A través de Diego Coatz, la UIA planteó que “el mercado interno los próximos meses va a ser menos dinámico y las exportaciones son claves para generar divisas”.
En la quinta jornada del plenario de las comisiones de Legislación General (cabecera), Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el debate de la ley ómnibus, la Unión Industrial Argentina (UIA), representados por Diego Coatz, propuso que las retenciones estipuladas en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sean del “6 u 8% y no del 15%, por lo menos hasta mitad de año”.
El representante industrial mencionó tres cuestiones que resultaron críticas en el sector: “Los derechos a la exportación al valor agregado, las grandes inversiones y las regulaciones tributarias”. “El proyecto pretende subir al 15% las contribuciones de exportación e impacta de manera negativa al valor agregado de las exportaciones”, explicó.
Además, señaló que “5.000 empresas dejaron de exportar en la última década”, y agregó que “el mercado interno los próximos meses va a ser menos dinámico y las exportaciones son claves para generar divisas”.
Tras ello, consideró: “Proponemos, porque nos subieron hasta un 15% las retenciones, una transición hasta mitad de año de retenciones al 6 u 8% para no seguir perdiendo industrias exportadoras”. De ese modo, planteó que “las políticas de desarrollo de proveedores deben ser claves para generar un ecosistema productivo federal”.
También, propuso un régimen de incentivo a las empresas porque “el proyecto no reconoce a quienes han cumplido con los tributos”, y concluyó que “proponemos incorporar incentivos para los contribuyentes que han cumplido en tiempo y forma”.
Desde la entidad empresarial sostiene que el proyecto “va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de transición energética”.
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su “preocupación” sobre los alcances de la ley que en la provincia de La Rioja busca declarar al litio y sus derivados de interés público y como recursos estratégicos.
Se trata de la Ley Provincial 10.608, sancionada el 15 de diciembre último por la Cámara de Diputados riojana, la cual suspenderá por 120 días los permisos otorgados de exploración y concesiones relacionadas con este mineral.
Según un comunicado de la UIA, “la promulgación de esta ley va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de transición energética, desarrollo federal, creación de empleo registrado y generación de divisas por exportaciones”.
En esta línea, la entidad sostuvo que “la puesta en valor de recursos como el litio necesita de leyes que brinden previsibilidad de largo plazo y que potencien a las empresas que ponen en valor” activos como este mineral.
Ante ello, le solicitó al gobernador Ricardo Quintela “abrir una nueva instancia de diálogo institucional que permita incorporar en la normativa los aportes del sector productivo”.
Así, la UIA se sumó al pedido expresado anteriormente por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
La CAEM consideró “fundamental que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual, que es el que permite la inversión minera en la Argentina, para generar desarrollo socioeconómico de todas las regiones y contribuir a la transición energética”.
En la misma línea, la Camarco manifestó que “el desarrollo de cualquier industria, para el trabajo existente y para posibles inversiones, se debe fomentar desde el respeto por el marco jurídico vigente” y bajo “condiciones adecuadas para lograr un desarrollo correcto y productivo”.
Argentina tiene dos proyectos de litio en marcha, en plena expansión de su capacidad productiva, y que en conjunto exportaron por alrededor de US$ 700 millones en 2022, permitiendo que la minería represente el 85% de las exportaciones de Catamarca y el 84% de las de Jujuy, precisó la UIA.
Por su parte, la CAEM detalló que la minería del litio motoriza más de 8.000 empleos, entre directos e indirectos, e impulsa las economías regionales, convirtiendo a nuestro país en el cuarto productor mundial.
Asimismo, la industria del litio viene mostrando gran dinamismo y prevé la llegada de alrededor de US$ 5.000 millones de inversiones en los próximos años, considerando sólo los proyectos más avanzados.
En este sentido, en la región del Noroeste Argentino (NOA) ya hay seis proyectos en construcción y cerca de 20 en distintos estadios de avance.
Se refirió también al plan plurianual que el Ejecutivo enviará al Congreso, que sostuvo traza la política macroeconómica posible.
El presidente Alberto Fernández anunció este jueves la creación de un Plan Productivo 2030 para potenciar a los sectores productivos, las industrias, las exportaciones y generar empleo. Lo hizo al participar del cierre de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolló en el centro de exposiciones Parque Norte.
En ese marco se refirió a las negociaciones que se desarrollan con el Fondo Monetario Internacional y en ese sentido dijo: “Le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”, recalcó el mandatario.
También manifestó que el plan plurianual que será enviado al Congreso “traza la política macroeconómica que es posible llevar adelante y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”.
“Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino”, insistió.
Fernández se mostró amplio al afirmar que “el renacimiento de la Argentina nos necesita a todos y todas. Sin excepción. Para desplegar todas nuestras capacidades productivas, para construir un territorio federal equilibrado, para potenciar la educación en todos los niveles, para multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas”, y en una nueva crítica hacia la administración anterior aseguró que entre 2016 y 2019 la Argentina fue uno de los países que más capacidades industriales perdió, con una caída del 17 por ciento de la producción industrial por habitante.
El país “está atravesando un claro proceso de recuperación económica”, aseguró, y pronosticó que “a inicios del año próximo la actividad industrial habrá recuperado lo que se perdió desde los inicios de la crisis de 2018 y 2019”.
En ese marco, indicó que “la industria es la vanguardia de la recuperación económica”, e hizo hincapié en que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo esquema de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y menos productos terminados”.
“Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo a la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todos los procesos de desarrollo sostenible requieren de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya y potencie a todos los sectores productivos”, remarcó.
Como parte de esas políticas, el presidente detalló que desde el Poder Ejecutivo este año se enviaron seis proyectos de Ley al Congreso Nacional para promover la producción de Hidrocarburos, al complejo Agrobioindustrial, el Compre Argentino, el Cannabis industrial, la movilidad sustentable y la industria automotriz.
“Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchemos para construir acuerdos que ayuden al país”, afirmó.
Fernández pidió “no recaer en visiones anti-industriales”. “No podemos recaer en aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen a la industria nacional. No podemos recaer en políticas socialmente excluyentes. Todas ellas son profundamente injustas y aumentan la pobreza. Pero también generan la caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recaer en políticas de endeudamiento irresponsable. No podemos recaer en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo”, consideró.
En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, expresó: “Afrontaremos las deudas que otros generaron. Pero ese acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a paso seguro y con el pulso firme”.
“Le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”, recalcó.
“Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino”, insistió.
Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación potencie el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”.
Proponen una serie de modificaciones, que incluye excluir de la base de imposición activos productivos y permitir dar por cumplido el aporte con un monto equivalente a inversiones productivas.
La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso al Gobierno nacional y al Parlamento una serie de modificaciones al proyecto de ley de Aporte Solidario, que incluyen excluir de la base de imposición activos productivos y permitir dar por cumplido el aporte con un monto equivalente a inversiones productivas.
Así lo hizo al expresar que la ley de Aporte Solidario “incrementa los problemas” que impiden la reactivación económica, y por su sesgo conceptual “descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo”, en un documento que fue elevado al Gobierno y el Parlamento.
El texto del trabajo alerta que “el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles”, en una descripción que denominan desde una “visión productivista”.
Como resultado de esta medida “las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, al destacar que el tránsito en esta pandemia “combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación”.
Tras este análisis de los efectos que el empresariado considera afectará a la actividad productiva, la UIA propuso excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos y permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.
También plantea la posibilidad de incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)
Los industriales propusieron incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.
“El proyecto de ley del Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo”, cuestionó el documento de la UIA.
En ese sentido, consideró que “el sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”.
En la actualidad, “el sector formal de la economía soporta el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos”, señaló.
Así, para la UIA, el sistema tributario “debe incentivar la reactivación económica, inversión y la generación de empleo”, aunque enfatizó que “el proyecto en cuestión va en sentido contrario”.
“La redacción del actual proyecto complejiza un marco ya muy adverso para las empresas argentinas: el número de empresas activas cae sistemáticamente desde hace 4 años, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es una caída de -11% en el período mencionado”, agregaron los industriales.
Esto tiene su contrapartida en términos de empleo, “el cual tiene una caída acelerada desde mediados de 2018. En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, esto es 290 mil menos que un año atrás y 435 mil menos que en el mismo mes de 2015”, resaltaron.
