El Grupo BGH cumple 110 años y desde la empresa sostuvieron que “nos posicionamos como un referente clave en tecnología e innovación, aportando soluciones inteligentes para las personas, las empresas y los gobiernos, con presencia activa y creciente en once países de dos continentes”.

“La vigencia y liderazgo del Grupo BGH se basa en una combinación de factores clave. Por un lado, su capacidad de adaptación continua a las cambiantes demandas tecnológicas. Por otro, su cultura empresarial, que siempre promovió la creatividad y la búsqueda de soluciones tecnológicas avanzadas. Ambos factores se traducen en la capacidad de desarrollar productos y servicios que satisfacen las necesidades cambiantes de los clientes”, aseguró Demian Podolsky, director de Asuntos Corporativos y Capital Humano del Grupo BGH.

Los 110 años encuentran al Grupo BGH en plena estrategia de diversificación, expansión internacional y vínculo permanente con partners internacionales de primera línea mundial. Lo hace a través de sus cuatro unidades de negocio: BGH Consumer, BGH Tech Partner, BGH Eco Smart y Positivo BGH.

“El Grupo BGH cuenta con un equipo de profesionales con visión estratégica, talento, know-how y orientación a resultados que es capaz de acercar el futuro para las nuevas generaciones. Para nosotros, el mañana es hoy y este desafío nos moviliza en nuestra capacidad para responder a todos nuestros clientes, tanto en el hogar, en empresas y en áreas de gestión estatal”, aseguró Podolsky.

BGH nació en 1913 como una empresa familiar de venta mayorista de productos de ferretería que fue evolucionando rápidamente hacia el negocio de la tecnología, convirtiéndose en pioneros y líderes en los sectores de aires acondicionados, telefonía celular, TV a color y microondas.

En la actualidad, de la mano de una estructura profesional, el Grupo BGH continúa diversificándose en negocios y expandiéndose internacionalmente a través de cuatro unidades de negocio: BGH Consumer, en la fabricación y comercialización de productos de consumo para el hogar; BGH Tech Partner,  en el aporte de soluciones tecnológicas de vanguardia para que las empresas privadas y organismos públicos puedan liderar la era digital;  BGH Eco Smart, en el desarrollo de soluciones de eficiencia energética y smart building para Empresas, Gobiernos y Personas; y Positivo BGH, en la fabricación de productos y el desarrollo de servicios informáticos confiables e innovadores, que mejoran las experiencias educativas, de entretenimiento y de trabajo.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Ciencia, Tecnología e Innovación de Diputados comenzará con el debate de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. La reunión se realizará este martes, desde las 12.30, en el Anexo “C” de la Cámara baja.

Además, se tendrá también a la vista un proyecto del radical Facundo Manes -presidente de la Comisión de Ciencia- sobre creación de un programa de incentivos para las investigaciones y desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo.

En los considerandos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo señaló que “deviene necesario introducir cambios al régimen, por cuanto se advierte, entre otros aspectos, que el límite establecido por dicha norma del 10% de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el pago de impuestos nacionales, resulta sumamente bajo y notablemente menor a los porcentajes otorgados por el resto de los países de Latinoamérica para el fomento de las actividades en cuestión”.

“Las modificaciones que se proponen implicarán un mejoramiento de la Ley N°23.877 que redundará, especialmente, en beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas”, se sostuvo en los argumentos, a la vez que se indicó que “resulta necesaria la adecuación de la magnitud del Certificado de Crédito Fiscal, quedando en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el diseño de las condiciones específicas y los procesos de los llamados, recepción, evaluación, monitoreo e instrucción para la emisión del incentivo tributario”.

El Gobierno recordó que a partir de la reforma tributaria de 2017 (Ley 27.430) se “desvirtuó al instrumento del crédito fiscal para la promoción y fomento de la Investigación y Desarrollo (I+D)”, ya que se “redujo el porcentaje que puede ser solicitado como certificado fiscal en el marco de proyectos de I+D, impuso condiciones para su acceso que acotan aún más el universo de actores que pueden acreditar estas acciones para obtener apoyo del Estado y desmanteló los esquemas de supervisión y orientación que las políticas públicas tienen que ejercer para que estas ayudas públicas concilien los objetivos particulares, pero también los sociales”.

“Como consecuencia de los nuevos parámetros definidos por la Ley N°27.430 y a pesar de contar con crédito presupuestario en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, el instrumento de crédito fiscal para I+D nunca pudo ser implementado, destacándose que en el período señalado no se registraron adjudicaciones”, se agregó.

De esta manera, el objetivo principal del proyecto es “reactivar el referido instrumento al modificar los destinatarios y la ecuación entre cantidad de beneficiarios e intensidad del apoyo”. De esta manera, se propicia un instrumento donde se premie a las MiPyMEs sobre las grandes, se recupere el análisis ex ante de los proyectos y se reconozca el 50% de la inversión en I+D como crédito fiscal con excepciones donde puede otorgarse hasta el 80% según pautas como tamaño, sector, región y primera solicitud.

El Ejecutivo detalló que las empresas MiPyMEs podrán obtener un certificado de crédito fiscal de hasta el 80% de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica. Una segunda presentación de las MiPyMEs para la obtención del beneficio fiscal permitirá obtener un certificado de hasta el 65% de los gastos elegibles. A partir de la tercera presentación podrán obtener un beneficio fiscal del 50%. Y, sin perjuicio de ello, se contempla que grandes empresas puedan acceder a la franquicia en cuestión, considerándose, dada su envergadura, una magnitud de beneficio menor.

Los certificados de crédito fiscal podrán ser utilizados por sus beneficiarios para la cancelación del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, en concepto de anticipos o saldos, por el término de hasta dos años a partir de la fecha de su emisión, establece.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, que preside José Riccardo (UCR), realizó este jueves la segunda reunión informativa en el marco del tratamiento de los proyectos de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Al abrir el encuentro virtual, Riccardo destacó que los testimonios de especialistas son “insumos muy importantes para enriquecer el debate”, que en esta oportunidad tuvo como eje la mirada federal del sistema.

El puntano es autor de uno de los proyectos en discusión, que busca incrementar progresivamente el presupuesto destinado a financiar el sistema, comenzando por el 0,60% del PBI en 2021 hasta llegar al 3% en el año 2035.

La iniciativa además establece “una distribución de los fondos con criterio federal, atendiendo a promover una reducción progresiva de las asimetrías presentes entre las distintas regiones del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”.

El primero en exponer en la reunión fue Mauro Carrasco, secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de Chubut, quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia “un incremento progresivo y sostenido en el presupuesto” para “un sector que se considera base y motor del desarrollo”.

Carrasco, doctor en Biología, propuso “pasar de un sistema nacional de ciencia y tecnología a un sistema federal”.

“Siempre hablamos de que la ciencia necesita financiamiento, y esa es solo una de las herramientas en la cuestión de la federalización. Tenemos que federalizar no solo el financiamiento, sino todos los recursos del sistema: recursos humanos, financieros e infraestructura. No todo es plata”, aseguró.

En ese sentido señaló que “muchas veces sucede que los recursos”, así como los investigadores y becarios, “quedan concentrados en cuatro provincias”.

Asimismo, sugirió “aprovechar” el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) “porque ahí está la mirada federal”.

Marcelo Rougier, investigador principal del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, advirtió sobre el “grave deterioro salarial en el CONICET” y consideró que “la ley debería contemplar la cuestión de la remuneración salarial”.

Rougier reveló que el sueldo básico es de entre 8.000 y 12.000 pesos -más ítems que se suman-, y un investigador inicial cobra 50.000 pesos en mano. “El Estado deber garantizar recursos humanos remunerados de manera acorde con sus objetivos estratégicos”, sostuvo.

Por eso, propuso “establecer en el presupuesto un porcentaje destinado a garantizar salarios para los recursos humanos del sistema científico”, y considerar también que “ningún agente del sistema podrá tener una retribución inferior a otro de igual formación requerida para el cargo y tareas similares en el sistema público”.

Por su parte, Erica Hynes, doctora en Química, diputada provincial de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social e investigadora independiente del CONICET llamó a que “el Estado pueda definir temas estratégicos y diseñar e implementar instrumentos para promover el trabajo en esas áreas”.

Hynes marcó como uno de los desafíos principales el de “mejorar la gobernanza”, en el sentido de “integrar a las universidades nacionales, los gobiernos provinciales, los organismos provinciales y las empresas estratégicas de cada región”.

“El Estado nacional necesita aliados en los gobiernos provinciales: tiene una participación elevada en el financiamiento, pero una capacidad de planificación baja”, analizó Hynes, que entre 2017 y 2019 fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia.

En tanto, Luz Marina Lardone, directora de Ciencia y Tecnología de La Pampa e integrante del directorio del CONICET, coincidió en que “Argentina es un país con profundas desigualdades y asimetrías territoriales” que han impactado en el sistema de ciencia y tecnología.

Lardone sostuvo que el objetivo de la federalización “se ha instalado como uno de los ejes centrales” de la discusión en los últimos años, y que tiene como dimensiones la desconcentración, la descentralización y la democratización en el acceso al conocimiento.

Eugenia Rosales, ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica de Catamarca, comentó que esa cartera se creó este año en la provincia -antes dependía de una subsecretaría-, y coincidió en que “hay una concentración de recursos en cuatro provincias” en detrimento de las “zonas con menor desarrollo relativo”, como el caso de Catamarca.

El último expositor fue Agustín Campero, economista especializado en ciencia, tecnología e innovación y exsecretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio a nivel nacional, destacó que “la mayor fortaleza del entramado científico-tecnológico son las universidades nacionales”.

Según Campero, las universidades nacionales son “la columna vertebral” del sistema porque “más del 60% de los investigadores realizan allí sus actividades”, y eso significa “un alto impacto en las distintas regiones”, además de la “capilaridad y llegada al semillero del conocimiento”.

Sin embargo, advirtió que el financiamiento de la ciencia y tecnología en universidades nacionales es “muy bajo”, y propuso “dar incentivos para la incorporación de doctores” en las casas de altos estudios.

El especialista también señaló que “una de las mayores debilidades del sistema es que la expansión se hizo a costa de una baja en el promedio de las remuneraciones”, y pidió hacer un “esfuerzo” para elevarlas.

La senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos) fue electa presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, que se constituyó este jueves de forma virtual y designó a Víctor Zimmermann (UCR) como vicepresidente y a Silvia Sapag (Frente de Todos) como secretaria.

“En la Argentina, la innovación científica y la tecnológica tienen un rol preponderante para producir el tan deseado desarrollo productivo de nuestra Nación y sentar las bases del crecimiento para lograr la justicia social de las generaciones futuras”, sostuvo García Larraburu, y agregó que “la ciencia y tecnología debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos”.

Para las próximas reuniones, además de tratar proyectos pendientes del año pasado, la comisión acordó convocar, entre otros, al ministro del área, Roberto Salvarezza; al presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, y a Conrado Varotto, quien fue fundador del INVAP y director ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La comisión quedó integrada por García Larraburu, Ana María Ianni, María Inés Pilatti Vergara, Edgardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola, Jorge Taiana, Eugenia Catalfamo, Beatriz Mirkin, Silvia Sapag, y Adolfo Rodríguez Saá por el Frente de Todos.

Por Juntos por el Cambio, participarán Alfredo De Angeli, Víctor Zimmermann, Mario Fiad, Belén Tapia, Esteban Bullrich y Stela Maris Olalla, y la comisión se completa con la neuquina Lucila Crexell.