El nuevo proyecto fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC. ¿Cuáles son las fechas que manejan para llegar al recinto?
Un grupo de diputados opositores desafían una vez más al Gobierno nacional con una nueva ley de Financiamiento Universitario, el cual, fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada nacional Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC en la que recibieron a autoridades de universidades, sindicatos, docentes y estudiantes.
Según explicó la diputada Osuna durante el encuentro, la idea es pedir el emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en la sesión oficializada para el 4 de junio. De conseguir el quórum y el voto afirmativo, pedirán que el 10 de junio se realice una reunión conjunta de carácter informativa para poder dictaminar el 11 e ir al recinto el 19 de junio.
Durante el 2024, el tema había unido a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado. Sin embargo, el Gobierno vetó la norma que luego fue blindada en el Congreso por el oficialismo gracias al apoyo de aliados con 159 votos afirmativos, 85 negativos y 5 abstenciones el pasado 9 de octubre.
La diputada de UP Blanca Osuna motorizó la movida de este miércoles.
La presentación del proyecto
La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Osuna explicó: “Estamos frente a un gran desafío, frente al conflicto que genera el desfinanciamiento de la educación. Que se contribuya a que efectivamente la toma de conciencia sobre el valor de la educación, sobre el sentido de la democracia, lo que significan los derechos, no se vacíen de contenido, estamos en ese punto y riesgo”.
“Que el cumplimiento y materialización de estas definiciones sobre educación, derechos y democracia, al diluirse en una práctica que trae consecuencias que es el desfinanciamiento, la destrucción de políticas activas, de algún modo, culmine con el descreimiento total por el sentido de la democracia”, alertó.
La entrerriana sostuvo: “Celebremos la política en el marco de lo son, de lo que deben ser las mejores negociaciones para los mejores procesos políticos que deben en beneficiar en este caso a estudiantes, docentes, etc. Una apelación solidaria porque en momentos donde la crueldad y la violencia pretenden imponerse, hay que ratificar un abrazo integral a todo el sistema educativo”.
“El sistema educativo son más que las universidades, vale la pena insistir porque el sistema educativo son las universidades que son punta de lanza y terminan con los niños que recién empiezan la escuela, con maestros mal pagos, con escuelas que se caen, con falta de programas, ese sea el mayor desafío en nuestras manos poder vertebrar toda la potencia posible para darle sentido a las negociaciones y acuerdos con la mayor altura, en contrario a la coacción y aprietes”, planteó.
Osuna explicó que presentaron una solicitud para que la comisión la integren legisladores de distintos bloques porque “ese es el otro valor a destacar, la diversidad de la representación nos da fuerza y lo hemos hecho reclamando ante al presidente de la comisión de Educación y el de Presupuesto y Hacienda que se traten los proyectos que obran en este cuerpo vinculados al financiamiento a la educación superior, por sobre todo a las universidades”.
A su turno, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación, Danya Tavela, comentó que la idea es “poder visibilizar el conflicto por el cual atraviesan las casas de altos estudios y todo el sistema educativo y poder ponerle letra a la falta de presupuesto que nos ocupa por segundo año consecutivo”.
“En el marco de la unidad y el federalismo tenemos una representación amplia del sistema universitario de todo el país y esto nos da fortaleza en el debate y discusión de lo que se viene dentro en el Congreso y la sociedad”, adelantó y cerró: “Hay que hacer unos kilómetros de los principales centros urbanos para desatacar el valor que tiene la universidad dentro de cada sociedad, el impacto que tiene la universidad argentina en casa región y las posibilidades de futuro. Queremos defender al sistema de los ataques que tiene y construir un futuro que se construye con igualdad de oportunidades, justicia y a partir de tener esa herramienta de la posibilidad de acceder a la educación para emprender el camino individual de la vida”.
Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, comentó: “Decidimos armar un proyecto para transmitir al Congreso que, desde la reforma universitaria, el no arancelamiento, la ceración de universidades, que pueda a llegar que tengamos hoy a más de 2 millones de estudiantes, 50 mil son de universidades públicas. Es el Congreso el que crea las universidades, el que interviene, el que financia y audita por eso nos debemos como tal”.
“La educación universitaria es el futuro de nuestro país, por lo tanto, el financiamiento del sistema universitario es pensar qué futuro de país queremos. Es un sistema tan eficiente y eficaz, con calidad de nuestros graduados y que lamentablemente del histórico 0,8%, que siempre esperamos llegar al 1% del PBI, hoy tenemos el 0,45% de esa inversión, esa pérdida del tercio”, detalló.
Alpa indicó: “Este proyecto muestra que la universidad pública argentina, es sistema, está unido para seguir debatiendo y en esa discusión de futuro de qué país queremos. La universidad argentina es pública, es no arancelada y buscando lo que implica un sistema de becas totalmente desactualizado”.
Así, agradeció y recordó la Ley 27.757 del año pasado que fue finalmente vetada por el Gobierno: “Fue una ley que, por el sistema constitucional, luego fue vetada, pero tuvo su aprobación de parte de diputados y senadores con una alta aprobación que es la representación del pueblo argentino a través de los representantes del Congreso”.
“Hoy queremos insistir, pero insistir inclusive con alguna alternativa de fuente de financiamiento”, remarcó y sumó: “Esta propuesta que estamos haciendo es similar en cuanto a que recordemos que se ha perdido el 33% de porcentaje de salario real docente y no docente”.
“Hubo una actualización que implicó poner al día respecto de la inflación del 2023, pero ahora no falta el 118% de la inflación del año pasado que, inclusive, por la forma que se distribuyó este presupuesto prorrogado en los primeros cuatro meses de este año estamos recibiendo las universidades nominalmente un 30% menos nominalmente”, indicó.
En esa línea, señaló que “también está la propuesta de actualización desde aquel momento manteniendo el equilibrio fiscal sin creación de impuestos. Es buscar una forma de asignación directa de los ingresos para que tengan una base para el sistema universitario, que la base del último presupuesto aprobado del 2023. Esa es la propuesta sin tocar absolutamente ni un impuesto ni coparticipación que le corresponde a las provincias”.
“Desde noviembre 2023 hasta enero del 2025 en números redondos con un 180% de inflación, los aumentos salariales fueron del 90% con lo cual hubo una pérdida del 90%, pero los ingresos tributarios aumentaron 210%, o sea, que ahí también es otra fuente de financiamiento que es el ingreso real de los impuestos tributarios sobre el ingreso prorrogado”, explicó.
También comentó que proponen un fondo para las carreras estratégicas, para que haya becas para que haya presupuesto, para esas carreras. “Seguimos trabajando en un sistema universitario público que esté pensando en las políticas de nuestro país. Es un aporte para que podamos tener una ley que asegure lo que dice la constitución respecto de la autonomía y autarquía universitaria”, cerró.
Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario: "Hoy nos acercamos esta propuesta al Congreso con la voluntad, la expectativa de que pueda encontrar eco, tratamiento y aprobación para resolver estos problemas. Para caracterizarlo sintéticamente, es una propuesta, la que hoy presentamos, responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria que es el Congreso de la Nación. Es una propuesta razonable porque busca esa solución de fondo sin comprometer fiscalmente el Estado".
"Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad. Los países desarrollados en las sociedades del conocimiento invierten 5 veces más de lo que lo hace en Argentina sin tener un sistema público de educación superior robusto”, comparó.
Bartolacci advirtió: “Es un proyecto urgente porque la situación es realmente grave, es delicada y requiere atención rápida y es un proyecto desde nuestra perspectiva necesario porque vuelve a poner las cosas en su justo lugar. Yo creo mucho que las sociedades son muchas veces más inteligentes que sus dirigencias y fue la sociedad argentina la que conmovedoramente el año pasado todas las veces que hizo falta dijo que no hay en las universidades sin el sistema científico de la nación un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”.
Representante de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carballo, gremio que nuclea a estudiantes del país, indicó: “Tenemos un sistema universitario con carácter federal por eso discutir esto en el Congreso está a tono. Quisiéramos que esta situación con las universidades estuviese resuelta, pero lamentablemente en 2024 nos encontramos con un veto presidencial, luego de que sea aprobada en ambas cámaras. Es una clara postura del gobierno de dónde está puesta la prioridad”.
“Un país que se precie de tal, no puede no invertir en educación si piensa que tiene que estar en la senda del desarrollo. Me pregunto cuál es el modelo de desarrollo que está mirando el Gobierno nacional. Eso nos preocupa”, criticó y sumó: “Hay una situación crítica con las becas universitarias que en muchos lugares se utilizan en cada una de las áreas donde un estudiante tiene que destinar su presupuesto. Hoy hablamos de dos becas nacionales PROGRESAR y Manuel Belgrano congeladas en $35 mil y $81 pesos”.
El proyecto contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y fue aprobado por unanimidad en la sesión de este jueves en el Senado.
El Senado aprobó por unanimidad (51 votos afirmativos) en la sesión de este jueves la declaración del 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
La iniciativa había recibido media sanción hace un año atrás en la Cámara baja, impulsado por la diputada del Pro Sabrina Ajmechet. El texto se votó en conjunto con otros proyectos, incorporándose al temario durante la jornada, argumento que tomaron en ese momento los entonces legisladores Javier Milei y Victoria Villarruel para justificar por qué habían votado en contra.
La flamante ley dispone que todos los 18 de julio la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos. Además, se invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas similares.
Otro de los artículos establece que el Ministerio de Educación (hoy Secretaría), mediante el Consejo Federal de Educación y en coordinación con las autoridades educativas provinciales y de la CABA, "dispondrá los medios necesarios para que los establecimientos educativos organicen y desarrollen actividades conmemorativas en esa fecha".
Miembro informante del tema fue el senador riojano Juan Carlos Pagotto, quien habló de “una deuda que estamos teniendo sobre un hecho luctuoso que ensombrece la historia argentina y que hasta el día de hoy no hemos tenido el resultado de sancionar a aquellos que han intervenido en este hecho, que es un acto de guerra en el territorio nacional”.
A continuación, el senador de UP Guillermo Andrada señaló que “el terrorismo es un fenómeno complejo, político, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Que no está circunscripto a un tiempo ni a un lugar, y que representa una amenaza global y un reto para la comunidad internacional”.
“Son actos premeditados y que su única intencionalidad es generar el miedo, sembrar pánico y por lo general es con fines políticos”, señaló el catamarqueño, para quien “hay distintas motivaciones para el terrorismo: apoyos, financiamiento, objetivos”, y se refirió específicamente a lo que “es muchas veces la semilla del terrorismo, que son los discursos de odio, que hoy tienen una plataforma bastante fácil para actuar, que son las redes sociales”.
“Esos discursos de odio generalmente tienen una motivación que es generar expresiones que incitan a la discriminación o la violencia política”, dijo, sugiriendo prever este tipo de acciones, en tres planos que deben tenerse en claro: “Establecer que tomemos las medidas de prevención, cuando se están iniciando los ataques de odio; es menester que la justicia actúe sin mala praxis, que se llegue a los culpables; y por supuesto, al decretar un día de duelo hacemos que en las escuelas se reflexione para que nunca más se puedan sembrar semillas de odio, que es lo preexistente a un atentado”.
El mendocino Rodolfo Suárez dijo que esa mañana del 18 de julio de 1994, “a las 9.53, se produjo este hecho que vino a producir una ruptura en esta historia cultural de tolerancia que tiene la Argentina”. “Este hecho doloroso tiene un dolor más que es la impunidad, aún tenemos que luchar para saber quiénes son los culpables”.
Para el exgobernador radical, “sancionar este proyecto es una manera de tener la memoria activa. Estamos haciendo un aporte y debemos bregar para nunca claudicar en la búsqueda de justicia para estos hechos”.
La cordobesa Alejandra Vigo adhirió a continuación al proyecto de establecer un proceso de luto por un hecho que significó para el pueblo entero “una herida muy profunda”. Recordó que “a casi 30 años del atentado a la AMIA, la CIDH, en el caso de la asociación civil Memoria Activa, condenó al Estado argentino por haber privado de la verdad histórica a todas las víctimas y su sociedad”.
A su turno, José Mayans recordó que hubo dos atentados, el primero en marzo de 1992 contra la embajada de Israel. Sobre el atentado contra la AMIA, contó que él vive cerca de allí y estaba mirando televisión a Mauro Viale, quien “se había quedado helado” cuando fue la explosión. “Parecía que había sido un terremoto; después Viale dijo ‘parece que hubo un atentado en la AMIA’”.
“Es un atentado contra el pueblo argentino; son argentinos los que estaban ahí y el atentado terrorista consiste en eso, generar terror e incertidumbre. Habíamos tenido la Guerra del Golfo y lo que representó el ataque de los países aliados a Irak. Fue un hecho lamentable”.
Luego recordó el debate en el Senado en torno al Memorándum de Entendimiento con Irán, y también cuando se habló del juicio en ausencia. Finalmente anunció el acompañamiento al proyecto y remarcó que “como todo argentino queremos que los responsables de estos hechos lo paguen”.
A continuación fue el turno del misionero Carlos Arce, quien dio uno de los discursos más conmovedores, porque fue en primera persona. Citó el primer atentado, el 17 de marzo de 1992, contra la Embajada de Israel, ocasión en la cual él como médico estaba de guardia en el Hospital Fernández. “Sentimos un ruido tremendo, que no sabíamos de dónde venía. Lo primero que vimos fue un taxis que trajo unos niños manchados con cal, que eran de una guardería de al lado de la embajada –evocó-. Atendimos a muchísima gente… Se nos murió la gente sin poder salvarla. 22 muertos hubo, 242 heridos atendimos en el Fernández, y hoy las vueltas de la vida me dan legislar un duelo de algo que estuvo muy relacionado con la embajada de Israel, como es el atentado a la AMIA. Es muy difícil no emocionarse recordando ese día tan triste”.
Por último, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, resaltó lo bueno de ver “que todos los bloques nos hemos podido unir en algunos temas. Eso habla muy bien de que podemos progresar en algunos temas”, y remarcó que “somos parte de un Gobierno muy comprometido en la búsqueda de justicia, con la democracia, la libertad”.
La iniciativa impulsada busca garantizar integralmente los derechos humanos de estas personas.
La Cámara de Senadores aprobó por 44 votos a favor, 3 votos negativos y siete abstenciones un proyecto que busca garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la Argentina.
Se trata de un programa impulsado en la Cámara baja por el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli junto a varias organizaciones sociales. La iniciativa se implementará a través de un relevamiento anual para dimensionar la problemática.
Dicho relevamiento permitirá garantizar el acceso gratuito a documentación personal y a la creación de una referencia postal para el acceso a los servicios socioasistenciales y administrativos.
La primera oradora fue la correntina Ana Almirón (FdT) quien manifestó, en su última sesión, que desde su asunción en “esta banca decidí representar a los sectores más vulnerables esta norma representa eso significa garantizar y proteger derechos a los más vulnerables. Lo hice oponiéndome a proyectos que limitaban derechos, en los cuatro años anteriores que endeudaban a los sectores vulnerables y luego de estos dos años del 2019 ampliando derechos, garantizando derechos”.
“Los sectores vulnerables no pueden esperar y necesitan respuestas urgentes. Esta media sanción viene a garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de calle o aquellas personas que están en riesgo. Es la primera vez que el Congreso de la Nación trata una norma que garantiza derechos a personas en situación de calle, que provoca una desigualdad y tiene que ver con una demanda estructural y un problema de la sociedad y como sector de la política”, precisó.
“Venimos a reparar esa desigualdad y esa vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las personas en situación de calle. Esta iniciativa consagra los derechos que ya están en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, lo que hace es aplicar a la autoridad que va a ser el Ministerio de Desarrollo Social en articulación con los distintos ministerios, sino también con organizaciones sociales, con universidades, con sindicatos”, agregó la senadora correntina.
Y continuó: “También la interrelación entre los distintos estamentos del estado nacional, provincial y municipal eso habla del verdadero federalismo”. “Las personas contempladas en esta norma se encuentran en una vulnerabilidad extrema por eso la urgencia. Si bien contemplamos muchos de los derechos, muchas veces se les imposibilita el acceso a servicios públicos, de la infraestructura y espacios públicos”, manifestó.
“Los deberes que tiene el Estado como responsable no solo el acceso a una vivienda digna sino también permitirle una real inclusión que tiene que ver con el acceso a la educación, a la tramitación del DNI, servicios, establece programas de políticas públicas. Debe hacer un relevamiento en conjunto con el INDEC para dar un diagnóstico certero para saber cuántas familias hay efectivamente viviendo en situación de calle”, precisó Almirón.
En tanto, el legislador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) sostuvo que en su provincia hay “altos índices de indigencia y marginalidad y que el Estado debe estar presente para resolver los problemas de las personas que tienen una alta vulnerabilidad”. Sin embargo, cuestionó que el proyecto no pasó por las comisiones de Población y de Presupuesto y Hacienda para debatirlo porque “es un tema trascendente”.
En ese sentido, destacó estar de acuerdo con el objetivo principal de la iniciativa “garantizar y hacer operativos derechos para personas vulnerables”, con la autoridad de aplicación, pero criticó: “Me hubiese gustado que haya en ese ámbito de aplicación y de conformación representantes de nuestras provincias porque este relevamiento que es imprescindible sería bueno que puedan participar nuestros funcionarios”.
“Todos sabemos la importancia que es tener una vivienda para poder desarrollarnos, integrar a nuestra familia y crecer”, precisó sobre uno de los puntos del proyecto y remarcó: “Nosotros en nuestra provincia tenemos muchos asentamientos. Es imprescindible que los gobiernos provinciales y municipales estén en el ámbito de aplicación”, señaló el senador radical.
Por consiguiente, la legisladora María Alejandra Vucasovich (Santa Fe) cuestionó: “Que cada argentino tenga su vivienda y su trabajo, no veo en esta ley que se cumpla esa intención. Que se cumpla ese deseo para todos los argentinos, no solo para las personas en situación de calle. Una ley que viene a tratarse sobre tablas, sin haberse consultado a las provincias, una ley que habla del derecho a la salud para indigentes, ¿pidieron relevamiento? ¿Consultaron si los distritos tienen programas y leyes para tratar este tema?”.
“No sabemos cuánta plata le vamos a afectar en el presupuesto de un país en bancarrota. No entiendo qué quieren decir cuando hay ampliación de derechos, ¿Qué les vamos a dar? ¿Ampliación de derechos para que duerman en una plaza, generar trabajo para sacarlos de esa situación? Solo veo intenciones de generar recursos para darles vaya saber a quién. Solo veo una intención de llevarlos para las marchas”, arremetió.
Y cerró su fuerte discurso la santafesina: “Derecho a las plazas tenemos todos. Los indigentes tienen tanto derecho como cualquier otro ciudadano sino lo ejercen hay que ir contra esos que no lo cumplen. Debe ser que vivo en otro país”.
La última oradora fue la legisladora Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA) quien criticó “Gobernaron 12 años para sacarlo y dos años más, dado la urgencia porque la problemática de la situación de calle no es nueva. Gobernaron 14 años, esto no fue un proyecto de ley”.
“El problema de esta ley es que no es federal, es mentira. Plantean qué áreas del Gobierno van a estar y agregan ‘las que sean necesarias para su intervención’. Plantean un número telefónico que me parece bien, pero ¿una persona del Chaco va a llamar y va a ser atendida por alguien que está en la Avenida 9 de julio? ¿eso se va a votar? No se sabe la cantidad de plata, a qué organización se la van a dar. Están dejando afuera a las provincias, están dejando dibujados y pintados a los ministros de Desarrollo, a las mujeres de los comedores que conocen y saben de la situación”, enfatizó Tagliaferri.
Por último, concluyó: “Esta ley es ambiciosa, pero como esta planteada es para repartir plata para los grupos sociales amigos y dejar desdibujado al poder de cada provincia”.
Lo que el proyecto propone: