El legislador nacional advirtió “la importancia de trabajar en campañas para generar conciencia de los peligros del consumo de alcohol en conductores para reducir los siniestros viales”.
El diputado nacional del Frente de Todos y vicepresidente de la Comisión de Transportes, Facundo Moyano, junto al sindicato de peajes SUTPA, la titular de la Sedronar, Gabriela Torres, y el presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), Julián Obaid, firmaron un convenio para llevar adelante acciones de prevención y concientización sobre los riesgos del consumo de alcohol y estupefacientes.
La firma del convenio fue en las oficinas del peaje de Hudson, donde se desplegaron algunos de los más de 2 mil afiches y banners que se colocarán en las cabinas de autopistas y rutas de toda la Argentina como parte del operativo “Verano Cuidado”.
Moyano destacó “la importancia de trabajar en campañas para generar conciencia de los peligros del consumo de alcohol en conductores para reducir los siniestros viales”, que va en sintonía con el proyecto de alcohol y estupefacientes cero al volante, que presentó este año en la Cámara de Diputados.
El ministro de Educación expuso ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el marco de una reunión informativa sobre los 30 años de la Ley de Estupefacientes. También participó Gabriela Torres, titular de la SEDRONAR.
Aislado preventivamente en su casa por haber mantenido contacto estrecho con un positivo de Covid-19, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, expuso virtualmente este lunes ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, en el marco de una nueva reunión informativa sobre los 30 años de la Ley de Estupefacientes.
El funcionario destacó que desde el comienzo de la gestión se viene “trabajando de manera coordinada con la SEDRONAR, porque todos reconocemos a la escuela como una de las principales instituciones de protección y cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
“Nos preocupa en profundidad una de las principales problemáticas de nuestros adolescentes” como es “el consumo de alcohol”, señaló y aseguró que “la escuela es el espacio donde tenemos que transmitir esa cultura de cuidado, de proteger, de dar las herramientas” necesarias en prevención.
En ese sentido, Trotta dijo que la escuela es “la puerta de entrada para el abordaje” de consumos problemáticos, y un “espacio de ayuda, escucha y canalización de estas problemáticas”. “Son los docentes los que muchas veces detectan estas situaciones de adicciones, abusos y violencia intrafamiliar”, agregó.
El ministro afirmó que con la SEDRONAR trabajan conjuntamente en “garantizar la implementación de los contenidos curriculares para la prevención de adicciones”, aprobados por el Consejo Federal de Educación en 2015, pero que durante la gestión anterior “se desarticuló” y “no se desarrollaron estrategias de difusión y abordaje de estos lineamientos”, resaltó.
Por otra parte, el titular de la cartera de Educación ponderó que “el presupuesto educativo presentado por nuestro Gobierno es un paso importantísimo para recuperar los procesos de inversión; es federal, y está vinculado a infraestructura y al programa de conectividad”, triplicando las partidas para esas áreas y duplicando las becas Progresar.
“Todos sabemos que el desafío que tenemos es la continuidad educativa, sobre todo en un contexto social y económico tan complejo como ha implicado la pandemia”, sostuvo y precisó que “todos los años ha crecido lo que es la terminalidad secundaria en tiempo y forma, más allá de algunos baches vinculados a las crisis”.
Trotta remarcó que “hay que repensar la escuela secundaria, su vínculo con el mundo del trabajo, cómo logramos interpelar a los chicos para que se sientan convocados y acompañados en la escuela”. “Hay un desgranamiento muy importante que sabemos que, a partir de la crisis que generada por la pandemia, se va a profundizar”, indicó.
Y advirtió que este no será un problema “exclusivamente de la Argentina, sino que se va a reflejar en todos los países del mundo; no solo por la profundización de la desigualdad, sino por lo que ha implicado la ruptura de la rutina de ir a la escuela, y eso tiene un impacto en nuestros adolescentes”.
Sobre esto, el ministro recordó que en el Presupuesto habrá una inversión de “4 mil millones de pesos” destinados al programa “Acompañar”, acordado con las provincias con el objetivo de abordar el regreso al ciclo lectivo en 2021.
Otra de las invitadas de la jornada fue Gabriela Torres, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), quien repasó cómo a lo largo del tiempo se fue “cambiando” la concepción de este organismo. “Nosotros estamos trabajando mucho desde el comienzo de la gestión con el Ministerio de Seguridad para que quede claro que una cosa es narcotráfico y otra es una persona que consume”, expresó.
“Los problemas de consumo son problemas de personas que se relacionan problemáticamente con sustancias, no importa la sustancia, si es dura o blanda”, apuntó la funcionaria, que explicó que “primero hay un uso, después un abuso, y después un consumo problemático o adicción”.
Torres aseveró que “hay que hacerse cargo del consumo de alcohol que tenemos, hay que trabajar y hablar un montón”. Y cuestionó la idea de “culpar a los jóvenes de sectores populares como si fueran los únicos que tienen un problema de consumo problemático; eso está recontra instalado y la verdad que no es cierto”.
“Todas las encuestas que tiene SEDRONAR dicen que eso nos interpela a todos, el consumo problemático es un tema de todas las clases sociales, aunque por supuesto que hay diferentes modalidades de consumo”, continuó.
La titular del organismo consideró que “nos debemos algunas discusiones como sociedad de blanquear qué nos pasa, en principio, con las drogas legales”. En tanto, “lo que nos pasa con la Ley de Drogas tiene que ver con que, en esta estereotipación, se meten presos a pibes jóvenes y de sectores populares”, subrayó.
“Es muy importante que todos sepamos que si alguien tiene problemas de consumo, ir preso no es un tratamiento”, enfatizó y opinó: “Yo creo que nosotros no tenemos que discutir marihuana sí o marihuana no, sino hablar del consumo y de cómo nosotros queremos vivir mejor, y para qué es el consumo. La sociedad no debería tener tanto miedo para hablar de consumos problemáticos y adicciones”.
También asistió a la reunión Marcelo Bergman, director el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero), quien recordó que “el objetivo de la ley fue reducir la disponibilidad de la droga para que la gente no consuma”, pero a 30 años de su sanción “no ha tenido un impacto en la reducción de la disponibilidad de la droga”.
El especialista apuntó que los precios de las drogas ilegales “están bajos”. “No es muy cara la droga en Argentina. Y, al no estar creciendo ese precio, eso nos da un indicio de que la droga está disponible. Los estudios focales también han demostrado que la gente no tiene grandes dificultades de acceder a las drogas”, añadió.
Bergman resumió así que “la disponibilidad que buscaba originalmente la Ley 23.737, con la estrategia prohibicionista, no está alcanzando un gran nivel de reducción de la oferta de drogas”.
Además, resaltó que “no estamos encarcelando a los grandes narcotraficantes. Las cárceles están llenas de vendedores o transportistas de poca monta”.
“Mirando los efectos en la disponibilidad en el mercado de las drogas y en las personas castigadas, la Ley 23.737 no parece obtener muchos buenos resultados que se propuso en su momento. Es un buen momento para repensar estrategias distintas”, completó.
Así lo informó su titular, Gabriela Torres, quien expuso ante la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados. También informó que en los centros de atención dependientes de este organismo, hay “casi 4.000 personas haciendo cuarentena”.
La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, informó que se aumentó un 30% el presupuesto a las comunidades terapéuticas, con el fin de reforzar la atención en el marco de la pandemia por Covid-19.
La funcionaria agregó que en los centros dependientes del organismo, “tenemos casi 4.000 personas haciendo cuarentena”. Además, aclaró que “hubo un momento en que no se incorporó nadie nuevo” porque había una indicación del Ministerio de Salud.
Pero señaló que, tras la aplicación de un correspondiente protocolo, ya se volvieron a habilitar las internaciones en varias comunidades y casas con residencia. “Paró un momento porque teníamos la indicación. Y la tasa de propagación en lugares de convivencia es mucho más rápida, con lo que teníamos que ser súper cuidadosos”, aclaró.
Al exponer ante la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de Diputados, que preside Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), la secretaria aseguró que también hay “psiquiatras garantizando atención en las casas de días y medicamentos para todos los que estén haciendo tratamiento”.
Torres comenzó su alocución destacando la necesidad de hablar de “consumo problemático”, que tiene que ver con el contexto en el que una persona “se relaciona con la sustancia”. Asimismo, subrayó que “el alcohol es la droga que más consumimos los argentinos” y el país se encuentra primero en lo que respecta al consumo de alcohol en adolescentes entre 12 y 17 años.
Al explicar toda la estructura que tiene la SEDRONAR y su funcionamiento, la funcionaria valoró la creación de un área sobre “géneros y diversidad sexual” que no existía. “En general el consumo en mujeres está invisibilizado. Hay muy pocos espacios de tratamiento”, señaló.
En otro tramo de su exposición, durante una videoconferencia realizada este viernes, Torres sostuvo que al asumir en diciembre se encontraron “deudas y una SEDRONAR muy fragmentada en cuanto a la división de áreas”. En ese sentido, detalló algunas de esas deudas pendientes y dijo que del presupuesto (prorrogado) para este año -1.708 millones de pesos- ya llevan ejecutado el 52%.
La funcionaria ponderó distintos trabajos articulados realizados con los Ministerios de Salud; de Educación; de Seguridad; y de Turismo y Deportes, para implementar distintas políticas sobre esta problemática.
Sobre esto, ejemplificó que se avanzó en un convenio con el Ministerio de Seguridad para capacitar a las fuerzas de seguridad en cómo accionar ante “una persona que está sufriendo consumo problemático”.
“Hay mucha sociedad civil trabajando en la problemática. El Estado solo no llega, necesitamos trabajar con las intermediaciones”, expresó y también reveló que con los medios públicos se está trabajando en un protocolo “en relación a la estigmatización” del tema.
En representación del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa aseguró que “el gobierno del presidente Alberto Fernández no abandonó ninguna lucha”, al responder a las críticas de legisladores de Juntos por el Cambio por la eliminación de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico en esa cartera.
“Estamos convencidos que la estructura de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal tiene la fortaleza suficiente a nivel organizacional para que nos permita reducir la oferta de todas las sustancias”, indicó.
La subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad remarcó que “la tendencia histórica muestra que cada vez hay más incautaciones, cada vez hay más causas iniciadas, y que cada vez hay mayor consumo de sustancias lícitas y no lícitas; lo que quiere decir que hay al menos alguna instancia de intervención estatal que debe ser revisada”.
La Ruffa precisó que, según estadísticas de 2018 y 2019, “el 45% de las causas iniciadas en estos años culminan como causas de tenencia simple, atenuadas para consumo personal; el 15% por tenencia simple; y solo un 10% por comercialización y entrega”.
En ese sentido, la funcionaria habló del objetivo de que “la mayoría de las causas tengan que ver con la comercialización” para “producir más daño sobre las organizaciones que se dedican al tráfico, producción y comercialización”.
“Nuestro desafío es generar un cambio donde la incautación por procedimiento sea mayor, y así avanzar sobre el eslabón de comercialización”, insistió, al tiempo que garantizó: “Vamos a perseguir e investigar todas las conductas que el Código Penal nos impone”.
