El jefe del bloque del Pro en el Senado, Martín Goerling Lara, habló tras la aprobación en la Cámara alta del polémico pliego de jueza María Verónica Michelli, luego de que el Gobierno Nacional decidiera retirarlo y cuestionó al oficialismo porque “nunca nos dijeron la verdad de frente” y apuntó contra el Presidente: “Fue un capricho de Javier Milei haberlo levantado”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el senador misionero contó que “se dieron cuenta que iba en serio el tema” en el mismo momento en que escucharon a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich que se abstenía.

"Formalmente no hubo ninguna explicación. Nadie dijo abiertamente cuál era el motivo... no supimos nada hasta el día del recinto, cuando escuchamos la argumentación de la abstención de Patricia Bullrich y la afirmación de que su bloque no votaba. Fue así, nunca nos dijeron la verdad de frente, por más que preguntáramos, era sabido el motivo", expresó el senador en referencia a que Michelli es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconda Mon.

Posteriormente, recordó que son muchos jueces los que están en los pliegos y que el próximo martes “viene una tanda nueva” donde seguirán tomando audiencia, porque “hay un montón de vacantes a cubrir”, y criticó: “Es inexplicable que haya sucedido esto, sobre todo de la forma y el motivo”.

“Hay un montón de jueces. Si empezamos a ver el arco de cada uno de los candidatos no pasa ninguno. Y ojo... si hay otro pariente de un periodista que viene en las próximas tandas, habría que ver si van a tomar la misma actitud o no”, planteó y agregó: “Porque todos los periodistas de investigación están para interpelar al poder y para investigar, entonces no podemos dejar ese precedente por un capricho del Presidente, porque es un capricho, haber levantado ese pliego, ¿no? Entonces, habría que ver de acá para adelante con todos los que vienen, si va a tomar la misma actitud o no”.

Para finalizar, manifestó que desde que Bullrich llegó a la presidencia del bloque de LLA “se han sacado muchas cosas importantes”, y señaló a la Ley de Modernización Laboral como una de las normas más significativas de esta gestión: “Creo que ella fue a poner un poquito de orden a cómo veníamos trabajando con relación al oficialismo los dos años anteriores”.

"Patricia fue la que se plantó en este caso y dijo hasta acá acompaño. Estas cosas me parecen que no corresponden.  Y repito, si uno empieza a mirar la cantidad de parientes que tienen los jueces, porque todos tienen familia, y nos dejamos guiar porque es pariente de algún otro candidato que no le gusta al poder de turno, grave daño vamos a hacerle a las instituciones", concluyó.

Luego de la derrota que sufrió el Gobierno por la aprobación del pliego de Verónica Michelli para ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, en la sesión el Senado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habló sobre el tema que generó polémica durante la semana y afirmó que el Presidente “no está obligado a firmar el nombramiento”.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rúbrica del decreto en diálogo por Radio Mitre.

Por otro lado, indicó: “El cargo de la doctora Michelli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”.

Asimismo, puso paños fríos al asunto en cuestión y pidió no hablar de “escándalo, es un pliego más que se aprobó”, luego de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich que se abstuvo a la hora de votar. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.

Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista que el oficialismo considera opositor por haber investigado el caso $LIBRA.

“En ningún momento se dijo cuál es el motivo. Es falso lo que se dice del retiro del pliego por ser familiar de un periodista… el Presidente no tiene por qué fundamentar su decisión. Nunca se hizo. Jamás hubo una explicación cuando se retiraron pliegos”, planteó y justificó: “El Presidente tiene la facultad de elegir al candidato y de retirarlo sin dar motivos. Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos. No se dan los motivos”.

A su vez, recordó que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahiques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces.

“Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió y ratificó: “Todos los presidentes retiran pliegos porque es una facultad constitucional”.

Mahiques afirmó: “Mandamos 152 pliegos aproximadamente y la idea es seguir la próxima semana mandar entre 50 y 60 pliegos, superar los 200 pliegos para que el Senado evalúe. Ayer mandamos 10 vacantes para la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires que se encarga de los Juzgados de Familia que está colapsada”, y pidió “hacer foco en todos los pliegos, no en uno solo. Eso demuestra que los tres poderes funcionan”.

En la misma línea, sostuvo que la aprobación de los 74 pliegos que era “una votación más grande que se dio en los últimos años porque es una deuda con la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía”, y sostuvo que “llegó a niveles históricos de un 37% aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”.

"Es una manera de ir saldado esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”, reveló en declaraciones radiales, y sumó: “El día de ayer fue un día importante para la ciudadanía, la justicia y la institucionalidad porque van a tener jueces, fiscales y defensores por los acuerdos que salieron ayer”.

“Quedó claro el funcionamiento de los tres poderes del Estado porque es un proceso complejo donde trabajan los tres. Así quedó habilitado el Presidente a firmar los decretos”, ratificó y aseguró que no está en carpeta del Gobierno avanzar sobre las vacantes en la Corte Suprema y en la Defensoría General de la Nación.

Tras el cimbronazo que pegó Patricia Bullrich, quien puso a disposición su renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y Javier Milei no la aceptó, por haber comunicado su postura en relación al pliego de Verónica Michelli, el Poder Ejecutivo sigue sumando adhesiones en contra.

Este miércoles se sumó el senador Francisco Paoltroni quien adelantó su rechazo al pedido que bajó desde Casa Rosada: “Yo ya traigo una línea en donde cuando no estoy de acuerdo con algo planto mi disidencia como fue el caso del juez Ariel Lijo o la demora en la presentación de la declaración de Manuel Adorni o como es este caso o la intervención en Formosa”.

Paoltroni remarcó que viene acompañando “todo, sobre todo en la gestión económica, pero hay algunas cuestiones de índole institucional o de la moral como política de Estado, y por eso no soy ni opositor ni enemigo ni quiero generar daño, es bueno plantear las diferencias siempre con la coherencia de a lo que vinimos”.

“Acá hay una impericia, estas cosas desgastan. No estoy de acuerdo con el retiro del pliego”, sentenció al respecto en declaraciones a Radio Rivadavia.

El formoseño afirmó: “No sé cuál es la cuestión de fondo, pero tengo entendido que esta profesional estaba puesto 18 en orden de mérito. Entonces ¿cómo puede ser que después por un vínculo con un periodista querer retirarlo? Es una desprolijidad muy grande que no es bueno para el Senado, para el Ejecutivo ni la Justicia”.

“Vengo acompañando todas las ideas de la Libertad porque adhería al plan y propuestas que llevábamos desde el 2023, sigo acompañando todo, pero hay límites que uno no está dispuesto a cruzarlo”, aclaró y recordó su rechazo a la candidatura del juez Lijo. También expresó su descontento por la falta de la declaración jurada de Adorni: “Me molesta muchísimo porque hasta hoy no presenta declaraciones juradas”.

“Es muy feo para cualquiera que firmó el dictamen, cómo vas a pedir ahora que vote el retiro te convertís en un monigote y no somos eso. Estas cosas son innecesarias. Le dije a Patricia que no iba a acompañar el retiro, mi voto en estas situaciones es bastante cantado”, concluyó.

Organizaciones civiles expresaron su rechazo al retiro del pliego como candidata a jueza de Verónica Michelli -propuesta por el Ejecutivo para ocupar el TOF 3 de La Plata- por parte del Gobierno nacional por el solo hecho de ser familiar del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon quien investigó el caso $LIBRA.

El Colegio Público de la Abogacía de Buenos Aires emitió un comunicado en el que considera el retiro del pliego por parte del Ejecutivo como “una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”, y señalaron que “en la última década, el retiro indiscriminado de pliegos por parte de los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo ha dilatado más de lo aceptable el llenado de las vacantes judiciales, cuyo número continúa en una situación crítica, pese a los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Justicia de la Nación”.

Al respecto, indicaron que corresponde al pleno del Senado la aceptación o rechazo del retiro, siempre evaluando los motivos en que se funda a fin de “evitar arbitrariedades o abusos. Sería deseable que se brinden buenas razones en este caso, para despejar las suspicacias y rumores que se han hecho públicas en torno a esta candidatura”, dice la entidad que preside el exjuez y exministro Ricardo Gil Lavedra.

Desde la organización Integridad Republicana también expresaron su “profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo”.

Ante las “muy serias sospechas” de que “ese inusual proceder” sería el parentesco de Michelli con el periodista, “la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria”.

Para la entidad que preside Carlos Negri “se trataría de un hecho sumamente grave, porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano. Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”.

“Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país. La República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”, concluye el comunicado.

Integridad Republicana está conformada por personalidades con larga trayectoria en la defensa de las instituciones y la cultura democrática. Entre ellos, Horacio Moavro, Osvaldo Perez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz, Marcela Campagnoli.

También se manifestó la agrupación Será Justicia, que emitió una declaración -firmado por su presidenta, Inés Arias, y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico- en la que se condena el retiro del pliego de Michelli como “un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”, y desaprobaron la “improcedente conducta del Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, reclamaron que el referido pliego “cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, y manifestaron: “Se trata de una evidente e inaceptable maniobra que no sólo afecta un proceso de selección que cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen (nueve miembros que representan la mayoría necesaria), sino que trasunta un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión, otro de los pilares de nuestro sistema republicano”.

“La postura asumida por el Poder Ejecutivo Nacional no sólo contraría la voluntad expresada por la Comisión del Senado responsable de concluir el proceso, sino además resulta de dudoso apego a las normas reglamentarias y de transparencia en la selección de magistrados, así como al debido respeto por el sistema constitucional de división de poderes”, señalaron desde Será Justicia.

El Gobierno nacional mandó en la noche de este miércoles un pedido a la Cámara alta para que se retire el pliego de la candidata María Verónica Michelli, el cual ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos tras haber reunido nueve firmas.

Michelli estaba postulada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. ¿Cuál fue el motivo? La candidata es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones que salpican la administración libertaria.

Para quienes me preguntan: sí, esto es verdad.

El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza federal por ser la cuñada de un periodista que investiga al oficialismohttps://t.co/oqUKPHpZv7

— Hugo Alconada Mon (@halconada) May 28, 2026

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto. Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien fue la encargada de ordenar el freno del ascenso judicial, pese a que el propio presidente Javier Milei había firmado el pliego a mediados de marzo.

En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión.

El Senado de la Nación prorrogó en su cargo al juez Carlos “Coco” Mahiques en la vocalía 7ma -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- al aprobar en la sesión de este jueves su pliego por 58 votos a favor y 11 en contra.

El interbloque Popular se dividió a la hora de votar, ya que los 11 votos negativos correspondieron a Jorge Capitanich, Wado De Pedro, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Kirchner, Florencia López, Ana Marks, José Mayans, Mariano Recalde y Martín Soria. En cambio votaron a favor Adán Bahl, Daniel Bensusán, la formoseña María Teresa González, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cristina López, Juan Manzur, José Neder, Fernando Rejal, Sergio Uñac y Gerardo Zamora.

El bloque de José Mayans votó dividido. (Foto Comunicación Senado)

La designación había sido propuesta por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero pasado-, y luego que el miembro de la Cámara Federal de Casación Penal solicitara la extensión de su mandato.

"Coco" Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, podía solicitar una prórroga y recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.

El pasado 16 de abril, el camarista se presentó en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos y expresó: "Es un momento en el cual las circunstancias, la vida y la función me han puesto en la necesidad de ratificarme y, esta vez, ante ustedes para seguir ocupando el cargo en el que este Senado me honró en el 2018".

Además de ser interpelado por el kirchnerismo por el traslado de tribunal ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, con posterior envío del acuerdo al Senado, Mahiques debió responder sobre la causa de Lago Escondido. Y dijo que "se trató de un viaje de amigos camaradas. No se trató de un viaje de trabajo y no requirió licencia".

El pliego de Mahiques consiguió más de dos tercios de los votos. (Foto Comunicación Senado)

Los argumentos a favor y en contra

Como miembro informante, el titular de la Comisión de Acuerdos, el senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), indicó que el pedido cuenta con despacho de comisión que fue aprobado de forma unánime y “se cumplieron todos los pasos reglamentarios donde escuchamos al postulante, respondió todas las preguntas y se leyeron todos los antecedentes académicos”.

Pagotto procedió a leer una nota que le remitieron desde el Ministerio de Justicia en la que los jueces de la Cámara de Casación Penal “manifestaron la adhesión a la solicitud presentada al cargo de mantenimiento a través de un nuevo nombramiento que desempeña Carlos Mahiques… en atención a su dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y al apego del espíritu democrático”.

“La prórroga también responde a evitar retrasos en un Tribunal tan importante como lo es la Cámara de Casación Penal”, remarcó el riojano.

De la vereda de enfrente, el rionegrino Martín Soria (UP) aclaró que el despacho “no fue por unanimidad” porque “es una comisión conformada en una clara violación del reglamento”. Soria recordó que en las audiencias plantearon su disconformidad con la designación de Mahiques porque “entendemos que no reúne las condiciones éticas, constitucionales ni jurídicas para seguir ejerciendo como juez de la Nación por cinco años más”.

Por el contrario, destacó que el magistrado respondió cada pregunta “de forma cordial, en un clima respetuoso, con buenos modales”, pero señaló que detrás de esas formas “cuidadas no apareció una sola explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hizo”.

“Cuando uno rasca el discurso que dio, no es independencia judicial, sino que aparece una profunda dependencia del poder político, económico y mediático del país”, planteó y calificó a Mahiques como “un lobo con piel de cordero” porque “detrás de ese magistrado amable y correcto, hay un juez con fallos verdaderamente peligrosos, alineamiento político elocuentes y una trayectoria atravesada por la política partidaria”.

Soria remarcó que Mahiques “integra un selecto grupo de jueces trasladados a dedo por el expresidente Mauricio Macri para ocupar cargos estratégicos en el Fuero Federal Penal que fue calificado como ‘Comodoro Pro’”, y apuntó que “no hubo orden de mérito ni concursos ni respeto por los mecanismos constitucionales, ni por el reglamento. Hubo una política para colonizar Tribunales claves con magistrados funcionales al poder político de turno”.

En esa línea, el senador de UP señaló que el juez “pasó por un tobogán sin escalas en el Poder Judicial como la Cámara de Casación Penal que hace años dejó de ser un Tribunal para transformarse en una mesa de operaciones políticas en la Argentina. Crearon un Partido Judicial para perseguir opositores”. En esa línea, recordó el caso de Lago Escondido que “expuso cómo funciona para del Poder Judicial y el blindaje a sectores del poder”.

Soria cerró: “Mahiques representa la colonización el Poder judicial por intereses políticos, económicos y mediáticas. Representa la degradación de la independencia juncial en el país. Una justicia que se convirtió en una herramienta de disciplinamiento político y la impunidad de un sector que se cree por encima de la ley, de la Constitución y de la democracia”.

Desde el oficialismo, salieron a defender al juez Carlos Mahiques ante los cuestionamientos a su llegada a la Cámara Federal de Casación Penal porque no se hubiera producido mediante el procedimiento constitucional ordinario, sino a través de un traslado dispuesto desde la justicia nacional, cargo para el que sí había concursado. Sus críticos sostienen que este mecanismo le permitió acceder a un tribunal federal sin haber atravesado el concurso correspondiente ni el proceso completo de designación previsto en la Constitución, que incluye la intervención del Consejo de la Magistratura, la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado.

En esa línea, también se cuestiona que los traslados no equivalen a nombramientos definitivos, tal como estableció la Corte Suprema en el precedente “Bertuzzi”, por lo que la situación de Mahiques sería, en rigor, provisoria. A partir de ello, se plantea que no puede regularizarse su permanencia ni renovarse su cargo sin un nuevo concurso, ya que nunca fue designado formalmente para ese puesto.

La senadora neuquina Nadia Márquez dio por saldada la discusión con los reglamentos vigentes y antecedentes. “El traslado si cumplía con los requisitos y estándares vigentes”, dijo, y aclaró que el traslado de Mahiques se dio en 2018, mientras que “el fallo Bertuzzi es posterior”.

Por otra parte, rechazó que Mahiques estuviera siendo propuesto porque su hijo es ministro de Justicia. “Todos somos iguales ante la ley”, enfatizó, recordando lo sucedido este miércoles en la Comisión de Acuerdos con Ana María Juan, propuesta como jueza del juzgado de Hurlingham y objetada por ser esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. “Ayer tomamos audiencia de una jueza a la que se le planteaban sus vínculos matrimoniales”, observó, argumentando que “no te coloca el apellido o el vínculo familiar en un cargo público, pero tampoco te puede excluir”.

Y cerró: “Mahiques padre no viene porque el hijo lo ponga, no podemos dejar a nadie afuera por el vínculo familiar”.

A su turno, la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) remarcó que las impugnaciones al pliego del magistrado “resultaron improcedentes porque no hubo cuestionamientos vinculados a la idoneidad y desempeño funcional”.

“Reditar esos cuestionamientos quedan extemporáneos porque estas imputaciones y críticas podrían haberse hecho en otras instancias y en el ámbito correspondiente, pero no se hicieron. Esto es improcedente al opinar en este recinto cuando hubo otros resortes que no se hicieron”, criticó Moisés.

Así, ponderó que estuvieran nombrándose ahora jueces para completar las vacantes en el Poder Judicial, y recordó, a fuerza de incomodar a sus excompañeros del peronismo, que no se designaban jueces desde el gobierno de Mauricio Macri y que ellos fueron 4 años gobierno y sus propios ministros no nombraron ningún juez, en referencia por ejemplo a Martín Soria, hoy senador nacional y que acababa de hacer un encendido y durísimo discurso contra el juez Carlos Macri: “El Senado resolvió el tema sobre los traslados. Todo fue saldado en el 2018 mediante el acuerdo 7718 que fue votado por varios miembros actuales”.

La senadora jujeña adelantó el acompañamiento del pliego porque “el tema ha quedado saldada”.  Sin embargo, manifestó que “no se puede seguir naturalizando el funcionamiento rengo del Poder Judicial desvirtuado que, durante años, buscando una solución no ha funcionado de la manera correcta. Esto genera incertidumbre y fallas en el sistema. Tenemos la responsabilidad institucional de garantizar que la administración de justicia funciona con eficiencia con jueces”.

Retomó la palabra el miembro informante Pagotto y le planteó al bloque peronista que “la justicia hay que tomarla en su integridad y está desguarnecida no desde ahora”, y desmintió que el pliego lo haya mandado el propio hijo del juez. “Hay un montón de juzgados por nombrar y Tribunales que funcionan con tres jueces”, reclamó.

“Nadie tiene ninguna duda que hay que perfeccionar la justicia, pero el tema Mahiques fue convalidado por el Congreso. Cuando ustedes hablan de un fallo de la Corte Suprema no puede sustituir una resolución del Parlamento”, manifestó el riojano.

Mayans sobre Cristina: “Hoy si es candidata gana”

Sobre el final del debate, el presidente del bloque Popular, José Mayans, se refirió a Manuel Adorni, a quien definió como “la muestra del alto grado de corrupción que tiene el Gobierno”. En su extensa oposición trajo a colación el caso $LIBRA y lo del Andis, consideró a ambos “estafas”, y sostuvo que gracias a eso hoy “el Presidente y la hermana son ricos”.

Habló también de Demian Reidel, al que definió como “un corrupto delincuente” al que echaron, y anticipó que llevarán a la justicia la posibilidad de que el exfuncionario haya entregado secretos atómicos a potencias extranjeras. La emprendió también contra la esposa del jefe de Gabinete, sugiriendo que tenía intereses en la privatización de Tecnópolis, y describió una larga lista de cuestiones que llevarán a la justicia.

“Todos los funcionarios que hablaban mal del Estado sacaron créditos subsidiados con tasas preferenciales por resolución del directorio del Banco Nación, que decían que era corrupto”, lanzó también, prometiendo que irá a la justicia.

“El Presidente está medio pirado”, lanzó Mayans. (Foto Comunicación Senado)

Del Presidente dijo en otro pasaje que “está medio pirado” y enumeró los números que viene diciendo que sacó de la pobreza. “Tanta gente que sacó de la pobreza y nadie se dio cuenta”, señaló.

Respecto de Carlos Mahiques, Mayans lo incluyó en el lawfare y aseguró que con su hijo hoy ministro participaron de “la persecución política” de la expresidenta, de quien dijo que “hoy si es candidata gana”.

“Están preparando una justicia a la carta”, denunció en otro pasaje de su durísimo discurso. Mayans concluyó advirtiendo que “no estamos votando un acuerdo de prórroga solamente: estamos definiendo qué tipo de justicia queremos”.

Bullrich: “Aprendan a respetar la independencia de la justicia”

Por último, Patricia Bullrich salió a contestar el discurso que definió como “irresponsable, mentiroso, provocador” de Mayans, asegurando que él “es parte del régimen más retrógrado, más feudal, más antirrepublicano y retrógrado del país”, asegurando que en esa provincia los jueces no juzgan, sino “el monarca”, en referencia a Gildo Insfrán.

“El único lugar del país donde (Amado) Boudou no fue culpable” fue Formosa, dijo, y se preguntó entonces “desde dónde habla” Mayans.

“La única verdad es la realidad”, sostuvo, recordando que el peronismo tiene a su presidenta presa, lo mismo que sucedió con su vicepresidente. “¿Saben qué? Para el senador preopinante el bolso de López para él no llevaba dólares, llevaba canicas, llevaba figuritas del Mundial…”, lanzó.

Patricia Bullrich cerró el debate sobre Mahiques. (Foto Comunicación Senado)

Bullrich aseguró que el kirchnerismo “llenó el país de pobres”, e “hicieron un país de pobres que se está terminando”, y dijo que el modelo es Formosa.

En otro pasaje advirtió que “quisieron quedarse con el Consejo de la Magistratura”, tras lo cual aclaró que “no fue Mahiques el que se robó Vialidad; ellos se robaron Vialidad; no fue Mahiques el que participó del infame memorándum con Irán, Mahiques lo juzgó; no fue Mahiques el que escribió los cuadernos de las coimas, fue el que participó del análisis de las medidas probatorias; no fue Mahiques el que lavó el dinero de Lázaro Báez, fue el que lo juzgó”, y siguió enumerando elementos un largo rato, entre los gritos de la bancada de José Mayans.

Concluyó afirmando que no lo querían votar porque “juzgó la corrupción del Gobierno al que pertenecieron”.

“Aprendan a respetar la independencia de la justicia, aprendan a respetar a los jueces, a no prejuzgar”, reclamó en otro pasaje, asegurando que “hasta los miembros más cercanos a la teoría penal que adhiere el bloque opositor, hasta (Alejandro) Slokar, dijeron querer que Mahiques debe seguir siendo juez de la Nación, porque es probo para eso”.

La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), se reunió este jueves en una audiencia pública en la que Carlos Mahiques se presentó para defender su pliego que prorroga por cinco años más el ejercicio de sus funciones como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Mientras el magistrado exponía su defensa, el oficialismo junto con aliados pasó a la firma el dictamen. En tanto desde el interbloque de Unión por la Patria no pudieron firmar el rechazo por no completar vocales, reclamo que retrasó la exposición del juez unos 30' en un cruce que protagonizaron al inicio de la reunión las senadoras Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo. Al pliego se le dio ingreso formal en la sesión del 18 de marzo pasado, mientras que el 7 de abril culminó el plazo para recibir respaldos e impugnaciones a su candidatura.

Al exponer, el magistrado recordó que el Senado le otorgó en el 2018 ocupar la vocalía 7 de la Cámara de Casación Penal y resumió: “Integro el sistema judicial en muchos fueros y todas las jurisdicciones desde 1974”.

“La propuesta del señor presidente y la decisión de este Cuerpo es justamente para que acceda, en función de lo establecido por el artículo 99 inc. 4 de la Constitución, a otros cinco años más en el ejercicio. Me siento con la determinación y voluntad. Es un momento en el cual las circunstancias, la vida y la función me han puesto en la necesidad de ratificarme y esta vez ante ustedes para seguir ocupando el cargo en el que este Senado me honró en el 2018”, argumentó.

Mahiques remarcó que “la decisión incólume de este Senado es el motivo de esta audiencia y he venido a solicitar y a ponerme a disposición para que la decisión que tomen sea absolutamente participada en cuanto a mí”.

Al ser consultado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sobre las dos impugnaciones que recibió su pliego por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), se defendió: “A la época que yo solicité mi traslado desde la Cámara Nacional de Casación Penal a la Cámara Federal regía la doctrina y jurisprudencia constitucional de mucho tiempo atrás de presidentes como el caso del Juez Castillo, anteriores a la reforma del 94. Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”, y cerró al respecto que “el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”.

“El objeto de esta audiencia es convalidar una designación que este Cuerpo en ejercicio de sus potestades hizo en el 2018 y en este momento evalúan mi condición para ratificarme en ese cargo”, ratificó.

Al tomar la palabra, el senador rionegrino Martín Soria cargó contra el magistrado y recordó que “fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri” y sostuvo que “pertenece a un grupo selecto de magistrados contrario a la Constitución y al Reglamento sin concursar a la máxima instancia”.

“La Corte Suprema establece que no seguir la secuencia para un nombramiento o designación definitiva es inconstitucional”, apuntó y agregó: “En la presidencia de Macri hubo traslados totalmente inconstitucionales e ilegales y el magistrado Mahiques es parte de ese selecto grupito. ¿Usted cree que esto no lo afecta su independencia judicial? ¿No es falta de idoneidad moral?”.

Al respecto, el juez se defendió y respondió: “No me hago cargo ni acepto de ninguna de las denuncias de sus imputaciones que hizo en general a un selecto grupo que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”.

“Ustedes están evaluando mi prólogo es mi pasado. No va a encontrar ningún acto inapropiado, inadecuado, ni ético, ni judicial que tenga que ver con acepción de personas ni motivaciones ideológicas por un objetivo distinto a mi oficio que es decidir en justicia e interpretar y aplicar la ley. En el ámbito federal de desvaríos porque la justicia penal tiene una presencia demasiado protagónica y no debería ser así porque se corre el riesgo que los jueces se conviertan en actores políticos. Para eso no deberíamos exorbitar nuestra función y los jueces deben tener lealtad institucional”, expresó.

Mahiques manifestó: “De ninguna manera me hago cargo de haber servido a algún objetivo ideológico a la propia función que me encomendaron en los lugares que estuve desde hace 52 años. No me hago cargo de nada de lo que de imputatorio tiene”.

En otro tramo de la presentación fue consultado por el caso Lago Escondido y negó conocer al empresario Joe Lewis y aseguró que se trató de “un viaje de amigos que no financió ninguna empresa” y tampoco se pidió licencia.

Al ser consultado por el senador radical Maximiliano Abad sobre la aplicación el Código Penal y el sistema acusatorio, el magistrado contestó: “El sistema de enjuiciamiento denominado acusatorio es una opción política que el Estado argentino tomo e implica cambios en el modelo con una división de funciones donde el Ministerio Público tiene un protagonismo mayor y los objetivos del proceso se corresponden más por una construcción de la verdad”.

Por otro lado, el senador puntano Fernando Salino el preguntó por la baja de imputabilidad respecto de lo cual Mahiques expresó: “Es un tema que toca aspectos sensibles porque la simplificación lleve a que la primera respuesta sancionatoria sea la pena de prisión. En caso de menores hay una problemática muy grande en la situación sociocultural. No cuestionaría la baja de edad, pero hay que ser prudentes en dar respuestas proporcionadas y adecuar la legislación y el sistema sancionatorio que no esté regido solo por la reclusión. El Estado tiene que proporcionar los recursos en soluciones políticos criminales que contemple la problemática de la juventud y la calidad de la respuesta institucional”.

La Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), se reunió este jueves para darle tratamiento doce pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, el que propone a la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Canadá el cual quedó listo para su debate en el recinto.

Crexell explicó que la Argentina tiene un “enorme potencial” en una relación bilateral con Canadá lleva más de 150 años de historia diplomática, de relaciones sostenidas con “una muy buena sintonía” en diferentes aspectos.

“Si bien Canadá tiene una relación comercial y más fuerte con Estados Unidos, tiene importantes oportunidades con nuestro país que se han venido incrementando en los últimos años, sobre todo por la posibilidad que se genera a partir de industrias tan dinámicas como la minería y energía”, informó y sumó: “Además tenemos una fuerte relación en materia nuclear porque Argentina tiene reactores de tipo CANDÚ que son de tecnología canadiense y eso permitió tener relaciones muy proliferas en lo que hace a la seguridad nuclear”.

“Hemos siempre tenido una posición de trabajo mancomunado en el sostenimiento de la paz y ambos países integran actualmente un grupo en las Naciones Unidas para reformular el Consejo de Seguridad”, expresó.

En otro tramo del encuentro, la candidata comentó que la relación bilateral con Canadá “tiene un potencial enorme. Tiene una histórica relación ininterrumpida y se vuelve a potenciar la oportunidad por la dinamización de los sectores energéticos y mineros”.  También recordó que entre ambos países hay firmado un memorándum de entendimiento en lo que hace a minerales críticos: “Hay mucho interés de empresas para invertir en el país en litio”.

A su vez, informó que está en tratativas un acuerdo Mercosur entre Argentina y Canadá: “Están avanzadas las rondas de negociación que implicaría un avance muy importante para el comercio. Somos principales exportadores de aceite de soja y podemos mejorar la importación de equipos para la industria petrolera”.

Las críticas del interbloque Popular

El puntano Fernando Salino (Justicia Social Federal) volvió a denunciar la falta de pluralidad en las comisiones y planteó: “En este caso esta violación es mucho más grave porque estamos tratando el acuerdo de una persona en particular y corresponde que digamos que durante el tratamiento de su pliego se están violando el reglamento y la Constitución Nacional y lo mismo va a suceder con el resto de los acuerdos. Nosotros como oposición no tenemos la posibilidad de participar de este tratamiento”.

“En el caso de los embajadores el caso es doblemente grave porque las cuestiones se toman a la ligera, pero usted no va a poder ser acompañada por la oposición porque no tenemos oportunidad de participar de la comisión”, planteó. Así, preguntó cuál es su condición relevante para que el Presidente la designe embajadora de Canadá.

Crexell le retrucó con su formación académica y trayectoria legislativa: “Tengo tres títulos universitarios, maestrías. Tengo varios diplomados en ambiente y energía. También tengo una prolífera presentación de proyectos de ley que se han convertido en leyes”.

Luego fue el turno del senador chubutense Carlos Linares quien le pidió que explique cómo llegó a esta designación y recordó la sesión donde ingresó el pliego de Crexell para ser designada ante la UNESCO: “En esa sesión justo fue un voto transcendental para el oficialismo que causó muchas dudas. Este pago de favores con un voto claramente perjudicó a los argentinos. Esto es un escándalo”.

“Nosotros estamos tratando el pliego de una representante que llega a una embajada por el pago de un favor. Esto es grave. Usted dice que no, pero los hechos lo marcan así. Si usted está contenta es un tema de conciencia. A mí me daría vergüenza asumir su cargo”, cerró Linares.

Rápidamente, la exsenadora le salió al cruce: “A mí me daría vergüenza las imputaciones falsas”, y explicó que se trató de un acuerdo previo y “alguien de muy mala intención lo dejó trascender y por eso se avanzó en la designación y por eso se preparó el expediente del pliego”. En esa línea, sumó: “El día de la votación hubo denuncias penales que fue una maniobra para evitar mi voto, las cuales fueron archivadas por falta de relación causal, inexistencia de delito y por haberse sido hechas por especulaciones periodísticas. Es un tema cerrado del cual la justicia ya se expidió”.

Crexell apuntó contra Linares: “Si usted no reconoce que hay una sentencia firme no es republicano porque no respeta las decisiones judiciales. Tengo una trayectoria impecable y conozco perfectamente la negociación parlamentaria como lo fue en la Ley Bases”.

Tras protagonizar un picante cruce con la peronista Florencia López, fue la bonaerense Juliana Di Tullio quien se sumó a las críticas y remarcó que la oposición es la encargada de controlar al Poder Ejecutivo para “respetar el voto argentino”.

“El oficialismo compra, paga para lograr aprobar leyes. Así se logra, con cargos, promesas, plata. Violentando la voluntad popular y los lugares que le corresponden a la oposición para controlar los actos de gobierno”, y le remarcó a Crexell que “no fue absuelta, la causa se archivó porque no mandaron el pliego y ahora hay un hecho nuevo para el Poder Judicial y todo lo que salga de esta comisión tiene absoluta nulidad e insanable porque tiene vicio de origen porque no nos hacen parte porque se quedaron con los lugares que son para la oposición”.

“A usted el Presidente no la postuló como embajadora en Canadá por el currículum que tiene, es por los favores y votos prestados. Esto está viciado de nulidad. Te van a sobrar los votos porque el oficialismo tiene 47, pero el bloque del peronismo no va a votar a alguien que está cuestionado moral y éticamente por su voto para poder ocupar el cargo que está peleando ahora”, lanzó Di Tullio.

Oficialistas y aliados respaldaron a Crexell

En favor de la exsenadora salió el misionero Martín Goerling Lara (Pro) quien destacó su labor legislativa y apuntó contra la oposición: “Vergüenza nos tendría que haber dado tener embajadores condenados por corrupción como en Israel. Eso es una vergüenza para toda la Argentina”.

También la respaldó la santafecina Carolina Losada (UCR) quien destacó: “Usted es la mejor para el cargo en la que la están postulando”, y apuntó contra la oposición: “Nadie debería estar con tantos reclamos. Se huele envidia y la siguen cuestionando cuando la justicia ya la absolvió. No entiendo cómo pueden ser senadores si no creen en otro poder. Cuenta con todo mi apoyo y creo que nos va a representar muy bien”.

En el mismo sentido se manifestó la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) quien apuntó contra UP a quien acusó de “querer poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de ocupar un lugar en el poder. Le inventan juicio, nos estigmatizan y ponen en duda nuestra capacidad de conocimiento vinculándola a distintos factores del poder”.

Moisés indicó que “se le cuestiona una decisión sobre una sola ley con tantos años de trayectoria. Si hablamos de idoneidad está el currículum de ella que habla para que ocupe el cargo y siempre se está perfeccionando. Es una mujer parte de la comprensión de la representación federal y viene de una provincia minera”, y concluyó: “Me molesta que haya violencia por parte de una mujer y decir que no llegó por mérito propio lo rechazo. Miden la moral de algunos. Como miembro de un bloque opositor y, por lo tanto, vas a tener votos de la oposición. Que poca sororidad de algunas que arman discursos para las redes nada más”.

Al cierre, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, celebró la designación de Crexell como embajadora: “Representas una de las provincias con más intereses en Canadá y eso marca una línea clara del gobierno que le da a las relaciones internacionales y acuerdos comerciales una dimensión importante”, y agregó: “Un embajador no es un representante de un gobierno, sino del país. Estamos seguros que vas a representar a la altura a la Argentina que se está abriendo al comercio y la inserción en el mundo”.

Bullrich remarcó que la justicia determinó que “hubo inexistencia del delito porque no es judicial el voto y los acuerdos y negociaciones parlamentarias son las bases de un Parlamento. Un juez entiende bastante mejor los fundamentos de quienes están acá”.

Los pliegos militares

En el encuentro, que tuvo lugar en el Salón Arturo Illia, se abordaron once expedientes con nombres de militares de las tres fuerzas armadas propuestos para ser promovidos al grado inmediato superior. Entre ellos aparece el nombre del teniente coronel de Infantería Fabián Torrengo, quien fue procesado en 2015 por el juez Alejo Ramos Padilla por el robo de un misil en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de Arana, que apareció siete años después enterrado en una calle alejada de Los Hornos. Torrengo, quien había sido procesado en su calidad de segundo jefe de la guarnición, fue sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones.

También el acuerdo para promover al grado superior al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Además, se le dio tratamiento al acuerdo para promover al vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al vicealmirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada; como así también al jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; y se analizaron los acuerdos para designar autoridades de la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía.

Tras la media sanción al proyecto de Reforma Laboral, el oficialismo retoma la actividad legislativa en el Senado con la convocatoria a la conformación de dos comisiones claves a fin de darle tratamiento al pliego para designar embajador en Bélgica a Fernando Iglesias.

De esta manera, aparece en agenda para el próximo miércoles 18 de febrero la convocatoria a reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto a las 17 en el Salón Arturo Illia para la designación de sus autoridades. Dicha comisión estaba en manos del formoseño Francisco Paoltroni y, por esta misma, también deberá pasar el Acuerdo Mercosur – Unión Europea que recibió media sanción de Diputados en la madrugada de este viernes.

En tanto, el jueves 19 de febrero a las 11 será el turno de la Comisión de Acuerdos que, primero se constituiría, para luego abocarse al tratamiento del expediente 175/25 del Poder Ejecutivo que solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Fernando Adolfo Iglesias que ingresó a la Cámara alta el pasado 2 de febrero.

En una reunión del bloque oficialista semanas atrás se resolvió que la presidencia de la trascendente comisión, que dictamina sobre los pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores, además de ascensos militares y diplomáticos, quedaría en manos de Juan Carlos Pagotto. El riojano, que se desempeñó los últimos dos años al frente de Justicia y Asuntos Penales, es cercano a los Menem y Karina Milei.

Cabe resaltar que de ambas comisiones faltan los integrantes del interbloque que conduce José Mayans, debido al desacuerdo de los miembros opositores respecto de la cantidad de lugares que les dieron.

Este miércoles por la tarde recién se conoció que el dictamen del pliego de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema reunió las nueve firmas necesarias para llegar al recinto. La Comisión de Acuerdo lo había despachado el pasado 21 de agosto.

El despacho lleva las firmas del jefe de bancada oficialista, Ezequiel Atauche; del titular de bloque radical Eduardo Vischi; del salteño Juan Carlos Romero (CF); el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana del Pro, Beatriz Ávila; del misionero Carlos Arce; y de los integrantes de Unión por la Patria, el sanjuanino Sergio Uñac, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Tras darse a conocer la noticia, legisladores de la oposición criticaron el dictamen y advirtieron que “se va concretando el pacto de impunidad”.

“Finalmente, el Ejecutivo pactó con el kirchnerismo y consiguió las firmas para el pliego de Lijo, el juez más cuestionado y resistido de la historia. Mientras distraen con la suspensión de las PASO, la casta más rancia avanza. Estos son los cómplices de este desatino a la Patria”, apuntó el ex libertario Francisco Paoltroni, quien desde que se conoció la candidatura de Lijo se mostró en contra lo que le valió la expulsión del bloque oficialista. A su posteo, la diputada de la CC Mónica Frade comentó: “Asco”.

Finalmente el Ejecutivo pactó con el kirchnerismo y consiguió las firmas para el pliego de Lijo, el juez más cuestionado y resistido de la historia. Mientras distraen con la suspensión de las PASO, la casta más rancia avanza. Estos son los cómplices de este desatino a la Patria. pic.twitter.com/pqxX0FK2jd

— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) February 12, 2025

En el mismo sentido, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, expresó: “Pasito a pasito, se va concretando el pacto de impunidad. Señores Senadores, Lijo, ¡No! Si así no lo hicieran, que Dios y/o la Patria se lo demanden”.

Su par de bancada Marcela Campagnoli advirtió: “Estemos atento a que el oficialismo no deje caer FICHA LIMPIA en el Senado a cambio que le voten el pliego de Lijo Recordemos Lijo no. El Gobierno apuesta a conseguir la designación de Lijo en el Senado y apelar a un decreto para García-Mansilla”.

Por su parte, el diputado del bloque Democracia Para Siempre Fernando Carbajal criticó al presidente del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, por haber acompañado con su firma el dictamen: “Profunda vergüenza por el voto del senador Vischi avalando el pliego de Lijo. ¿Cuál es el precio de entregar los valores de la República?”.

Luego de días de trascendidos, que se dieron a conocer desde Casa Rosada la semana pasada, pero en el Senado se rehusaban a revelar, el kirchnerismo salió a confirmar este martes la firma de Lucía Corpacci al dictamen del pliego del juez federal Ariel Lijo como candidato a ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. 

La propia senadora hizo declaraciones este martes por radio. Integrante de los primeros lugares de la lista encabezada por Cristina Kirchner al PJ, la catamarqueña aseguró que en su momento habló con la expresidenta sobre esa postulación, pero decidió acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo no a sugerencia de CFK, sino a pedido de su gobernador, Raúl Jalil, de quien se ha mostrado independiente en muchos temas. Por eso, el aval de Corpacci, alineada a la titular del PJ Nacional, es todo un gesto.

Lijo pasó por audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos a finales de agosto. Recibió impugnaciones de la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. Con rechazo de senadores de la oposición dialoguista, para la aprobación de su pliego en el recinto, el oficialismo depende sí o sí de Unión por la Patria, interbloque opositor que es primera minoría con 33 miembros. También así, para llegar a los dos tercios, requiere un amplio aval el candidato Manuel García-Mansilla, quien en cambio es más resistido por el kirchnerismo, que insiste con que uno de los dos candidatos debe ser una mujer. 

A diferencia de Lijo, García-Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, todavía no reúne las firmas necesarias para el dictamen de su pliego. El Gobierno, por su parte, tiene una posición tomada respecto de que "son los dos o ninguno", con lo cual todavía hay incertidumbre en saber qué pasará con las designaciones. En el medio, cada dos por tres, funcionarios de Rosada reflotan la posibilidad de que los nombramientos salgan por DNU, como lo hizo Mauricio Macri al comienzo de su gobierno. 

Según confirmaron fuentes del Senado a parlamentario.com, el pliego de Lijo fue avalado por el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche; la tucumana Beatriz Ávila, del Pro; el presidente de Las Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espínola; el salteño Juan Carlos Romero, también de ese bloque; el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi; y el misionero Carlos Arce.

En tanto, las tres firmas de UP fueron las del sanjuanino Sergio Uñac; la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del gobernador Gerardo Zamora; y la de Corpacci, la última en habilitar el dictamen, que requería una firma más de la mitad de los integrantes de la comisión. 

En declaraciones a radio El Destape, la senadora catamarqueña fue consultada sobre la figura de Lijo y su opinión al respecto: “Yo no tenía cuestionamientos... a ver, siempre uno puede ver algunas cosas, pero no cuestionamientos que me impidieran apoyar su pliego” salvo el rechazo a que no hubiera una mujer postulada en su lugar, pues a Lijo se lo propuso en reemplazo de Elena Highton de Nolasco. 

“Pero después llegó el otro pliego y era otro hombre (por Manuel García-Mansilla). Se intentó acordar la posibilidad de que fuera una mujer, pero eso no se logró y yo había asumido el compromiso de que si eso no se daba antes de fin de año, yo iba a acompañar el pliego”, continuó Corpacci. 

Consultada por las críticas que hay hacia Lijo y que finalmente no se cambió el pliego de una mujer por uno de los dos varones, la legisladora expresó: “Mire, la verdad es que la Justicia está llena de cuestionamientos y gente que llegó que parecía intachable después demostró... la verdad... es tan difícil el tema de la Justicia. Hasta podría decirle que algún otro que manden me podría resultar mucho más preocupante”.

Sobre si había conversado de la candidatura del juez federal con Cristina Kirchner, la senadora dijo que “por supuesto” lo hablaron “en su momento”. “Yo le dije que era entre otras cosas un pedido del gobernador de la provincia, que quería que acompañáramos a los candidatos del Gobierno nacional y el planteo fue ‘tratemos de que sea una mujer’, pero no lo logramos. Y esa fue la actitud del bloque”. Pero negó haber estampado su firma por una decisión de “ahora” conversada con CFK. 

La postulación del juez Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia atraviesa todavía un camino sinuoso en el Senado, ya que su pliego no consigue aún el dictamen ni están los votos asegurados. Para alcanzar los dos tercios que requiere la designación, es imprescindible que Unión por la Patria lo acompañe. Este viernes, desde el kirchnerismo llegó un nuevo mensaje al Gobierno: “Así como están las cosas no se lo vamos a aprobar”.

"Nosotros tenemos una postura muy clara sobre qué es lo que queremos para la Corte. La Corte, así como está, es un desastre para Argentina, para la democracia, para la república, para los trabajadores. Es una Corte que defiende al poder económico", lanzó el senador Mariano Recalde durante una entrevista en radio Futurock.

El legislador de UP le recordó al oficialismo: “Nosotros tenemos un proyecto de ley en el Senado para modificar la Corte, no sólo en su composición, sino también en paridad de género, perspectiva federal, que contemple todas las especialidades”. “El presidente mandó esta propuesta, que obviamente no es nuestra. Es del presidente. No se la vamos a aprobar, así como está. Si hubiera alguna otra cosa, vemos. Qué se yo", expresó el porteño.

Lijo es uno de los dos postulados por Milei para integrar la Corte Suprema -el otro es el jurista y académico Manuel García-Mansilla-, y desde que se conoció su nominación ha ido sumando cuestionamientos, muchos de ellos por parte de la oposición dialoguista.

Recalde afirmó que él tiene su opinión sobre el candidato, pero aclaró que dentro del bloque no han debatido sobre el tema. “Yo tengo mi opinión. En el bloque no lo discutimos todavía. El otro día tuvimos reunión de bloque y alguno planteó qué va a pasar con eso, pero postergamos la discusión”, aseguró.

Lijo defendió su pliego el pasado 21 de agosto ante la Comisión de Acuerdos del Senado y respondió preguntas de los senadores durante ocho horas. Una semana después cumplió el mismo trámite García-Mansilla. Sin embargo, desde ese momento la votación favorable de ambos en la Cámara alta parece lejana.

La negociación entre el oficialismo y la oposición peronista/kirchnerista, que incluiría una ampliación del número de miembros de la Corte como contraprestación de un respaldo a la controvertida candidatura de Lijo parece estancada, o al menos ha perdido fuerzas.

Los 33 votos del kirchnerismo son claves para una eventual aprobación del pliego de Lijo, pero también lo son los de la oposición dialoguista, así como los de los bloques de menor representación. Sobre todo, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó con apenas seis senadores propios, después de la salida del bloque de Francisco Paoltroni, en desacuerdo absoluto justamente con la candidatura de Lijo y enfrentado a cielo abierto con Santiago Caputo.

El académico Manuel García-Mansilla defendió este miércoles su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsado desde el Gobierno, en el marco de una audiencia pública celebrada desde las 10.23 de la mañana en el Salón Azul del Senado. Fue el segundo candidato en exponer ante la Comisión de Acuerdos que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, luego de que la semana pasada fuera el turno del juez federal Ariel Lijo, quien disertó por casi ocho horas.

Tras 7 horas de audiencia, la senadora Tagliaferri aseguró que “los dictámenes ya están disponibles para la firma”. También anunció que la próxima reunión de la misma será el 12 de septiembre, para tratar una serie de pliegos judiciales.

Al comenzar la audiencia, Tagliaferri informó que “todo el proceso de la audiencia es público” y destacó que “en la página web del Senado hay un micrositio donde está disponible toda la información sobre la audiencia, lo que permite tener un Senado más transparente y accesible”.

En el inicio de la reunión, el jurista señaló porqué piensa que puede hacer “un aporte genuino a la Corte Suprema de Justicia”. En ese marco, diferenció la tarea que le asiste a los jueces respecto de los legisladores, quienes “pueden apelar a sus convicciones morales y la necesidad de atender reclamos sociales para modificar leyes como crean conveniente, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución”, comentó. “Los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y la forma representativa de gobierno”, señaló, precisando que ellos “tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política y religiosa, aun cuando crean de buena fe que van a servir mejor a la sociedad”.

“La función de los jueces es aplicar esas normas” establecidas por los legisladores, o los constituyentes “a la hora de resolver casos concretos”, así como “sostener la observancia de la Constitución en cada sentencia a través del ejercicio de control de constitucionalidad”.

El interrogatorio de los legisladores

Tras la presentación formal del candidato a la Corte Suprema, se dio lectura a 160 preguntas, de un compendio de las 265 preguntas que le realizaron las instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación.

Algunas de las consultas se referían a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, dolarización, federalismo, competencias de la Corte Suprema de Justicia, impuesto a las ganancias, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, las protestas sociales, la Ley del Aborto, entre otros temas.

Ante la consulta del senador libertario Francisco Paoltroni por la modificación “inconstitucional” de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida, García- Mancilla manifestó que “el régimen republicano de gobierno se creó para combatir las monarquías y, la reelección indefinida, tiene evidentemente un problema con el régimen republicano. La duración en el cargo permanente es un peligro para la república. La reelección indefinida como tal puede tener un problema y, a la hora de tomar una decisión, hay que ver cómo se ha litigado el expediente y prestar atención el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y resaltó que “hasta 1983 ninguna Constitución provincial preveía la reelección indefinida”. El académico sostuvo que los estándares de DD. HH son “guía de interpretación y los jueces deben tenerlos en cuenta”.

Sobre la “inconstitucionalidad de la Ley de Lemas” el candidato explicó que la Corte Suprema entiende que “todo lo que tenga que ver con el régimen electoral es una cuestión de derecho público local que le corresponde al Poder Judicial local determinar su eventual coalición o no con la norma principal. Es el parámetro a aplicar. El Poder Judicial no puede intervenir en todas las causas judiciales que se inicien en el país, tiene que respetar los límites del federalismo”. Tras escuchar las respuestas del abogado, el libertario expresó que la república con estas dos herramientas “está en peligro y es un riesgo absoluto para todos. Con este criterio podemos poner reelección indefinida de presidente y terminar como Venezuela”, tras lo cual se retiró de la reunión.

A continuación, en respuesta del radical Martín Lousteau opinó que “el artículo 129 de la Constitución tiene problemas constitucionales porque asimila a la Ciudad de Buenos Aires como si fuese provincia”, y planteó que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que tener su Poder Judicial propio completo”.

Al ser consultado por la oficina de violencia doméstica, que es competencia de la Corte Suprema, el juez comentó: “No es un tema que haya reflexionado en particular, pero se podría trasladar la oficina, pero la propia Ciudad y todas las provincias deberían tener cada oficina y la Corte integrar toda la información para tener un diagnóstico preciso de lo que es la violencia doméstica a nivel nacional”.

También le preguntó sobre su postura en contra del aborto legal, respecto de lo que señaló que la Corte Suprema "no decide periódicamente sobre casos de aborto", y sostuvo que en su momento "marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías, eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley".

RIGI

A ser consultado por el RIGI por parte de los senadores Lousteau y Anabel Fernández Sagasti, el abogado expresó que “la Ley 27.270 aprobó el Acuerdo de París que se refiere al cambio climático, la Ley Olimpia aprobada por este Congreso de la Nación también se refiere al cambio climático, es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático”.

“El Congreso de la Nación ha legislado sobre la materia. Sobre las regulaciones en materia de medio ambiente y la explotación de recursos naturales, lo que entiendo de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución y la Ley General del Ambiente es que el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”, señaló y precisó que esos presupuestos mínimos pueden ser complementados por las provincias y planteó: “Diría que el único límite que tienen, tanto el Gobierno Federal como las provincias, dejando de lado el federalismo, es que no se conviertan en regulaciones expropiatorias de los recursos naturales que son de propiedad de las provincias”.

Al respecto, recordó el caso de 2007 en la provincia de Chubut sobre un minera a cielo abierto en una mina de oro. Así, sostuvo que en el caso del RIGI hay que tener en cuenta “la provincia, la regulación ambiental, pero entiendo que en la medida que se cumplan los estudios de impacto ambiental, las audiencias correspondientes, seguramente el supuesto debería ser atendido antes de que se empiece a operar y, desde ya insisto, en esto el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias pueden elevar ese piso”.

“Evidentemente ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Eso está muy claro en nuestro sistema constitucional que una ley del Congreso no puede dejar sin efecto los parámetros de protección ambiental que prevé el artículo 41 de la Constitución”, remarcó.

La postura sobre la identidad de género

Al ser consultado por la senadora Anabel Fernández Sagasti (UP) sobre la Ley de Identidad de Género, se distanció de la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien argumentó que “se acabó la diversidad de género” durante su exposición en la Comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados.

Al respecto, el abogado afirmó que la Ley 26.743 de identidad de género “es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir”, y agregó: “He notado en los últimos años una costumbre, en que en ciertos casos y no voy a decir ningún tribunal, donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales”.

“Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer porque en nuestro sistema constitucional las leyes vigentes se aplican y, para no aplicarlas, hay que declararlas inconstitucionales. Siempre que haya un caso concreto que amerite eso, pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”, criticó.

La inconstitucionalidad de los DNU

Sobre la ley que regula los DNU la 26.122, García Mansilla comentó: “El congreso en ejercicio de las atribuciones, que prevé el artículo 99 inciso 3, sancionó una ley para regular la forma en que quiere controlar los DNU. Fue el que decidió que, para rechazar un DNU, se necesita una disposición de las dos cámaras”, y señaló una inconsistencia desde el punto de vista técnico: “En un sistema parlamentario donde hay fusión de poderes, haya más control de parte del Parlamento o más restricciones para el Gobierno para emitir un Decreto de Urgencia, que en un sistema presidencialista en donde la separación de poderes con frenos y contrapesos es la Norma, pero es decisión del Congreso la regulación de qué tipo de control quiere ejercer sobre los DNU”.

“Cualquier DNU en el marco de un proceso judicial debe presumirse inconstitucional y esto implica que el Estado nacional es quien corre con la carga de la prueba y con la carga de la argumentación para demostrar que ese DNU es constitucionalmente válido porque está dentro de las excepciones previstas en el artículo 99 inciso 3”, explicó.

Así, sumó: “La Constitución dispone en el artículo 99 inciso 3 que el Poder Ejecutivo en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta insanable podrá emitir disposiciones de carácter legislativo y, recién ahí, es que se abren las excepciones”.

Paridad de género

El senador salteño Juan Carlos Romero le preguntó sobre la paridad de género y criticó al Ejecutivo por postular a dos hombres y a ninguna mujer. Sobre ello, el juez fundamentó: “Si bien la cuestión de género es una cuestión de gran importancia para el ejercicio de facultades que son políticas y discrecionales del Poder Ejecutivo y también del Senado, en mi caso la nominación no reemplaza la nominación de una mujer”

“La nominación es una facultad que le corresponde al Ejecutivo y la consideración que hizo el tiene que ver con decisiones de oportunidad mérito y conveniencia. Se hizo un análisis en el ámbito del Ministerio de Justicia”, indicó y procedió a leer un dictamen aprobado en 2016 por la propia comisión que establece que ‘en orden a las impugnaciones recibidas sobre un eventual desequilibrio de género, esta comisión manifiesta que comparte la importancia en el caso de la diversidad y el equilibrio de género especialidad y procedencia regional’.

En ese sentido, sostuvo: “Entendí que, dentro de los requisitos que prevé el 322, había otros que yo podía cumplir como el de diversidad regional y especialidad. Ese mismo dictamen dice ‘sin perjuicio de ello esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos del artículo 111 de la Constitución Nacional. Por lo cual se entiende que esas objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo Nacional que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo’”.

“En cuestión entiendo que este tipo de antecedentes parlamentarios sumados, por ejemplo, a la decisión que tomó el pleno del Senado en la sesión del 5 de noviembre del año 2020 cuando se dio un acuerdo para completar una vacante en la Cámara Nacional Electoral y la cuestión de género fue objeto de discusión. Es una cuestión muy importante, muy trascendente, pero que no es dirimente en el sentido de que si el candidato es varón o mujer está impedido de aceptar o no una nominación y, en mi caso particular, insisto mi nominación no reemplaza a una mujer”, completó.

Quién le ofreció el cargo

Una de las preguntas que le formularon a García-Mansilla fue quién fue el encargado de ofrecerle el cargo para el que ahora se postula.

“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo, en una reunión con (el viceministro de Justicia) Sebastián Amerio”, respondió el jurista ante la inquietud de Oscar Parrilli. Y agregó: “Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él. Y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces; la última vez lo vi hace unas dos semanas, en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para la audiencia pública y la relación desde el  momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”.

La Ley de Coparticipación, una deuda

Luego de un cuarto intermedio, a las 15, se reanudó la audiencia con la consulta de la senadora Carmen Álvarez Rivero sobre el federalismo y la ley de Coparticipación Federal. El letrado respondió que “evidentemente es una deuda, la Ley de Coparticipación; se van a cumplir 30 años de la reforma del 94 y no se ha dictado la ley convenio” y agregó que “la revisión de los criterios jurídicos que impedirían esa ley convenio facilitaría ese trabajo, que le corresponde a la política”.

El senador misionero Carlos Arce le consultó su opinión sobre la pedofilia, tráfico de menores y Ciberdelito. Al respecto, García Mansilla aseguró: “Me parecen delitos aberrantes que deben ser perseguidos por la Justicia y castigados con el máximo de la pena del Código Penal”.

Antes de dar por terminada la audiencia, el senador Bartolomé Abdala (LLA) destacó la solidez en las respuestas y afirmó: “Sigo pensando que sos un buen candidato para el cargo que nuestro gobierno te ha propuesto”.

Al inicio de la extensa reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, a la que asistió el juez federal Ariel Lijo para defender su candidatura a la Corte Suprema, se dio a conocer un raro cambio en la integración de la comisión: el fueguino Pablo Blanco fue reemplazado por el presidente del bloque UCR, Eduardo Vischi.

Al finalizar el encuentro, Blanco afirmó que se enteró “anoche a través de los medios”, pero le bajó la espuma al tema: “Creo que no hay que darle más importancia de la que tiene un cambio que se realiza continuamente en las comisiones. Fue muy sobre la hora, pero, así como el bloque me designó para reemplazarlo porque el titular de la comisión es el senador Maximiliano Abad”.

“En esta oportunidad el presidente del bloque él sabrá los motivos por los cuales decidió cambiar el reemplazo y asumir en mi lugar”.

Blanco se mostró conforme porque pudo “preguntar libremente en la comisión y voy a poder votar si hay dictamen en el recinto. No se me dificultó la posibilidad de llevar adelante mi tarea”. Así, ratificó: “Lo dije desde el primer día que anunciaron su candidatura y lo sigo sosteniendo voy a votar en contra”.

“Pregúntenle al presidente del bloque por qué me apartaron, no creo que la decisión de los radicales cambie porque esté yo o no esté presente. Es una decisión que cada uno a consciencia tomará y verá cuál es el camino de acompañar o no”, reiteró.

El radical consideró que “la vacante tiene que ser cubierta por una mujer y creo que hay juristas que son ampliamente capacitadas para hacerse cargo. De producirse la vacante del juez Maqueda, que me parece una falta de respeto elegir a un juez de la Suprema Corte cuando todavía el anterior no renunció, sostengo que debe ser cubierto por una mujer porque hace falta la integración de juristas femeninos. Dos deben ser mujeres en la Corte”.

“Lijo no pasó el examen. El primero que incumplió con eso fue el presidente de la Nación mandando el pliego de dos hombres para cubrir vacantes, me parece que si soy el responsable de asegurar la legalidad de una norma es el primero en incumplirla porque acepto que se incumple la norma para beneficiarme. No tiene autoridad moral para ejercer un cargo en la Corte”, cerró.

En la antesala a que el juez federal Ariel Lijo defienda su pliego ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa) ratificó su rechazo y embistió contra el asesor estrella presidencial, Santiago Caputo, a quien acusó de hacerle un “tremendo daño al gobierno”.

En diálogo con la prensa, el oficialista expresó que “recae absolutamente toda la responsabilidad en los senadores de prestar acuerdo o no. El presidente manda una propuesta a través del pliego de Ariel Lijo y hoy la responsabilidad es absolutamente de los senadores y es indelegable y cada uno tiene que fundamentar porque acompaña o por qué no acompaña”.

Paoltroni respaldó a Javier Milei que “está súper concentrado en la economía” y que “sin duda se ha delegado otras funciones en sus colaboradores”, pero apuntó: “Especialmente Santiago Caputo le está haciendo muchísimo daño al gobierno y, sobre todo, a nuestro presidente perdiendo credibilidad y confianza de las ideas que nos trajeron al gobierno que fueron a hacer una Argentina distinta y, sobre todo, abrazando la ciudad de la libertad”.

“Las propuestas en cuanto a la justicia era traer jueces profesionales o los mejores académicos”, planteó y preguntó críticamente: “¿Qué mensaje le estamos dando a la justicia? ¿Qué mensaje le estamos dando a todos esos funcionarios que están haciendo carrera esmerándose por ser los mejores? cuando traemos al juez más cuestionado de la historia con cantidad de fallos revocados, con juicios políticos, con causas escandalosas que no trató como YPF, como el caso AMIA, hay otras acusaciones de trata, causas de corrupción”.

El formoseño remarcó el caso de Ciccone que “salvó a Gildo Insfran –gobernador de su provincia- de la condena. Justo ahora que se está por fallar por la reelección indefinida de Formosa llega a este juez que ya lo salvó a Insfran llega a la Corte Suprema de Justicia”.

“Lamentablemente toda la República argentina está en peligro porque no alcanza con cambiar el modelo económico si no cambiamos el modelo de la casta, y Santiago Caputo está garantizando el modelo de la casta y que volvamos a fracasar todos los argentinos”, alertó.

El senador manifestó que “no todo el bloque rechaza el pliego. Los obsecuentes pueden ser y estudien cuál es el origen de cada uno porque hay varios que vienen de la casta también”.

Así, bregó para que el pliego “no llegue”, y disparó contra el bloque de UP: “Esto siempre dependió de Unión por la Patria porque se necesitan dos tercios para la aprobación y ahí está el pacto de impunidad que vengo a denunciar y que quiero alertar a todos los argentinos de que, si este juez llega a la Corte Suprema de Justicia, un juez que, a hoy los senadores, hoy mismo le tienen miedo senadores y gobernadores, estamos en grave peligro”.

“Caputo seguramente lo ha sabido persuadir a Milei. Durante todo el tiempo que le manejó la campaña y la comunicación y lo llevó a la presidencia, pero hoy le está haciendo un tremendo daño al presidente, a las ideas y a todo el gobierno”, denunció.

Al ser consultado por la postura de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien expresó que Lijo “no cuenta con los pergaminos necesarios para integrar la Corte”, Paoltroni agregó: “Está en la misma línea por la cual la gente nos votó. Vinimos a hacer una Argentina distinta, venimos a romper el sistema la casta y acá lo que se está haciendo es garantizar que no cambie nada excepto el modelo económico”.

“Vamos a volver a fracasar porque no hay sistema económico y modelo económico que perdure en el tiempo si no vamos a darle la institucionalidad y garantía de la República Argentina”, reiteró.

Por último, el libertario les solicitó a los senadores el rechazo y al presidente que retire el pliego y que “lo mande a Caputo a fumar al quincho al fondo que persista la casta”.  Además, negó romper con el bloque: “Yo estoy fiel a las ideas de la libertad y no me corro. Este es el contrato social. Esto es lo que la gente y el mandato que la gente nos dio. Vinimos a cambiar el modelo económico y el modelo de la casta. El señor Santiago Caputo que se está olvidando del modelo”.

Al cierre, Paoltroni opinó que el presidente postuló a Lijo “por recomendación de Santiago Caputo”, y aseguró que “se está a tiempo de frenar la llegada de Lijo al máximo tribunal”.

El juez federal Ariel Lijo expone desde las 10.31 ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, y se someterá a responder las numerosas preguntas que harán los legisladores. La mayoría de ellos no definieron su postura y esperarán las respuestas del candidato. A priori, la postulación de Lijo cuenta con el rechazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el oficialista Francisco Paoltroni.

Presidida por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, la Comisión de Acuerdos está compuesta además por 7 representantes de UP, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. Por el radicalismo están Martín Lousteau, Eduardo Vischi, Mariana Juri y Carolina Losada. De La Libertad Avanza está Ezequiel Atauche, por Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Avila y el salteño Juan Carlos Romero.

Un cambio notorio que se dio en la previa de esta audiencia fue que en el seno del radicalismo hubo una modificación: el presidente del bloque, el correntino Eduardo Vischi, reemplazó a Pablo Daniel Blanco. Un dato saliente es que el senador fueguino había adelantado su rechazo a la propuesta de Lijo, por una cuestión de paridad de género. Esta modificación entonces sería una señal para garantizar la emisión del dictamen.

De esos 17 miembros, el juez Lijo debería contar con un dictamen favorable de 9 firmas para garantizar la llegada del pliego al recinto. Sin embargo, el oficialismo intentará negociar para conseguirlas, ya que hasta el momento se especula que las firmas no están, luego de que el senador Mayans expresara a La Nación que es “responsabilidad del oficialismo conseguir las firmas para el dictamen”, dando a entender que no hay ningún acuerdo para permitir el avance del pliego.

No necesariamente estará este miércoles el dictamen correspondiente, por lo que se anticipa una reunión extensa y se prevé un cuarto intermedio a las 13.

Con 7 miembros en el Senado, y aun reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Así las cosas, la postulación de Lijo recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares. Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia la próxima semana- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

En vísperas a la presentación del juez federal Ariel Lijo ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema y, en el marco de las duras críticas que recibió su postulación por parte de distintos sectores, desde el Gobierno están “ansiosos de lo que el Congreso termine decidiendo”.

Así lo manifestó este lunes en conferencia de prensa desde Casa Rosada el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien expresó: “Como en cada cuestión que atañe al Poder Legislativo estamos ansiosos de que ese día llegue y veamos lo que el Congreso termina decidiendo”.

Por otro lado, fue consultado una vez más por la relación entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que la titular del Senado se ausentara este fin de semana de los eventos de homenaje ante un nuevo aniversario del General San Martín que se celebraron en la provincia de Mendoza.

“Es correcto lo que dijo el Jefe de Gabinete, tanto el evento del viernes como el del sábado los organizó el Ministerio Defensa de La Nación y fue el responsable de cursar la invitación y la organización por lo tanto presidencia no tiene injerencia en lo que haga Defensa en términos de ceremonial como son las invitaciones”, explicó Adorni.

Así, afirmó que Villarruel: “Efectivamente sí estuvo invitada y el día viernes estuvo acreditado un community manager y fotógrafo personal de ella y a último momento tuvo un inconveniente y no pudo ir. La Dra. Villarruel publicó en su red que no pudo ir por problemas de salud”.

En el tuit al que Adorni hizo referencia, la presidenta de la Cámara alta explicó: "Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar. Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón. Que la búsqueda de la libertad y la defensa de la Patria que encarnó nuestro Prócer sigan guiando al sagrado pueblo argentino en la batalla diaria hoy, mañana y siempre".

El portavoz afirmó que la relación del presidente y la vice "es fantástica y el que la vice se ausente a un evento no implica que la relación cambie o tenga algún inconveniente y, de hecho, Villarruel ha demostrado en cada sesión, incluso la hemos visto cuando tuvo que desempatar en el marco de la Ley Bases, a la altura que está en términos republicanos y democráticos para defender al máximo las ideas de la libertad lo que se vino a hacer desde el 10 de diciembre. Lo demás son especulaciones”.

“La vice siempre ha estado en las más altas esferas de las ideas de la libertad y no está en una pelea con el presidente. Jamás interpondría nada en los objetivos que tiene para la República”, reiteró Adorni.

Por último, aseguró que “no está previsto que el ministro de Defensa, Luis Petri, o el presidente Milei le haya dado indicaciones para que vaya al Congreso a explicar el proyecto para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas”.

El pliego de Roberto Carlés tomó este miércoles estado parlamentario para ocupar la embajada argentina en Italia.

Es así que en las próximas semanas deberá pasar por la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta que preside Anabel Fernández Sagasti, y luego su pliego deberá ser votado por el pleno del Senado.

Será la segunda vez que Carlés pase por esa instancia, pues en 2015 había sido propuesto por Cristina Fernández de Kirchner para cubrir la vacante dejada por Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. En ese entonces la oposición retaceó el apoyo y el oficialismo no contaba con los dos tercios. Ahora, alcanza con el voto de la mayoría de los senadores presentes, para que Carlés, de 39 años, vaya a la sede argentina en Roma.

Tras la denuncia por espionaje ilegal durante la gestión anterior, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es interventora.

El pedido de acuerdo ingresó con las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ahora la Cámara alta deberá darle ingreso formal.

A continuación, el pliego deberá ser debatido por la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Según el procedimiento, Caamaño será convocada a una audiencia de la comisión en la que deberá responder preguntas de sus integrantes.

El pliego de la actual interventora de la AFI, una vez que obtenga dictamen, será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple.

Caamaño reemplaza desde diciembre del año pasado y por un decreto del presidente Fernández a los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y vicedirectora, respectivamente, de la AFI desde 2015.

En mayo, Caamaño presentó una denuncia penal por espionaje ilegal hacia dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello en los tribunales federales de Retiro, aunque por el tema del espionaje se sustancian otros dos expedientes en sendos tribunales federales de Lomas de Zamora.

Por primera vez en el año, las dos principales bancadas de la oposición en el Senado se unieron para bloquear el tratamiento de dos proyectos y dejaron, de esa forma, una clara señal: al oficialismo no le será fácil reunir los dos tercios de los votos necesarios para avalar el pliego del juez Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo como nuevo procurador general de la Nación.

Con asistencia perfecta en la sesión virtual, los senadores de Juntos por el Cambio -presidido por Luis Naidenoff- y del Interbloque Parlamentario Federal de Juan Carlos Romero rechazaron debatir sobre tablas los proyectos de alquileres y de educación a distancia, que fueron dictaminados esta semana y no contaban con la vigencia de siete días reglamentarios.

La votación resultó con 42 votos a favor y 29 en contra, es decir, al Frente de Todos le faltaron seis votos para los dos tercios. Si bien el bloque presidido por José Mayans contó con dos apoyos extra -de la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck-, no fueron suficientes.

Además, el oficialismo no contó con el voto de José Alperovich, que continuará de licencia por 90 días más. La prórroga fue aprobada al inicio de la sesión, a mano alzada, e implica que el tucumano estará fuera de juego para votar el pliego, al menos por los próximos seis meses.

En la primera sesión del período ordinario, el pasado 12 de marzo, el Senado dio ingreso formal a la postulación de Rafecas, que será tratada en la Comisión de Acuerdos, presidida por Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos). Aun no hay fecha prevista para la primera reunión ni tampoco para la audiencia pública.

El candidato del Ejecutivo recibió unas 700 adhesiones, de parte de organismos judiciales y de Derechos Humanos, y tan solo tres impugnaciones, presentadas por el exministro Julio De Vido, la Fundación Apolo -cuyo titular es el macrista Yamil Santoro- y el abogado Fernando Lardies.