La Cámara baja vivió una jornada intensa que culminó sin sorpresas pero con tensión, tras una dura cuestión de privilegio entre los rionegrinos Lorena Villarruel y Martín Soria. La maniobra de los libertarios para hacer caer la sesión fue denunciada como “trucha” por Germán Martínez.
El recinto se vació adrede cuando el presidente de la Cámara dio por concluida la sesión.
La sesión de Diputados tan gravosa para el Gobierno tuvo un final abrupto, pero no inesperado, ya que todo el tiempo se especuló con la eventual finalización anticipada de la reunión por falta de quórum.
Fue al cabo de una cuestión de privilegio presentada por la diputada rionegrina Lorena Villaverde, que ya había sido destinataria en una sesión anterior de severas denuncias de parte de su comprovinciano kirchnerista Martín Soria, y esta vez le hizo una durísima devolución de gentilezas.
Tras una catarata de denuncias contra su rival -ambos son candidatos a senadores nacionales para el 26 de octubre-, Villaverde cerró su cuestión de privilegio exigiéndole explicaciones a Soria, aunque aclaró que “no espero que lo haga, porque no es un hombre de bien”. Tal el tenor de sus dichos.
Previsiblemente el diputado Martín Soria quiso contestarle, pero el presidente de la Cámara no se lo permitió, pues no podía argumentar haber sido aludido, al tratarse de una cuestión de privilegio en su contra. Sí podía contestarle con otra cuestión de privilegio, para lo cual lo anotaría al final de la lista de las que tenía.
Martín Menem no le dio la palabra a Soria, pero sí al libertario Manuel Quintar, quien no tenía una cuestión de privilegio para hacer, sino que planteó una moción de orden para que se modificara el orden del día y pasar a tratar el expediente 950. Y mientras hablaba, comenzaron a pararse sus compañeros de bancada y aliados para abandonar el recinto.
Estaba claro que esa movida estaba preparada y el presidente del bloque UP, Germán Martínez, lo advirtió: “Esa moción de orden es trucha, es falopa”, dijo el santafesino que sugirió ser más creativo a la hora de tratar de hacer caer la sesión, ya que pedía algo que obligaba a una votación para la cual ya no había quórum. Lo advirtió Martínez, ante lo cual Martín Menem invitó a los diputados que estaban afuera a sentarse para que se votara la moción.
“Si la hacen, la tienen que hacer mejor de lo que lo están haciendo”, lanzó Martínez con ironía, y le explicó a Quintar: “Si usted quería hacer esto, tenía que haber esperado que haber esperado el final del lote (de cuestiones de privilegio) que está anunciado… Así que les recomiendo que se sienten y que laburen”.
Asesorado, Menem le aclaró a su interlocutor que “la moción de orden desplaza cualquier otra situación, eso dice el artículo 127”. “Sí, tiene otra cosa que hacer -repuso Germán Martínez-: Que es actuar como presidente de la Cámara”.
El titular del Cuerpo insistió en que sí lo estaba haciendo, y le pidió al secretario Parlamentario que leyera el artículo 128, que dice que las mociones de orden serán previas a otro asunto, aun el que esté en debate. Luego leyó el 127, y luego Menem enfatizó que ya habían pasado 7 minutos y al no haber quórum “no me queda otra que levantar la sesión”.
Había 119 diputados presentes, eran las 21.10, y tras 8 horas de sesión, se dio por terminada la misma.
El proyecto de ley impulsado por Martín Maquieyra y Lorena Villaverde propone extender hasta 2045 los beneficios impositivos para la generación eléctrica con fuentes limpias. La iniciativa busca sostener el ritmo de inversión y consolidar una matriz energética más diversa y sustentable.
En medio de un contexto de reestructuración normativa del mercado eléctrico, ingresó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca extender los beneficios fiscales para el uso de fuentes renovables de energía hasta el año 2045. La iniciativa, firmada por los diputados nacionales Martín Maquieyra y Lorena Villaverde, propone modificar artículos centrales de las leyes 26.190 y 27.191, pilares del régimen de fomento nacional para la generación eléctrica limpia.
El texto legislativo apunta a consolidar una política energética de largo plazo, reforzando la seguridad jurídica y la previsibilidad para los inversores del sector. Entre los cambios propuestos, se destaca la prórroga de la exención tributaria para el acceso y uso de fuentes renovables, que originalmente vencía en diciembre de 2025. De aprobarse, esta exención se extendería por dos décadas más, eliminando gravámenes específicos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal.
Además, el proyecto propone redefinir las condiciones de contratación para los grandes usuarios del mercado eléctrico, eliminando la posibilidad de adquirir energía renovable directamente a CAMMESA, aunque manteniendo otras modalidades como la autogeneración o la compra a generadores, comercializadores o distribuidoras. También se impulsa una diversificación tecnológica y geográfica de la matriz energética, con énfasis en la medición inteligente y la gestión de demanda.
Los fundamentos del proyecto trazan un recorrido histórico desde la sanción de la ley 25.019 en 1998, pasando por los avances normativos de 2006 y 2015, hasta llegar a los logros alcanzados en 2025, donde las fuentes renovables representan el 17,4% de la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. En ese marco, se destaca la inversión de 6,5 GW en generación renovable durante los últimos años, resultado de políticas públicas sostenidas a lo largo de tres administraciones de distinto signo político.
La iniciativa se enmarca en los lineamientos de desregulación y modernización impulsados por la Ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a reformar el marco regulatorio eléctrico. En ese sentido, el proyecto busca compatibilizar los beneficios fiscales con los principios constitucionales, evitando litigios y fortaleciendo la confianza de los actores privados.
Mientras el Congreso se prepara para debatir el texto, el sector energético observa con atención. La continuidad de los incentivos podría ser determinante para sostener el dinamismo alcanzado y proyectar nuevas inversiones en un país que aún tiene vasto potencial por explotar en materia de energías limpias.
Salvo un candidato del Pro, ninguno de los actuales legisladores de esta provincia irá por la renovación. El Pro va separado de La Libertad Avanza, pero un diputado propio será candidato de LLA.
Río Negro es una de las 8 provincias en las que se eligen senadores en octubre, como así también se votará para diputados, poniéndose en juego las bancas de Agustín Domingo, del oficialismo gobernante en la provincia, y Aníbal Tortoriello, del Pro, en la Cámara baja, en tanto que los senadores a los que se les vence el mandato son los kirchneristas Martín Doñate y Silvina García Larraburu, y Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro.
En esta provincia La Libertad Avanza llegó a un acuerdo con el diputado Aníbal Tortoriello, que irá por la reelección, pero no en nombre del Pro, del que se fue, sino por LLA.
El primer puesto en la lista para senadores lo ocupará la actual diputada nacional Lorena Villaverde, quien anunció el acuerdo a través de la red social X, de esta manera: “Queridos Rionegrinos, hoy vengo a anunciarles la lista de candidatos que representará a La Libertad Avanza en nuestra provincia en las próximas elecciones. Asumo con orgullo y responsabilidad la primera posición al Senado. En la fórmula me acompaña Enzo Fullone, un integrante del equipo. Leal, comprometido y trabajador, que durante este tiempo en que venimos defendiendo las ideas de la libertad en la provincia ha sido mi mano derecha”. Y cerró: “Ambos llevaremos al Senado la voz del proyecto nacional de La Libertad Avanza”. Cabe consignar que Fullone es titular de Vialidad nacional en la provincia.
Villaverde completó los anuncios precisando que en Diputados, como dijimos, Tortoriello encabezará, y será acompañada por Ailén Costa. “Experiencia, juventud, trayectoria y empuje emprendedor”, resumió la diputada libertaria, para quien “Elegir esta lista es elegir un futuro de oportunidades para todos”.
Queridos Rionegrinos, hoy vengo a anunciarles la lista de candidatos que representará a La Libertad Avanza en nuestra provincia en las próximas elecciones.
Asumo con orgullo y responsabilidad la primera posición al Senado. En la fórmula me acompaña Enzo Fullone, un integrante… pic.twitter.com/mEoEusshmL
— Lorena Villaverde (@LoreVillaverde1) August 16, 2025
Este es uno de los distritos donde el Pro compite por su cuenta, y postula a Juan Martín y Claudia Bertora para el Senado, en tanto que lleva a Martina Lacour y Gastón Varela como candidatos en Diputados.
El oficialismo provincial se presenta en esta elección como Juntos Defendemos Río Negro, en alianza con Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Movimiento Patagónico Popular. Sus candidatos a senadores serán el legislador provincial Facundo López y Andrea Confini, secretaria de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro. Serán suplentes Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón y Mabel Yauha, intendenta de Los Menucos.
En la lista de diputados figuran Juan Pablo Muena, ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de la provincia; María Eugenia Paillapi, concejal de Villa Regina por la Coalición Cívica; Miguel Evans, intendente de Guardia Mitre, y Martina Posse, miembro del Poder Judicial, irán por un lugar en la Cámara de Diputados.
Fuerza Patria confirmó a Martín Soria como primer candidato a una banca en la Cámara alta. Estará acompañado por Ana Marks, actual legisladora provincial e integrante de La Cámpora, que fue candidata a diputada en 2021, quedó tercera y no ingresó. Primer suplente será el intendente de Conesa, Héctor Leineker.
Además, Adriana Serquis, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e investigadora del Conicet, va a ser la primera candidata diputada nacional, seguida por Leandro Costa Brutten, concejal de San Carlos de Bariloche. Fuerza Patria, la alianza peronista para el 26 de octubre, contempla al Frente Grande, Kolina, Parte y al Socialismo rionegrino.
La decisión del Pro
Legislador provincial en el distrito, Juan Martín explicó la decisión del Pro Río Negro contando que habían firmado un acuerdo “sobre valores que compartimos distintos espacios políticos. Queríamos, incluso, confluir en una lista en común porque creemos que los que pensamos parecido tenemos que estar unidos contra el kirchnerismo”.
“Pero esto no alcanza para derrotar al kirchnerismo. También hace falta llevar los mejores candidatos, los que van a defender el cambio cueste lo que cueste -aclaró el legislador-. Hoy ese acuerdo está caído porque quieren que seamos actores de reparto en una lista con lo peor de la política. Y si bien pensamos parecido en muchas cosas, no somos para nada iguales a gente a la que basta googlear para saber quiénes son”.
Y concluyó: “Nuestros valores siguen siendo los mismos y desde el Pro Río Negro vamos a presentar candidatos que defiendan de verdad el cambio que necesitan los argentinos”.
En la provincia de Río Negro se inscribieron cuatro alianzas. La Libertad Avanza, al igual que en CABA y PBA, acordó con el Pro. El gobernador Weretilneck se alió con los radicales, la CC y el MPP.
A cinco días del cierre definitivo de candidatos nacionales, el Partido Justicialista de Río Negro confirmó a Martín Soria como primer postulado para acceder a una banca en la Cámara alta. Estará acompañado por Ana Marks, actual legisladora provincial e integrante de La Cámpora que fue candidata a diputada en 2021, quedó tercera y no ingresó.
Además, Adriana Serquis, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e investigadora del Conicet, va a ser la primera candidata diputada nacional junto a Leandro Costa Brutten, concejal de San Carlos de Bariloche. Fuerza Patria, la alianza peronista para el 26 de octubre, contempla al Frente Grande, Kolina, Parte y al Socialismo rionegrino.
Del lado del oficialismo provincial, el gobernador Alberto Weretilneck presentó la alianza Juntos Defendemos Río Negro en compañía de su espacio, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Movimiento Patagónico Popular.
Tal como anunció el 23 de julio, Facundo López, actual legislador provincial; Andrea Confini, secretaria de Energía; y Mabel Yahuar, intendenta de Los Menucos, integrarán la lista de candidatos al Senado. En tanto, el ministro de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, Juan Pablo Muena, encabezará la nómina de diputados nacionales.
La otra alianza presentada con fuertes aspiraciones de quedarse con las dos bancas en el Senado es La Libertad Avanza, quien, al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, competirá en alianza con el Pro.
El orden de las listas, en este caso, quedó abierto considerando que el plazo vence el 17 de agosto a las 00.00. Sin embargo, la idea que primaría a estas horas es la de que Lorena Villaverde, diputada libertaria, encabece la boleta de senadores y Aníbal Tortoriello, diputado bullrichista, sea el candidato a diputado nacional.
Villaverde y Tortoriello serían las cabezas de LLA en las listas a senadores y diputados.
La cuarta alianza inscripta en la provincia de Río Negro es el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) donde confluyen el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), la Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Río Negro es una de las ocho provincias que renuevan sus representantes en el Senado de la Nación. Sin embargo, Alejandro Doñate y Silvina García Larraburru de Unión por la Patria; y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, a esta hora, no van a ir por la reelección.
A diferencia de lo que ocurrió en 2023 cuando fueron tres, el próximo 26 de octubre la cámara de Diputados renueva dos bancas correspondientes a Río Negro: la de Agustín Domingo de Innovación Federal y la de Aníbal Tortoriello del Pro, quien por ahora es el único de los cinco legisladores rionegrinos que va por la renovación.
Con recursos naturales privilegiados, Argentina busca consolidarse como proveedor estratégico de hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone incentivos fiscales y estabilidad normativa para captar capitales en un mercado global en plena expansión.
Argentina tiene las condiciones para convertirse en uno de los grandes jugadores en la industria del hidrógeno, un vector energético que se proyecta como pieza clave en la transición hacia economías bajas en carbono. Con vastos recursos eólicos y solares –especialmente en la Patagonia–, abundancia de agua dulce y salada, y disponibilidad territorial, el país aparece en los radares de empresas y gobiernos que buscan diversificar sus fuentes de energía limpia. Pero la ventana de oportunidad es estrecha, y capitalizarla requiere algo que ha escaseado en la historia reciente: un marco normativo estable y competitivo para inversiones de largo plazo.
Eso es lo que busca el proyecto de ley presentado por los diputados Martín Maquieyra (Pro) y Lorena Villaverde (LLA). La iniciativa establece un régimen de promoción para el desarrollo de la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, que incluye beneficios fiscales, estabilidad tributaria por tres décadas y un marco jurídico orientado a atraer grandes inversiones extranjeras.
Un mercado global en crecimiento exponencial
La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estima que el hidrógeno y sus derivados podrían cubrir el 14% de la demanda mundial de energía en 2050, lo que implicaría multiplicar por cinco la producción actual. En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta una producción global de 140 millones de toneladas anuales para 2030 y 500 millones para mediados de siglo.
La demanda estará liderada por Europa, que prevé importar hasta el 50% de su consumo futuro de hidrógeno, y por Asia, donde países como Japón y Corea del Sur planean cubrir más del 80% de sus necesidades mediante compras externas. Alemania, pionera en este campo, actualizó en 2023 su Estrategia Nacional del Hidrógeno, que contempla la importación de hasta el 70% de la demanda prevista para 2030.
En este contexto, Argentina aparece como un candidato natural para convertirse en proveedor estratégico, gracias a:
Pero la competencia es feroz. Países como Chile, Australia y Marruecos también están desarrollando estrategias para captar capitales y consolidarse como exportadores.
Claves del régimen propuesto
El proyecto de Maquieyra y Villaverde busca dar respuesta a las particularidades de la industria del hidrógeno, que requiere plazos largos de desarrollo y grandes inversiones iniciales. Por eso, incluye:
✅ Estabilidad tributaria por 30 años: los proyectos no podrán ser afectados por nuevos impuestos ni por aumentos de tributos existentes.
✅ Ampliación del plazo para adherirse al RIGI: de 2 a 5 años, con posibilidad de prórroga por un año más.
✅ Flexibilización de requisitos de inversión: las inversiones mínimas deberán cumplirse en un plazo de 3 años desde la aprobación del plan, considerando que la fase de factibilidad puede durar entre 2 y 3 años y la construcción hasta 5 años.
✅ Sistema de certificación alineado a estándares internacionales para garantizar la trazabilidad y sustentabilidad del hidrógeno producido.
✅ Facilidades para el uso de infraestructura existente (gasoductos, redes eléctricas) y derechos de servidumbre para la instalación de nuevas plantas eólicas, solares e industriales.
La oportunidad económica para Argentina
Un estudio de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) estima que, con un marco regulatorio adecuado, Argentina podría captar inversiones por más de US$ 15.000 millones hacia 2030 en proyectos de hidrógeno verde y derivados como amoníaco y metanol. Esto generaría:
📈 Miles de empleos directos e indirectos en la construcción y operación de plantas.
📦 Exportaciones anuales por más de US$ 5.000 millones hacia mercados europeos y asiáticos.
🌱 Reducción de emisiones y diversificación de la matriz energética local.
El proyecto también apuesta a fomentar el desarrollo tecnológico local, promoviendo la fabricación nacional de electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de almacenamiento, lo que permitiría a Argentina insertarse en las cadenas de valor globales con mayor valor agregado.
Riesgos y desafíos
“El hidrógeno no es solo una opción energética: es una oportunidad para reconfigurar la matriz productiva del país y generar divisas genuinas”, sostienen los autores del proyecto. Pero advierten que la carrera es contra el reloj: si Argentina no consolida pronto un marco competitivo, el capital global buscará otras geografías más seguras.
El proyecto de ley impulsado por Maquieyra y Villaverde no solo busca establecer un marco regulatorio para el desarrollo del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, sino también dotar al sector de las condiciones económicas y fiscales necesarias para atraer inversiones de gran escala. Al declarar de interés nacional la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, la iniciativa reconoce explícitamente su rol estratégico en la transición energética global y en la diversificación de la matriz productiva argentina.
El corazón económico del texto está en la incorporación de incentivos concretos: estabilidad tributaria por 30 años, ampliación del plazo de adhesión al RIGI de 2 a 5 años, y flexibilización de los requisitos de inversión mínima para facilitar el ingreso de proyectos que requieren largos períodos de maduración tecnológica y financiera. Estas herramientas buscan mitigar el riesgo regulatorio, uno de los principales obstáculos identificados por inversores internacionales para apostar por Argentina.
Desde el punto de vista técnico, la ley prevé la creación de un sistema de certificación homologable a estándares internacionales, lo que permitiría garantizar la trazabilidad de las emisiones y abrir la puerta a los mercados más exigentes, como la Unión Europea y Asia. También faculta a la autoridad de aplicación a intervenir en la Estrategia Nacional del Hidrógeno, dictar normas de seguridad y articular con provincias y municipios, generando un ecosistema institucional robusto para un sector incipiente.
En términos económicos, el régimen propuesto podría catalizar inversiones por miles de millones de dólares en el mediano plazo, con efectos multiplicadores en la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y la infraestructura energética asociada. El sector del hidrógeno de bajas emisiones exige grandes proyectos integrados (parques eólicos y solares, plantas de electrólisis, logística portuaria) cuya magnitud hace indispensable un marco legal de largo plazo y certidumbre.
Sin esa previsibilidad, advierten sus impulsores, Argentina corre el riesgo de volver a quedar al margen de una nueva ola de desarrollo tecnológico-industrial, como ocurrió en el pasado con otras industrias estratégicas. Con ella, en cambio, el país podría posicionarse como un proveedor competitivo de hidrógeno y sus derivados, capitalizando su abundancia de recursos renovables y su potencial geográfico para exportar a mercados deficitarios.
Legisladores del oficialismo y la UCR recibieron a la comitiva finesa, que estuvo acompañada por la embajadora de ese país.
Con el objetivo de afianzar vínculos bilaterales, un grupo de diputados nacionales recibió este jueves a la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento de Finlandia en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo.
La comitiva estuvo compuesta por los diputados Marcela Coli (UCR), Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Lorena Villaverde (LLA) y Nicolás Mayoraz (LLA), acompañados de Julio Mercado, director de Asuntos Parlamentarios de Cancillería argentina, y de Luciana Términe, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento de Finlandia presentes en la reunión fueron Markku Siponen, Ari Koponen; Aleksi Jäntti, Eva Biaudet, Juho Eerola, Pia Hiltunen, Mari Kaunistola, y Maria Ohisalo.
Asimismo, formó parte de la reunión Nicola Lindertz, embajadora de Finlandia ante la República Argentina, y los asesores parlamentarios Mikko Monto y Marja Toukila.
Durante el encuentro, la diputada Villaverde consideró “un honor darles la bienvenida a nuestra Casa” y celebró la reunión bilateral, al considerar que “es fundamental el intercambio de experiencias para seguir afianzando los lazos que nos unen”.
Consultada sobre las políticas contra la corrupción, Villaverde sostuvo: “Es la decisión de nuestro gobierno atender con toda la fuerza a todo aquello que tenga que ver con investigar los actos de corrupción y aplicar las políticas de transparencia”.
Sobre las políticas públicas de Finlandia, la diputada Brouwer de Koning dijo que admiraba “su sistema democrático, su índice bajísimo de corrupción, cómo defienden la educación pública y su inversión en educación”.
“Una de las causas más importantes que tenemos que trabajar juntos es reforzar la educación, que es la única herramienta para generar un ascenso social y generar oportunidades. Defendemos que haya una educación pública y de calidad”, dijo Brouwer de Koning. “Me gustaría poder trabajar junto a ustedes; que nos enseñen para poder saber todo lo que han desarrollado y tratar de replicarlo en nuestro país”, agregó.