El Gobierno abrió las ofertas económicas de Jan de Nul y DEME para la Vía Navegable Troncal. Ambas igualaron tarifa y ahora se define la adjudicación en una etapa final marcada por la evaluación técnica.
El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal —la principal arteria logística del comercio exterior argentino— ingresó en su fase decisiva luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación abriera las ofertas económicas presentadas por las compañías internacionales Jan de Nul y DEME.
Según informó oficialmente el Gobierno, ambas firmas presentaron idénticas propuestas económicas, con una tarifa de 3,80 dólares, lo que implica una reducción de 50 centavos respecto del esquema vigente. De acuerdo con estimaciones oficiales, esa baja representa un recorte del 13,5% en los costos, un dato que la administración nacional exhibe como un avance en la búsqueda de mayor competitividad para el sector productivo.
El Ministerio de Economía precisó que, tras la apertura de sobres, el proceso continúa con la evaluación integral de las propuestas. En esta etapa se ponderará el puntaje final de cada oferente, que surge de la combinación entre la calificación técnica —clave en una obra de alta complejidad operativa— y la oferta económica presentada. Con esos elementos, el Estado avanzará hacia la adjudicación del contrato de concesión.
La licitación de la hidrovía se inscribe en una estrategia oficial que apunta a reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia del sistema de transporte fluvial, considerado central para las exportaciones agroindustriales. En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que el objetivo es garantizar tarifas más competitivas para los productores, aumentar la previsibilidad operativa y promover la modernización de una infraestructura crítica para la inserción internacional del país.
En paralelo, desde el Gobierno destacaron que el proceso no registró impugnaciones en ninguna de sus instancias previas por parte de las empresas participantes, un punto que la gestión subrayó como evidencia de la “transparencia y solidez” del esquema licitatorio. La ausencia de cuestionamientos formales refuerza, según la versión oficial, la legitimidad técnica y administrativa del procedimiento llevado adelante.
El Ejecutivo también hizo énfasis en el respaldo institucional que recibió la licitación, tanto a nivel nacional como internacional. En ese marco, señaló que el proceso contó con el acompañamiento de gobiernos provinciales, organismos vinculados a las Naciones Unidas y diversos actores del entramado productivo y empresarial, que valoraron el mecanismo de diálogo y la consistencia técnica del pliego.
Entre las entidades que manifestaron su apoyo se encuentran organizaciones clave del sector agroexportador y logístico, como la Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). También expresaron su aval la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras instituciones con fuerte incidencia en la operatoria de la hidrovía.
La Vía Navegable Troncal constituye un eje neurálgico para la economía argentina: por allí circula la mayor parte de las exportaciones de granos, subproductos y otras mercancías, por lo que cualquier modificación en su estructura tarifaria y operativa impacta directamente en la competitividad del país.
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, una vez finalizada la evaluación de las ofertas, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación procederá a la adjudicación del contrato y a la posterior firma de la concesión. El proyecto contempla inversiones estimadas en torno a los 10.000 millones de dólares, destinadas a obras de dragado, señalización y mantenimiento que permitirían modernizar el sistema y optimizar su capacidad operativa en el largo plazo.
Así, el proceso entra en su tramo final con dos oferentes de peso internacional y con una definición que, más allá del resultado, marcará el rumbo de una de las infraestructuras más estratégicas para el desarrollo económico argentino en las próximas décadas.
La actividad se realizará el 7 de mayo en el Estadio Bicentenario y reunirá a referentes nacionales e internacionales para debatir sobre diversidad, sostenibilidad y articulación en la industria minera. El evento es gratuito, con inscripción previa obligatoria.
La 11ª Expo San Juan Minera será escenario de un encuentro exclusivo para mujeres que busca integrar el talento femenino al desarrollo de la industria minera, uno de los sectores más dinámicos de la región. Según el documento, el Estadio Bicentenario “se convertirá en el epicentro de la agenda de inclusión y competitividad”.
La jornada comenzará a las 9 con un espacio de networking orientado a generar alianzas y fortalecer redes profesionales. Las anfitrionas serán Gabriela Carranza, presidenta del Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, y Laura Hernández, integrante de Veladero y presidenta de Women in Mining Argentina.
A partir de las 10 se desarrollarán dos paneles con especialistas nacionales e internacionales. El primero abordará diversidad y propósito en la industria, mientras que el segundo se centrará en comunicación, sostenibilidad y alianzas globales, con la participación de representantes de ONU Mujeres y del Pacto Global, entre otras organizaciones.
La organización destacó que el evento es gratuito pero con cupos limitados, por lo que la inscripción previa es obligatoria. Además, se requerirá DNI físico para ingresar al estadio. La actividad se extenderá hasta las 13.
El encuentro es organizado por el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, Panorama Minero y Women in Mining Argentina. El documento subraya que la iniciativa “reafirma el compromiso de la industria con la construcción de un futuro sostenible, diverso y competitivo”.
La propuesta se enmarca en una agenda que busca promover la participación femenina en un sector históricamente masculinizado, impulsando espacios de formación, debate y articulación estratégica.
La entidad fabril expresó su “preocupación” por las cautelares que suspendieron la nueva Ley de Modernización Laboral y pidió respetar la norma aprobada por el Congreso. Advirtió que la incertidumbre regulatoria afecta la inversión y el empleo.
La Unión Industrial Argentina (UIA) salió a cuestionar los fallos judiciales que frenaron la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, aprobada recientemente por el Congreso. A través de un comunicado, la central fabril manifestó su “preocupación” por la suspensión cautelar de 82 artículos de la norma y reclamó que se respete la división de poderes.
“La UIA expresa su preocupación ante la suspensión cautelar de 82 artículos de la Ley N.º 27.802, una norma sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, en pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Legislativo”, sostuvo la entidad.
Los industriales subrayaron que el respeto por las leyes votadas democráticamente constituye un “pilar esencial” para la seguridad jurídica y para el funcionamiento de la economía. En esa línea, remarcaron que las medidas que bloquean la entrada en vigencia de una legislación deberían ser “el último recurso” del sistema judicial, y no el primero, como —según señalaron— ocurrió en este caso.
“La Argentina necesita reglas claras, previsibles y estables que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad”, enfatizó la UIA. También advirtió que la persistencia de la “incertidumbre normativa” deteriora el clima de negocios y retrasa decisiones productivas que el sector considera estratégicas.
Para la organización, la plena vigencia de marcos regulatorios que apunten a modernizar las relaciones laborales es clave para impulsar el desarrollo económico. Por eso, concluyó el comunicado, resulta fundamental que se garantice la aplicación de la ley aprobada por el Congreso.
La central fabril advirtió que la actividad manufacturera mantiene una tendencia descendente, con caída de producción, pérdida de empleo y retrocesos generalizados en PyMEs. Reclamó créditos más accesibles y políticas para recomponer la demanda interna.
La Unión Industrial Argentina (UIA) llamó a implementar de manera urgente políticas destinadas a reactivar la demanda interna, ante un retroceso que -según advirtió- ya afecta a la mayoría de los sectores fabriles y deteriora el empleo industrial.
El pronunciamiento surgió luego de la reunión de Junta Directiva, donde la entidad evaluó los últimos indicadores de actividad. De acuerdo con los datos difundidos, la producción manufacturera registró en enero una caída interanual del 3,2%, confirmando la tendencia contractiva que marcó gran parte del año anterior. En paralelo, el empleo formal del sector profundizó su retroceso: solo en diciembre se perdieron 5.302 puestos, y el balance de 2025 cerró con 38.971 empleos industriales menos.
El impacto también se refleja con fuerza entre las pequeñas y medianas industrias (PyMI), donde más de la mitad de las firmas reportó caídas tanto en producción como en ventas, según el relevamiento interno de la UIA.
En su análisis, la central fabril describió una industria que avanza a “tres velocidades”, con sectores vinculados al agro y la energía que muestran cierta expansión, mientras que los rubros dependientes del consumo interno continúan en retroceso por la contracción del mercado local.
Frente a ese escenario, la entidad subrayó la necesidad de facilitar el acceso al financiamiento productivo mediante tasas más bajas y de impulsar medidas que permitan recomponer el consumo, variables que considera claves para detener la caída de la actividad.
Los directivos también alertaron por la pérdida de competitividad de la producción nacional ante la creciente presión de productos importados. En ese sentido, la UIA ratificó que avanzará en propuestas para fortalecer la inserción de la industria argentina y sostener su rol como motor del crecimiento económico y del empleo formal.
El espacio contemplado entre el Congreso y la UIA propone facilitar la actualización constante de la actividad legislativa, el seguimiento de proyectos y el diálogo entre la sociedad civil y el Poder Legislativo.
Este jueves, fue presentada la Plataforma Legislativa de la Industria en el Senado y el evento fue encabezado por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala; el vicepresidente de la UIA, Miguel Ángel Rodríguez; y el presidente del Departamento de Relaciones Parlamentarias, Mariano Genovesi.
“La tenacidad y el trabajo diario nos nutren de ideas como esta plataforma que llevará adelante iniciativas comunes entre el Congreso y la UIA”, destacó el puntano Abdala, quien siguió: “La industria es el motor de la economía”
La Plataforma Legislativa de la Industria se presenta como una herramienta innovadora creada por la UIA para promover la integración entre el organismo y el Congreso de la Nación.
Entre sus propósitos buscará facilitar la actualización constante de la actividad legislativa, el seguimiento de proyectos y fomenta el diálogo entre la sociedad civil y el Poder Legislativo.
Del evento también participaron los diputados nacionales Silvia Lospennato (Pro - Buenos Aires), Nicolás Massot (Encuentro Federal - Buenos Aires), Pablo Cervi (UCR - Neuquén), y el senador nacional Marcelo Lewandowski (UP - Santa Fe), moderado por Laura Serra, periodista de La Nación y especialista en temas parlamentarios.
A través de Diego Coatz, la UIA planteó que “el mercado interno los próximos meses va a ser menos dinámico y las exportaciones son claves para generar divisas”.
En la quinta jornada del plenario de las comisiones de Legislación General (cabecera), Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el debate de la ley ómnibus, la Unión Industrial Argentina (UIA), representados por Diego Coatz, propuso que las retenciones estipuladas en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sean del “6 u 8% y no del 15%, por lo menos hasta mitad de año”.
El representante industrial mencionó tres cuestiones que resultaron críticas en el sector: “Los derechos a la exportación al valor agregado, las grandes inversiones y las regulaciones tributarias”. “El proyecto pretende subir al 15% las contribuciones de exportación e impacta de manera negativa al valor agregado de las exportaciones”, explicó.
Además, señaló que “5.000 empresas dejaron de exportar en la última década”, y agregó que “el mercado interno los próximos meses va a ser menos dinámico y las exportaciones son claves para generar divisas”.
Tras ello, consideró: “Proponemos, porque nos subieron hasta un 15% las retenciones, una transición hasta mitad de año de retenciones al 6 u 8% para no seguir perdiendo industrias exportadoras”. De ese modo, planteó que “las políticas de desarrollo de proveedores deben ser claves para generar un ecosistema productivo federal”.
También, propuso un régimen de incentivo a las empresas porque “el proyecto no reconoce a quienes han cumplido con los tributos”, y concluyó que “proponemos incorporar incentivos para los contribuyentes que han cumplido en tiempo y forma”.
Desde la entidad empresarial sostiene que el proyecto “va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de transición energética”.
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su “preocupación” sobre los alcances de la ley que en la provincia de La Rioja busca declarar al litio y sus derivados de interés público y como recursos estratégicos.
Se trata de la Ley Provincial 10.608, sancionada el 15 de diciembre último por la Cámara de Diputados riojana, la cual suspenderá por 120 días los permisos otorgados de exploración y concesiones relacionadas con este mineral.
Según un comunicado de la UIA, “la promulgación de esta ley va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de transición energética, desarrollo federal, creación de empleo registrado y generación de divisas por exportaciones”.
En esta línea, la entidad sostuvo que “la puesta en valor de recursos como el litio necesita de leyes que brinden previsibilidad de largo plazo y que potencien a las empresas que ponen en valor” activos como este mineral.
Ante ello, le solicitó al gobernador Ricardo Quintela “abrir una nueva instancia de diálogo institucional que permita incorporar en la normativa los aportes del sector productivo”.
Así, la UIA se sumó al pedido expresado anteriormente por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
La CAEM consideró “fundamental que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual, que es el que permite la inversión minera en la Argentina, para generar desarrollo socioeconómico de todas las regiones y contribuir a la transición energética”.
En la misma línea, la Camarco manifestó que “el desarrollo de cualquier industria, para el trabajo existente y para posibles inversiones, se debe fomentar desde el respeto por el marco jurídico vigente” y bajo “condiciones adecuadas para lograr un desarrollo correcto y productivo”.
Argentina tiene dos proyectos de litio en marcha, en plena expansión de su capacidad productiva, y que en conjunto exportaron por alrededor de US$ 700 millones en 2022, permitiendo que la minería represente el 85% de las exportaciones de Catamarca y el 84% de las de Jujuy, precisó la UIA.
Por su parte, la CAEM detalló que la minería del litio motoriza más de 8.000 empleos, entre directos e indirectos, e impulsa las economías regionales, convirtiendo a nuestro país en el cuarto productor mundial.
Asimismo, la industria del litio viene mostrando gran dinamismo y prevé la llegada de alrededor de US$ 5.000 millones de inversiones en los próximos años, considerando sólo los proyectos más avanzados.
En este sentido, en la región del Noroeste Argentino (NOA) ya hay seis proyectos en construcción y cerca de 20 en distintos estadios de avance.
Se refirió también al plan plurianual que el Ejecutivo enviará al Congreso, que sostuvo traza la política macroeconómica posible.
El presidente Alberto Fernández anunció este jueves la creación de un Plan Productivo 2030 para potenciar a los sectores productivos, las industrias, las exportaciones y generar empleo. Lo hizo al participar del cierre de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolló en el centro de exposiciones Parque Norte.
En ese marco se refirió a las negociaciones que se desarrollan con el Fondo Monetario Internacional y en ese sentido dijo: “Le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”, recalcó el mandatario.
También manifestó que el plan plurianual que será enviado al Congreso “traza la política macroeconómica que es posible llevar adelante y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”.
“Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino”, insistió.
Fernández se mostró amplio al afirmar que “el renacimiento de la Argentina nos necesita a todos y todas. Sin excepción. Para desplegar todas nuestras capacidades productivas, para construir un territorio federal equilibrado, para potenciar la educación en todos los niveles, para multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas”, y en una nueva crítica hacia la administración anterior aseguró que entre 2016 y 2019 la Argentina fue uno de los países que más capacidades industriales perdió, con una caída del 17 por ciento de la producción industrial por habitante.
El país “está atravesando un claro proceso de recuperación económica”, aseguró, y pronosticó que “a inicios del año próximo la actividad industrial habrá recuperado lo que se perdió desde los inicios de la crisis de 2018 y 2019”.
En ese marco, indicó que “la industria es la vanguardia de la recuperación económica”, e hizo hincapié en que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo esquema de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y menos productos terminados”.
“Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo a la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todos los procesos de desarrollo sostenible requieren de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya y potencie a todos los sectores productivos”, remarcó.
Como parte de esas políticas, el presidente detalló que desde el Poder Ejecutivo este año se enviaron seis proyectos de Ley al Congreso Nacional para promover la producción de Hidrocarburos, al complejo Agrobioindustrial, el Compre Argentino, el Cannabis industrial, la movilidad sustentable y la industria automotriz.
“Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchemos para construir acuerdos que ayuden al país”, afirmó.
Fernández pidió “no recaer en visiones anti-industriales”. “No podemos recaer en aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen a la industria nacional. No podemos recaer en políticas socialmente excluyentes. Todas ellas son profundamente injustas y aumentan la pobreza. Pero también generan la caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recaer en políticas de endeudamiento irresponsable. No podemos recaer en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo”, consideró.
En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, expresó: “Afrontaremos las deudas que otros generaron. Pero ese acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a paso seguro y con el pulso firme”.
“Le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”, recalcó.
“Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino”, insistió.
Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación potencie el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”.
Proponen una serie de modificaciones, que incluye excluir de la base de imposición activos productivos y permitir dar por cumplido el aporte con un monto equivalente a inversiones productivas.
La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso al Gobierno nacional y al Parlamento una serie de modificaciones al proyecto de ley de Aporte Solidario, que incluyen excluir de la base de imposición activos productivos y permitir dar por cumplido el aporte con un monto equivalente a inversiones productivas.
Así lo hizo al expresar que la ley de Aporte Solidario “incrementa los problemas” que impiden la reactivación económica, y por su sesgo conceptual “descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo”, en un documento que fue elevado al Gobierno y el Parlamento.
El texto del trabajo alerta que “el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles”, en una descripción que denominan desde una “visión productivista”.
Como resultado de esta medida “las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, al destacar que el tránsito en esta pandemia “combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación”.
Tras este análisis de los efectos que el empresariado considera afectará a la actividad productiva, la UIA propuso excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos y permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.
También plantea la posibilidad de incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)
Los industriales propusieron incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.
“El proyecto de ley del Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo”, cuestionó el documento de la UIA.
En ese sentido, consideró que “el sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”.
En la actualidad, “el sector formal de la economía soporta el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos”, señaló.
Así, para la UIA, el sistema tributario “debe incentivar la reactivación económica, inversión y la generación de empleo”, aunque enfatizó que “el proyecto en cuestión va en sentido contrario”.
“La redacción del actual proyecto complejiza un marco ya muy adverso para las empresas argentinas: el número de empresas activas cae sistemáticamente desde hace 4 años, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es una caída de -11% en el período mencionado”, agregaron los industriales.
Esto tiene su contrapartida en términos de empleo, “el cual tiene una caída acelerada desde mediados de 2018. En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, esto es 290 mil menos que un año atrás y 435 mil menos que en el mismo mes de 2015”, resaltaron.