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Martes 17 de octubre de 2017
ENTREVISTAS
“Las provincias más grandes están subrepresentadas en la Cámara de Diputados”
El director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Torcuato Sozio, dialogó con Parlamentario sobre la necesidad de actualizar el reparto de bancas entre las provincias para que las menos pobladas no tengan mayor peso que las de mayor población. Además, opinó sobre los proyectos de ley para ampliar la Corte Suprema, fijarle un cupo femenino y dividirla en salas.
5 de agosto de 2016
Por Pablo Riveros

¿Representan bien los legisladores? ¿Estamos satisfechos con el desempeño de nuestros representantes? En paralelo a estas clásicas preguntas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advirtió sobre un problema estructural en las relaciones de representación que se cristalizan en la Cámara Diputados, el órgano legislativo que representa al pueblo argentino, según nuestra Constitución. “El voto de la persona que vive en la provincia de Buenos Aires tiene menor valor que el que vive en la provincia de La Rioja, de Santa Cruz o de Tierra del Fuego”, aseguró su director ejecutivo, Torcuato Sozio. Esto se debe a la falta de actualización de la ley que establece el reparto de bancas entre las provincias. Pese a que el artículo 45 de la Constitución dice que esta distribución debe ajustarse después de cada censo, el reparto no se modifica desde 1983. Por eso, las provincias que más aumentaron su población desde aquél entonces, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza, tienen menos diputados que los que les corresponde.

Con la población de entonces, a Buenos Aires le tocaron 70 diputados sobre un total de 257, el 27,2 por ciento de las bancas. Pero debido a su crecimiento poblacional, a esta Provincia hoy le corresponderían 100 bancas. Como esto no sucede, un diputado bonaerense representa casi 10 veces más votantes que uno de Tierra del Fuego pero el voto del ciudadano bonaerense vale 10 veces menos que el del fueguino.

En suma, si se actualiza la distribución de bancas de acuerdo al censo de 2010, la Cámara baja pasaría a tener 312 diputados, 55 más que hoy.

Torcuato Sozio habló con Parlamentario sobre la presentación que realizaron ante la Corte Suprema por este tema y, en el marco del debate que se reanudó en el Congreso, sentó la posición de la ADC sobre los proyectos para ampliar el máximo tribunal y fijarle un cupo femenino.

- ¿Por qué pidieron a la Corte que declare inconstitucional la “Ley Bignone”?

- En la Cámara de Diputados se representan personas individuales, no provincias; las provincias están representadas en el Senado. Debería haber diputados en relación a la cantidad de seres humanos; lo que se llama ‘una persona, un voto’. Pero el problema es que hoy las provincias más grandes están sub-representadas en la Cámara de Diputados y las provincias chicas están sobre-representadas. Esto se da básicamente porque se está tomando un censo del año 1970, o sea que se toma un número de habitantes menor al de la realidad actual. Y por otro lado, porque se había establecido un piso de cinco representantes para cualquier provincia y eso hace que las provincias chicas tengan un número más alto de representantes y que su proporción en el total de la Cámara sea más grande al real. Entonces, si usted funciona dentro de esa lógica, el voto de la persona que vive en la provincia de Buenos Aires tiene menor valor que el que vive en la provincia de La Rioja, de Santa Cruz o de Tierra del Fuego.

- ¿Cómo debería resolverse este problema?

- Se puede resolver de dos maneras: o aumentando las bancas de las provincias más grandes o reduciendo los representantes de las provincias más chicas. Obviamente es un tema políticamente sensible porque ninguna provincia con pocos habitantes va a estar contenta con tener menos representantes. Esto básicamente haría que provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tengan más bancas. Es un problema totalmente matemático.

- ¿Por qué creen que este tema nunca se trató en el Congreso, si bien hay proyectos presentados?

- El tema se ha presentado en distintas instancias. Cuando presentamos la acción judicial recibimos mails de diputados del socialismo que han presentado proyectos; y por otro lado es un tema que se discute doctrinariamente desde los noventa. Pasa que nadie lo planteó judicialmente.

- Pero no hubo debate en comisión, ni en el recinto.

- Es una cuestión política muy sensible. Usted está diciendo que algunas provincias tengan menos diputados.

- Tal vez a algunos partidos no les conviene…

- ¿Cómo no puede haber una presunción de que esto está pensado para el justicialismo porque cuando empezamos a analizar el tema tenía una mayor representación popular que la que podían tener otros partidos? Después, bueno, ganó el Pro y es al revés. La verdad es que nosotros no lo hacemos para nada por una cuestión política; lo hacemos porque es una cuestión legal, normativa. Sino habría que cambiar la Constitución, no las leyes. Esto es lo importante. Este tema no lleva a un cambio de legislación; llevaría a un cambio de Constitución porque es la Constitución la que dice que en el Senado están representadas las provincias y en Diputados están representadas las personas. O sea que no es un tema de cambio legislativo; es un cambio de interpretación judicial acorde con lo que establece la Constitución. Lo que podrían hacer los jueces, como han hecho en otros temas, es encomendar al Congreso que sancione una ley que sea compatible con lo que dice la Constitución.

- ¿Esperan que la Corte se pronuncie este año sobre la presentación que hicieron?

- Es una decisión política de la Corte. Lo que para nosotros es importante, el primer paso, es que se dé el debate. Porque es probable que desde el punto de vista político haya que analizar cómo zanjar esta cuestión pero siempre teniendo en cuenta que estamos ante una cuestión de índole constitucional. Pero no hay una fecha. Puede ser en tres meses porque la Corte quiere pronunciarse rápidamente o pueden ser tres años.

El debate sobre la Corte

- En el Senado se debaten proyectos de ley para ampliar el máximo tribunal, dividirlo en salas especializadas, fijar un cupo femenino y una representación federal. ¿Analizaron los proyectos? ¿Qué les parece el debate que se abrió?

- Tenemos una posición muy concreta. Formamos una Coalición por la Independencia Judicial el año pasado en donde hay asociaciones como Poder Ciudadano, ACIJ, CIPPEC, Unidos por la Justicia, etcétera, donde tratamos el tema de la Corte. La primera confusión, que ya la hizo (el exjuez Eugenio) Zaffaroni en algún momento cuando se retiró, es pensar que los jueces tienen que saber de temas específicos: o de laboral o de penal… Y no es así. En realidad, la Corte toma los temas que tienen componente jurídico, de jurisdicción federal. O sea que los jueces de la Corte tienen que saber de todo y tienen que saber lo que es la competencia propia de una Corte Suprema. Tienen que tener una visión completa del derecho. Por eso llegan las personas que tienen mayor jerarquía para esos cargos y por eso fíjese que también los abogados que trabajan en estos temas, los que litigan ante la Corte, no son abogados que necesariamente son solamente penalistas o laboralistas, son personas que tienen la experiencia de cómo llegar a la Corte Suprema, donde hay características muy especiales de cómo hacer los planteos. Porque en general, nosotros no tenemos un sistema de triple instancia; tenemos un sistema que se corta en la segunda instancia; lo que hace llegar a la Corte son casos muy específicos: o llega por la vía ordinaria, en casos donde están comprometidas provincias, por ejemplo, o llegan en casos extraordinarios donde están cuestiones en juego que sería muy difícil de explicar ahora. Pero lo que quiero decir es que a la Corte no llega cualquier asunto. Nosotros lo que pensamos es que no tiene que haber cambio en el número de la Corte, salvo que uno haga el cambio para aplicarlo a otro Gobierno para que no haya especulación con que ‘subo el número para poner gente mía’. Lo que estamos diciendo es: si hubiera necesidad de hacer un cambio a siete o nueve miembros, debería ser para otro Gobierno.

- Pero de todas formas ustedes no ven necesidad de hacer la ampliación.

- No vemos necesidad. La Corte ha funcionado perfectamente con cinco integrantes. Punto dos: la regionalización no es compatible con lo que le dije antes. Parecieran propuestas que piensan que la Corte es una especia de triple instancia.

- ¿Y con respecto al cupo femenino?

- Nosotros nos presentamos ante la OEA cuando vinieron las dos propuestas del presidente (Mauricio) Macri. Hicimos un planteo ante la Corte Interamericana, pero no diciendo que es ilegal; porque no lo es, la Constitución argentina no habla de que tiene que haber un cupo. Sino que dijimos que es conveniente que haya una representación parecida entre hombres y mujeres en términos de la perspectiva de género y lo que implica en las resoluciones judiciales. Entonces, concretamente, no es una obligación; podría haber cinco mujeres o cinco hombres, puede haber cuatro mujeres y un hombre, cuatro hombres y una mujer; no habría inconvenientes desde el punto de vista legal. Lo que nosotros consideramos es que la perspectiva de género es importante.

- ¿Pero avalan una ley de cupo femenino en la Corte?

- Lo que pasa es que si usted saca una ley de cupo femenino ahí puede tener un planteo de inconstitucionalidad. Estas cosas son decisión de los jueces. Pero si la Constitución no lo prevé, probablemente habría un exceso por parte de esa ley. Es complejo el tema.

- Pero ya hay cupo femenino para las listas de candidatos a la Cámara de Diputados. ¿Por qué entonces no puede haberlo en la Corte?

- Bueno, porque salió la ley y no fue cuestionada. Pero en realidad podría haber un cuestionamiento perfectamente porque estamos hablando de representación ciudadana.

- Hay legisladores que quieren aumentar el cupo femenino en la Cámara de Diputados; por ejemplo para que sea 50 y 50.

- Nadie se ha animado a hacer un cuestionamiento constitucional de este tema porque sería políticamente incorrecto, para decirlo claramente. Pero en el caso de la Corte creo que sería de muy fácil cuestionamiento. Todo el mundo habla de hombres, pero podrían ser cinco mujeres. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sí dice que hay que tener en cuenta específicamente la cuestión de género. Entonces ahí no podría haber cinco hombres o cinco mujeres; ahí la Constitución lo dice. Entonces bueno, hoy tiene tres mujeres y dos hombres pero hay un precepto constitucional.

- El año pasado, con motivo de la situación de Carlos Fayt, se había planteado la idea de que cuando un juez supremo cumpla los 75 años pueda seguir ejerciendo su cargo pero con un nuevo acuerdo por parte del Senado. ¿Lo ven constitucional? ¿Habría que hacer una reforma al respecto?

- En primero lugar hay una confusión porque se dijo que Fayt había sido designado antes de la reforma del 94 y que ese era el motivo por el cual no le era aplicable el artículo (99, inciso 4 de la Constitución). Ahí él hizo un planteo individual alegando que el convencional constituyente se fue de los parámetros razonables; como si usted dijera en términos hasta ridículo que la Constitución era inconstitucional porque había un planteo que no era válido. Pero la Constitución sí establece el limite de 75 años y puede haber, como ocurrió con Fayt, planteos individuales cuando un ministro entiende que no debe ser aplicado ese articulo.

- ¿No ven a veces demasiada independencia, autonomía, de la Corte, como para que los jueces digan ‘nosotros podemos seguir hasta los 90 años si queremos’; o ‘hacemos una acordada y no pagamos Impuesto a las Ganancias’?

- Nosotros vemos que esta independencia del Poder Judicial y de la Corte en particular puede tener algunos aspectos puntuales que a algunos no les vienen bien. Pero en todas las democracias más desarrolladas es así y es preferible que existan estos pequeños agujeritos pero que sea completamente independiente.

- ¿Qué no paguen impuesto a las Ganancias es inconstitucional?

- El argumento central es el hecho de que por esa vía se podrían modificar los salarios del Poder Judicial. Problema constitucional no hay. También es opinable porque la Corte en muchos de estos temas va modificando su criterio; la Corte tiene una evolución y lo que dice en una época después puede decir lo contrario. Y cuando usted tiene una nueva conformación como ahora, que hay dos nuevos ministros, de repente algo que se dijo el año pasado probablemente sea de modo distinto ahora. Pero el tema es hasta dónde usted puede decir que dejan de ser intangibles los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial por el hecho de que paguen el Impuesto a las Ganancias. Ese es el punto. Entonces usted tiene algunos ministros de la Corte que ya se pronunciaron de modo informal de manera positiva en el momento en que fueron sometidos a la evaluación (en el Senado) pero en su momento tendrán que fundar su voto.

- ¿Nunca hicieron un reclamo sobre este tema?

- No hicimos un reclamo específico pero sí nos pronunciamos en el marco de la Coalición, el año pasado, afirmativamente; que deben pagar Ganancias. Pero no hay una acción judicial.

Lo que dice la Constitución

Artículo 45 de la Constitución Nacional:

“La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.