La norma sancionada modifica un inciso del artículo 80 del Código Penal para incorporar la reclusión perpetua como pena para quien asesine a un servidor público, lo cual podía ser castigado hasta ahora con hasta 25 años de prisión. La pena podrá ser aplicada por el magistrado actuante ya sea que el crimen se produzca mientras el policía esté de servicio o gozando de franco, o licencia.

El ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recordó durante el debate que la mayoría de los asesinatos de policías registrados recientemente se produjeron con los agentes fuera de servicio.

El riojano Eduardo Menem estimó que en el último año se produjeron unos cincuenta asesinatos de polícías, "en medio de una locura que hace que se mate a un policía por el solo hecho de ser tal".

La justicialista bonaerense Mabel Muller adhirió fervorosamente al proyecto y recordó que "cada tres días se mata a un policía", por lo que consideró que el tratamiento del proyecto "fue impuesto por la sociedad".Menem y otros legisladores reconocieron que no es bueno realizar "parches inconexos" a la legislación penal, pero lo justificaron en la existencia de circunstancias particulares que se expresan en una espiral de violencia.

El proyecto fue informado inicialmente por el correntino Angel Pardo, quien lo defendió en la necesidad de "reforzar las instituciones" para "poner frenos más severos a los delincuentes".

En cambio, la frepasista Vilma Ibarra adelantó su voto negativo al proyecto por considerarlo "ineficaz", ya que se manifestó opuesta a la idea de que "sancionar un delito con reclusión perpetua haga desaparecer al delito". Ibarra parafraseó a la diputada radical Margarita Stolbizer, quien durante el debate del proyecto en la cámara baja dijo que el agravamiento de la pena "enaltece la muerte de los policías, pero no estamos protegiendo sus vidas".

Capitanich reconoció un contexto especial con "una sociedad fragmentada", un "pueblo insatisfecho" y elevados índices de pobreza que determinan fuertes "asimetrías colectivas". Pero advirtió que "no hay una correlación entre pobreza y delito" porque hay "provincias más pobres en las que se cometen menos delitos y en las que los índices de violencia son muy bajos".

Contrariamente a lo que sostuvo la porteña Ibarra, Capitanich juzgó que "el agravamiento de penas induce a un desincentivo mayor", con lo cual coincidió con Menem, quien consideró que "más de uno va a reflexionar ahora".

Uno de los más fervorosos defensores del proyecto fue el justicialista rionegrino Miguel Angel Pichetto, quien se cruzó con Ibarra luego de cuestionar el Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires. La senadora porteña dijo que Pichetto "se para claramente desde el lado de la represión" y el legislador patagónico replicó que "en la Capital Federal hay un falso progresismo".

"Me parece muy importante el mensaje que emita el Parlamento para dar respuesta en términos de la pena y no abordarla desde la resocialización o desde las circunstancias del delincuente", dijo Pichetto.

El senador patagónico cuestionó las teorías garantistas que impulsaron las "reformas flexibilizadoras" aplicadas desde la reinstauración de la democracia que "privilegian la libertad individual sobre la seguridad pública".