Ponen límites a la presencia militar extranjera en defensa de la soberanía sobre Malvinas

En medio de las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos para una asistencia de ese país al Gobierno de Javier Milei, la diputada Agustina Propato presentó un proyecto de ley que busca prohibir la instalación de tropas e infraestructura militar de países aliados del Reino Unido.

Laura Richardson, comandante del Comando Sur, visitó Tierra del Fuego en abril de 2024, oportunidad en la que Milei viajó presuroso al sur para reunirse con ella.

En una semana marcada por el anuncio de un acuerdo de asistencia financiera entre Argentina y Estados Unidos, que incluye un swap de monedas por 20 mil millones de dólares, la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca prohibir la permanencia de tropas extranjeras, la instalación de infraestructura militar y el uso de instalaciones estratégicas argentinas por parte de países que integren alianzas militares con el Reino Unido de Gran Bretaña.

La iniciativa, que se fundamenta en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, apunta a reforzar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. El texto establece que no podrán operar en territorio argentino fuerzas extranjeras de países que no reconozcan formalmente la soberanía argentina sobre esos territorios.

“La defensa de nuestra soberanía no puede flexibilizarse en función de las necesidades económicas y financieras del Poder Ejecutivo Nacional”, advierte Propato en los fundamentos del proyecto.

La presentación se da en un contexto geopolítico sensible. Esta semana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su país negocia con el gobierno de Javier Milei una línea de swap por 20 mil millones de dólares, además de la compra de bonos argentinos y un crédito stand-by. El acuerdo fue interpretado como un fuerte respaldo político y económico de la administración de Donald Trump al Gobierno argentino, en la antesala de las elecciones legislativas de octubre.

El paquete de asistencia incluye también la posibilidad de inversiones directas de empresas estadounidenses en sectores estratégicos del país, y se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para contrarrestar la influencia de China en la región.

En ese marco, el proyecto de Propato adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente legislativo. La diputada advierte que permitir la presencia militar de países aliados del Reino Unido —como Estados Unidos, miembro de la OTAN— podría poner en riesgo los intereses estratégicos de la Argentina, especialmente en relación con la disputa por la soberanía de las Malvinas.

“La cuestión Malvinas es política de Estado. Ningún gobierno tiene potestades para modificar los posicionamientos históricos del pueblo argentino en esta materia”, sostiene la legisladora.

El proyecto también recuerda que el artículo 75 inciso 28 de la Constitución establece que es el Congreso quien debe autorizar la entrada de tropas extranjeras al país, y que cualquier decisión en ese sentido debe estar alineada con los intereses soberanos de la Nación.

La iniciativa de Propato busca abrir un debate incómodo para el oficialismo, que busca mostrar al acuerdo con Estados Unidos como un logro de gestión. Pero también interpela a la oposición, que históricamente ha defendido la causa Malvinas como una política de Estado.

Cristina Kirchner cuestionó al Gobierno británico por extraditar a Julian Assange

Dura reacción de la vicepresidenta ante el anuncio de que el Gobierno de Boris Johnson extraditará a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks.

El gobierno británico firmó este viernes la extradición del creador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde está acusado por haber difundido documentos confidenciales, razón por la cual podría esperarle una pena de hasta 175 años de prisión.

Los defensores del periodista anunciaron que apelarán esta decisión que marca “un día negro para la libertad de prensa”, afirman.

Ante ello se expresó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien tuiteó este sábado que “la decisión de habilitar la extradición de Julian Assange no solo pone en peligro su vida sino que además marca un precedente alarmante para todos los y las periodistas del mundo que investigan y buscan la verdad: disciplinamiento periodístico para todos y todas”.

No es la primera vez que la exmandataria se pronuncia sobre la situación de Assange. En 2019, antes de ser electa vicepresidenta y luego de que éste fuera detenido en la embajada de Ecuador en Londres donde se encontraba, Cristina se pronunció diciendo: “En el mundo al revés, las noticias falsas circulan libremente y aquellos que revelan la verdad son perseguidos y encarcelados. El derecho ala información de los ciudadanos y ciudadanas, bien gracias”.

De acuerdo con la acusación formal que pesa sobre Assange, en marzo de 2010 habría conspirado con Chelsea Manning, un exanalista de inteligencia del Ejército norteamericano, para ayudarla  a descifrar una contraseña almacenada en las computadoras del Departamento de Defensa conectadas a la llamada SIPRNet, una red de EE.UU. utilizada para documentos clasificados.

El portal WikiLeaks calificó de “día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica” la decisión de Reino Unido.

Ante la afirmación de un exfuncionario británico piden informe sobre la vigencia del pacto “Foradori-Duncan”

La presentación del senador Rodríguez Saá se dio luego de Alan Duncan, afirmara que el exvicecanciller de Macri estaba ebrio al firmar el acuerdo.

El senador nacional y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular – San Luis) presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, brinde información sobre el pacto que firmó el exvicecanciller de Mauricio Macri, Carlos Foradori, con Gran Bretaña denominado “Foradori – Duncan” en el 2016.

La presentación de la iniciativa se dio luego de que el exfuncionario británico Alan Duncan, afirmara en la publicación de un libro que el exvicecanciller estaba ebrio al firmar acuerdo: “Estaba tan borracho cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente no podía recordar los detalles del documento”, hecho que es resaltado en los argumentos de la iniciativa.

Por ese motivo, el legislador puntano solicita que se informe:

  • Si se encuentra vigente el denominado pacto “Foradori -Duncan” del año 2016.
  • Si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto evalúa la nulidad del mencionado acuerdo atento a la gravedad de los hechos relatados.
  • Si el exvicecanciller Carlos Foradori se encuentra cumpliendo funciones en la actualidad en algún organismo del Poder Ejecutivo Nacional.
  • Habiendo tenido conocimiento de un hecho de extrema gravedad para la política exterior argentina, para la reafirmación de la soberanía nacional y la irrenunciable defensa de la causa Malvinas, informe si ese ministerio ha iniciado o iniciará acciones tendientes a la investigación sobre la actuación del gobierno que representaba el funcionario nombrado en este hecho.

“Sin lugar a dudas lo que establece este acuerdo es la legalización de lo que ya viene ocurriendo de hecho, la extracción de los recursos naturales de la isla en beneficio del Reino Unido. Estamos ante un pacto de entrega de la soberanía y saque de nuestros recursos naturales. Estamos frente a un hecho que deslegitima todo el trabajo por la reafirmación y la defensa de la cuestión Malvinas; eje central de las políticas de Estado que nuestro país a través de los años y los distintos gobiernos”, fundamenta en el proyecto.

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