta alentador. por eso es necesario obtener precisiones acerca de la situación actual con respecto a estos tests”.

En ese sentido, la legisladora nacional advirtió que “las pruebas efectuadas por el Instituto Malbrán arrojaron resultados preocupantes: en una primera evaluación detectaron que el test tenía un 50% de sensibilidad y, en una segunda evaluación, sólo un 35%”, y añadió que “tales porcentajes de fiabilidad no resultan adecuados para poner el test a disposición. Sin embargo, sabemos que el gobierno nacional estaría distribuyéndolos de todas maneras a fin de que sean utilizados”.

El proyecto de resolución pide que se presente un informe técnico en el que se indique el porcentaje de fiabilidad o sensibilidad de cada test, así como también la cantidad de Neokits que posee el Ministerio de Salud, dónde fueron distribuidos, el costo de producción de cada kit y la ganancia estimada por la producción que recibirá el Instituto, además de pedir las pruebas de fiabilidad que realizó el ANMAT para la aprobación del test, entre otros temas.

El test fue desarrollado por científicos del CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein (ICT Milstein, CONICET-Fundación Pablo Cassará), bajo la coordinación del investigador Adrián Vojnov, en asociación con la empresa NEOKIT SAS, formada sobre la base de un Consorcio Público-Privado (CAPP) entre el CONICET y el Laboratorio Pablo Cassará SRL.

El proyecto de resolución es acompañado por los diputados Carmen Polledo, Omar De Marchi, Hernán Berisso, Héctor Stefani, Claudia Najul, Lidia Ascarate, Gonzalo Del Cerro, Sebastián Salvador, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovsky, Soher El Sukaria, y Gisela Scaglia.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional que brinde “más información” acerca de los testeos que se están realizando en todo el país por el Covid-19, haciendo foco en la provincia de Buenos Aires. Reclaman un diagnóstico “preciso” y que se detalle la situación actual de cada distrito bonaerense.

El reclamo se formuló a través de un pedido de informe presentado por la diputada nacional Mercedes Joury, con el acompañamiento del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y sus pares María Luján Rey; Karina Banfi; Waldo Wolf; Mariana Stilman; Adriana Cáceres; Natalia Villa; Camila Crescimbeni; Hernán Berisso y Pablo Torello.

En el escrito los diputados consideran necesario “enfocarse en seguir descentralizando la realización de test y ampliar la red de laboratorios públicos y privados habilitados para este servicio”. Informaron a la vez que “al problema que venimos arrastrando de la baja cantidad de testeos, se suma la falta de información pública detallada sobre cuántos testeos se realizan en cada jurisdicción provincial”.

Desde el Congreso de la Nación solicitaron al Gobierno que “arbitre” las medidas necesarias para realizar testeos masivos de Covid-19 a todos los profesionales de la salud que se encuentran realizando sus tareas en instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social, y en particular, que estén en contacto con grupos de riesgo de la enfermedad.

El proyecto de resolución fue presentado por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, acompañada por sus pares María Luján Rey, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky y Hernán Berisso.

“Si se realizan testeos masivos a todo el personal sanitario se contribuiría a asegurar que el servicio esencial que brindan no se resienta cuando llegue el pico de la enfermedad y más se los necesite, y que a su vez no contagien a otros pacientes y compañeros de hospitales y clínicas”, afirmó Joury, al argumentar que el personal sanitario “es de los más expuestos a una mayor carga viral, a una mayor concentración del virus, y tal como explican los especialistas, eso contribuye a que los médicos y enfermeros tengan más probabilidades de contagiarse”.

En la actualidad, de acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Salud al 14 de abril, se contabilizan 2.443 casos positivos de COVID-19 en Argentina, en 21 jurisdicciones, y 105 fallecidos. En este marco, “una de nuestras principales preocupaciones radica en el bajo número de testeos que se ha realizado en nuestro país, sobre todo si se lo compara con países europeos, que ya alcanzaron el pico de contagios, e incluso con países de nuestra región”, expresó Joury, junto al resto de los legisladores que acompañaron la presentación.

En ese sentido, se informó que actualmente en el país se efectúan 435 testeos por millón de habitantes, mientras que ese número es de 3.800 por millón de habitantes en Chile, y 2.158 por millón de habitantes en Uruguay.

Por su parte, la diputada María Luján Rey, sostuvo que “si bien es cierto que el número de testeos por millón de habitantes ha ido en aumento en nuestro país, entendemos que si la capacidad de testeo sigue siendo tan baja, nunca vamos a poder tomar real dimensión del problema”.

 Precisó también que, según las estimaciones de los especialistas, “el 80% de quienes se infecten tendrán síntomas leves; y entre el 30% y el 50% serán asintomáticos”, y agregó que, por ello, “si no se realizan testeos masivos, nunca podremos ver a la enfermedad de manera real, ya que no podremos tener un diagnóstico del escenario completo de circulación del virus”.

El diputado nacional Facundo Suárez Lastra solicitó al Poder Ejecutivo que informe acerca de las acciones desarrolladas tendientes a procurar al Estado Nacional los elementos necesarios para la realización de testeos de detección del Covid-19, y requirió detalles sobre el proceso y fecha de compra de los insumos, donaciones, disponibilidad, criterios de realización de testeos, distribución territorial y  capacitación, entre otras.

“Bajo la creencia de que la capacidad de testeo es un elemento fundamental en las políticas a implementar para lidiar con la pandemia, el Gobierno debe brindar información relativa a la adquisición de los insumos necesarios para seguir recomendaciones de la OMS”, explicó Suárez Lastra, y destacó que “la OMS pidió enfáticamente que los países realicen más pruebas, testeos y no solo implementar medidas de aislamiento social”.

Suárez Lastra indicó que “si bien el Gobierno anticipó a medios de comunicación la compra de 50.000 kits de reactivos, la información del Ministerio de Salud no coincide con los datos que constan en los expedientes del sitio comprar.gob.ar, ni se sabe la cantidad total que han llegado al país. A esto se suma, el retraso de diagnósticos por la escasa cantidad de reactivos”.

“La OMS recomendó ‘testeos masivos’ como alternativa al ‘distanciamiento social’ que ha detenido económica e institucionalmente a la Argentina, así como contar con información para analizar la mortalidad, lo cual permitirá mejorar la preparación de nuestro sistema de salud para brindar respuestas al pico de casos que se espera en las próximas semanas”, concluyó Suárez Lastra. Los diputados Claudia Najul y Gonzalo Del Cerro, acompañan esta iniciativa.