Así lo confirmó el presidente del bloque justicialista de la Cámara alta, José Luis Gioja, quien aseguró que la sesión está prevista para hoy a las 15 y que existe acuerdo del radicalismo con el texto de Subversión Económica consensuado con el Ministerio de Economía.

El gobierno consiguió ayer el aval del FMI en cuanto al contenido que tendrán las modificaciones de las leyes de subversión económica y quiebras, que fueron acordadas entre las principales expresiones legislativas del Congreso, reveló una calificada fuente oficial. Ante la mirada oficial, este visto bueno representa un paso más en la búsqueda oficial por conseguir una asistencia financiera del FMI, que permita empezar a descomprimir la grave crisis que afecta al país.

"Ahora, esperamos que el Congreso cumpla en el mejor de los casos esta semana con la aprobación de las modificaciones y que a más tardar la semana que viene se firmen todos los acuerdos bilaterales Nación-provincias", comentó el informante.

"Esta garantizado que no hay impunidad y que no hay despenalización, por lo que hay acuerdo con el radicalismo", afirmó Gioja en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión de bloque peronista. Sin embargo, fuentes radicales aseguraron que el acuerdo con el PJ es "sólo para aprobar el tratamiento sobre tablas", y negaron que exista consenso con el texto redactado por el PJ.

Según confirmó el jefe de la bancada oficialista, también se aprobará un proyecto de resolución elaborado por el riojano Jorge Yoma que le reclama al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, a que inste a los fiscales a recaratular las causas actualmente en trámite por el delito de subversión económica.

El texto que impulsará el justicialismo en el recinto modifica el artículo 6 de la ley de Seguridad Nacional (sancionada en 1974 y modificada parcialmente diez años después), que es el que contiene la figura de la subversión económica como delito penal. La nueva versión de la ley quedará reducida a un sólo artículo que reprime con prisión de tres a nueve años y multa de 75 mil a 5 millones de pesos a quien "fraudulentamente" realice maniobras que afecten "el suministro, circulación o abastecimiento de bienes o servicios, o causare un grave perjuicio a la economía nacional".

La misma pena le cabrá a quien produzca el cierre, liquidación o quiebra de un establecimiento o explotación mediante las mismas maniobras fraudulentas.

Simultáneamente, el proyecto que el PJ intentará aprobar en el Senado deroga los artículos 7, 8 y 9 de la ley 20.840, y modifica el artículo 300 del Código Penal.