Diputados de la oposición criticaron en la sesión de este jueves a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo de seguridad realizado el pasado 12 de junio, durante la movilización en contra de la ley de Bases, mientras sesionaba el Senado, y puntualmente sobre la agresión que recibieron por parte de las fuerzas de seguridad un conjunto de legisladores.

El diputado de Unión por la Patria Juan Manuel Pedrini acusó a Bullrich de haber sido “quien mandó a cortar la calle Entre Ríos” cuando él junto a un grupo de sus pares -a quienes nombró uno por uno- “en ejercicio de nuestra representación política nos dirigíamos a conversar con algunos manifestantes”.

“Fuimos severamente y arteramente reprimidos por una patota de la Prefectura Naval Argentina, comandada por Patricia Bullrich desde la sala de situación del Ministerio de Seguridad”, apuntó.

El chaqueño sostuvo que “son hechos graves contra cualquier ciudadano, pero creo que contra legisladores no hay antecedentes desde el ’83 hasta ahora de tamaña agresión a quienes simplemente van a hacer ejercicio de la función para la cual fueron electos”.

“Lamento la falta de empatía de algunos colegas, que a pesar de este hecho violento, insólito e injustificado, siguieron sesionando como si nada”, dijo. También rechazó que a los manifestaron detenidos se los haya acusado del delito de sedición y cerró: “Menos mal que jueza (María Romilda) Servini de Cubría paró a la patota (Carlos) Stornelli-Bullrich”.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo repudió el “operativo salvaje” por el cual “se detuvo a 33 personas, cuando muchas de ellas ni siquiera habían participado de la manifestación”.

Al hacer referencia al comunicado de la Oficina de Prensa del presidente de ese día, donde se felicitó a las fuerzas de seguridad y se habló de “grupos terroristas” que intentaron “perpetrar un golpe de Estado”, el legislador expresó: “Excelente accionar que incluyó gasear a diputados y diputadas de esta cámara, 600 heridos, infiltrados que actuaron como provocadores durante los acontecimientos”.

En el final de su intervención, Castillo reclamó por la “libertad a los detenidos por movilizarse en contra de la ley Bases. ¡Abajo a las causas truchas montadas por este gobierno autoritario!”.

Muy breve, el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, pidió la palabra para manifestar su “solidaridad con el diputado (Carlos) Castagneto y (Eduardo) Valdés, que fueron gaseados en ocasión de la sesión anterior”.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade también planteó una cuestión de privilegio contra el Ministerio de Seguridad y se solidarizó “con los colegas de esta cámara que sin querer subvertir el sistema se han hecho presentes en la Plaza de los Dos Congresos”. También dijo que lo hacía con “los 638 heridos por los excesos, para no decir represión, de las fuerzas” de las cuales “no faltó ninguna”.

Asimismo, envió su acompañamiento a “una persona que apalearon en la calle Santiago del Estero, que perdió el conocimiento y lo dejaron tirado” y otra “que tuvo convulsiones, fue víctima de los gases”, de acuerdo a casos relevados por la Comisión Provincial por la Memoria, en un intercambio de documentación con el Comité de Prevención contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Al sostener que no sabía si “todo este operativo fue antidisturbios o antidisidencias”, la diputada de la CC subrayó que “los detenidos no tenían nada que ver ni se conocían entre ellos, tres vendían empanadas, dos vendían choripán, dos vivían en situación de calle, dos pasaban por el lugar”.

“Al voleo tomaron a esas 33 personas”, denunció y señaló los hechos que sucedieron después, como la acusación por sedición del fiscal Stornelli, a quien “le pueden dar el premio al mejor fiscal del mes”, lanzó. “Por suerte la jueza federal Servini de Cubría puso las cosas un poco en orden”.

Frade advirtió que “todos estos excesos, represión, abusos, como le quieran llamar, no tienen un marco jurídico. Solo tenemos una resolución antipiquetes del 14 de diciembre, que no regula el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta”. “Todos los países civilizados tienen protocolo de estas armas no letales, menos nosotros”, continuó.

Tras recordar el caso del docente Carlos Fuentealba, la legisladora enfatizó que “el día que gasearon, gasearon indiscriminadamente, y yo espero que no hayan sido gases vencidos”. “No naturalicemos los abusos de las fuerzas de seguridad”, pidió y le reclamó a la ministra de Seguridad que “se encargue de hacer un protocolo que de cómo las fuerzas van a usar las armas menos letales”.

Muy crítico contra Bullrich, el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau consideró que la ministra “a esta altura puede ser calificada como mercenaria de la violencia estatal”. Luego, denunció que dadas las detenciones hubo “apremios ilegales, comúnmente denominados torturas, en cárceles federales”.

Los detenidos, que fueron trasladados a los penales de Ezeiza y Marcos Paz, “fueron desnudados, gaseados dentro del penal, maltratados e interrogados por miembros del Servicio Penitenciario Federal sobre su filiación política”, alertó. “Es algo que nunca se había registrado desde el ’83 en adelante”, señaló y adelantó que “van a presentarse en organismos internacionales”.

Con la intención de unirse a la movilización contra la ley de Bases y el paquete fiscal, diputados de Unión por la Patria fueron reprimidos con gas pimienta por la policía cuando se dirigían hacia la Plaza de los Dos Congresos. 

Según informaron desde el bloque, cinco legisladores tuvieron que ser trasladados al Hospital Santa Lucía. “Cuando estaba totalmente tranquilo el tránsito de los diputados hacia la Plaza de los Dos Congresos, armaron primero un cordón con Prefectura y después con la (Policía) Federal; absolutamente innecesario”, expresó en declaraciones a la prensa Germán Martínez, presidente de la bancada. 

Por su parte, la diputada Cecilia Moreau aseguró que uno de los más afectados fue Carlos Castagneto, quien “apenas podía respirar en un momento”. Y detalló que sus pares Daniel Gollán y Jorge Araujo Hernández, de profesión médicos, fueron los primeros en asistir a sus compañeros. 

“Cuando empezamos a caminar a la plaza, la policía empezó a acercarse e intentar rodearnos y a partir de ahí empezaron a tirar gases, empujar, patear, una situación muy violenta”, detalló Moreau, quien agregó: “Es un día muy triste para la democracia, más allá de lo que pase adentro del Senado, lo que pasa afuera es terrible, la gente está llorando, asustada y triste”. 

Al interrumpir la sesión en el Senado por esta situación, la vicejefa del interbloque Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, denunció “la represión que en este momento se está viviendo en la Plaza de los Dos Congresos. Varios están siendo reprimidos y hay tres internados porque han reprimido a diputados de la Nación que iban a acompañar la movilización en contra de esta ley”. 

“No podemos seguir mirando para otro lado los senadores cuando se militariza este Senado por decisión de la vicepresidenta de la Nación (Victoria Villarruel). Hago responsable a la vicepresidenta por la integridad física de todos los argentinos y argentinas que se están manifestando”, añadió enfática la mendocina. 

REPRIMIERON a diputados y diputadas nacionales con gas pimienta.

MILEI Y BULLRICH SON RESPONSABLES. REPUDIO ABSOLUTO. pic.twitter.com/ODeDajw6zf

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 12, 2024

Ya había hablado de la situación que encontraron en materia económica, cuando en su exposición inicial, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se refirió a otro de los principales objetivos del Gobierno nacional: la seguridad, el orden y la justicia. Para eso, dijo, los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona “trabajan codo a codo para hacer que la vida de los argentinos sea cada vez más segura y ordenada”.

En ese sentido recordó que “nos habíamos acostumbrado a que las calles estuvieran cortadas casi de manera cotidiana”, y a modo de ejemplo señaló que había un promedio anual de 10 mil piquetes. “Esto ha cambiado de manera sustancial -aseguró-. Se promulgó el protocolo antipiquetes, y a diez días de asumir tuvimos la primera marcha piquetera”, en la que se procuró bloquear todos los accesos de la Ciudad más las rutas, anunciándose que pondrían 50 mil manifestantes contra el Gobierno en Plaza de Mayo.

En ese marco destacó que las autoridades buscaron “darle voz a gente que no la tenía, habilitando la línea 134 para que todos aquellos que eran víctimas de extorsiones y amenazas tuvieran un canal para poder denunciar”. Posse contó que tuvieron 11 mil llamadas, y los manifestantes fueron solo 3.000. “Desde entonces, los argentinos circulamos con tranquilidad; prácticamente no ha habido cortes de calle, y cuando han ocurrido, han durado poco”.

Nicolás Posse destacó que “sigue funcionando y hemos recibido en cinco meses casi 150 mil llamadas denunciando este tipo de actitudes. Casi 9.000 aportaron pruebas, cosa que se ha hecho, y como hemos visto esta semana la justicia ha tomado cartas en el asunto”.

En materia de marchas, se refirió a continuación a la CGT, que destacó que “ha tenido una actitud muy distinta a lo que hizo con la gestión anterior, en la que no hizo ni un solo paro”. Recordó el funcionario que ya hizo dos paros nacionales, uno a los 144 días de gobierno y el segundo hace unos pocos días. “Para estos casos también funciona la línea 134. Hemos recibido casi 4.000 llamados, con casi 200 tienen información suficiente para avanzar con causas penales”.

El narcotráfico

Se refirió luego el jefe de Gabinete a la situación en Rosario. “La ministra Patricia Bullrich puso en funcionamiento el Plan Bandera, que desde que está en acción ha reducido un 60% los homicidios dolosos”, comentó, detallando a continuación la cantidad de procedimientos que están llevando adelante las fuerzas de seguridad desplegadas en el territorio. “Se han detenido a más de 300 personas y hay más de 500 investigaciones en curso”, resaltó.

“Para dar más herramientas, estamos presentando una cantidad de leyes que entendemos van a ayudar a los que nos cuidan a poder trabajar con más efectividad. Presentaremos la ley antimafias; una ley de reiterancia, para evitar la puerta giratoria; el registro nacional de datos genéticos, y la baja de edad de imputabilidad”, enumeró.

También destacó la puesta en marcha del sistema acusatorio, que solo funcionaba en Salta y Jujuy. “Empezamos la implementación del sistema nacional con foco especial en Rosario y Santa Fe”, señaló.

La asistencia social

En su exposición inicial, el jefe de Gabinete valoró que en el marco del plan de gobierno se ha aumentado la asistencia social a los más necesitados, eliminando los intermediarios. Reconoció eso sí que “la pobreza ha venido creciendo de manera sostenida” y destacó que “estos procesos tienen un nivel de inercia” que hace que sean difíciles de reducir. Detalló que en el primer semestre de 2022, la pobreza era de 36 puntos; en el segundo semestre ya llegaba a 39; en el primer semestre del año pasado llegó a casi 40 puntos  y terminó prácticamente en 22% al final de 2023. La indigencia era de 8,8 puntos a principios de 2022, y terminó el año prácticamente en 12 puntos.

Por eso llamó a todos a “trabajar en conjunto para detener y disminuir la pobreza”. Al respecto, señaló que “la mitad del presupuesto está destinado hoy a atender a los sectores más vulnerables”.

Más adelante, se refirió a los planes sociales que encontraron. El Potenciar Trabajo, por ejemplo, que alcanzaba a 1.300.000 personas. De esas, dijo, solo 200 mil consiguieron un trabajo formal. “En resumen, el Potenciar Trabajo no potenció ningún trabajo”, evaluó el jefe de Gabinete, que mencionó a continuación los planes que puso en marcha esta administración: el Volver al Trabajo, destinado a desocupados den entre 18 y 49 años; y el Acompañamiento Social, enfocado a mayores de 50 años y madres de más de 4 hijos, que tendrán un proceso más largo para reinsertando.

“Estamos eliminando intermediarios”, aseguró, para referirse luego a las “muchas irregularidades” que encontraron en materia de planes sociales. Con “castigos y amenazas” para aquellos beneficiarios que no obedecieran a las organizaciones sociales, con la baja de categoría y dejarlos fuera del sistema para quienes no obedecieran. “Una estructura de poder y amedrentamiento, donde uno de los castigos era volver a la lista de espera y no tener acceso a los alimentos”, comentó el jefe de Gabinete, que destacó también que en muchos casos vendían la comida que les llegaba, en lugar de repartirla, para quedarse con la ganancia. “Era muy parecido a un esquema de esclavitud moderna”, afirmó.

Al igual que sucedió en las jornadas de verano, cuando el protocolo antipiquetes se activó contra los manifestantes que se oponían a la ley de Bases, este lunes las fuerzas de seguridad se desplegaron nuevamente en los alrededores del Congreso, el cual fue vallado desde temprano.

“Hoy vamos con el protocolo antipiquetes en toda su dimensión”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones televisivas en la previa de la sesión que se prevé maratónica.

Desde Unión por la Patria pusieron énfasis en el operativo y algunos legisladores publicaron en sus redes sociales fotos de las afueras del Palacio Legislativo.

“Sabes que lo que se va a votar en el Congreso es una mierda cuando la entrada al edificio se ve así”, escribió el diputado Eduardo Toniolli, mientras que su par Cecilia Moreau coincidió: “Cuando hay camiones hidrantes en la puerta del Congreso, es porque puertas adentro nada bueno está por pasar”.

La massista cuestionó que “son de manual” ya que “cuando le temen a la manifestación del pueblo, es porque están por tomar decisiones a sus espaldas”.

“Con un Congreso vallado, fuerte presencia de la PFA y Gendarmería en las inmediaciones, hoy LLA y sus bloques aliados pretenden avanzar con proyectos que van en contra de los intereses del pueblo. El protocolo de Bullrich custodiando las leyes de Milei y Caputo”, sostuvo la secretaria del bloque UP en Diputados, Paula Penacca.

Por su parte, la jefa de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, publicó: “Así se viste el Congreso cuando el Poder Legislativo está por aniquilar a la Nación Argentina”.

La diputada del MST Cele Fierro se reunirá este miércoles a partir de las 17 con abogados de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y especialistas en Derechos Humanos para encabezar una audiencia pública en la que analizarán el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

La reunión se llevará a cabo en el salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada sobre Perú 160.

En ese contexto, Fierro manifestó que “el atropello represivo de Javier Milei y Bullrich violenta la autonomía de la Ciudad y Jorge Macri no solo deja correr como delegado municipal del Gobierno nacional, sino que presentó un proyecto de ‘protocolo Bullrich’ para la Ciudad modificando el código contravencional”.

“Nosotros no le vamos a dar tregua en ningún terreno a la avanzada autoritaria y anti-pueblo del experimento libertario en el país que Macri pretende trasladar a la ciudad: nos organizamos, judicializamos, nos movilizamos y vamos a seguir en todos los frentes por eso esta audiencia”, añadió la diputada.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “en nuestro país hay una extendida reserva de Memoria, Verdad y Justicia. El pueblo sabe dar peleas, así lo mostramos tirando la Ley Ómnibus. Tenemos que seguir contra el DNU, el protocolo y cada medida de ajuste de los gobiernos que pretenden arrasar con los derechos que conquistamos con lucha”.

El bloque de diputados del Frente de Izquierda-Unidad encabezó una audiencia en la Cámara baja, donde junto a organismos de derechos humanos, legisladores de distintos bloques, organizaciones sindicales y de prensa, entre otros, dieron cuenta del “brutal accionar represivo dispuesto por Patricia Bullrich” en las inmediaciones del Congreso, durante el tratamiento de la ley ómnibus, lo que culminó con un saldo de decenas de heridos.

La masiva reunión, realizada en el segundo piso del Anexo de la Cámara, contó con la participación de organismos de derechos humanos como el CELS, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Comisión Provincial por la Memoria, el SERPAJ, la APDH, HIJOS, el Ceprodh, Liberpueblo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Comisión de Prevención contra la Tortura, Patricia Walsh y otros organismos que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Además de los diputados del FIT Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá, estuvieron los legisladores de Unión por la Patria Vanesa Siley, Carlos Castagnetto y Tomás Ledesma.

Dora Barrancos, en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, y Diego Morales, del CELS, dieron cuenta de diferentes informes donde detallaron el accionar represivo desplegado por orden de Bullrich y alertaron sobre los distintos hechos de violencia contra manifestantes.

“El protocolo (antipiquetes) implica lisa y llanamente la prohibición del derecho a la protesta, la potestad para dispersarlas, la incorporación de tareas de inteligencia, la posibilidad de detener a las y los manifestantes, elaborar causas penales contra ellos y encima pretender que las organizaciones paguen por los costos de los despliegues represivos”, resaltaron.

Bregman destacó: “Asistimos al intento por parte del gobierno de Bullrich y (Javier) Milei de prohibir directamente la protesta social y el derecho a manifestarse. Creemos que es una represión preventiva la que están aplicando porque saben que el ajuste brutal que están pasando contra el pueblo va a generar resistencia y protesta en las calles. Por eso, todo lo que hace Bullrich con el protocolo represivo tiene que ver con dar un mensaje para desalentar las movilizaciones ante una situación económica y social que se agrava estrepitosamente cada día. Para eso vimos el despliegue de tres fuerzas federales en la puerta del Congreso en una actitud sumamente agresiva y violenta que causó decenas de heridos entre manifestantes y trabajadores de prensa, y también nuestro compañero abogado y asesor Matías Aufieri, que está aquí y que está peleando por no perder la visión”.

Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y asesor del FIT, quien recibió un disparo en el ojo, denunció que “de conjunto lo que se vio es prácticamente el montaje de un ‘coto de caza’ por parte del operativo de seguridad de Bullrich”. “Gendarmería bajaba a los manifestantes a escudazos, palazos y gases hacia la Avenida Rivadavia, para luego terminar empujándolo a la plaza y tenerlos encerrados ahí, casi para reprimirlos a discreción desde las calles laterales. No queríamos dejar de relevar lo que podía pasar en materia de detenidos y heridos”, relató.

Asimismo, señaló que “es impensable que una movilización de miles de personas no afecte el tránsito de la calle que pasa por enfrente del Congreso. Más allá de eso, las calles laterales, paralelas al Congreso, estaban todas cortadas por el propio operativo, donde no había manifestantes. Pretenden impedir la protesta social”.

Trabajadores de prensa de distintos medios también dieron testimonio de la represión sufrida mientras realizaban su cobertura frente al Congreso y denunciaron que fueron afectados no sólo por los gases y balazos, sino también en su derecho a efectuar su tarea y que “había un especial encono de las fuerzas represivas” contra los periodistas.

Participaron e hicieron uso de la palabra integrantes de organismos de derechos humanos como Carlos Lordkipanidse, de Unidxs por la Cultura, médicos de la Posta de Salud, que asistieron a las heridos, integrantes de Periodistas Argentinas, de distintos partidos del Frente de Izquierda, organizaciones políticas y sociales, trabajadores de prensa y fotorreporteros, entre otros.

El bloque de diputados del Frente de Izquierda-Unidad encabezará este jueves, a partir de las 16, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una audiencia pública en la que se presentarán “Informes sobre los hechos de represión durante las manifestaciones en Congreso”, durante los días de debate de la ley ómnibus.

Los informes, elaborados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y distintos organismos de derechos humanos, relevan la actuación de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires.

“Como se denuncia, derechos democráticos elementales como el derecho a la libre expresión, a informar y a ser informado, o a la manifestación y la protesta social, fueron puestos en cuestión por el Gobierno nacional y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien comandó la represión durante todos esos días”, dice el texto que hicieron circular Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá para fundamentar la convocatoria.

Los legisladores sostuvieron que “estos hechos, que violan incluso las normativas nacionales e internacionales de actuación de los Estados ante la protesta social, no pueden pasar inadvertidos”. “Para acompañar esta denuncia, convocamos a legisladores, organismos y referentes de la lucha contra la impunidad y denunciantes de estos hechos a participar de la audiencia”, que será transmitida en vivo, invitaron.

“El que corta no cobra”, frase -y decisión- ya adoptada por el Gobierno nacional, fue la que apareció este miércoles, en la previa de la marcha de organizaciones piqueteras al centro porteño, en pantallas y carteles led de las estaciones de tren.

La propaganda del Ministerio de Seguridad también recuerda la línea 134 para denunciar si alguien es “obligado” a movilizarse. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya se recibieron 5.000 llamados.

Desde la izquierda, que rechaza de plano el protocolo de orden público anunciado por la ministra Patricia Bullrich, también llamado protocolo antipiquetes, salieron a repudiar la utilización de esa propaganda.

“Desde la dictadura de Onganía, cuando por decreto ley se estableció el art. 194 CP, nadie puso por escrito una prohibición expresa a la protesta callejera como lo hace Bullrich intentando borrar, como en aquella dictadura de los bastones largos, la historia de nuestro pueblo”, escribió en la red social X la diputada Myriam Bregman.

En tanto, su par Nicolás del Caño señaló que “la propaganda berreta del Gobierno que dice que movilizarse por las calles es un delito, es un verdadero disparate. Quieren instalar un estado policial para aplicar un saqueo al bolsillo del pueblo trabajador y quitarnos derechos elementales. Hay que repudiarlo”.

Otro de los carteles reza: “Si va a ejercer su derecho a protestar tome en cuenta que sólo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta, es un delito penado por ley”.

“A la propaganda mussoliniana en estaciones de trenes se suma la subida de policías y gendarmes a colectivos para ver quienes van a la movilización”, denunció el diputado Christian Castillo, quien consideró que “es uno de los mayores ataques a las libertades democráticas en 40 años. Hoy más que nunca a defender el derecho a manifestarnos”.

Los diputados que integran el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Christian Castiilo (del PTS) y Romina Del Plá (Partido Obrero) realizaron una Audiencia Pública para rechazar el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Además de los diputados del FIT, estuvieron presentes Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cachorro Godoy, el CELS, representantes sindicales del Subte, ATE, sindicatos docentes, fábricas recuperadas, movimientos de desocupados, organismos de derechos humanos como AEDD, APDH, CEPRODH, el MOI, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, organizaciones feministas, ambientales, estudiantiles y referentes del Frente de Izquierda Unidad, entre otros.

Así las cosas, la diputada Bregman ratificó la convocatoria para este miércoles y pidió “rodear de solidaridad la movilización. No estamos discutiendo una manifestación, estamos discutiendo el avance irrestricto sobre el derecho a la protesta que quiere hacer este gobierno. Siempre dijimos que el ajuste no pasa sin represión, y esta no es la excepción”.

“El protocolo de Bullrich no solo nos parece ilegítimo, sino que también es absolutamente ilegal, viola toda la legislación nacional”, indicó Bregman.

También el diputado Nicolás del Caño, sostuvo que “el protocolo no solo viola leyes argentinas, sino que está pasando por encima de tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional”.

“El miércoles vamos a ejercer el derecho a la protesta porque es una movilización que recuerda el 19 y 20 de diciembre de 2001 que hacemos todos los años, y además es para rechazar el paquetazo de ajuste de (Javier) Milei y (Luis) Caputo y el protocolo de Bullrich”, concluyó el diputado.

A su turno, Romina Del Plá agregó que “junto a más de 100 organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos vamos a salir a la calle en las 24 provincias del país contra el ‘Rodrigazo’ anunciado por el Gobierno”.

“Este plan motosierra de Milei es lo que genera la necesidad de una protesta, porque es una confiscación y un golpe a las condiciones de vida del pueblo. El gobierno está agravando todos los problemas que dejaron Alberto y Cristina Fernández. No hay ajuste sobre la casta, sino sobre las mayorías populares”, añadió Del Plá.

Al igual que sus compañeros de bloque, cuestionó a Bullrich y Milei porque  “quieren aplicar medidas de ajuste contra al pueblo y que nadie diga nada”. “El derecho a la opinión, a la protesta y a oponerse a las medidas del gobierno, está totalmente permitido”, cerró.

Bajo el lema “Abajo el protocolo de Bullrich. Repudiamos todo intento de avanzar  sobre el derecho a la protesta y poder perseguir las manifestaciones sociales”, los diputados del Frente de Izquierda realizarán una audiencia pública este martes. 

El encuentro, que tendrá lugar desde las 16 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fue convocado por los legisladores Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Christian Castillo y Romina del Plá. 

La convocatoria reunirá a diputados de diferentes bloques, reconocidos referentes de derechos humanos, sindicales, gremialistas, estudiantiles y sociales, y todo sector que pueda resultar afectado por la medida. 

La semana pasada, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la puesta en marcha del protocolo para evitar los cortes de calles, desde la izquierda fueron los primeros en salir a rechazarlo.

Incluso, un comentario en las redes de Bregman, excandidata presidencial, fue respondido por José Luis Espert con la frase “cárcel o bala”, lo que levantó el repudio de algunos de sus pares. En tanto, este lunes la diputada denunció al liberal.