La mayor parte de las empresas reunidas en la Cámara de Exploración y Explotación presentaron un documento redactado en duros términos, al punto de afirmar que el proyecto elaborado por el diputado Arturo Lafalla(PJ-Mendoza), de aprobarse "resultaría confiscatorio de las cuantiosas inversiones realizadas en los últimos diez años". Los petroleros, junto con los representantes del agro, del transporte de cargas y de organizaciones no gubernamentales participaron de un plenario realizado en la Cámara de Diputados con la intervención de los integrantes de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Energía y Combustibles.

Sin embargo, la iniciativa fue avalada por los representantes de la Sociedad Rural (SRA), la Federación Agraria (FAA), Coninagro, la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

Adrián Péres, de Panamerican Energy, del Grupo Bulgheroni, leyó el documento y señaló que, de ser aprobada, la iniciativa "expondría nuevamente al país ante la comunidad internacional por la existencia de un intolerable nivel de inseguridad jurídica que dificultará las negociaciones del Estado Nacional con sus acreedores". El malestar que generó la lectura del documento entre los legisladores hizo que Oscar Vicente, del Grupo Pérez Companc, y presidente de la Cámara, adoptara una actitud más negociadora al afirmar que en estas circunstancias se debe actuar tomando el criterio de "una perinola en cuyas seis caras estuviera la leyenda todos ponen".

Con ello buscó atemperar el enojo de los legisladores causado por el documento en el que se afirma que el proyecto "provocará múltiples reclamos ante tribunales arbitrales internacionales a la luz de los tratados de protección de inversiones celebrados con países tales como Estados Unidos, España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido".

John McCaffrey, de Esso, y Juan José Aranguren, de Shell, plantearon diferentes cuestiones relacionadas con el impacto de la devaluación del peso sobre los costos de producción, lo que fue cuestionado por Lafalla, quién pidió algunas propuestas alternativas al proyecto legislativo, ante lo cual sólo se planteó una reforma impositiva que desgravara al sector.

Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se avanza en iniciativas simétricas, que proponen que la actividad será considerada de "interés general" mientras dure la emergencia pública; que se impongan derechos de exportación móviles sobre el petróleo y sus derivados; que se retrotraigan los márgenes de estacioneros y refinadores al pasado primero de abril; y que se cree una reserva de crudo.